50 años del Golpe militar de 1973: La encrucijada de Maya Fernández

Pasada la medianoche del jueves 9 de febrero, tras una extenuante jornada de trabajo en las zonas afectadas por los incendios en la Región del Biobío, Maya Fernández y el comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, llegaron a dormir a la Base Naval de Talcahuano. Antes de partir a descansar, la ministra sorprendió al almirante al aparecer con una torta y cantarle el Cumpleaños Feliz con algunos miembros de su equipo.

El momento revela -afirman quienes conocen del tema- la buena relación que la exdiputada socialista ha ido forjando con los comandantes en jefe, que en un principio vieron con preocupación la llegada de Gabriel Boric a La Moneda, de la misma Fernández a Defensa y del comunista Galo Eidelstein a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas.

En el mundo militar valoran el pragmatismo con que Fernández ha enfrentado su primer año, incluso abortando varios intentos -unos conocidos y otros no- de algunos colaboradores por quitarles cuotas de poder y privilegios al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en distintas áreas.

Desde el oficialismo, en tanto, destacan la relación de confianza que existe entre ella y el Presidente (en octubre de 2020 fue la primera figura del PS en apoyar su candidatura) y el sentido simbólico y real que implica el hecho de que una nieta de Salvador Allende sea su ministra de Defensa cuando se cumplen 50 años del Golpe militar.

Nada más llegar al edificio de Zenteno 45, Boric le encargó a la bióloga y médica veterinaria dos tareas que no estaban en su programa: acercar a las FF.AA. al gobierno y sumarlas al cincuentenario del quiebre institucional de 1973.

Al poco andar, los líderes de las FF.AA. -especialmente el Ejército- pidieron a la ministra no involucrarlos en un tema que ellos estimaban era “político” y que podía hacerlos retroceder en el camino de la profesionalización y modernización logrado en las últimas décadas.

Al mismo tiempo, distintas voces de la izquierda y del mundo de los derechos humanos le transmitían a la ministra que esta podría ser la última oportunidad para exigir a los militares gestos más potentes de los que habían hecho hasta ahora.

“Un gesto de las FF.AA. sería muy importante, se ha esperado mucho tiempo y esta es la ocasión”, señaló hace unas semanas el secretario general de su propio partido, Camilo Escalona.

Para Francisco Vidal, exministro de Defensa de Bachelet 1, más que gestos, lo que él esperaría de las FF.AA. es una valorización de dos lecciones: “Que no hay contexto alguno y de ninguna naturaleza que justifique derribar el sistema democrático y violar los derechos humanos de las personas”.

La misma noche en que Gabriel Boric fue electo Presidente dejó en claro que la figura de Allende y el aniversario 50 de su derrocamiento serían temas significativos para él y su gobierno.

“Vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada”, dijo ese 19 de diciembre de 2021, parafraseando al exmandatario socialista en su arenga a los chilenos la madrugada del 5 de septiembre de 1970 desde los balcones de la Fech.

Por ello, ninguno de los jefes de las FF.AA. se sorprendió cuando Maya Fernández puso ese tema sobre la mesa en las primeras reuniones. Y aunque la secretaria de Estado nunca les habló de -o pidió- un gesto específico, les dijo -y reiteró en los encuentros que sostienen mensualmente- que el Presidente y todo su gobierno querían rememorar esta efeméride “con ellos y no sin ellos”, “con ellos y no contra ellos”.

Fuentes cercanas al mundo militar cuentan que los tres generales coincidieron en señalar a Fernández que en las últimas décadas había costado mucho despolitizar a las FF.AA. y que podría ser contraproducente involucrarlas en este tema, que aún divide a los chilenos y chilenas. Más aún en momentos en que sus instituciones habían recuperado el apoyo de la ciudadanía tras el estallido social del 18 de octubre, según indican varias encuestas.

Otro de los argumentos de los uniformados fue que no era justo arrastrar a las nuevas generaciones a un tema que ocurrió hace medio siglo.

