Tren de Aragua: Las mujeres invisibles de las mafias venezolanas

“Nos encontramos con una situación espantosa”. A los funcionarios de la Municipalidad de La Serena se les quiebra la voz al recordar a la joven colombiana a la que en enero de este año tuvieron que proteger, tras escapar de las redes de trata de personas para explotación sexual controladas por las mafias criminales venezolanas que han expandido sus operaciones en Chile.

Fueron principalmente mujeres, a través de las redes sociales, las que dieron la alerta. “Urgente, una mujer joven anda desnuda por las calles entre Coquimbo y La Serena”, decían algunos de esos mensajes.

Con la ayuda de la policía dieron con su paradero. Estaba cerca de unas carpas, donde alojaban migrantes. La joven estaba desnutrida, tenía evidentes marcas de quemaduras de cigarrillos en sus brazos y una herida en la rodilla, relatan los funcionarios, cuyos nombres mantendremos en reserva por motivos de seguridad.

“Trabajamos con migrantes todos los días, sabemos lo peligrosas que son las bandas criminales transnacionales que están detrás de esto y de lo que son capaces”, recalcan.

No hablaba prácticamente nada. Y cuando le pasábamos ropa, de inmediato se la sacaba. Había perdido completamente el pudor y se ofrecía a cambio de comida. Estaba en un estado terrible. Queríamos ayudarla, pero ella estaba siempre a la defensiva, agresiva con todos, con una desconfianza enorme que la llevaba a tratar de escapar todo el tiempo.

Testimonio de funcionarios municipales de La Serena.

Desde el 1 de enero de este año hasta el 8 de mayo pasado, la PDI y Carabineros reportaban 21 víctimas de trata de personas, en su mayoría mujeres venezolanas y colombianas que han sido traídas bajo engaño o coerción y que son obligadas a ejercer la prostitución para estas bandas internacionales. Sólo en lo que va de este año se han abierto seis causas judiciales por este delito, con 15 formalizados, según los datos proporcionados por la Mesa Intersectorial contra la Trata de Personas, dependiente del Ministerio del Interior.

La cifra de estos primeros cuatro meses es muy superior a la que se había registrado en el mismo periodo del año pasado: una víctima y ninguna causa judicial. Y representa el 10% de todas las mujeres que han sido rescatadas de redes de trata de personas para explotación sexual en Chile desde 2011 (las que suman 215), cuando se promulgó la ley 20.507 que tipificó y sancionó este delito. Desde entonces se han iniciado 52 causas judiciales, pero sólo en 24 casos se ha logrado una sentencia condenatoria, lo que habla de la enorme dificultad para perseguir este millonario negocio ilícito.

“Hay claramente un incremento”, admite Paulo Contreras, jefe nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Jenanco) de la PDI. Por eso, añade, ha sido muy importante la información que se ha obtenido de las causas abiertas a fines de marzo pasado en Puerto Montt e Iquique, para mejorar el nivel de alerta en las unidades policiales y prepararse ante la reapertura de las fronteras.

Las investigaciones tienen un denominador común: la expansión de las bandas criminales venezolanas en la región.

Los Malditos del Tren de Aragua, la megabanda criminal venezolana nacida en el estado de Aragua en 2005 y que, con más de 3.000 integrantes, es una de las organizaciones delictivas más poderosas y violentas de Venezuela, es una de las principales responsables de este aumento del tráfico de personas en Chile.

Desde el 2014, esta mafia liderada por Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias “El niño Guerrero”, desde la cárcel de Tocorón, donde cumple una condena de 17 años de prisión, comenzó a expandir su área de acción. Primero a otros estados de Venezuela y después a Colombia, Ecuador, Perú, algunas zonas fronterizas de Brasil, Bolivia y Chile.

La gama de delitos a los que se les vincula suman más de una docena. Pero, en los últimos años, se han especializado en la trata de personas para explotación sexual, el proxenetismo, el tráfico de migrantes, tráfico de ketamina (un anestésico de uso veterinario cuyo consumo se está amplificando en Chile debido a sus propiedades alucinógenas y anestésicas), el secuestro extorsivo y el sicariato.

Según los reportes de inteligencia policial, el tráfico de personas para explotación sexual se ha transformado en la principal línea de acción criminal del Tren de Aragua y ha desplazado como principal fuente de ingreso a otros delitos gravosos, como el tráfico de drogas, armas y las extorsiones.

Coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la Brigada de Homicidios de Perú.

