Luz tiene miedo. Luz, de hecho, no es su verdadero nombre, sino el que ella decidió inventarse para contar esto. Para decir que llegó a Santiago hace 10 años, cuando tenía 17 y viajó con su madre, dejando atrás la vida que tenían en Huacho: esa ciudad 148 km al norte de Lima que vive de la industria de la sal y la harina de pescado.
-Queríamos un futuro mejor -cuenta.
En Chile armaron un hogar en una pieza en Pudahuel, en la cual Luz fue madre. De esa pieza salía todas las mañanas para trabajar vendiendo en ferias. Algunos meses, dice, podía traer a casa $ 300 mil. En ese mundo conoció a una amiga que vivía con su familia en el barrio de San Pablo. Era una pieza que arrendaban a $ 160 mil dentro de un cité improvisado donde había 15 otras habitaciones, dos duchas y cinco baños. Muchas noches a la semana Luz se quedaba ahí, mientras su madre cuidaba a su hijo. Lo hacía porque le quedaba más cerca del trabajo y le significaba ahorrarse el dinero de la micro.
Las piezas de materiales ligeros -calurosas en verano y que se llovían en invierno- no le molestaban. Luz se acostumbraba al frío de Bulnes 839.
Roberto Abarca, gerente de la Inmobiliaria Santa Ana, recuerda cuando compraron ese y otros terrenos de la cuadra. Fue entre 2006 y 2008; en la esquina aún había casas y galpones que ofrecían servicios de mecánica. La idea de la empresa cuando se hizo de ese paño de 3.000 m2 era desarrollar un proyecto de edificios. Pero el plan regulador en ese entonces sólo permitía una altura máxima de 14 metros. Entonces lo arrendaron en 2015. Uno de los terrenos, el de San Pablo 2373, que colinda con Bulnes 839, lo tomó un hombre de 51 años, que antes había trabajado en construcciones para Santa Ana. Se llamaba Francisco Rojas.
-Se le arrendó solamente ese terreno para efectos de una playa de estacionamientos, con prohibición de subarrendar -sostiene Francisca Valenzuela, abogada de la inmobiliaria.
Pero el estacionamiento, dice Rojas, nunca funcionó:
-La empresa no tenía la recepción final. Pero eso lo supe después que yo había limpiado todo el lugar y también el terreno de Bulnes.
A pesar de eso, cuenta Rojas, tenía que pagar el arriendo de la propiedad.
-En ese entonces, unas personas que trabajaban conmigo no tenían dónde vivir. Entonces, para que no se tomaran el lugar, los dejé viviendo ahí. Pero eso fue creciendo. Lo que hacía era juntar la plata que ellos me pasaban y le pagaba a la inmobiliaria y me quedaban unos pesos para mí, para poder vivir, que no era mucho tampoco.
Francisco Rojas hizo las casas. Pero no sabe cuánta gente llegó a vivir ahí. Un día de 2018, un conocido, el ciudadano peruano Pedro Salinas, de 52 años, se acercó para ofrecerle un negocio.
-Él me pidió si le podía arrendar un pedazo. Quería hacer unas bodegas en Bulnes 839. Yo hablé con la inmobiliaria y se le arrendó un lugar para que las hiciera. Pero el caballero en vez de hacer bodegas, hizo piezas. Y se puso a arrendarlas.
Pedro Salinas no lo recuerda así. Lo que cuenta, es que él siempre quiso arrendar para luego subarrendar. Que llegó a un acuerdo de palabra con Rojas por un millón de pesos por la propiedad y, luego de construir las 17 piezas, empezó a cobrar $ 160 mil por vivir ahí. Llegaron familias peruanas, colombianas y haitianas. La convivencia era buena. Luz sólo recuerda un par de problemas en días de fiestas, si alguno bebía demasiado.
Pedro Salinas, cuenta Luz, era estricto. Cuando alguien no alcanzaba a reunir el dinero para pagar por esas piezas que, por ejemplo, no contaban con agua caliente, sólo los esperaba unos días antes de forzarlos a salir.
-Él decía que el terreno era de él -dice Luz.
Roberto Abarca, gerente de la inmobiliaria, se sorprende cuando escucha esto:
-No tengo idea quién es Pedro Salinas.
***
La noche del 30 de octubre del año pasado, alguien tocó el portón en Bulnes 839.
-Llegaron unos compadres peruanos y me sacaron a mí, a mi hijo y al Pedro con pistolas -cuenta Francisco Rojas-. Nos dijeron que este terreno estaba tomado y que ellos eran los nuevos dueños.
