Carabineros: Una caída en cuatro tiempos

Es una situación en desarrollo que afecta a la institución, que nos duele, que nos avergüenza". Eran pasadas las 19.00 del lunes 6 de marzo de 2017 y, de esta manera, el entonces general director de Carabineros, Bruno Villalobos, comenzaba una conferencia de prensa para explicar un incipiente fraude desde las arcas de la institución. Aunque era un golpe fuerte, en ese entonces el mando policial no dimensionaba los días que se venían para los uniformados.

De ahí en más, el general Villalobos tendría unos turbulentos 376 días de gestión al mando de Carabineros, hasta su salida, el 12 de marzo de 2018, cuando ejecutó la renuncia que un día antes le había comunicado al Presidente Piñera, en La Moneda. Villalobos no salió por los $ 28 mil millones malversados en la institución, entre 2010 y 2017, sino por los cuestionamientos de un operativo que buscaba ser su salvación: la Operación Huracán.

"El fraude. Ahí comenzó todo". La frase la repiten cuatro generales en retiro y dos altos oficiales en ejercicio, quienes coinciden en que a partir del 6 de marzo de 2017 nada volvió a ser igual en la institución, hasta hoy, cuando los cuestionamientos por el actuar policial son cada vez más frecuentes. "Sacan informes falsos de los carros lanzagua, y creen. Ya no sabemos qué hacer, hablar, no hablar, la verdad, no sé", reconoce un miembro del alto mando, haciendo alusión a las críticas a Carabineros durante la crisis social.

Después del fraude, el que en un comienzo fue cifrado en $ 600 millones y hoy supera los $ 28 mil millones, vino la Operación Huracán y las supuestas pruebas implantadas en comuneros mapuches para inculparlos de atentados terroristas; el caso Catrillanca, donde un grupo de efectivos del Gope participó del homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca, y finalmente, la actual crisis social. Se descabezó al grupo de Fuerzas Especiales (FF.EE.) y la fiscalía indaga la composición de los perdigones que usa la policía.

Desde las 11 de la mañana que comenzó a circular en Carabineros el rumor de que algo pasaba con la dotación de Intendencia (departamento encargado de las Finanzas). Por lo mismo, el general Villalobos decidió tomar un avión y viajar a Punta Arenas a reunirse con el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos.

Villalobos quería tantear la magnitud del caso, que Campos había abierto en octubre de 2016, bajo absoluta reserva. El fiscal estaba trabajando con el equipo antilavado de activos del OS-7 de Carabineros, cuestión que Villalobos sabía, pero no estaba al tanto de los pormenores de la investigación.

Fuentes de ese caso señalan que nunca se sintieron presionados por el mando institucional, al menos de Villalobos directamente. La incomodidad, sin embargo, venía de sus propios pares, de los mandos medios y bajos, quienes no podrían creer que los efectivos del OS-7 hayan seguido a sus pares.

Villalobos se comprometió con Campos, en Punta Arenas, a prestar toda la colaboración posible. Se abrió un sumario y el general inspector Nabih Soza quedó como encargado de coordinar todos los temas administrativos. Logró pesquisar desde 2010 a 2017, pues hasta antes de esa fecha los documentos fueron incinerados (por norma).

El fraude había sido destapado: oficiales depositaban plata en cuentas de terceros, estos las retiraban y después se las devolvían en efectivo. Ese era el centro del modus operandi, el cual ya estaba claro para el fiscal Campos, por lo que el 12 de marzo de 2017 ordenó las primeras detenciones.

Ese mismo día, además, aparecieron los primeros síntomas de una larga agonía: la encuesta Cadem reveló que la aprobación de Carabineros bajó 12 puntos, pasando de un 77% a un 65 %. Nunca había caído tanto en estas mediciones, pues hasta 2016 era una de las tres instituciones más confiables para la ciudadanía, pero quedaba mucho camino por recorrer. Este 9 de diciembre, la Cadem publicó su última medición: la aprobación de Carabineros es hoy de un 35%.

El exsubdirector de Carabineros, general (R)Julio Pineda, cree que "en toda su historia, Carabineros se ha mantenido como protagonista en las distintas crisis del país. Su principal cualidad eran la honestidad y la transparencia, entonces, aparece el fraude, lo que nos sorprendió a todos, y debilita la imagen de la institución. A partir de eso, las críticas no paran, hasta el día de hoy".

El caso del fraude se consolidó como uno de los más cuantiosos de la historia de la Reforma Procesal Penal. Se hicieron 18 audiencias de levantamiento de cargos, se formalizó a 128 personas (entre ellos dos generales, Flavio Echeverría y Jorge Serrano), y hasta el momento se ha condenado a 94 personas. Hasta 14 caballos fueron confiscados.

Carabineros quería sacarse, a como diera lugar, la mala imagen que iba adquiriendo la institución. "Dejen de tirar barro a la situación que estamos viviendo. No hagan un festín", dijo en abril de 2017 el general Villalobos, molesto por las preguntas de la prensa sobre su patrimonio y las contribuciones de una de sus propiedades.

Por entonces, ya se estaba trabajando en un operativo que buscaba dar resultados: la "Operación Huracán", la que estaba bajo el mando del director de Inteligencia de Carabineros, general Gonzalo Blu, y que era monitoreada en terreno por la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE), en Temuco.

El 23 de septiembre de 2017, la policía uniformada detuvo a 11 comuneros mapuches por su presunta responsabilidad en distintos ataques incendiarios en la Región de La Araucanía. Se formalizó a los imputados, quedaron en prisión preventiva, entre ellos el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. Carabineros sacaba cuentas alegres y el general Blu decía en privado que vendrían más sorpresas en esta causa. Y así fue.