El número de casos detectados, sin embargo, debe tomarse con mucho cuidado, advierte la socióloga Carolina Stefani, investigadora asociada del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes) a cargo del proyecto “Rutas y trayectorias de migrantes venezolanos en América del Sur, además de ejercer como académica de la Universidad de Tarapacá.

“Los datos dependen de las denuncias que se hagan, por lo que la cifra oculta es imposible de medir. Es tal la violencia y el daño que provocan, no sólo en las mujeres que son víctimas directas de trata, sino en toda la comunidad, por la forma en que estas organizaciones empiezan a meterse en las comunidades, coaptándolas muy rápidamente, hace que estas no se atreven a denunciar la presencia y accionar de estas bandas. Eso ya se ha visto en México, donde las organizaciones fuerzan a las poblaciones de los territorios que controlan a trabajar o colaborar de alguna forma con ellos”, explica Stefani.

Eso es precisamente lo ocurrido con la joven que fue rescatada en La Serena a comienzos de este año.

Tras ser catastrada por la PDI, la joven fue llevada al Hospital de Coquimbo e internada en el área siquiátrica del establecimiento debido al shock emocional que presentaba. Pero a los pocos días se escapó. No sería la única vez. “La alojamos en casas de mujeres que nos ayudaban a resguardarla, pero era demasiada la desconfianza que tenía de todos y varias veces intentó arrancar”.

Con la ayuda de una doctora colombiana, lograron ir venciendo en parte la resistencia de la joven. “Le llevaba comida típica colombiana para que pudiéramos acercarnos a ella y facilitar que comenzara a recordar. Nos costó mucho que ella empezara a hablar, que nos contara qué le había pasado”.

Recordaba sólo destellos, pequeños retazos de una historia que hasta ahora no ha logrado ser completamente reconstruida.

“Ella se vino caminando desde Colombia junto a un grupo de mujeres, a las que conocía de antes, para así protegerse mutuamente durante el largo trayecto que harían hasta Chile. Ella es una joven de rasgos muy bonitos, es muy hermosa”.

No dio fechas exactas, sólo dijo que tardaron varias semanas en llegar hasta la localidad boliviana de Pisiga, a metros de la frontera con Chile, porque evitaban a los ‘coyotes’ y ‘trocheros’ que ofrecen facilitar el cruce de las fronteras por pasos no habilitados a cambio de dinero o de engancharlas para que trabajaran para ellos.

Cuando estaba en Pisiga, se extravió del grupo de amigas con las que viajaba. Por lo que cuenta, da la impresión que fue drogada, porque lo que recuerda después es haber despertado en una habitación. Estaba desnuda y atada. Allí la mantuvieron cautiva varios días, sin alimento ni agua...

Funcionarios de la Municipalidad de La Serena que protegieron a la joven víctima.

Tampoco pudo describir cómo la trasladaron hasta una casa en Arica, “donde había más chicas extranjeras encerradas que eran explotadas sexualmente”. Ni la forma en que la fueron cambiando de ciudad hasta que llegó a la Región de Coquimbo. “A veces comenzaba a contar cosas y de pronto decía: esto mejor que no, y se callaba. Costaba mucho sacarle información, porque estaba temerosa y desconfiada”.

A inicios de enero, en un momento de descuido de sus captores, la chica huyó.

Se lanzó desnuda, tal como la tenían, por la ventana del departamento en que la mantenían encerrada. Era una altura de dos o tres pisos, por eso la herida que tenía en la pierna cuando la encontramos. Para nosotros era muy importante saber dónde estaba ese edificio, pues había más chicas explotadas. Pero su relato era muy incompleto”.

integrantes del equipo que se encargó de la víctima.

El 11 de febrero pasado la joven regresó a Bogotá en un vuelo financiado por el consulado de Colombia en Chile. Uno de sus parientes viajó a buscarla. El rencuentro fue en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, el mismo día que la joven sería deportada por su ingreso irregular. “Su familia llevaba muchos meses buscándola desde Colombia, habían presentado meses atrás una denuncia por presunta desgracia luego de que perdieran contacto con ella justo antes de que intentara ingresar a Chile”. No sólo eso, en páginas de Facebook que utilizan migrantes colombianos para intercambiar información habían subido su fotografía y la palabra: “Desaparecida”.

Avisos similares sobre jóvenes migrantes desaparecidas se encuentran por decenas en grupos de Facebook, como el denominado “Venezolanos en Chile”, que dan cuenta de lo peligrosas que se han convertido las rutas de migración bajo el control de estas mafias transnacionales.

