Cuando fue detectado el brote de ébola en Guinea en 2014, algunos investigadores de salud presionaron a los gobiernos para crear aplicaciones con el propósito de controlar la propagación de la enfermedad, rastreando los teléfonos móviles para localizar a las personas que hubieran interactuado con alguien infectado. En ese momento, la utilización de las apps fue complicada de vender a la comunidad internacional, levantando dudas sobre la privacidad de los usuarios y cuestionando el éxito de su usabilidad.

Con la pandemia del Covid-19, los países asiáticos se han apoyado precisamente en esta tecnología para identificar a las personas que podrían haber estado expuestas al virus y monitorizar las cuarentenas, con más o menos éxito. En Chile, por ejemplo, se creó CoronApp, una aplicación disponible desde mediados de abril que permite la “autoevaluación”, acceder a información oficial y monitoreo de cuarentenas.

En Europa, los líderes, ansiosos de reabrir sus sociedades, que en algunos casos llevan más de seis semanas de confinamiento, también se están apoyando en estos sistemas, antes muy señalados. El obstáculo es convencer a sus ciudadanos a utilizarlos en un continente muy celosos por su privacidad. Algunos críticos ya han echado el grito al cielo, señalando que estas soluciones son parte de un proyecto más amplio para controlar a las personas, más allá de vigilar la propagación del propio coronavirus.

El ideal del continente es encontrar una aplicación común entre los países que garantice el anonimato de los ciudadanos que las utilicen. Una idea que se ha hecho posible gracias a la alianza histórica anunciada a principios de abril por Apple y Google, los dos mayores rivales del sector tecnológico, que ayudarán a crear una interfaz común y proporcionar los datos necesarios de los usuarios basados en sistemas de bluetooth.

En Singapur existe una aplicación similar llamada Facetogether, que conecta y registra mediante bluetooth todos los dispositivos móviles que estén alrededor de un metro de distancia. El objetivo es saber si los usuarios se han saltado el estado de alarma y el distanciamiento social establecido. Para poder funcionar, la app utiliza un sistema que se conoce como geofencing, que lanza un aviso al entrar en una zona delimitada en un mapa, como si se tratara de una barrera.

El proyecto europeo persigue un modelo similar al utilizar el sistema de bluetooth, pero no busca penalizar a los ciudadanos, sino poder monitorear las cadenas de contagios para evitar que el virus se siga expandiendo sin control. Si una persona da positivo de Covid-19, se enviará una alerta al teléfono de las personas que han estado cerca para que puedan aislarse rápidamente y realizarse pruebas con la máxima eficiencia posible, evitando la posibilidad de contagiar a otro.

Las identidades de los usuarios no quedarán identificadas. Como asegura Carmela Troncoso, especialista en privacidad en la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, y líder de un equipo que trabaja en la creación de un protocolo candidato en Europa, “de ninguna manera los datos pueden ser relacionados con las personas físicas, su localización, o las personas que han estado cerca de la persona identificada con coronavirus”. Estos datos serán, en todo caso, “identidades efímeras” de las personas que han sido diagnosticadas positivo para coronavirus.

El éxito de la aplicación, eso sí, depende en buena medida de que el grueso de la población esté informada sobre su existencia y la utilice. Troncoso dice que para ser verdaderamente efectivo, el sistema necesita ser utilizado al menos por el 60% de la población, según las estimaciones de los epidemiólogos que trabajan en el proyecto. Apple y Google sugieren que cada país ponga a su disposición las aplicaciones para que una actualización del sistema operativo la instale en los teléfonos, siempre con permiso del usuario. De este modo, los ciudadanos no deben buscarla activamente y descargarla.

El respeto a la privacidad presenta algunas limitaciones y el bluetooth no es tan preciso como para poder determinar si dos personas estaban lo suficientemente cerca como para transmitirse el virus, pero son la única forma posible de introducir estas apps en el contexto europeo. Entre los especialistas, hay consenso sobre la necesidad de las apps para rastrear el virus, pero no sobre cómo desarrollarlas sin que acaben en posibles malas manos.

Hace unos días, científicos e investigadores de más de 25 países publicaron una carta abierta instando a los gobiernos a no abusar de la tecnología para espiar a su gente y advirtiendo sobre los riesgos del enfoque de una de las iniciativas de desarrollo, defendida por Alemania, y criticada por ser demasiado centralizada. “Nos preocupa que algunas soluciones a la crisis puedan dar como resultado sistemas que permitan una vigilancia sin precedentes de la sociedad en general”, expone la carta que reúne más de 300 firmas.

Los críticos respaldan un protocolo descentralizado de rastreo de contactos llamado DP-3T, iniciado por investigadores suizos que está alineado con una alianza tecnológica entre Apple y Google de Alphabet. Los detalles giran en torno a si los datos confidenciales se guardarán de forma segura en los dispositivos móviles o si se almacenarán en un servidor central de forma que alguien fuera capaz de reconstruir la información de dónde y cuándo se encuentra alguien con otra persona.

(Foto: Reuters) Una enfermera utiliza su celular en un hospital de París, Francia.

Los críticos también han cuestionado que siete países se hubieran incorporado al proyecto PEPP-PT (Austria, Alemania, Francia, Italia, Malta, España y Suiza). España y Suiza ahora respaldan al rival DP-3T. Los desarrolladores de PEPP-PT aseguraron que la plataforma está comprometida a garantizar la protección de los datos de los usuarios y afirmaron su compromiso con la privacidad en un documento de más de 25 páginas.

Alemania planea lanzar una aplicación de rastreo de contactos en semanas que se basa en esta plataforma, y Francia, por el momento, también ha respaldado la iniciativa. La PEPP-PT está diseñada para admitir aplicaciones nacionales que podrían estar interconectadas, un objetivo que podría ser más difícil de lograr si los países se apoyan en iniciativas diferentes.

Otro debate que está sobre la mesa es si es ético y legal el desarrollo de estas aplicaciones en el continente. Como dice Antoni Pérez-Navarro, subdirector de Investigación del eLearn Center de la Universidad Abierta de Cataluña, en España, este tipo de apps, de hecho, no son nada nuevo. En el centro de investigación donde trabaja, por ejemplo, desarrollaron en el pasado una aplicación voluntaria para promocionar comportamientos seguros en colectivos en riesgo de contraer el VIH. “La aplicación permitía a estos colectivos indicar sus sitios de contactos y les recomendaba utilizar el preservativo cuando se acercaban a los mismos”, según dice el especialista.

De acuerdo a la legislación europea, es posible el desarrollo de aplicaciones que informen de los casos detectados en una zona, siempre y cuando se limiten a informar del número de contagios sin desvelar la identidad de los ciudadanos, porque eso podría vulnerar los derechos de los afectados por el virus.

No está claro todavía si este tipo de tecnología podría ayudar a detener un brote de enfermedad, porque nunca se ha estudiado antes, pero en cualquier caso formarán parte de la estrategia y los gobiernos seguirán trabajando para realizar tests y proteger a la población. La aplicación asumiría únicamente parte del trabajo para rastrear a más personas que al hacer una búsqueda de forma manual, porque es imposible recordar a las personas con las que alguien interactúa o se cruza cada día para trazar la cadena de contagios y emitir un aviso.

El sistema automatizado permite, además, identificar a gran escala a los contactos desconocidos. Las funciones que permitan la creación de las aplicaciones estarán listas a partir de mayo.