“En ningún caso el gobierno busca politizar a las FF.AA. Al contrario, el objetivo es que este hito sirva para transmitir que no pueden ser politizadas. Y justamente por eso se quiere que la conmemoración sea con ellos y no contra ellos. Que no queden fuera”, explica una fuente cercana a Fernández.

Cercanos a la sobrina de la senadora Isabel Allende cuentan que mientras ella ha avanzado silenciosamente en los objetivos puestos por el Mandatario, sus propios subsecretarios comenzaron a ponerle trabas en el camino.

Los generales comenzaron a recibir una serie de advertencias que los puso en alerta. Por ejemplo, se enteraron de que Eidelstein -uno de los hombres del círculo de confianza del presidente del PC, Guillermo Teillier- buscaba cambiar los planes de estudio -incluidos algunos profesores- en las escuelas matrices de cada rama: Militar del Libertador Bernardo O’Higgins, Naval Arturo Prat y de Aviación Capitán Manuel Ávalos. Y que planeaba, además, actividades conmemorativos del “11″ al interior de algunos regimientos del país.

Otros trascendidos apuntaban a una serie de “gestos” que le pedirían al Ejército, desde poner fin al llamado “pacto de silencio”, a pedir que localizarán el fusil AK-47 regalado a Allende por Fidel Castro, del que habría salido el disparo que terminó con su vida, para entregarlo a un museo.

Preocupación también produjeron las acciones del entonces subsecretario de Defensa Fernando Ayala (PPD cercano a Heraldo Muñoz y a Guido Girardi), para incorporar a civiles en las directivas de las industrias y fábricas que posee cada rama (Famae, Enaer y Asmar) y en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe).

A ello se sumaban constantes cuestionamientos al mundo militar desde Apruebo Dignidad, en el marco de las discusiones en el Parlamento sobre el estado de excepción en la Macrozona Sur, lo cual también complicaba la labor de Fernández.

Según cercanos a los comandantes en jefe, ese ambiente más bien hostil generado por los subsecretarios se mantuvo hasta el 4 de septiembre, cuando el amplio triunfo del Rechazo a la propuesta constituyente cambió el tono del gobierno frente a las FF.AA., incluido el tema de los 50 años.

La mañana del 6 de septiembre del año pasado, horas antes del cambio de gabinete que gatilló la derrota en el plebiscito, el propio Boric llamó a Ayala para pedirle su renuncia. En su puesto nombró a Gabriel Gaspar, un histórico del PS con un perfil más moderado y cercanía al mundo militar.

En esa oportunidad, el exembajador y jefe de protocolo en Bachelet 1 señaló a la presidenta de su partido, Natalia Piergentili, y a sus cercanos, que se había limitado a cumplir el punto 3 del programa de Defensa de Boric, que decía “mayor poder civil a la política de Defensa”

Sacar a Eidelstein sería una afrenta para Teillier y el PC, ya resentidos con la llegada de Carolina Tohá a Interior, en reemplazo de Izkia Siches, por lo que se optó por mantenerlo en su cargo. No obstante, Boric dio plenos poderes a Fernández para frenar cualquier otro intento por restarles poder a los militares o acción adoptada sin su conocimiento.

La Tercera pidió la opinión de Eidelstein sobre los temas que rodean el cincuentenario del Golpe, pero respondieron que no se “pronunciarían hasta que lo hiciera la ministra”.

En un marco parecido se habría producido la embestida para el cierre de Punta Peuco, donde cumplen condenas militares en retiro y exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad entre 1973 y 1990. El miércoles Ex-Ante publicó que el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo (PC), había instruido en octubre de 2022 a Gendarmería que realizara los preparativos para anunciar ahora en marzo el cierre del penal. Ese mismo día se le ordenó al propio Gajardo -hijo del expresidente del Colegio de Profesores- desmentir la información.

Miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) revelan que existe inquietud al interior del organismo por la actitud “condescendiente” que ha mantenido hasta ahora Fernández con las FF.AA. que, a juicio de ellos, se aleja de su formación ideológica y experiencia de vida marcada por la dictadura.

La comparan con el nombramiento de Michelle Bachelet como ministra de Defensa en 2002, cuyo pasado ligado al tema de los derechos humanos produjo muchas expectativas en la organización, que finalmente no se cumplieron.