Por el traslado de una mujer desde Venezuela hasta Chile el precio que cobra el Tren de Aragua va de los cuatro a los siete millones de pesos. Se trata de “la multa” que las jóvenes deben pagar ejerciendo la prostitución una vez instaladas en Chile.

Pero ni siquiera con el pago de la “multa” las jóvenes pueden liberarse. “Siempre van a quedar debiendo algo a las mafias”, remarca Denisse Araya, directora de la Fundación Raíces, una entidad dedicada al trabajo con menores de edad explotadas sexualmente.

Cuando finalmente logran pagar el traslado, viene el apretón final. Si una mujer quiere seguir trabajando en la zona, debe pagar semanalmente más de $100.000 a la organización a cargo del territorio.

Según la policía, las mafias venezolanas ya han logrado establecerse con fuerza en el polígono que va entre Alameda Bernardo O’Higgins por el sur; Tajamares por el oriente; Matucana y Estación Central por el poniente, y Mapocho por el norte. Sólo en los últimos meses se han realizado tres intervenciones policiales en el centro de Santiago, en Mapocho cerca de La Piojera y en Estación Central.

La PDI ya ha recibido denuncias de organizaciones de trabajadoras sexuales chilenas y extranjeras que ejercen la prostitución en el centro de Santiago de manera independiente sobre las amenazas que han recibido por parte de delincuentes venezolanos que se presentan como integrantes del Tren de Aragua. O trabajan para ellos o pagarán las consecuencias.

Y no sólo es el Tren de Aragua.

La Fiscalía Regional de Tarapacá tiene antecedentes de la presencia en Chile de a lo menos otros tres grupos: Los Desastres, Los Malditos de Carabobo y Tren del Sur, además de facciones más pequeñas provenientes de las zonas de Petare, un extenso barrio marginal en los extramuros de Caracas y considerado uno de los lugares más peligrosos del mundo por su nivel de criminalidad. También se ha detectado en el norte de Chile a extranjeros ligadas a bandas como Cota 900 y Santa Rita.

El Tren de Aragua es más bien una suerte de confederación. Donde concurren varias células que se identifican como tales, que pagan un tributo o ‘causa’ por el derecho a usar el nombre y a protección, pero que no necesariamente responden a una misma jefatura central. Existe mucha tercerización de los servicios, explica el jefe de la Jenanco de la PDI, Paulo Contreras.

Nosotros inicialmente pensábamos que eventualmente la misma organización captaba las mujeres en Venezuela y en Colombia y las traían hasta Tacna, donde las recibía otro equipo que se encargaba de cruzarlas por Desaguadero a Bolivia y desde ahí las llevaban a Pisiga, para pasarlas por pasos no habilitados a Chile. Desde allí eran trasladadas a las capitales regionales, donde eran explotadas sexualmente. Al principio era así. Pero ahora no.

Paulo Contreras, jefe de la Jenanco de la PDI.

Lo que ha apreciado en terreno, en el trabajo en el Norte Grande con migrantes, señala la socióloga Carolina Stefani, concuerda con el resultado de las últimas investigaciones de la PDI y el Ministerio Público. Las megabandas venezolanas se han especializado en la venta de mujeres a bandas locales. Así lo describe la investigadora del COE:

El 23 de marzo pasado, la PDI -tras seis meses de investigación que incluyeron el uso de agentes encubiertos, escuchas e interceptaciones telefónicas- realizó operativos simultáneos en Puerto Montt, Temuco, Osorno y Talca, que permitieron la liberación de seis mujeres, todas ellas venezolanas, que habían sido traídas a mediados del 2021 por pasos fronterizos no habilitados para ser explotadas sexualmente por una de estas bandas locales.

Cinco venezolanos fueron detenidos y formalizados por asociación ilícita para la trata de personas con fines de explotación sexual; otros dos inculpados, una mujer y un hombre, de quienes se sospecha eran el enlace con el Tren de Aragua para organizar el envío de mujeres, se encuentran prófugos y con orden de detención pendiente.

“A partir de esta causa, se obtuvo información que permitió abrir otras investigaciones que llevan otros fiscales en el norte”, indicó el fiscal de Puerto Montt Marcelo Maldonado, a cargo de la persecución judicial de este caso que aún se encuentra bajo reserva.

