Cuidadoso, el fiscal nacional pide paciencia y confianza de que el equipo de fiscales liderado por el persecutor jefe de La Araucanía, Roberto Garrido, dará con los asesinos de los tres carabineros muertos en Cañete. Pero sostiene que cualquier entrega de información en este momento atentaría contra el éxito de la investigación. La reserva, dice, es clave para poder avanzar.

Señala que si bien es cierto que en ese crimen se evidenció un nuevo modus operandi, también hay registros de otros atentados -igualmente brutales- en la Macrozona Sur que podrían dar algunas pistas.

Por estos días, la institución que dirige Ángel Valencia ha sido cuestionada por el alcalde Daniel Jadue (PC), quien los acusó de intervenir políticamente. Otro tanto se generó con la decisión del fiscal Xavier Arméndariz de pedir un aplazamiento para la formalización del general Ricardo Yáñez.

Aquí, Valencia ahonda en ese clima de sospechas y en el rol que juega el Ministerio Público en el escenario nacional.

Fiscal, tanto usted como el gobierno han dicho que no se está investigando a ciegas. ¿Realmente se ha ido cerrando el círculo? ¿O aún siguen abiertas todas las aristas?

Puede que sea reiterativo, pero las investigaciones necesitan reserva para poder avanzar. Lo que pido es confianza, que se comprenda que estas investigaciones tienen sus tiempos. Especialmente, aquellas de zonas rurales.

¿Por qué?

Porque a diferencia de las zonas urbanas, hay menos cámaras de vigilancia, por lo tanto, menos posibilidades de seguimiento y testigos más atemorizados por la situación de violencia en esas zonas. Entonces, son investigaciones más complejas, que naturalmente toman más tiempo. Por lo tanto, pedimos tranquilidad y no hacer especulaciones, porque eso también daña la investigación.

La expectación ciudadana tiene que ver con variables que usted mismo planteó: la crueldad con que los asesinaron y porque habría otro modus operandi…

No cabe duda que es distinto. Se trata de un homicidio de tres carabineros en las mismas circunstancias y de eso no teníamos precedentes. Pero, además, por el ensañamiento sobre sus cadáveres. Eso es muy brutal. Todo eso lo hace distinto. Pero también tiene muchos elementos comunes con otros homicidios cometidos en la zona.

¿Como cuáles?

Hay un nivel de preparación que sí hemos encontrado en otras oportunidades. O sea, fue un crimen muy violento, pero no es el único atentado violento en la zona. Permita recordar el asesinato de la familia Luchsinger-Mackay, en que murieron quemados en su casa. Entonces, si bien es cierto que existen características particulares, también hay muchos rasgos comunes. Sabemos que hay bandas muy violentas de crímenes organizados en la zona.

¿Se refiere a crimen organizado en relación a la madera?

Exactamente. La gran amenaza de las democracias en América Latina es el crimen organizado. Muchos de sus actos se pueden considerar terroristas, aunque su finalidad sea simplemente el negocio. Entonces, un acto que reviste características de terrorista también podría haber sido cometido por una organización que pretende tener control territorial en una zona sin necesariamente perseguir fines políticos.

¿Y eso es lo que ocurrió en este caso?

Eso es lo que se va a establecer con la investigación.

El hecho de que la agrupación Weichán Auka Mapu (WAM) se haya desmarcado del atentado, ¿despejó una arista?

Es un elemento que debe formar parte de la investigación. No hay que darlo por hecho. Pero le reitero: dejemos a nuestros equipos trabajar en reserva y no abramos espacio a la especulación.

Producto de este crimen brutal se ha acelerado la discusión legislativa. Si algunas de esas leyes que se discuten se hubiesen aprobado antes, ¿se podría haber evitado este tipo de hechos?

No es posible sacar esa conclusión ni negarlo tampoco. Lo que sí puedo decir es que hace mucho rato que nuestra institucionalidad requiere ajustarse a las nuevas realidades. Se requiere una adecuación, porque nos quedamos cortos. Lo que hacíamos antes y nos daba resultados, hoy día no necesariamente lo va a hacer. En consecuencia, ¿es necesario modificar nuestras leyes? Sí, por supuesto que sí. ¿Las leyes que se están tramitando hoy día en el Congreso son útiles? Sí, por supuesto que lo son.

