El Ministerio Público sostenía que los detenidos, dos socios de la cadena de restaurantes “Lai Thai", traían personas desde ese país para trabajar ilegalmente en Chile. Sin embargo, tras un largo proceso la justicia determinó que estos hechos jamás pudieron ser probados, cuestionando incluso los peritajes y pruebas presentadas por el ente persecutor. Ahora el Estado arriesga una demanda y el pago de las costas del juicio.
El litigio judicial comenzó el 2017 cuando la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista se querelló contra el alcalde de Recoleta luego de que la municipalidad rechazara la solicitud de recepción de las obras y emitiera una orden de demolición de la construcción. Luego de años de disputas judiciales, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago volvió a revisar la causa a solicitud de la defensa de Jadue, determinando su sobreseimiento definitivo.
La nueva embestida judicial del excomandante en Jefe es pedirle al Tribunal Constitucional que revise lo antes posible el requerimiento presentado por su defensor, el abogado Juan Carlos Manríquez, que pide paralizar parcialmente el denominado caso Fraude en el Ejército. El oficial retirado está citado para este viernes 1 de abril en calidad de inculpado.
Finalmente este viernes a las 9.00 horas se concretará el interrogatorio del ex comandante en Jefe del Ejército. La diligencia se llevará a cabo, pese a que su defensa había intentado suspender el proceso ante el Tribunal Constitucional (TC) pero esta petición no se revisó hoy.
La casa de estudios acusa a la autoridad de Educación Superior, Jorge Avilés, por el delito de desacato al no cumplir -a juicio de ellos- la orden de no innovar dictada por la Corte Suprema y que detuvo el cierre de la universidad. Pero esta no es la primera acción judicial de la Ulare, también ha recurrido a la Corte de Apelaciones y ha culpado al administrador del cierre por los mismos hechos. El superintendente se defiende: "es evidente la intención de enlodar la labor de nuestro servicio".
La Segunda Sala del máximo tribunal rechazó por unanimidad que una eventual declaración del exjefe del Ejército en las oficinas de la magistrada y sin la presencia de su abogado defensor constituyan una “amenaza a su libertad”, como lo manifestó la defensa del general (R) mediante un recurso de amparo.
Durante la audiencia la fiscal Regional Oriente, Lorena Parra, señaló que se lograron recuperar más de 2.000 conversaciones borradas desde el teléfono del director de cine. Hasta el 8 de abril se extendería el juicio contra López y para quien el Ministerio Público pide 15 años de presidio por los delitos de violación reiterada, abuso sexual y ultraje a las buenas costumbres.
La acción judicial presentada por el abogado Juan Carlos Manríquez sostiene que la libertad de su cliente se ve amenazada si no declara acompañado de su defensor. En el escrito expone que el que el ex comandante en Jefe del Ejército, al momento de ser interrogado, podría no manejar sus dichos y que esto derivar luego en su detención.
En un fallo unánime, el máximo tribunal ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones que determinó que la entidad penitenciaria debe procurar tener un médico durante las 24 horas para afrontar situaciones de emergencia y poder así garantizar la mejor atención a las internas que habitan ese penal.
Por tres votos a favor y dos en contra, la Corte Marcial acogió parcialmente lo alegado por la defensa del exalto oficial. También se pedía que la magistrada no pudiera dictar una orden de detención contra el excomandante en jefe por no presentarse ante el tribunal, lo que fue desestimado.
Hija de un abogado penalista que es uno de sus grandes referentes en la vida, la jueza que investiga el fraude en el Ejército ha cultivado un bajo perfil debido a su alta exposición. No da entrevistas y casi no se deja ver. Quienes la critican apuntan sus dardos al gran poder que tiene, ya que tramita el caso bajo el sistema de justicia militar.
La acción judicial presentada este viernes por la casa de estudios detalla que la persona designada para cursar el cierre de la institución "continúa ejerciendo las facultades de administración y no ha hecho entrega de las dependencias de dicho plantel a su rector".
A través de dos solicitudes, el abogado del renunciado comandante en Jefe del Ejército, invocó una prerrogativa en la que sostiene que jurídicamente el general cuenta con la calidad de oficial activo o en retiro, por lo que pide que la diligencia se realice en su domicilio. También, pidió copia del expediente completo de la investigación para poder preparar su defensa.
Hasta el Edificio Bicentenario llegó el oficio que pedía la concurrencia del jefe militar, Ricardo Martínez, para este jueves a la oficina de la ministra en visita. La cita ante la justicia se da a seis días de entregar el mando. La diligencia activó una alta preocupación en la institución castrense, pues alertados por los últimos procesamientos de la magistrada, el alto oficial podría transformarse en el primer número uno de la institución castrense imputado estando activo en su cargo.
Los convencionales además repusieron el fuero judicial en la Constitución. Anteriormente los constituyentes lo habían quitado ya que preferían que la protección especial de la cual gozan los jueces haya sido materia de ley, es decir, de un rango inferior. Además se aprobó bajar la edad de jubilación de los jueces. Actualmente está fijada en los 75 años y se pretende que se retiren a los 70.