La Unidad de Investigación y Datos de La Tercera tuvo acceso a parte de los testimonios que brindaron las víctimas en calidad de testigos protegidos y que fueron dados a conocer el 26 de marzo pasado por el fiscal Maldonado, durante la audiencia de formalización, y que han permitido reconstruir la ruta y formas en que operan estas bandas transnacionales.

Los nombres, datos personales o referencia a las ciudades de origen de las víctimas las mantendremos en total reserva, no sólo para evitar su revictimización, también para resguardar su seguridad.

“Váyase pa’ Chile, mi niña, allá se gana mejor”, le dijeron, al tiempo que le entregaban el número de WhatsApp de un venezolano que se encontraba irregular en Chile, a cargo de la red de prostitución desbaratada a comienzos de este año en el sur.

A mediados de junio una de las víctimas decidió contactarlo.

Él ofreció pagar su traslado completo hasta Chile para que pudiera trabajar de scort. Además, se comprometió a brindarle mudas de ropa, comprarle lencería, un teléfono celular, un lugar donde vivir, pagar el costo de peluquería y arreglo de uñas. También le aseguró que enviaría semanalmente la suma de 100 mil pesos chilenos a sus familiares durante el tiempo que trabajara con ellos.

Testimonio de víctima, en calidad de testigo protegido.

A cambio, ella debía pagarle cuatro millones de pesos chilenos una vez que estuviera instalada y trabajando en Chile. Es lo que denominan la “multa” que cobran las mafias venezolanas a las migrantes por su traslado hasta Chile.

A mediados de agosto (de 2021) emprendimos el viaje. Me dijeron que debía llevar sólo mi cédula de identidad, que dejara mi pasaporte venezolano allá y que no llevara más que un bolso muy pequeño, con una muda de ropa nada más.

Testimono de o víctima, en calidad de testigo protegido.

Dos hombres me pasaron a buscar al lugar que me indicaron. Se presentaron como integrantes del Tren de Aragua. Antes de partir me exigieron que les contara sobre los miembros de mi familia, dónde vivían, a qué se dedicaban. Anotaban todos los datos que les di.

Testimonio de víctima, en calidad de testigo protegido.

Antecedentes policiales obtenidos en Perú por la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional de Perú, creada el año 2019 para enfrentar a las bandas venezolanas presentes en su territorio, confirman esa práctica.

Ellas son censadas en Venezuela al momento de ser coaptadas. Les toman los datos personales y la bitácora familiar, por lo que desde ya comienza este secuestro criminal y el sometimiento de estas mujeres.

Coronel Víctor Revoredo, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía nacional de Perú.

En automóviles con vidrios polarizados partieron desde Bogotá. “Allí me entregaron un pasaje de bus hasta una ciudad a medio camino de la frontera con Ecuador, donde me entregaron a otros dos hombres que me llevaron a la frontera. Viajaba con otras ocho mujeres, casi todas venezolanas, a las que no conocía y con quienes tenía prohibido hablar de cosas personales”.

El “trochero” o “asesor” a cargo de ese trayecto era el responsable de hacer cumplir esa instrucción.

Nos dejaron en una lancha en la que cruzaríamos de noche el río Guaitara (frontera entre Colombia y Ecuador). Allí había otras personas que no tenían nada que ver con el grupo en que andábamos y que también querían cruzar la frontera. Al llegar a Ecuador me recogió otro hombre al que le decían Bayron. Él nos dijo que teníamos que botar el chip del celular que nos habían entregado en Colombia y nos entregó un nuevo chip, esta vez ecuatoriano, para que lo colocáramos en nuestros celulares.

Testimonio de víctima, en calidad de testigo protegido.

Nos llevaron hasta Quito y ahí me dieron un pasaje de bus a Guayaquil. Allí estuve en una casa con otros venezolanos que iban viajando dela misma forma, pero que no tenían nada que ver conmigo y que venían a Chile a otras cosas. Si no cumplíamos las instrucciones a tiempo, nos amenazaban con castigos a nuestros familiares que habíamos dejado atrás.

Testimonio víctima

Todos los días, el jefe de esta red de prostitución en Chile se comunicaba con ella por WhatsApp para monitorear dónde estaba y darle instrucciones.

A los pocos días, recibió la orden de ponerse en marcha nuevamente.

Salimos de madrugada de Guayaquil en un móvil con vidrios polarizados que nos dejó en un lugar cercano al río Tumbes, donde otros hombres nos cruzaron a Perú. Antes de cruzar nos dijeron el nombre de la persona con la que debía encontrarme al otro lado.

