Camilo Cid Pedraza (58), el director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), se cuenta entre las autoridades que mantienen su cargo desde la instalación del gobierno, en marzo de 2022. Tal como la entonces ministra de Salud, Begoña Yarza, el economista de la desaparecida Universidad Arcis, con una maestría en Economía en la Universidad de Georgetown y un doctorado en Economía de la Salud de la Universidad de Duisburg-Essen de Alemania, fue uno de los nombres en el área sanitaria visados por la exministra del Interior Izkia Siches. Y hasta hoy en aquel mundo, y dentro del mismo gobierno, es reconocido como uno de los principales defensores del programa de esta administración, texto que planteaba un sistema universal de salud, con un financiamiento unificado y donde las isapres se transformarían en seguros complementarios.
Incluso, solo a meses de haber asumido su cargo -julio de 2022- aseguró que “la idea es que las isapres desaparezcan del mapa de la seguridad social”.
Ahora, en medio de la crisis de las aseguradoras privadas y de la discusión de la ley corta, dice que el Ejecutivo seguirá apostando por ese programa, aunque se alinea con la idea de que la industria debe cumplir el fallo de la Corte Suprema sin poner en riesgo su viabilidad.
A dos años de iniciado el gobierno, hay una mirada distinta para enfrentar la crisis de la salud. Al principio se hablaba de una reforma profunda y hoy se evalúa cómo evitar el colapso del sistema de isapres. ¿Qué pasó para llegar a esto?
Está lo que se propuso en el programa de gobierno, una reforma. En ese contexto, hay varios aspectos de los que se habla poco, pero que están en ejecución. Por ejemplo, Copago Cero no fue una idea del momento, viene del programa. También está la universalización de la Atención Primaria Universal, que se ha implementado en comunas piloto. Hay aspectos que se están ejecutando. En lo estructural, había un planteamiento de unificar el financiamiento, y eso es lo que más retrasado se ha visto producto de la situación actual. Entonces, dijimos: ocupémonos de este problema, solucionémoslo y después recuperemos la discusión.
Esto es independiente de que el MCC (Modalidad de Cobertura Complementaria), es decir, Fonasa con seguros complementarios voluntarios, es una herramienta que habíamos pensado programáticamente, solo que ahora se da de manera natural y estamos adaptándonos a esta situación.
Habíamos visto que podíamos avanzar hacia un Fondo Universal de Salud, donde las isapres tuvieran una participación como seguros complementarios y esas discusiones están pendientes como fin definitivo del sistema. Pero lo que hemos planteado es que primero tenemos que solucionar este problema de las isapres y después volver sobre esa discusión.
¿No cree que haya una revaluación de la mirada del concepto de salud desde el programa hasta ahora?
El gobierno ha sido muy claro, y ha determinado que hay que solucionar el problema de la crisis y después seguir discutiendo qué cambios se requieren en el sistema. Por supuesto que, cuando hay discusiones, lo que hacemos es recurrir a la visión programática, a los argumentos del programa. Ahora, cuánto se avance en los planteamientos del programa está por verse.
La discusión se planteó como la dicotomía de salvar o dejar caer a las isapres...
Hay un plan para que las isapres puedan cumplir con sus beneficiarios y que sigan funcionando con la ley corta. Incluso, hay un acuerdo que tomó el Ejecutivo en la discusión del proyecto en el Senado que apunta a ingresar una ley que termine con las preexistencias. Además, se revisará la regulación del subsidio de capacidad laboral. Eso, por supuesto, tiene una connotación de reforma importante.
¿La ley corta es suficiente para enfrentar la crisis de las isapres? Hay quienes advierten que sin la mutualización el sistema podría caer.
Eso está por verse. Si la ley se aprueba, las aseguradoras tienen que plantear una fórmula de cómo van a pagar.
La industria y algunos parlamentarios han señalado que el problema es el monto de la deuda y por eso piden el recálculo.
Esta es una industria que maneja al año un flujo de dinero de unos 4.000 millones de dólares. Entiendo que esta es una industria de poca rentabilidad dentro de esos 4.000 millones de dólares. Sin embargo, esas cantidades de dinero son bastante importantes y bastante seguras. Entendería que las visiones de una industria como esa tienen que ser de bastante proyección. Además, ellos también tienen la opción de capitalizar. Pero yo no sé qué decisiones van a tomar. Estas son decisiones de entes privados que tienen libertad, pero no denoto esa imposibilidad absoluta. Además, cada isapre tiene un escenario diferente. Y lo digo como economista, más que como director de Fonasa.
¿Entonces cree que esta advertencia de que una vez que se aplique el fallo las isapres caigan es un poco exagerada?
Es exagerado. Primero, porque administrativamente eso es imposible. Tienen que transcurrir ocho o 10 meses para que alguna entregue su llave, pues hay procesos que se realizan antes. Aparte, hay varias aseguradoras que no están dentro del problema. Es natural que se utilicen argumentos de esta índole, porque hay intereses.
¿Hoy el gobierno no es partidario de que las isapres dejen de existir?
Hoy el gobierno es partidario de estabilizar el sistema con la ley corta.
¿Ya no hay dos almas frente a este tema?
En los ambientes ministeriales o técnicos es natural que existan discusiones desde diferentes puntos de vista. En el sector eso no ha sido la excepción. Pero en el momento en que la ministra toma una determinación, en base a la argumentación que se ha efectuado, no ha habido dos posturas, ha habido una sola.
