Agenda de seguridad: el test de Tohá en un año electoral clave

“Se debe combatir el crimen organizado de forma directa, tanto con las instituciones formadas para eso, como con leyes que entreguen mejores condiciones para lo mismo. Sentimos satisfacción de que nuestro gobierno, el que encabeza el Presidente Boric, ha sido el que ha llevado adelante las mayores iniciativas legislativas y el mayor fortalecimiento (...) para abordar exitosamente la lucha contra este flagelo y no vernos en el riesgo de lo que pasa en Ecuador”.

El sábado 13 de enero, en la Fiesta de los Abrazos, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dedicó importantes pasajes de su discurso para aplaudir la agenda de seguridad empujada por el gobierno. Siendo jefe de la tienda que más se ha opuesto a diversas iniciativas que buscan abordar este tema, en el oficialismo ha llamado la atención la súbita relevancia que el PC le ha otorgado al problema del narcotráfico y el crimen organizado. Ambos fenómenos, de hecho, fueron parte importante de la reunión que la directiva comunista sostuvo con el Presidente Gabriel Boric el pasado 9 de enero en La Moneda.

“La población La Victoria, símbolo de las luchas populares, está siendo invadida por el flagelo de la droga”, advirtió Carmona tras la cita.

A casi dos años de iniciado el gobierno -y con un historial de desavenencias entre sus dos coaliciones-, el oficialismo ha tomado nota de la radical importancia que la seguridad tiene para la ciudadanía. Y que ello será un tema electoralmente gravitante para las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores que se celebrarán en octubre, en las cuales las fuerzas de gobierno defienden plazas importantes, como Santiago, Ñuñoa, Maipú o Recoleta.

En La Moneda entienden bien que la gestión que lleven adelante en seguridad será parte del test electoral. Sobre todo, lo entiende la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien desde que asumió en la cartera -el 6 de septiembre de 2022- ha empujado una agenda que ha traído costos entre las propias filas oficialistas.

Las actuales cifras son preocupantes. La última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) -dada a conocer por la Subsecretaría de Prevención del Delito en noviembre pasado- arrojó que en 2022 la percepción de inseguridad llegó a un nivel histórico de 90,6%. En 2021 era de 86,9% y en 2015, de 86,8%. Y la semana pasada, en su cuenta pública anual, las cuatro fiscalías regionales de la capital informaron un aumento del 12% en los homicidios en la región entre noviembre de 2022 y 2023.

Ello ha llevado a que alcaldes y gobernadores, como el metropolitano Claudio Orrego, pidan aplicar estados de excepción u ocupar el 2% constitucional de libre disposición del Presidente para afrontar la crisis.

El peso de los hechos provocó que el gobierno diera un giro total en sus prioridades. En el cónclave que el gabinete y los partidos sostuvieron en Cerro Castillo la semana pasada, el propio Jefe de Estado planteó que las prioridades en la agenda 2024 -además del impulso de la reforma previsional y el pacto fiscal- estarán centradas en dos áreas: Seguridad y Economía. E instruyó aplicar un mayor esfuerzo en gestión, para que los resultados de las políticas públicas lleguen a la ciudadanía y se noten en la vida diaria. “Cumplir y concretar son los verbos rectores”, resume una fuente de gobierno.

La situación al interior del oficialismo no es fácil. Por ello, las negociaciones en el Congreso que ha encabezado la ministra Tohá han estado enfocadas en alinear a las dos almas de las coaliciones base, que -aunque menos opuestas que al inicio de la actual administración- han seguido confrontándose por la agenda de seguridad.

En la lista corta de gallitos y pugnas entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad figuran, entre otras, la Ley de Usurpaciones, la Ley Nain-Retamal, la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por discrepancias ante su responsabilidad frente al estallido del 18-O, las pensiones de gracia y el uso de armas de fuego por parte de gendarmes en retiro.