Testimonio de víctima en calidad de testigo protegido.

Una vez en territorio peruano y tras reunirse con las personas que les habían indicado, “nos subieron a otro móvil, también con vidrios polarizados. Nuevamente nos ordenan botar el chip ecuatoriano y nos pasan uno peruano”.

El paso a través de territorio peruano fue más lento de lo que imaginaba. Muy diferente a lo que había sido cruzar Colombia y Ecuador.

Los trayectos eran mucho más cortos. Varias veces nos cambiaban de trochero y nos llevaban esquivando los controles policiales. A veces viajábamos en una minivan y en algunas ciudades nos pasaban un pasaje de bus para hacer el recorrido. En esas ocasiones nos daban el nombre de la persona que nos recogería en el terminal”.

Testimonio testigo protegido.

La policía peruana ha logrado establecer varias de las ciudades donde el Tren de Aragua y otras mafias venezolanas han logrado, en la mayoría de los casos a sangre y fuego, el control de las redes de prostitución. Allí operan “búnkeres” o casas de seguridad, las que son empleadas para las diferentes líneas de acción criminal de estas bandas.

“En Perú las van ubicando en departamentos y hostales en zonas populosas de Tumbes, Trujillo, Chiclayo, Lima y Tacna, para ir acercándolas a Chile”, señala el coronel Reveredo de la Policía Nacional Peruana.

En una intervención que hicimos en Lima a una de estas casas de prostitución nos encontramos con que varias chicas tenían un boleto de bus para viajar a Tacna, con la intención de pasar a Chile. Esa información se la proporcionamos a la policía chilena.

Coronel PNP Víctor Revoredo.

Para entonces la frontera entre Perú y Chile estaba cerrada -recién se reabrió el 16 de febrero pasado-, por lo que, al llegar al terminal de buses de Tacna, las mujeres debían esperar junto al trochero que las recibió allá por varias horas, hasta que se juntara todo el grupo de migrantes que tenía registrado para cruzarlos por un paso no habilitado en medio del desierto, por un lugar cercano al puesto fronterizo de Chacalluta. “Éramos 20 venezolanos los que pasaríamos ese día con él”.

La fiscalía no ha logrado determinar la fecha exacta en que ingresan estas víctimas, sólo que fue “poco antes del 15 de septiembre de 2021″. Casi un mes de viaje desde que salieron de Venezuela.

La mayoría de las víctimas que fueron rescatadas este año desde los inmuebles donde estaban cautivas en Puerto Montt, Temuco, Talca, como también en otros operativos realizados en Santiago, Rancagua, La Serena e Iquique, no ingresaron a Chile por Arica, sino que debieron seguir el viaje desde Tacna hacia Desaguadero y de ahí a Bolivia, donde nuevos trocheros las trasladaron hasta Pisiga.

La Fiscalía de Tarapacá, gracias a antecedentes aportados por los propios migrantes venezolanos, ya tienen identificado el nombre del inmueble donde funciona el cuartel o base de operaciones del Tren de Aragua en Pisiga. En abril solicitaron, a través de los mecanismos de cooperación judicial internacional, que la policía boliviana intervenga el lugar y remita copia legalizada de todas las evidencias que sean encontradas para ser utilizadas judicialmente por el Ministerio Público chileno en las causas que lleva adelante contra el Tren de Aragua.

Para no entorpecer esta diligencia, mantendremos en reserva el nombre y ubicación exacta de ese inmueble. Sin embargo, preocupa que, a dos meses de hecha esta solicitud por parte de la Fiscalía de Tarapacá, la policía boliviana aún no haya efectuado ese allanamiento.

En Pisiga, según el relato que hizo el fiscal Maldonado de Puerto Montt, durante la audiencia de formalización de los cinco imputados de nacionalidad venezolana de ser parte de una asociación ilícita dedicada a la trata de personas para explotación sexual, y que contrataban los servicios del Tren de Aragua para proveerse de mujeres, una de las víctimas debió dormir en el desierto. El trochero a cargo del cruce a Chile tuvo que esperar el momento oportuno para pasarlos.

Ya en Chile no se quedaban en Colchane; eran conducidas de inmediato a Huara, donde, de acuerdo con los antecedentes que dispone la Fiscalía de Tarapacá, funciona otra “plaza” importante del Tren de Aragua. Desde allí algunas eran enviadas a Iquique, otras a Calama y Antofagasta, donde las mantenían ocultas en casas y hostales en zonas controladas por el Tren de Aragua, a la espera de contactarlas con la banda local que se encargaría de explotarlas sexualmente.