Luz dormía ahí esa noche. Dice que la banda de unos ocho o 10 tipos que entró llamó a una reunión y dijo que esa propiedad no era de Pedro Salinas, que ellos se iban a hacer cargo del lugar y que cobrarían menos.
-Al poco rato llegó Pedro con un señor a decir que esta casa era de una inmobiliaria y que él pagaba arriendo y que nadie podía botarlo de ahí. La banda le dijo que estaba estafando a los vecinos y lo sacaron de ahí. Ya no supimos más de él.
Pedro Salinas confirma todo esto. Explica que como no tenía papeles de arriendo, no quiso meterse en más problemas. Que por eso nunca hizo una denuncia. Y eso, insiste, es todo lo que quiere decir.
La banda, efectivamente, bajó el precio de arriendo. El primer mes no lo cobraron y en adelante pusieron un precio de $ 120 mil mensuales. También pintaron los baños y las duchas. Pero el costo de eso era alto. Un vecino, que no quiere dar su nombre, dice que los amenazaron a todos. Que si alguien los denunciaba “le caía plomo”. Otra mujer, familiar de un residente de Bulnes 839, dice que se sienten atrapados. Que las veces que han ido a fiscalizar el inmueble, los nuevos inquilinos escapan por los techos y que muy pocos de los antiguos habitantes han podido irse, porque, con la economía golpeada y la cuarentena, es difícil buscar una alternativa.
-Desde la pandemia, la mayoría no tiene para pagar. Y cuando vienen a cobrar, llegan con toda su gente y amenazan con botarlos si no pagan. Me da miedo por mi familia -cuenta la mujer.
Esto, explica Javier Ruiz-Tagle, académico del Instituto de Estudios Urbanos UC, es común en Latinoamérica: que existan mafias de tierras y prácticas ilegales para traficar terrenos. Lo que pasa es que no sucedía tanto en Chile. Hasta ahora, cuando ni el Estado ni el mercado están construyendo suficientes viviendas, sobre todo para los más pobres. Y, por eso, se ven arriendos de piezas con condiciones precarias hasta en $ 200 mil. “La gente -explica- está tan desesperada por encontrar un techo, que la demanda está asegurada. Además que es un mercado ultradesregulado. Entonces pueden cobrar lo que sea”.
-¿Y por qué se puede hacer este negocio? -pregunta Ruiz-Tagle-. Porque hay terrenos vacíos y porque hay déficit habitacional. O, para ponerlo en las palabras de los españoles, porque hay casas sin gente y gente sin casas.
La Tercera Comisaría de Santiago ha percibido las consecuencias de eso. En el cuadrante de ese barrio, el 2020 han detenido a dos personas por robos con violencia, tres por robo en lugar no habitado, dos por infringir la ley de drogas y otros seis por contar con órdenes judiciales pendientes. Eso, sin contar a los 96 por delitos contra la salud pública durante la pandemia.
El mayor Héctor Canales llama, por lo mismo, a que los vecinos denuncien.
Pero Luz siente que no puede. A pesar de que vea que en su vecindad trafican de noche, de que los seis nuevos inquilinos del barrio anden armados y que, cada tanto, salgan a disparar a la calle. Hace un mes, cuenta, pasó. Otra banda apareció queriendo tomarse la casa y sonaron las balas.
-Casi por todo disparan -dice ella-. Pero la gente baja la cabeza. Muchos trabajan en aseo, en construcción, en casas. Ganan sueldo mínimo. No se van porque no encuentran algo más barato.
***
En noviembre, Francisco Rojas avisó a la inmobiliaria de la toma en Bulnes 839. La empresa mandó a dos ejecutivos a ver qué pasaba y los sacaron con amenazas, sin dejarles entrar a la propiedad. Por lo mismo, el 3 de julio pasado presentaron una querella por delito de usurpación contra quienes resulten responsables. Durante todo ese tiempo, Rojas, que seguía arrendando la propiedad de San Pablo 2373, convivió a pocos metros de la banda.
-Siempre supe que estaban ahí, organizándose -dice. Yo sabía que en algún momento iba a pasar eso.
“Eso” fue la toma de San Pablo 2373. Pasó el 9 de julio, alrededor de las 22.43, según las cámaras de seguridad del recinto. Un residente llamó a Rojas. Le dijo que un grupo de ocho tipos armados se habían metido.
-Aprovecharon un momento en el que yo no estaba en la propiedad y lo hicieron -relata Rojas-. Son los mismos de Bulnes.