Las sorpresas, sin embargo, no fueron positivas para Carabineros. El 19 de octubre, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de los imputados y los comuneros quedaron libres. Comenzaba a destaparse el caso Huracán, y partían las primeras bajas masivas del alto mando de la institución: Villalobos llamó a retiro a 11 generales.

Con la fiscalía investigando a la Dirección de Inteligencia por la presunta implantación de pruebas a los comuneros mapuches, marzo se hizo eterno para Villalobos. Cuando asumió el Presidente Piñera, lo saludó y le dijo que renunciaba, anuncio que se concretó al día siguiente. Con él también se fueron Blu -quien fue formalizado en marzo de 2018- y otros 15 generales.

El experto en seguridad Eduardo Vergara sostiene que "casos como Huracán, fraude y el asesinato de Catrillanca en manos del Estado aceleraron y profundizaron la crisis de desconfianza, el mal manejo del estallido social y las violaciones a derechos humanos vinieron a sepultar la imagen de la institución".

El 14 de marzo de 2018 asume el general director Hermes Soto. Su misión era simple: prevenir y sacar todo rastro de Villalobos de la Dirección de Inteligencia. Atendió el mensaje y removió a gran parte del equipo que trabaja con Blu.

En junio de ese año, la Cadem reveló que un 72% de los encuestados creía en Carabineros, lo que hizo que la policía uniformada volviera los puestos de privilegio en los estudios de medición estadística. Ese mismo mes, el gobierno, con el Presidente Piñera en terreno, y casi 40 efectivos del Gope a sus espaldas, se anunciaba un equipo antiterrorista en La Araucanía. Se le denominaría "Comando Jungla".

El 2 de septiembre, para aprovechar el "vuelo", Carabineros anunció la firma de un convenio con la empresa de café Starbucks. Las redes sociales se hicieron un festín con el "pacolate", como le llamaron. La estrategia comunicacional nunca vio la luz.

Dos meses después de ese fracaso de relaciones públicas vino el único y certero golpe que bastó para que Hermes Soto se transformara en el general director con menos periodo de mando (solo nueve meses). El 14 de noviembre, efectivos del Gope participaron del operativo en que falleció el comunero mapuche Camilo Catrillanca.

El senador PPD y exsubsecretario de Carabineros Felipe Harboe explica que "en este caso se afecta la parte operativa, el orden público, la probidad y la integridad de la prueba. Los cuatro elementos fundacionales de la policía se vinieron al suelo".

Los cuestionamientos a la labor de Carabineros en el caso Catrillanca fueron intensos: renunció el jefe de Orden y Seguridad de Carabineros, general Christian Franzani, y la fiscalía formalizó a ocho funcionarios de la institución. El homicidio se le atribuyó al sargento Carlos Alarcón.

A pesar de todo eso, Hermes Soto llegaba a diciembre como general director. Le dijo al entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, que no había videos del operativo, por lo tanto, no sabían con certeza cómo ocurrieron los hechos, y que creía en sus funcionarios. El 19 de ese mes, su salida quedaría sellada: se conocieron públicamente videos del procedimiento policial y Soto quedaba en evidencia de que sus funcionarios le habían mentido.

Al otro día, el gobierno pidió su salida y la de otros 10 generales. Soto se resistió, pero un decreto del Congreso sepultó su adiós del cargo de "1" en la institución uniformada. Antes de irse, y aún en el cargo, el general advertía: "¿Viajé yo a Temuco a presentar el Comando Jungla? No, pues".

En total, entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 salieron 40 generales, entre ellos dos generales directores y 12 generales inspectores.

Con la salida de Soto asumió el general director más joven en la historia reciente de Carabineros, con un mando con poca experiencia en el generalato, pero que prometía cambiar la manera de operar.

En eso estaba el general director, Mario Rozas, integrando 18 mesas de trabajo para modernizar la institución y avanzar en temas de transparencia. También asumió, el 22 de diciembre de 2018, con el foco puesto en recuperar las confianzas en La Araucanía.

Pero esta vez las sombras no vendrían del sur, sino que a 1,91 kilómetros de la Dirección General de Carabineros: la Plaza Italia. El 18 de octubre estalló la crisis social y sorprendió a Carabineros con 55 mil efectivos para controlar a 3,2 millones de personas que asistieron a marchas ese mes.

Las denuncias sobre el actuar policial comenzaron a aparecer. Más de 200 por lesiones en los ojos a manifestantes, y la fiscalía anunció la formalización de 14 efectivos de FF.EE. por torturas. Además, se indaga a un carabinero por la presunta golpiza que provocó la muerte de una persona en Maipú.

También llegaron los cuestionamientos internacionales: el 21 de noviembre, Amnistía Internacional acusó a Carabineros de tener una "intención clara" de lesionar a los manifestantes; el 26 de noviembre fue el turno de Human Rights Watch (HRW), que acusó de abusos y torturas a la policía; el 6 de diciembre la crítica llegó de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenando el uso de la fuerza en manifestaciones y, por último, el 13 de diciembre la ONU informó que en Chile "se han producido violaciones graves a los derechos humanos".

Por ahora, Rozas tiene claro que su cargo está en manos del gobierno, ellos deciden hasta cuándo sigue, pero también les ha dicho a sus cercanos que confía en que saldrán de este momento. Hoy, la prioridad es mejorar el sistema de formación de los policías, aumentar en un año las clases y tener capacitaciones permanentes.

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