Durante la tarde del lunes, el Congreso finalmente aprobó y despachó la denominada “ley corta de isapres” —que había sido presentada por el gobierno— cuyo propósito es dar viabilidad al fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras privadas a aplicar la Tabla Única de Factores (TUF) y a devolver cobros en exceso que inicialmente se estimaron en más de US$ 1.500 millones, pero que luego se establecieron en US$ 1.250 millones.
Esta ley corta establece un plazo máximo de 13 años para que esta deuda sea devuelta a los afiliados menores de 65 años. En el caso de los mayores de 65, el lapso se reduce a cinco años, mientras que para los mayores de 80 años este plazo baja a dos años.
La aprobación de esta ley corta, que contó con 39 votos a favor en el Senado y luego con 122 en la Cámara de Diputados, generó diversas reacciones. Por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC) aseguró que la iniciativa “de ninguna manera es un salvataje” para las isapres, aunque admitió que “hay cosas que podrían haber quedado mejor, por ejemplo, el plazo de devolución”.
En el lado del Ejecutivo, el presidente Gabriel Boric manifestó que “nosotros señalamos nuestra posición desde un principio que era cumplir con el fallo de la Corte Suprema, proteger la salud de las personas, terminar con los abusos y evitar cualquier tipo de perdonazo”.
“El proyecto aprobado logra esto, además, otorgando estabilidad al sistema de salud que creo es tremendamente importante. Durante demasiados años las isapres realizaron cobros abusivos como ha establecido la Corte Suprema y discriminaron de manera injusta a parte de sus usuarios”, añadió el mandatario.
La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, agregó que “el balance final es que logramos no solamente dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, sino que evitar un desastre (...) esto fue una responsabilidad directa de las isapres, que por lo menos una década permitieron la judicialización de todos los casos de abuso por cobranza indebida a los usuarios de la isapre y que llevó a poner el sistema un poco en contra de la espada y la pared”.
Juan Luis Castro, senador del PS, fue más crítico y explicó que se abstuvo ya que a su juicio “primó la presión política de llegar a algún acuerdo, como fuera el acuerdo y así parecer dar el cumplimento de algún modo de este problema. Pero es darle un paracetamol a un enfermo que requiere antibiótico”.
En tanto, la Asociación de Isapres expresó que si bien el despacho de esta ley corta es “un paso fundamental”, consideran también que “no es posible anticipar la viabilidad del sector”.
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