La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua”, que detalla la grave crisis política y social que enfrenta el país más grande de Centroamérica. Con motivo de las elecciones presidenciales que tienen lugar hoy en esa nación y en las que Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, aborda en esta entrevista con La Tercera la actual situación en Nicaragua.
¿Cuál es la situación de los derechos humanos hoy en Nicaragua?
Estamos ante un Estado donde no existe separación de poderes, cosa que es fundamental en un Estado de Derecho; donde hay un cierre total de los espacios democráticos; donde se ha atacado y hostigado de manera permanente al periodismo independiente, y además tenemos una falta de espacios democráticos.
¿Cómo afecta esto las elecciones de hoy en ese país?
Estas elecciones se dan en un contexto donde no existe ninguna garantía de acceso a la información, de igualdad de condiciones ni pluralidad de voces, y eso es fundamental en cualquier elección. Más allá de la posibilidad o no de que el día mismo de las elecciones haya fraude en las urnas o en el conteo de votos, para tener elecciones libres, democráticas y pluralistas se requiere una pluralidad de voces, y que esas sean escuchadas ampliamente, y se necesita que los candidatos de oposición y los principales líderes puedan inscribirse como candidatos. Lo que tenemos hoy día es que hay siete precandidatos presidenciales que han sido detenidos. Estas personas fueron acusadas en el momento de anunciar su interés de ser candidatos, ni siquiera alcanzaron a inscribirse. Por eso se puede afirmar con total convicción que no hay garantías de elecciones libres, democráticas y transparentes.
¿En qué momento empezó este proceso de concentración del poder que abordan en su informe?
Ha sido un proceso paulatino, en el que primero se va generando una concentración del poder con el pacto Alemán-Ortega, los liberales con los sandinistas, donde se repartía que si a uno le tocaba ser gobierno, entonces el otro tenía el Poder Judicial, y se lo intercambiaban dependiendo de las elecciones. Y se comenzaron a distribuir el poder, abiertamente, a partir del año 1999. Y luego, Ortega se hace por la vía de la Corte Suprema, habiendo nombrado a los jueces, y logra que se autorice la reelección. Luego, la Asamblea Legislativa, que también es propia, modifica la Constitución para establecer la reelección indefinida, y se aprueban un conjunto de otras leyes en materia electoral que van concentrando el poder en el Ejecutivo y eliminando todas las salvaguardas democráticas, por una parte. Todo eso ha sido un proceso paulatino, que termina y se consolida con la grave crisis de derechos humanos de 2018.
¿Qué se quebró con las protestas de 2018?
Lo que vimos en el contexto de las protestas fue un uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales: el uso de fuerza letal en contra de población desarmada. Se documentó el uso de armas de guerra, la disposición de francotiradores y la comprobación de que los disparos de los agentes se producían desde posiciones privilegiadas de tiro y se dirigían mayoritariamente a partes vitales de los manifestantes, como la cabeza, cuello y tórax. Al menos 328 personas fueron asesinadas en ese contexto. La cifra de personas que tiene la comisión, de personas que han sido detenidas arbitrariamente, bajo cargos infundados, son 1.600 personas.
¿A quiénes ha perseguido el régimen de Ortega?
Tenemos gente como Cristiana Chamorro, hija de Violeta Chamorro, que manifestó su voluntad de ser candidata presidencial; Medardo Mairena, que es un líder campesino; tenemos presos como Lesther Alemán y Max Jerez, que son líderes estudiantiles; Dora María Téllez, comandante sandinista que participó en la toma del Palacio Nacional, o Víctor Hugo Tinoco, que también tuvo un alto cargo en la Revolución Sandinista. También tienes a Violeta Granera, que está más ligada a la derecha, y cuyo padre fue asesinado por el sandinismo, es decir, gente que tiene una historia personal y política diversa. No es que estemos aquí frente a un gobierno de izquierda, y los detenidos sean todos de derecha, por eso me parece importante resaltar quiénes son las personas que están hoy día detenidas. Son perfiles distintos, pero lo que las une es que son voces opositoras al gobierno. Eso creo que es importante que las personas que no siguen el tema de Nicaragua entiendan: no se trata de un gobierno de izquierda que está siendo asediado por la derecha; esto es un matrimonio (Daniel Ortega y Rosario Murillo) que tiene concentrado el poder en un entorno muy pequeño, y que tiene una agenda que es personal, familiar.
Desde la CIDH hablan de una “asfixia” de las libertades civiles en el país. ¿En qué se ha expresado eso?
Ha habido varias etapas en la represión, y una fue el decreto de que para tener reuniones requerías una autorización de la policía. Y las organizaciones empezaron a pedir estas autorizaciones, para seguir un poco el juego y poder hacer lo que hacían. Pedías la autorización, y tenías que decir dónde era, y cuando llegaban ya no se podían juntar porque estaba la policía o la parapolicía y se tenían que ir. Por eso estamos hablando de un Estado policial, donde tienes que pedir permiso para manifestarte, e indicar dónde será, llegar y que estén los policías. Y con todo este historial que ya hay, con la cantidad de fallecidos, la gente se iba.
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