Eso, sin contar con debates que se dieron antes, como la extensión de los estados de excepción en la Macrozona Sur, los que hasta el día de hoy cuentan con el voto en contra de parlamentarios del PC y el FA.

Sin embargo, el análisis al interior de Palacio es que -con el impacto que el tema de la seguridad tiene en la ciudadanía, y una pronta prueba electoral- se está produciendo una suerte de “claridad estratégica” de parte del ala de izquierda oficialista, atizada por la crudeza de la delincuencia y las alarmas que han levantado casos ocurridos en el extranjero, como Ecuador. El argumento que ha permeado es que la seguridad es un “derecho habilitante de otros derechos”, como lo ha dicho el Presidente, y que no abordarlo en toda su magnitud podría pavimentar el camino a la llegada de una derecha más dura.

El contexto ha permitido a Tohá contar con votos transversales para aprobar -como sucedió el miércoles 17- la Ley Antiterrorista en la Comisión de Seguridad del Senado, tras 13 años de tramitación, con lo que quedó ad portas de pasar a la sala. Y aumentar a 23 de un total de 31 los proyectos aprobados de la agenda corta de seguridad y pasar de 49 a 51 el número total de leyes aprobadas en esa área, un récord en comparación a otras administraciones.

“Curiosamente, se ha instalado como que este gobierno estuviera de parte de los delincuentes, en circunstancias que es el que más ha hecho en materia legislativa, gestión y entrega de recursos para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Y ahí está el trabajo de la ministra”, dice Jaime Araya (Ind.-PPD).

Sin embargo, ello no permea en la ciudadanía. O al menos así lo constató la encuesta Cadem de la primera semana de enero, que arrojó que un 80% de los consultados piensa que la delincuencia ha aumentado durante los últimos tres meses, y que un 67% considera que el gobierno ha hecho poco o nada para contener la crisis de seguridad desatada con más fuerza en 2023.

La propia gestión de Tohá se ha visto opacada por decisiones de facultad presidencial -como los indultos otorgados en diciembre de 2022 a 12 condenados por delitos en el marco del estallido social y a un exfrentista- o por las pensiones de gracia otorgadas a personas con un amplio prontuario delictivo.

En este escenario, uno de los proyectos clave en este año electoral es el que crea el Ministerio de Seguridad. La nueva cartera se observa como una pieza clave dentro de la arquitectura de seguridad que quiere dejar como sello la administración Boric.

Apenas Tohá -una de las figuras emblemáticas del Socialismo Democrático- llegó al gabinete tras la salida de Izkia Siches y la derrota que sufrió el gobierno en el primer plebiscito constitucional, la ministra reactivó el proyecto. Ingresado por la segunda administración de Sebastián Piñera, en septiembre de 2021, el texto no había tenido movimientos relevantes desde entonces.

En abril del año pasado, para darle celeridad, fue incluido entre los 31 proyectos que integran el acuerdo al que se llegó con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI) -quien se ha convertido en un aliado de la jefa del gabinete en el despacho de esta agenda-, y el entonces presidente de la Cámara de Diputados Vlado Mirosevic (PL).

La tramitación, sin embargo, se ha visto entrampada por una serie de nudos, entre ellos, las facultades de la nueva institución, la figura del “comisionado regional” y la protección de datos, por lo que Tohá ha iniciado una ronda de negociaciones en el Congreso para agilizar su aprobación. En Chile Vamos se valora la flexibilidad mostrada por la jefa del gabinete y por La Moneda para alcanzar acuerdos.

“Nuestro objetivo es que el nuevo ministerio tenga facultades y atribuciones claras, que tenga dientes, para que pueda generar una diferencia respecto a cómo se está velando por la seguridad en nuestro país y que no sea un mero articulador, coordinador o guardián de la seguridad. Nosotros queremos que sea un ministerio con facultades reales, no un elefante blanco”, dice el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Andrés Longton.

