La emboscada duró apenas seis segundos. Al final de un pasillo que conduce a uno de los accesos de la Torre 1, tres gendarmes de la Cárcel de Puente Alto se vieron repentinamente rodeados por seis reclusos encapuchados. Algunos estaban armados con lanzas artesanales de un metro de largo, fabricadas con fierros afilados a pulso que apuntaban a la cabeza de sus carceleros. Atrapados entre un muro y una mesa de pimpón azul, ninguno de los funcionarios tuvo tiempo de alcanzar su arma cuando los reos se les echaron encima y los arrastraron a través de una puerta de concreto que daba a la pieza tres de la Torre 1, que alberga a 63 reos de alta peligrosidad.
Al interior, los gendarmes fueron despojados de sus uniformes, bastones de madera, chalecos antibalas, dos radios portátiles y sus credenciales institucionales. Fueron golpeados y permanecieron retenidos por 15 minutos. Solo la intervención de equipos tácticos y antimotines permitió liberarlos. Como resultado del operativo de desalojo de ese sector terminaron heridos 25 presos y cinco gendarmes. Además, se incautaron 51 armas artesanales.
Solo las cámaras de seguridad grabaron el incidente. Concretamente, el registro indica que las imágenes son del miércoles 22 de abril; en lo simbólico, muestra que la violencia en la Cárcel de Puente Alto ha llegado a su máximo nivel.
Justo delante de las rejas que contienen toda la escena, se alcanza a leer un pasaje de la Carta a los Romanos, sexto libro del Nuevo Testamento:
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”.
Puente Alto: Aumentan los contagios, aumenta la tensión
Hasta ayer, la rápida propagación del virus mantenía a 125 internos y 155 funcionarios infectados a nivel nacional. El temor al contagio, aseguran desde Gendarmería, ha tensionado la vida carcelaria a tal punto, que ha abierto la oportunidad para que delincuentes violentos planeen motines e inciten a realizar fugas masivas.
Desde que el 29 de marzo se detectó el primer caso de Covid-19 entre los internos de Puente Alto, se han registrado al menos cuatro incidentes que han quebrado la convivencia entre reclusos y gendarmes: desórdenes, intentos de motín, amagos de incendio y toma de rehenes. Una serie de hechos graves e intentos de apoyo externo a planes de fuga se han sucedido en al menos seis penales del país.
“Hay internos que pertenecen a bandas criminales con poder de fuego, que tienen poder adquisitivo, que tienen nexos, incluso, con bandas extranjeras. En estas circunstancias tenemos muy claro que van a intentar poner en riesgo la seguridad de los penales y por eso tenemos que trabajar día a día para disminuir los riesgos”, asegura Christian Alveal, director nacional de Gendarmería.
Ese primer contagio dentro de la Cárcel de Puente Alto se produjo en la Torre 4, donde solo habitan imputados. Apenas fue confirmado, comenzó la preocupación para el gobierno y Gendarmería, que, de paso, tuvo que contener incidentes menores entre sus trabajadores carcelarios y los internos. Los hechos de violencia de días posteriores pondrían a prueba la formación de cada uno de los vigilantes penitenciarios: el 4 de abril se produjo una revuelta y un amago de incendio tras la detección de cinco casos nuevos de coronavirus; apenas cinco días después, el 9 de abril, el alcalde Germán Codina aseguraba que los contagios habían aumentado a 43, con 18 reos y 25 gendarmes infectados con el virus.
Al igual que la cantidad de contagios, los incidentes y hechos de violencia dentro de la cárcel comenzaron a aumentar. Los internos se fueron plegando a la demanda por mejores condiciones sanitarias e, incluso, acceso a indultos. Entre ellos, se destacaba la Torre 1. Ahí viven 205 personas catalogadas como de “alto compromiso delictual”, condenadas por robos con intimidación, homicidios y delitos violentos.
Estos prontuarios salieron a relucir ante las autoridades carcelarias la tarde del domingo 19 de abril. En los accesos de la torre, los reos levantaron barricadas que impidieron el ingreso de gendarmes a las piezas. Detrás de los barrotes, Diego -nombre con el que se identificó uno de los encapuchados que hizo de vocero- pedía la liberación de todos los reclusos por el avance del Covid-19: “O nos vamos todos o no se va ninguno”, vociferaba. En todo el penal, eran nueve los condenados que habían recibido el indulto conmutativo del gobierno, que desde el 17 de abril comenzó a excarcelar a 1.580 reclusos de baja peligrosidad a nivel nacional y a favorecer a otros 280 que cumplían sus sentencias en medio libre.
La toma de la Torre 1 se prolongó por horas. El grupo detrás del intento de motín, aseguran en la institución, estaba encabezado por reos violentos. Hasta el lugar llegaron el director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, y las máximas autoridades de Gendarmería. La presencia de ambos abrió un improvisado espacio para la conversación, que a ratos se realizó a gritos y, en otros, a través de celulares. “Nos estamos contagiando todos”, aseguraba Diego, en representación de la torre. Luego de ocho horas y tras agotar la instancia de conversación, Gendarmería actuó y controló la situación. Ese acto tendría consecuencias, aseguran funcionarios de la institución.
Estas se sentirían al mediodía del 22 de abril, con el breve, pero violento secuestro de los tres gendarmes en la Torre 1.