¿Son las prioritarias?

No me corresponde decirlo. Son el Congreso y el gobierno los que establecen las prioridades.

La discusión sobre que algunas leyes, como que algunos casos sean vistos en la justicia militar, ¿podría complicar a la Fiscalía?

A ver. Creo que tener reglas claras de uso de las fuerzas son indispensables para que cualquier agente de las fuerzas de orden o de seguridad pueda intervenir tranquilamente. De otra manera, el riesgo de no intervenir, de hacer vista gorda, es muy alto. Tienen que haber reglas claras que todos comprendan fácilmente. Tanto los funcionarios que deben aplicarlas en situaciones de mucho estrés y presión, como también los fiscales y los jueces. Eso es indispensable. Segundo, creo que ya hay bastante acuerdo sobre que las Fuerzas Armadas participen o colaboren en la custodia de infraestructura crítica y eso no pone riesgo a la democracia.

¿Y tener una justicia militar? ¿Se requiere?

Mientras mayores niveles de especialización tengamos, mucho mejor para la calidad de las investigaciones que se lleven adelante. El punto es que hoy día tenemos 3,7 fiscales cada 100 mil habitantes, y eso es absolutamente insuficiente. No tenemos capacidad para destinar nuevos fiscales especializados, mucho menos exclusivos para ese tipo de causas. Pero no cabe duda que con mayor nivel de especialización tendríamos mejores investigaciones y formalizaciones...

O sea, ¿está de acuerdo con que haya una justicia militar? Hay quienes postulan que eso es un retroceso democrático.

En países democráticos hay justicia militar y justicia civil. Pero yo encuentro que no sería una buena cosa. Sería la primera vez -en los últimos 25 años- que al Ministerio Público se le quita una competencia. Alguien podría pensar: “Pero, fiscal, ¿de qué se preocupa? Usted ya tiene pocos fiscales y tienen mucho trabajo”. Pero los argumentos que se dan van orientados, básicamente, a la objetividad de los fiscales, a la calidad de sus investigaciones. Me parece que es un reproche injusto.

¿Lo lee como un cuestionamiento a los fiscales?

No, lo que digo es que justificar un cambio de competencia, fundando esa decisión en que los fiscales no son imparciales o están politizados, me parecería sumamente injusto. Pero desconozco los fundamentos técnicos del proyecto.

Usted plantea un punto: el reclamo de algunos sectores de que la Fiscalía habría asumido un rol político al pedir que se postergara la formalización del general Ricardo Yáñez…

Si un fiscal regional que está a cargo de la causa -en este caso Xavier Arméndariz- incorpora expresamente en el escrito cuál es el motivo por el que está pidiendo el aplazamiento, yo no tengo ninguna razón para tratar de especular acerca de si hubo o no hubo motivos adicionales que aquel que él expresa. Lo único que le puedo decir es que la razón que él plantea me parece razonable.

¿En qué sentido es razonable?

En que me parece que fue una petición prudente y el juzgado de garantía también lo estimó de esa manera. Por eso prorrogó la audiencia. En consecuencia, cualquier especulación carece de fundamento. Uno se puede entretener mucho especulando, pero eso no quiere decir que tenga fundamentos.

El punto es que se instala la idea de que hubo intervención política…

Estamos habituados a que en las decisiones del Ministerio Público aparezca gente opinando para tratar de interpretar qué es lo que realmente hay detrás de una decisión. Normalmente, son interpretaciones intencionadas para descalificar la actividad de la Fiscalía. Somos un organismo autónomo. Por lo tanto, especular sobre las razones que hubo detrás de una decisión que se justificó de manera manifiesta no tiene sentido.