Otra atadura, no menor, está en la creación de los comisionados regionales. El diputado UDI Jorge Alessandri advierte que, en definitiva, el jefe de la policía -cuando tenga que tomar decisiones operativas- va a tener que enfrentarse a tres autoridades. “Primero -dice- al gobernador regional, que es el que tiene los votos ciudadanos y los recursos para financiar radiopatrullas, drones y cuarteles; segundo, al delegado presidencial, que es el representante del Jefe del Estado en la región y, en tercer lugar, a este comisionado, que va a ser el representante del ministro de Seguridad. Eso es muy complejo”.

También está el asunto de la protección de datos. Porque mientras la oposición insiste en que el Ministerio de Seguridad debe contar con antecedentes concretos para el diseño de políticas públicas (con identificación de los nombres de quienes han delinquido), el gobierno plantea datos anonimizados, es decir, estadísticos, lo que en Chile Vamos se estima insuficiente.

“La pronta implementación de este nuevo ministerio va a marcar un punto de inflexión en la acción del gobierno contra la delincuencia. Por eso algunos no ven con buenos ojos su pronta puesta en marcha”, plantea el diputado PS Raúl Leiva.

Y es que tanto en la oposición como en el oficialismo hay coincidencia en que en el traspaso de las atribuciones de orden público y seguridad a la nueva cartera el Ministerio del Interior, que hoy encabeza Tohá, podría quedar debilitado si no se le dota de atribuciones.

De ahí que el diseño contemple la incorporación de las funciones que han sido asumidas históricamente por esa cartera, pero que hasta ahora no tienen un rango legal. Entre ellas, crear oficialmente la figura de “jefe/a de gabinete”, con la facultad de realizar la coordinación política de los ministros de Estado, según las instrucciones que le imparta el Presidente o Presidenta de la República; proponer proyectos de ley, reglamentos, políticas y programas, además de asesorar al Jefe del Estado en la conformación de su gabinete.

Y si bien en eso hay concordancia -aunque no ha sido discutido ni evaluado en la comisión-, también hay suspicacias de que se termine convirtiendo al titular de esa cartera en un supraministro y, de paso, en una suerte de salvavidas para el liderazgo político de la ministra Tohá.

“Efectivamente, hay quienes tienen una mirada política en orden a que este cambio apuntaría a fortalecer el rol político de la ministra y aminorar así los costos que tiene encabezar un tema donde es evidente que hay un déficit por parte del gobierno, que es la seguridad pública”, dice Longton, aunque insiste en que la creación del ministerio supera a la administración Boric.

Otros apuntan a que la aprobación es una especie de llave mágica para proteger el liderazgo de la jefa del gabinete -al apartarse de un tema tan complejo como la seguridad- con miras a la presidencial de 2025.

“En el caso de la ministra Tohá, aparte de sus opciones presidenciales, también se ha hablado que podría ser una buena carta para la Quinta Región, que hoy ocupa Ricardo Lagos Weber”, cuenta el diputado de Renovación Nacional Andrés Celis, aunque la jefa del gabinete -tanto en público como en privado- ha señalado que no tiene interés en una carrera por La Moneda, ni tampoco en una eventual candidatura senatorial.

Desde el Partido Socialista, su presidenta, Paulina Vodanovic, hace ver que quienes plantean que el ministro o ministra del Interior podría quedar convertido en una especie de primer ministro, debilitando, teóricamente, el poder presidencial, no entienden el rol de un ministro en un sistema presidencialista como el chileno. “Ahora -dice- si la seguridad del país depende de teóricas candidaturas presidenciales, o si con ello se busca torpedear esas eventuales candidaturas, no solo es una mezquindad, sino que demuestra una falta de conexión con las necesidades reales de protección que necesita la ciudadanía”.

En medio de esta compleja negociación, en el entorno de Tohá se admite que hay conciencia de que en octubre rendirá una nueva prueba de fuego, y dicen estar preparados para las presiones que, calculan, vendrán sobre todo de los alcaldes que se juegan su reelección y reclaman que el tema de la seguridad puede inclinar la balanza.