Las autoridades penitenciarias se mantienen en alerta desde entonces. La inteligencia interna está intentando anticiparse a nuevos motines en ese penal. Como primera medida, 10 de los reos más violentos del sector fueron trasladados hasta unidades de alta seguridad y se reforzó la vigilancia. El episodio de la toma de rehenes, además, se denunció a la Fiscalía Sur, que ya inició una investigación contra un grupo de reclusos por el delito de lesiones y, de paso, comenzó a indagar si existe apoyo externo para una posible fuga masiva.
El apoyo externo detrás de los intentos de fuga
La encomienda llegó a través de Correos de Chile. La mañana del 6 de abril, los funcionarios del Centro Penitenciario de La Serena tuvieron sospechas sobre el tamaño del envío y su remitente. De inmediato se activó el protocolo interno para estos casos.
Pocas horas antes, y tras recibir un reporte de inteligencia carcelaria, las dudas que había sobre el contenido del paquete se transformaron en certezas. La apertura de la caja confirmó los antecedentes que, por días, manejó bajo reserva el alto mando institucional: la recepción de explosivos para facilitar el escape masivo de internos.
Al interior de la caja de cartón, una botella plástica de agua mineral ocultaba en su interior una bolsa plástica con un polvo del color rosado. No era cualquier tipo de explosivo. Se trataba de Anfo, material que se utiliza para realizar perforaciones de mediano o gran diámetro, según detallan empresas que se especializan en su uso.
Con ayuda externa, los internos del penal de La Serena estuvieron a un paso de obtener 453 gramos de este explosivo de alta potencia. También hubieran recibido 83 centímetros de cordón detonante, que estaban ocultos al interior de la misma encomienda. La pandemia de Covid-19, aseguran en Gendarmería, ha obligado a intensificar los controles y allanamientos, debido a la seguidilla de intentos de fuga producto de los contagios intracarcelarios. Hasta el momento las medidas adoptadas han sido efectivas.
A poco más de 550 kilómetros de distancia del penal de La Serena se emplaza el Centro Penitenciario de Rancagua. Ambos recintos están unidos por un factor común: los intentos de delincuentes que están en libertad por ingresar armas y explosivos para sus compañeros de delito.
Así ocurrió el 17 de abril.
En el patio común de la Cárcel de Rancagua aterrizó un objeto lanzado por desconocidos desde el exterior del penal. La intervención de los funcionarios que custodian el lugar permitió interceptar el envío en la línea de fuego. A primera vista, se trataba de una tela de color blanco en la que, comúnmente, se ocultan drogas para los internos con problemas de adicción. Esta vez, sin embargo, el envío ocultaba un envío especial: 12 cartuchos de escopeta de calibre 16 mm. Junto a las municiones, había un papel escrito a mano con un listado con los apodos de reclusos y una bolsa plástica que contenía un polvo de color blanco. “Una especie de veneno”, dicen fuentes de Gendarmería, un tóxico para atacar a los carceleros en una fuga masiva.
En las semanas previas a este operativo, una denuncia anónima había alertado sobre un eventual ingreso de armamento al penal. El antecedente derivó en allanamientos y en mayor seguridad al interior del recinto.
De acuerdo con los registros de Gendarmería, estos son solo algunos ejemplos de las situaciones que se han vivido en seis penales a nivel nacional. Tres están en la Región Metropolitana y los otros tres en La Serena, Rancagua y Chillán. En este último penal, el 25 de marzo, mientras se realizaba el desencierro habitual de los internos, se generó un masivo desorden que derivó en incautaciones de elementos prohibidos en las celdas.
La advertencia que lanzó el motín en Santiago Uno
La información de inteligencia al interior de las cárceles se ha transformado en un insumo clave para las autoridades penitenciarias. Y el 19 de marzo estos antecedentes fueron puestos a prueba. Veinticuatro horas antes, la institución recibió antecedentes del intento de fuga masiva que implicaría a 2.082 internos de el Centro de Detención Preventiva Santiago Uno. La información que se entregó al Ministerio Público, Carabineros y la PDI alertaba sobre “apoyo externo, lanzamiento de armas de fuego y uso de explosivos” para concretar el escape desde el penal. También se advirtió al gobierno, a través del Ministerio de Justicia.
El motín comenzó a las 13.30 de ese jueves. Primero con desórdenes aislados en los pasillos comunes, luego con ataques directos a gendarmes. Los techos y los pasillos rápidamente fueron tomados por los reclusos. En la parte central del penal, en tanto, se iniciaron focos de incendio. Producto de los incidentes, 14 funcionarios y 28 reos resultaron heridos. Este, según Gendarmería, es el mayor intento de evasión masiva en los registros institucionales, y el primero de lo que ha resultado ser una “temporada de motines”.
“Nosotros canalizamos a través de ciertas estructuras institucionales toda la información de inteligencia que nos permite adelantarnos a los hechos y así poder abortarlos”, asegura el director nacional de la institución, Christian Alveal. La fórmula, que se acompaña de un alto perfeccionamiento del personal en el área antimotines y de traslado de reos peligrosos, ha permitido desactivar otros focos de conflicto antes de que estallen.
Colina 1 fue uno de ellos.
El 22 de marzo, una información de inteligencia carcelaria activó una serie de reforzamientos de seguridad en el penal. “Toma de rehenes y apoyo externo” fueron parte de los antecedentes con los que Gendarmería inició un plan preventivo para frustrar un ataque a los funcionarios. La estrategia se extendió a nivel nacional. El perfeccionamiento del personal se reforzó y el rol de Gendarmería para aportar a la seguridad pública cobró especial relevancia en medio de una pandemia que mantiene a las 83 cárceles del país, y a sus 48.838 reclusos, en completa incertidumbre.
