Ciro Colombara da sus opiniones “a título personal”. Y quiere subrayarlo.
Profesional “conocido por defender causas de alto impacto público, muchas de las cuales involucraron a figuras de todo el espectro político”, según reportaba La Tercera en 2015 (p. ej., La última tentación de Cristo y su defensa de ME-O en el caso SQM), es socio de Colombara Estrategia Legal, “primer estudio de abogados de América Latina en incorporarse en el metaverso”, como él mismo se permite recordar, y no quisiera ver al estudio vinculado a sus opiniones sobre la desinformación y sobre el decreto del Ministerio de Ciencia que creó una comisión asesora a este respecto (que deberá evacuar informes de actividades en agosto y noviembre: primero sobre el “estado del arte” de la desinformación y después, en forma de “lineamientos y/o recomendaciones para la alfabetización digital y regulación de plataformas digitales”).
Tampoco quiere, dice, envolver a Kamanau, fundación que preside y que impulsó la Declaración sobre Neurociencia, Neurotecnologias y DD.HH. del Comité Jurídico Interamericano de OEA. Menos, a la fundación que organiza el Congreso Futuro, cuyo directorio integra.
Vía Zoom desde México, ya casi viajando de vuelta a Santiago, tiene claro el articulado del señalado decreto, publicado en el Diario Oficial el 20 de junio. También, las voces a favor -como las que ven la comisión en línea con las recomendaciones de la OCDE- y las otras (de la “preocupación” de la Sociedad Interamericana de la Prensa al anunciado recurso UDI ante el TC). Sin satanizar, pero marcando sus peros. Consiente en que el decreto aborda un tema “clave a nivel mundial y que pone en peligro la democracia”, aunque “se equivoca en la forma: es una acción errada que no contribuye a cautelar la democracia”.
¿En qué se equivoca el decreto?
La creación de una comisión asesora sobre desinformación no es, per se, algo incorrecto. De hecho, es razonable. Por otro lado, es una comisión asesora, no una comisión ejecutiva, y por lo tanto, no podrá tomar acciones, y los temores que se han deslizado de que podría ser una antesala del Ministerio de la Verdad de Orwell -lo digo con sorna- no tienen base real.
Sin embargo, es creada por el Ejecutivo, depende del Ejecutivo en un 100% y pretende asesorar al Ejecutivo en un tema que pone en riesgo la democracia, donde se discute precisamente el manejo de la agenda por parte de los gobiernos, entre otros actores, y la posibilidad de difundir información falsa. Por lo tanto, lo sensato es ser doblemente cuidadoso y tener una integración.
Si se va a crear un organismo, que tenga una visión plural o global, que refleje la diversidad política, ideológica, cultural, religiosa del país. Esta es una comisión cuyos miembros son nombrados por la ministra de Ciencia que, con consulta a la ministra Vallejo, designa a los miembros, a los puede remover cuando quiera sin expresión de causa, y determina las funciones que se deben cumplir, todo lo cual se traduce en la elaboración de dos informes y en asesorar a la Segegob en un grupo de trabajo sobre desinformación y noticias falsas que se creó en noviembre de 2022 en el contexto de la OCDE junto a otros cinco países (Finlandia, Lituania, Grecia, Noruega y Luxemburgo).
En esa perspectiva, uno no ve una preocupación del Estado de Chile sobre un tema que debe trabajarse con lógica regional e internacional, a través de los organismos internacionales, y no con una lógica local, primero, y menos con una lógica restringida solamente al Ejecutivo. Las noticias falsas -igual que los temas de inteligencia artificial, metaverso, neuroderechos- no van a ser resueltas por legislaciones locales. En el espacio internacional es donde deben generarse regulaciones, discusiones, consensos académicos, políticos, y no desde una visión puramente local, como está ocurriendo en este caso.
¿Ve un problema en que esto nazca del gobierno?