Agregan que esta inquietud ha sido conversada “informalmente” con Gabriel Gaspar, quien mantiene redes con la agrupación forjadas durante su largo exilio en México y durante los gobiernos de la Concertación.

La presidenta de la AFDD, Gaby Rivera, cuenta que pronto pedirán formalmente una cita con la ministra para hablar de los 50 años del Golpe, que, sin duda, es una fecha que revive la ilusión para encontrar o saber qué ocurrió con sus deudos.

“Vamos a pedirle que exija a las FF.AA. que entreguen la información respecto de lo que hicieron con nuestros familiares, que nosotros sabemos que la tienen”, dice Rivera.

Fue la nueva directora del Museo de la Memoria, Fernanda García, la primera en pedir un emplazamiento a las FF.AA. con motivo del cincuentenario del quiebre institucional del 73.

“A 50 años del Golpe, es hora de que digan ‘perdón, esta es la información que tenemos’”, dijo a La Tercera el 6 de enero, abriendo un debate que incomoda a La Moneda.

Desoyendo algunas voces oficialistas que -en privado- cuestionaron sus declaraciones, la actriz reafirma su postura: “En el contexto de esta conmemoración es una necesidad saber el paradero de los detenidos desaparecidos, y quienes tengan información, incluyendo las FF.AA., la entreguen”.

García cuenta que esta semana llegó de un foro internacional sobre derechos humanos, en Rabat, Marruecos, donde constató que todos los países que han pasado por experiencias traumáticas -como la ocurrida en Chile en 1973- han dado prioridad al esclarecimiento total de lo ocurrido y el paradero de las víctimas “como la única forma de fortalecer los valores democráticos y avanzar hacia el ‘nunca más’”.

El gobierno ya habría definido su línea para enfrentar estas demandas, que saben irán aumentando de aquí al 11-S. Esta será que la búsqueda del paradero de las -al menos- 1.159 víctimas de desaparición forzada que aún son indagadas por sus cercanos es una tarea que está radicada en la justicia.

Esta estrategia de “cuerdas separadas” también está apoyada por el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos que se encuentra en plena elaboración y que lidera la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydée Oberreuter, una promesa de campaña que Boric anunció en su último mensaje al país. Y que contará con la participación de familiares y asociaciones de víctimas.

Dos ejes tiene la estrategia -política y comunicacional- con que la ministra busca persuadir a las FF.AA. de tomar un rol más activo en la conmemoración de septiembre y que el gobierno también pretende instalar en la agenda.

El primero es que no fueron las FF.AA. las que impulsaron el Golpe, sino que fueron empujadas -y alentadas- por un mundo civil (políticos, empresarios y dirigentes ligados a la derecha), que fueron incapaces de buscar una salida institucional a la crisis político-institucional que enfrentaba el país, con una gran responsabilidad -por cierto- de los partidos de izquierda. Pero que han sido ellos (los militares) quienes han pagado los costos históricos, judiciales y personales, al ser tildados de “golpistas”.

Al respecto, el analista Carlos Correa Bau, -quien compartió con la ministra Fernández el exilio en Cuba- dice que, a su juicio, “no existe ningún riesgo de politización de las FF.AA. a raíz de los 50 años, porque en Chile no tuvimos una dictadura militar, sino cívico-militar”.

El segundo argumento es que los actuales altos mandos -que ingresaron a sus respectivas escuelas entre 1982 y 1984- no tienen nada que ver con los generales que participaron en el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular.

“La máxima voluntad del gobierno es no generar conflictos, sino ayudar a la construcción de un camino institucional y normalizador de las relaciones con las FF.AA. Esto significa entender que la historia del Ejército es más larga que la participación de algunos de sus miembros en un momento determinado”, sentencia el exconvencional Patricio Fernández, asesor de Boric en los 50 años del Golpe.

Y confirma que Maya Fernández es la persona a cargo de la relación con las FF.AA. en esta conmemoración y “nadie en el gobierno osaría pasarla por alto y no responder a sus lineamientos”.