El Ministerio Público requirió información al Gobierno Regional de Antofagasta, al Serviu y la Contraloría, luego de que abriera una investigación para conocer sobre presuntos delitos en la falta de rendición de $ 5.866 millones. Se trata de recursos que el Serviu debía devolver al Gore por un antiguo convenio para la construcción de viviendas.