En la medida que sea plural, no. El problema es que no lo es. En la medida que integre o refleje la diversidad del país, podría ser impulsado desde ahí, pero no la refleja y se transforma en un simple órgano asesor del Ejecutivo en temas que podrían resolverse perfectamente con los profesionales que ya están en el gobierno: no es necesario crear una organización de este tipo, con los recursos humanos y materiales que esto significa, para cumplir esa función.
Por otro lado, y esta es probablemente la objeción más de fondo, el decreto no tiene una perspectiva de derechos humanos. A nivel internacional, no se discute que el combate a la desinformación y a las noticias falsas pone en riesgo la libertad de expresión. Por lo tanto, el criterio que debe usarse es el respeto y la garantía de los derechos humanos, y específicamente de la libertad de expresión. El decreto nada dice y la comisión asesora no tiene como criterio el respeto de los derechos humanos. Ahora, incluso aceptando esa lógica de integración de personas solamente del Ejecutivo, deberían estar la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Educación, incluso el INDH.
Otro de los problemas es la integración. Son nombradas las nueve personas sin participación de otros organismos que aseguren el pluralismo político, y pueden ser removidos libremente por quien los nombró, con lo cual su independencia va a estar en duda. Además, participan con derecho a voz representantes de la academia, de la sociedad civil, así como funcionarios de otros órganos de la administración del Estado invitados por una comisión cuyos miembros, a su vez, fueron designados por el propio Ejecutivo. Con ello se excluye la participación, siquiera el derecho a voz de otros sectores políticos.
¿Es válido asociar acá el proceder de la ministra Vallejo con las posturas del PC en cuanto a la posibilidad de una ley de medios (aun si la palabra “medios” no está en el decreto, tampoco “noticias”)?
Es legítimo hacer el link, y hay que hacerse cargo de esa discusión. En lo esencial, la desinformación y las noticias falsas no se refieren a los medios de comunicación tradicionales, sino a las redes sociales, a un fenómeno que está afectando a niños, niñas y adolescentes. Hoy, ese colectivo no se informa a través de la televisión o del periódico, sino básicamente a través de redes como Instagram o Twitter, y ahí es donde operan las campañas de desinformación. Sin embargo, como este problema se plantea principalmente en las campañas políticas, y se da también por parte de los gobiernos, lo razonable es que cualquier iniciativa gubernamental en esta materia incorpore a todos los sectores y no excluya, como en este caso.
¿El carácter local del decreto lo hace por defecto insuficiente?
El decreto tiene una lógica local: habla de asesorar a la Segegob en el Hub de Desinformación de la OCDE, pero básicamente señala que pretende tener insumos para elaborar una política pública sobre la materia. Ahora, una política pública requeriría modificaciones legales y eso requiere la participación de todos los sectores políticos. Por eso creo que esta iniciativa, si bien se hace un cargo de un problema real, lo hace de una manera errada y parcial. No basta una comisión asesora de nueve personas, básicamente con participación de funcionarios públicos, para enfrentar un problema que debiera convocar a toda la sociedad.
¿Cómo cree que deberían enfocarse estos temas?
Tomo lo que ha ocurrido con los neuroderechos: acá ha habido una iniciativa científica internacional liderada por Rafael Yuste que plantea los riesgos del avance de la neurociencia y la necesidad de enfrentarlos con una perspectiva de derechos humanos. Y se habla de la creación de los neuroderechos. Esto fue acogido por la clase política chilena de manera transversal y se tradujo en una reforma constitucional: Chile es el primer y único país del mundo que tiene una regulación -constitucional o legal- sobre neuroderechos, pero fue una reforma constitucional aprobada de manera unánime, con un respaldo científico internacional y en que nadie discute la norma que se elaboró.
Esa es la forma correcta de enfrentar fenómenos globales: con un consenso científico, con un consenso político, con lógica internacional y con perspectiva de derechos humanos. En el caso de la Comisión contra la Desinformación, si bien la preocupación es correcta, se está haciendo lo inverso.