Unos días después esa banda lo llamó. Francisco Rojas grabó la conversación.
-Aló, ¿con don Francisco?
-¿Con quién hablo yo? -respondió Rojas.
-Con los nuevos dueños, viejo conchadetumadre, de la casa.
-Y voh creís que vai a ser el dueño, a dónde la viste conchadetumadre. No estoy allá perro cu…, por eso estás haciendo eso. Pero ya voy a llegar conchadetumadre.
-No te quiero ver aquí, viejo cu…
-Vamos a ver si me vas a ver, conchadetumadre. Te equivocaste de huevón, te equivocaste.
-Te estamos advirtiendo.
-No huevón, si a mí no me advertís nada. Te equivocaste de huevón.
-Viejo huevón, vente para acá.
-Por esto vas a perder hasta Bulnes, cu… No he hecho ni una huevada, huevón. Ahora sí voy a hacer todo.
El 13 de julio, Francisco Rojas puso una denuncia en la Fiscalía Centro Norte por delito de amenazas. Aun así no cortó el suministro de agua o gas a la propiedad perdida. No quería, argumenta, que la banda tomara represalias contra las vecinos. El mecanismo, supo después, fue el mismo que en Bulnes. Dijeron que contabilizarían cuánta gente vivía ahí y que les harían una rebaja en el precio. Y que si alguien lo veía, tenía que avisarles.
-Obviamente me quieren matar. Eso está claro -sostiene Rojas-. Antes que pasara esto yo ya había hablado con la empresa. Quería hacer el término del contrato, pedirle a toda la gente que se fuera, darle un tiempo razonable y desarmar todo. Pero se presentó esto antes.
Por eso arrancó de Santiago. Hoy está en algún lugar del sur. No quiere especificar dónde.
Francisca Valenzuela, abogada de Santa Ana, dice que no es así:
-Yo interpuse una demanda de terminación de contrato de arriendo por incumplimiento, toda vez que esta persona empezó a subarrendar sin la autorización de la inmobiliaria.
Otra cosa pasó durante los cinco años en que Rojas tuvo el inmueble: en junio de 2019, la Municipalidad de Santiago cambió el plan regulador, permitiendo construcciones de una altura máxima de 18 metros. Es decir, edificios de unos siete pisos. Eso, cree el académico Javier Ruiz-Tagle, además del alza del precio del suelo que ocurrió después del terremoto de 2010, seguramente han aumentado varias veces el valor de ese paño. De hecho, según el Instituto de Estudios Urbanos UC, si en 2009 el metro cuadrado en ese barrio costaba 4,8 UF, hoy está en 14,7. Lo que supondría que en la última década, esos 3.000 m2 han aumentado su precio en $ 851.505.237.
-Es un barrio que nos interesa, pero se dificulta mucho con estas tomas -explica el gerente, Roberto Abarca-. Dentro de la comuna de Santiago tiene posibilidades de expansión. Nos gustaría demoler y hacer algo mejor. Lo ideal sería una mezcla de comercial y residencial. Por ejemplo, con locales en el primer piso y departamentos para arriba.
Cuando eso suceda, no está claro lo que pasará con todas las familias. Desde la Municipalidad de Santiago explican que cuando son desalojos de privados no les avisan y sólo apoyan si es necesario.
-Nosotros no tenemos ninguna voluntad de perjudicar a esas personas, ni de un momento para otros desalojarlas -dice Abarca-. Pero en algún momento hay que recuperar la propiedad del terreno.
Por eso, cree Javier Ruiz-Tagle, esta historia es una muestra del déficit de viviendas que sufre la ciudad. Pero también de otra cosa:
-Este es un barrio que sigue siendo súper pobre, donde no hay renovación urbana todavía. Entonces, lo que están esperando es agrandar lo que se llama la brecha de renta, que es pagar muy barato y luego vender muy caro. Y eso es una ola que gentrifica el barrio a partir de mucha inversión. Seguramente la inmobiliaria podría hacer el negocio ahora. Pero está esperando a que varios otros, junto con ellos, hagan un negocio en ese barrio y efectivamente le cambien el pelo y se salga la gente que está viviendo y llegue gente más de clase media.
Luz, por mientras, ya decidió algo. A partir de las próximas semanas quiere irse a vivir definitivamente a Bulnes 839, porque consiguió un arriendo de $ 100 mil. Quiere hacerlo a pesar de la toma, las drogas y los balazos.
-Hay que acostumbrarse a vivir así -dice.
-¿Por qué?
-Ya te dije, porque es más barato.