Pero usted mismo dijo que había un contexto en la situación que vivía el general Yáñez…

Sí, lo dije, porque objetivamente estábamos ante un hecho nuevo. Recuerde que fue el mismo Ministerio Público el que le encargó a Carabineros la investigación del caso. El general Yáñez se trasladó rápidamente al lugar y se preocupó directamente de que su equipo más cercano se hiciera cargo de las diligencias. Eso en medio de un conjunto de ceremonias fúnebres de la institución. Entonces, pedirle al jefe de la policía, al que el propio Ministerio Público le había encargado la dirección de la investigación, y en que además su abogado ha insistido que requiere tiempo adicional para recabar antecedentes y preparar su defensa, era un contexto prudente para aplazar su fecha de formalización.

¿No le preocupa que sea leído como un gesto más bien político?

No, porque no perjudica de manera alguna la persecución penal. No es desistirse de la formalización ni de la persecución de medidas cautelares. Incluso, hasta puede evitar que en la audiencia la defensa repita el planteamiento de que no han tenido tiempo suficiente y haya alguna postergación imprevista. Eso me parece muy razonable.

¿No se podría suponer que el fiscal Armendáriz se sintió condicionado por el contexto que usted mismo explicó?

Es que ahí hay un error. La Fiscalía Nacional no puede intervenir en eso. No tiene atribuciones por ley.

¿No lo hablaron antes?

Por supuesto que como ocurre con frecuencia en los casos importantes, él me llamó y hablamos a propósito de esa decisión que él ya había tomado. Pero yo no tengo ninguna atribución para impartirle una instrucción. No la tengo. Pero, le reitero, en casi todas las causas importantes el fiscal nacional conversa con los fiscales regionales respecto de las causas y las decisiones que están tomando. Pero yo no le impartí ninguna orden sobre el particular.

¿Será que aún pesa el recuerdo de lo que pasó en tiempos del exfiscal Jorge Abbott por los casos de financiamiento irregular de la política? Quizá ahí quedó una sospecha instalada de que se hizo un guiño para que ese tema no se profundizara. Usted carga con ese peso, con ese estigma…

Bueno, yo cargo con el peso de la imagen del Ministerio Público, del rol del fiscal nacional que algunas personas se formaron durante la gestión del fiscal Abbott. Pero ese es mi empedrado. Es el camino sobre el que tengo que caminar. Y parte de mi responsabilidad y de los propósitos que me he fijado es mejorar el nivel de confianza que tiene la ciudadanía en el trabajo de la Fiscalía.

¿Todavía pesa esa desconfianza?

No sé si pesa la desconfianza, no quisiera decirlo de esa manera. Pero entiendo que parte de mi trabajo es hacerme cargo de una imagen que quedó en la institución y del rol del fiscal nacional en el periodo anterior y mejorarla. Dicho eso, quiero reiterar que a mí me parece que la decisión del fiscal Armendáriz fue prudente. No quiero desmarcarme o decir que no tengo opinión. Pero el Ministerio Público es autónomo constitucionalmente, precisamente para poder tomar esas decisiones con independencia.

Lo que se señala es que el gobierno podría haber influido para que eso sucediera…

La verdad es que todo el tiempo distintos líderes de opinión emiten comentarios acerca de lo que deberíamos o no deberíamos hacer, o lo insinúan. Pero en este caso en particular queremos ser muy claros: no recibimos petición alguna de parte de ninguna autoridad.

En estos mismos días, el alcalde Daniel Jadue fue muy crítico del rol de la Fiscalía en la investigación que se le sigue…

No es inhabitual que un imputado intente descalificar al fiscal o al equipo que lo investiga. Básicamente, para sostener su estrategia de defensa o reducir el daño reputacional. Eso es bastante común. Pero el Ministerio Público es autónomo constitucionalmente. Yo me pregunto: ¿Perseguimos fines políticos cuando se investiga al alcalde Jadue, pero no cuando se investiga a la exalcaldesa Barriga? ¿Y cuando investigamos al alcalde Torrealba o al diputado republicano Mauricio Ojeda en la Región de La Araucanía? ¿En algunos casos somos sensatos y en otros no? Nosotros somos abogados que representamos a la comunidad, al pueblo de Chile, en las causas penales. Tratamos de actuar con la mayor independencia para velar por la correcta aplicación de la ley pase lo que pase y le pese a quien le pese.