La palabra “desinformación” no deja por sí misma claro si se habla de información falsa difundida deliberadamente para engañar, si es falsa pero quien la difunde piensa que es fidedigna, u otros escenarios. Que el decreto no la defina, ¿es un problema?
Acá hay dos fenómenos distintos. Hay, por un lado, una discusión sobre el estándar de veracidad de los medios donde se aplica, al menos en América Latina, la doctrina de la real malicia: un medio no podrá ser sancionado, a menos que se demuestre que deliberadamente, o con una negligencia equiparable al dolo, propagó una noticia falsa. Pero, en lo esencial, cuando hablamos de campañas de desinformación o de noticias falsas estamos hablando de redes sociales, aun si a veces hay medios tradicionales -televisión, prensa escrita- que recogen noticias falsas por error o por negligencia, en el sentido de no haber verificado la fuente o no haber verificado seriamente la veracidad de la información.
Ahora, yendo al origen de este decreto y de la comisión, hay información oficial sobre la participación del gobierno en la creación del grupo de trabajo sobre desinformación en la OCDE y que se menciona en el mismo decreto. En ese caso se deberían recoger los consensos de organismos internacionales sobre la materia. Ese es uno de los errores. Falta, como dije, la perspectiva de derechos humanos, no se define “desinformación” y se excluyen las noticias falsas, que son distintas a la desinformación.
Para partidarios del decreto, que no se explicite qué es una plataforma no debería ser problema, porque se apunta claramente a Meta y Google, por ejemplo, y no a los medios periodísticos, incluyendo sus versiones web.
El tema excede a Google, a Meta y a las grandes tecnológicas. Lo incluye, pero lo excede. Está la discusión entre China y parte de la Unión Europea respecto de quiénes tienen incidencia en el desarrollo de la tecnología. Esa es una discusión macro, y nuestro país tendrá que tomar alguna posición. En ese escenario, obviamente, parece lo deseable no quedar en manos de una de las grandes alternativas internacionales en materia de desarrollo tecnológico. Y están las empresas tecnológicas, en general, que no quieren regulaciones, que quieren autorregulación. Eso parece bastante razonable desde la perspectiva de negocio, y por lo tanto, no creo que la discusión deba darse puramente en una perspectiva de regular a una empresa u otra.
En el Congreso hay un proyecto de discusión de plataformas digitales. Sin embargo, de nuevo, creo que el problema excede con mucho a Meta o a Google.
¿Y cómo entienden “plataforma” en el Congreso?
El proyecto define las plataformas digitales de servicios como “toda infraestructura digital cuyo propósito es crear, organizar y controlar, por medio de algoritmos y personas, un espacio de interacción donde personas naturales y jurídicas puedan intercambiar información, bienes o servicios”. En lo esencial, comparto esa definición y creo que el gobierno debería impulsar ese proyecto y perfeccionarlo, en lugar de crear una comisión asesora para replicar propuestas que ya se están discutiendo en el Congreso.
Obviamente, el proyecto es perfectible y la oposición de los actores interesados no puede impedir que se avance en una regulación razonable, tal como ocurre en otros países.
El Informe OCDE sobre la Comunicación Pública de 2021 aborda, ante todo, lo que los gobiernos pueden hacer para combatir la desinformación (y la “misinformación”, como la llaman). ¿No es el decreto consistente con eso?
A propósito de la participación del gobierno chileno en la conferencia OCDE de 2022, la ministra Vallejo señala que la preocupación deriva de la desinformación y noticias falsas en el plebiscito del 4 de septiembre, lo que es una explicación política del resultado. A partir de una preocupación local se hace el link con un fenómeno internacional que viene siendo discutido desde hace años y se plantea un camino claramente insuficiente.
¿Incidió la desinformación el 4-S?
Creo que no: fue una elección limpia y transparente que no puede ser usada como ejemplo de desinformación.