Pareciera que se perdió de vista que más que la crisis de la industria el conflicto es qué pasará con las personas que hoy arriesgan quedar sin aseguradoras.
Eso siempre se ha tenido en primera línea, independiente de si los seguros siguen o no. Lo fundamental siempre ha sido que se cumplan las sentencias y que las personas no pierdan continuidad en la atención.
Fonasa y la ley corta
¿Cuál es el rol de Fonasa en esta crisis?
Ha sido participar con un componente en la ley corta que es muy importante. Y en concreto es la implementación de la MCC y que fue pensada en respuesta a la situación actual y en la incertidumbre que provoca en las personas. Además, ya habíamos diagnosticado que estábamos recibiendo una migración importante desde las isapres a Fonasa. De hecho, recibimos un millón de personas en dos años, y de ese total, cerca de 650 mil vienen del sector privado.
¿Puede asegurar que las personas que estaban en isapres y tengan que salir van a mantener sus coberturas?
Si se aprueba la ley corta sí puedo asegurar que las personas pueden mantener sus coberturas. Ahora sí puedo asegurar que se puede disponer de la modalidad de libre elección y de los seguros complementarios que hay en el mercado, y que son muchos. De hecho, desde que iniciamos esta discusión se han duplicado las pólizas y, sobre todo, las que están disponibles para la gente de Fonasa. Esas pólizas tienen distintas coberturas y distintos enfoques. La nuestra está pensada para ser mejor y para ser beneficiosa para las personas. También hacemos hincapié en que nuestra póliza tiene que tener ciertas características y eso es lo que ponemos en la ley: que tenga una prima plana y que no discrimine por sexo ni por preexistencias. Volviendo a la pregunta, hoy no se puede asegurar, porque no está aprobada la ley.
¿Institucionalmente hay un escenario preparado frente al quiebre de alguna isapre?
En el debate ya estaba considerada la posibilidad de que hubiese insolvencia de alguna o algunas isapres. Y por eso se plantean las medidas desde Fonasa (como las coberturas complementarias).
Hasta hace un tiempo había personeros de gobierno que pensaban que la posibilidad de caer en la insolvencia era solo una amenaza de la industria. ¿Qué piensa usted hoy?
Tenemos que estar preparados para todos los escenarios y que entre en insolvencia una isapre puede ser uno. Por eso de forma natural las personas han migrado a Fonasa. Antiguamente se decía que la gente caía a Fonasa, hoy la están eligiendo, y quienes vienen de las isapres son personas más jóvenes que antes. Eso ocurre porque ven en Fonasa una posibilidad más económica de acceder a los mismos prestadores.
¿Está Fonasa capacitado para recibir una migración abrupta en caso de la caída de múltiples isapres?
Creo que sí. Desde el primer fallo de la Corte Suprema hemos recibido un millón de personas y no se ha producido una catástrofe. Independientemente de que la trayectoria del sistema de salud público venía ya acumulando listas de espera producto de la pandemia. Sin embargo, este millón de personas no vino a abultar las listas de espera. Hemos hecho estudios y hemos concluido que las personas tratan de replicar su prestación anterior. Cuando llegan a Fonasa, tratan de seguir yendo a la clínica X con el médico Y. Eso ocurre con la modalidad de libre elección.
¿Cómo pueden administrar una llegada masiva?
Un movimiento abrupto, nosotros tendríamos que administrarlo de manera que se produzca un aterrizaje suave, para que no se produzcan discontinuidades, que es lo más importante en los tratamientos con las personas. Y para eso es necesario conversar con los proveedores y con las clínicas para llegar a acuerdos y convenios que nos permitan eso. Fonasa ya tiene acuerdos y convenios con 98% de las clínicas privadas. Entonces, para implementar la modalidad de la MCC no es que vamos a ir a conversar con alguien que no conocemos.
¿No ve nudos en el proceso?
Obviamente que será un desafío. Tendríamos que hacerlo muy mal como para que se produzca un desastre. Está todo funcionando. La persona tiene que seguir yendo a su prestador y nosotros nos encargaremos de cómo hacemos los convenios con él. Eso pensando que tenemos la ley corta y el MCC. Con esa modalidad es mejor, sin esa cobertura tenemos un second best, porque tenemos la posibilidad de libre elección.
Igual hay que ver cómo termina la ley corta, porque falta todavía la tramitación en la Cámara y lo que resulte de la comisión mixta. ¿Cómo ve esa negociación?
Todavía hay incertidumbre sobre lo que pueda pasar. No tenemos una bolita de cristal como para saber cuáles van a ser los resultados.
Pero hay millones de personas que están en isapres y enfrentan un escenario de mucha incertidumbre.
Es un escenario que han generado las propias isapres, eso hay que tenerlo en cuenta también. No es producto ni del comportamiento de Fonasa ni el de los afiliados, sino que son las aseguradoras las que han incurrido en comportamientos que han sido reñidos con la legalidad y que ahora la Corte Suprema les está exigiendo que cumplan los fallos. Uno hubiera querido que esto no pasara, pero está pasando, y como entidad pública que está dedicada al aseguramiento de la salud y al financiamiento estamos a disposición del Ejecutivo para que disponga lo que tenemos que hacer.
Pero ustedes tienen que tomar alguna decisión para que esos dos millones y medio de personas no sigan en la incertidumbre.
Eso es lo que estamos haciendo a través de la ley corta y con la MCC, con todas estas disposiciones que estoy explicando.