Inseguridad. Miedo. Angustia. De la boca de Rosario (22) estas tres palabras se repiten cuando habla de las amenazas que recibió de parte de su expareja. Por cinco años, dice, soportó escenas de celos y actos de violencia por ir a estudiar, hasta que nació su hija, que hoy tiene tres años. “Me hice cargo sola. Y desde que nació me las he tenido que rebuscar para mantenerla, porque él nunca nos aportó nada”, asegura.

Pese a que cada uno rehízo su vida, el retiro del 10% de los fondos de las AFP los puso en contacto nuevamente. Al celular de Rosario comenzaron a entrar llamados y mensajes pidiéndole que no intentara retener el dinero para pagar las pensiones alimenticias adeudadas por años. Cuando la insistencia no dio resultados, su expareja pasó a las amenazas. “Él tiene otro hijo, y decía que toda esa plata ya la tenía destinada al otro niño. Como no accedí, dijo que me iba a hacer mucho daño, que me iba a pasar algo malo”, relata. Aunque sintió temor, actuó pensando en su hija: “El mismo día que me amenazó para que no le quitaran el 10%, presenté la demanda para que le retengan esa plata, porque quedé sin trabajo por la pandemia”.

Tras ingresar el escrito en el Poder Judicial, Rosario lo denunció por amenazas ante Carabineros. Desde ese día, su expareja tiene la prohibición de acercarse a 200 metros de la casa que comparte con su hija y su familia. “Me siento insegura, porque tengo una niña y si me pasa algo sería muy triste para ella. Aunque la medida de protección me tranquiliza un poco, me asusta lo que me pueda pasar si salgo a la calle”, reconoce.

A pocos kilómetros de Rosario se ubica la casa de Andrea (43), en la comuna de Puente Alto. Vivió por más de 20 años con su pareja, con quien tuvo una hija. Después de pasar años separados, el 24 de julio recibió una visita inesperada: era el padre de su hija, que le pedía “entrar para conversar”. El tema central fue la retención del 10% de los fondos de pensión, con los cuales Andrea buscaba saldar todos los años de ausencia física y económica. La idea de presentar una acción legal para retener ese dinero generó el caos. Los gritos alertaron a su hija y también a los vecinos del barrio. “Le voy a rogar a Dios que se mueran. ¡Les voy a quemar la casa!”, gritó antes de patear la puerta y salir del lugar. La seguidilla de amenazas, la promesa de agresiones físicas y el temor de ambas afectadas llevaron a la Fiscalía Sur a decretar medidas de protección para madre e hija.

Lejos de ser hechos aislados, la situación que afecta a Rosario y a Andrea hoy se replica en distintos puntos del país y tiene un factor común: el incumplimiento en el pago de las obligaciones con los menores de edad. “Antes de que existiera la discusión sobre el retiro de fondos, no había casos de amenazas como estos”, detalla el coronel Juan González, jefe del Departamento OS-9 de Carabineros.

Según el oficial, las redes sociales visibilizaron los actos de violencia, amenazas y agresiones como forma de presión para impedir la retención de estos fondos. Por este motivo, asegura, “nunca Carabineros va a desestimar una denuncia que deje sola a una víctima. Lo importante es que cuando una persona se sienta afectada, en una condición de riesgo, es necesario denunciar para tomar las medidas”.

Vigilancia por GPS

Según las estadísticas entregadas por el Poder Judicial, hasta el 4 de agosto habían ingresado a los tribunales 409.688 escritos relacionados a la retención del 10% de las AFP. El total de personas demandadas ascendía a 214.703 y se habían decretado 22.786 medidas cautelares de fondos. Este aumento exponencial se explicaría debido a que cuatro de cada cinco progenitores incumplen el pago de pensiones alimenticias de sus hijos o hijas. A raíz de esto, el retiro de una parte de los fondos de pensión abrió una oportunidad para que cientos de progenitores recuperen una parte de lo adeudado para la crianza de los menores. Tras conocer el aumento de casos, el gobierno aseguró estar monitoreando de cerca esta nueva problemática.

“Lamentablemente, estos últimos días hemos visto cómo muchas mujeres son amenazadas por los padres de sus hijos. Y las amenazan para que ellas no soliciten lo que es el derecho de sus hijos y lo que es una obligación de los padres: pagar las pensiones alimenticias”, advirtió el martes la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett. La autoridad aseguró que, junto con disponer el fono 1455 de ayuda y orientación para mujeres violentadas, se acompañará a las víctimas de estos delitos.

En La Pintana, la alcaldesa Claudia Pizarro asegura que la violencia contra las mujeres se ha sentido con fuerza tras la aprobación del retiro del 10% de los fondos previsionales. De acuerdo con la jefa comunal, un factor que no se consideró al momento de tramitar la ley fue crear una forma de transferencia “en línea y automática, que no haya tenido la necesidad de hacer un papeleo y actualizar información, sino que debería haber quedado inmediatamente cruzada la información con los Tribunales de Familia para hacer el traspaso del dinero y no exponer a las mujeres”.

En esta comuna, al igual que en otras zonas del país, se ha visto un alza en las amenazas. Por esta razón, el municipio está implementando una iniciativa para frenar la violencia contra mujeres, a fin de proteger a madres que estén sufriendo hostigamiento por intentar obtener recursos para sus hijos. “Aunque esto no estaba pensado en la contingencia que estamos viviendo, podemos ampliar nuestro programa en el caso de concretarse las amenazas y que una mujer esté en peligro. Si hay personas que son víctimas de estos hechos, lo primero que tienen que hacer es denunciar en Carabineros, la PDI o el Ministerio Público”, señala la jefa comunal.

De esta forma, agrega, sería posible entregar un dispositivo de GPS, con un uso similar a los botones de pánico S.O.S. “que se pulsa y está relacionado con cinco personas, entre ellos la fiscalía y el municipio”.

Para Bárbara Etcheberry, directora de la Fundación Soy Más, dedicada al trabajo y apoyo de jóvenes embarazadas y madres adolescentes de la comuna, “la situación que uno ve, ya que llevamos tres años trabajando en La Pintana, es que si las mujeres denuncian no pasa nada, solo se exponen a que los agresores lo sepan y las expone a más violencia. Es una situación muy delicada, ya que están sin protección alguna”. En la fundación conocen de cerca el fenómeno y han ayudado a mujeres afectadas.

Mientras las autoridades buscan dar apoyo a en esta situación y el Ministerio Público persigue penalmente a quienes cometen estos delitos, las verdaderas víctimas de este conflicto seguirán siendo los menores de edad, quienes quedan a la deriva, al medio de un conflicto en el cual no tienen ninguna responsabilidad.