No tenía idea de cuál sería mi destino final. Cuando estaba en Antofagasta me dieron un pasaje a Santiago y me dijeron que en el terminal de buses me esperaría un hombre. Al llegar me contactó por WhatsApp un joven venezolano, quien me dijo el lugar donde nos reuniríamos. Allí me pasó otro boleto de bus con destino a Talca.

Testimonio de víctima.

Fue en esta última ciudad donde la recibió el líder de la banda local con el que había acordado su traslado a Chile. La llevaron de inmediato a una casa.

Allí me dijeron que no habían podido enviar los 100 mil semanales a mi familia, como habían prometido, como tampoco pagarían la ropa, ni nada de lo que me habían prometido. Además, me dijo que la multa ya no eran cuatro millones, sino que había subido a siete millones de pesos.

Testimonio víctima.

De nada sirvieron los reclamos de la mujer. “Aquí las cosas son así”, fue la respuesta, y que si no aceptaba las órdenes que le daban la multa seguiría subiendo. La amenaza no fue suficiente. “No te olvides que tenemos nexos con el Tren”, le gritó el jefe de la banda.

Un día después de su llegada a Talca, fue trasladada junto a otra joven venezolana que había llegado de la misma forma que ella, por pasos no habilitados, hasta Puerto Montt. Apenas llegaron fueron encerradas en una habitación donde les tomaron fotografías. Serían los propios imputados los que pagarían a la página web sexosur.cl en la que se promocionarían sus servicios como meretrices bajo nombre de fantasía, asegurando que “eran escort independientes”.

Las víctimas debían trabajar las 24 horas del día, los siete días de la semana, en habitaciones que los líderes de la banda alquilaban en un motel ubicado en calle Benavente 083. Ellas ni siquiera contactaban a los clientes. Los celulares registrados en la página web pertenecían a miembros de la banda de proxenetas, quienes se encargaban de pactar el valor y demás detalles.

No recibían nada de dinero. Todo lo que ganaban tenían que entregarlo directamente al jefe de la banda para pagar la multa, los gastos de alimentación, ropa y por la llave (comisión del 25% del valor del servicio sexual pactado que exigen los miembros de la banda por hacer el contacto con cada cliente). De esos cobros las mujeres se enteraban cuando ya estaban en Chile, pero no podían hacer nada para evitar problemas a sus familiares en Venezuela.

Fiscal de Puerto Montt Marcelo Maldonado, durante la audiencia de formalización de cargos por asociación ilícita para la trata de personas con fines de explotación sexual.

En octubre pasado, una de las víctimas de esta banda trató de huir. Fue interceptada por los miembros de la banda en el terminal de buses de Puerto Montt, cuando intentaba abordar un bus rumbo al norte.

“La víctima fue trasladada a una de las cabañas FX en Puerto Montt, donde los líderes de la organización la interrogaron y le dijeron que su multa había subido por intentar escapar. Además, le exhibieron fotografías de sus hijos que estaban en el extranjero diciéndole que si volvía a intentar escapar o si no obedecía ‘su familia pagaría las consecuencias’, relató el fiscal Maldonado en la audiencia de formalización.

Desde ese momento, la joven quedó bajo vigilancia permanente y fue trasladada a una habitación del Gran Hotel, en Osorno, donde siguió siendo explotada sexualmente.

La policía interceptó una conversación telefónica entre el líder de la organización y uno de sus testaferros, en la que le recrimina haberlo dejado en serios problemas, pues había depositado en otra cuenta la plata que tenían que haber pagado las deudas por el traslado de las mujeres.

La discusión que escucha la policía coincide con el quiebre de la banda. Dos de sus integrantes, que hoy están prófugos, se van de la ciudad. Pero no sólo eso. Miembros del Tren de Aragua viajaron a Temuco a recuperar las mujeres que habían ingresado al país para ser explotadas en Puerto Montt.

Los llamados y mensajes entre los miembros de la banda disminuyeron completamente y ya no mencionaban a los dos integrantes que se habían alejado. Pasarían varias semanas antes de que el grupo se reactivara. A fines de febrero la policía intercepta algunos mensajes en los que hablan de que “vamos a traer chicas de nuevo”. Fue el momento que la fiscalía y la PDI estaban esperando para dar el golpe que ha permitido reconfiguar el modus operandi y las rutas utilizadas por las mafias criminales venezolanas.