Columna de Oscar Contardo: Versiones de un mismo fuego

En marzo de este año, Mónica González en su programa de entrevistas de La Red le formuló al entonces precandidato presidencial Mario Desbordes una pregunta: ¿Quién quemó el Metro? Había pasado un año y cinco meses desde que 10 estaciones fueran incendiadas completamente y 79 dañadas en sus instalaciones. Aunque no era parte de las responsabilidades de Desbordes, la periodista le preguntaba atendiendo a su trayectoria: él había sido carabinero, subsecretario de Investigaciones y, a esas alturas, exministro de Defensa, por lo tanto, estaba familiarizado con investigaciones de este tipo y mantenía contacto con fuentes directas que deberían tener información. Además de un hecho gravísimo en sí mismo, los incendios de las estaciones del Metro habían sido un símbolo de la violencia callejera desatada durante el estallido de octubre de 2019. También fue parte de la justificación para que el Presidente Sebastián Piñera anunciara el sábado 20 de octubre, por cadena nacional, rodeado de militares, que el país estaba enfrentando una guerra contra “un enemigo poderoso”. Al día siguiente, esa aseveración quedó reafirmada por un audio filtrado en donde Cecilia Morel advertía a sus cercanos de que el país estaba sufriendo ataques organizados por extranjeros. Aunque fue tomado a la ligera, ese audio calzaba perfecto con la idea de Piñera. La primera dama sostenía que “se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento”, y añadía que “intentaron tomarse el aeropuerto”. ¿Por qué pensaba eso? ¿Quién le dio esa información? ¿Cómo sabía que había una “estrategia”? Meses más tarde, en marzo de 2020, en el noticiero de Mega el Presidente Piñera insistió en explicar los incendios como una trama urdida con anticipación.

En la entrevista concedida a Mónica González, Mario Desbordes respondió que, según la información que el Ministerio Público manejaba actualmente, los responsables del incendio del Metro eran miembros de grupos anarquistas y de barras bravas, una mezcla que se habría volcado a las calles a provocar destrozos durante las noches de la revuelta. La periodista insistió entonces en la razón para que el gobierno haya mencionado un “enemigo poderoso” y una acción, o ataque, coordinada y concertada. La suma de grupos de anarquistas y barras bravas es demasiado vaga como para calzar con la idea que se planteó oficialmente de modo categórico la noche del 20 de octubre de 2019. Entonces, Desbordes contestó de manera indirecta: “Hubo extranjeros ingresando a Chile de manera clandestina, tanto cubanos como venezolanos, sí hubo”, dijo. Esas personas, en la teoría oficial, habrían llegado al país con la intención de provocar algún tipo de daño. La versión se ajustaba a la idea que deslizaba una y otra vez la primera autoridad del país y a la alarma sembrada en círculos conservadores locales que hablaban de grupos marxistas como los responsables de la violencia. La versión de los extranjeros agitadores se sustentaba, según Desbordes, en información que había brindado el gobierno boliviano del momento, encabezado por la presidenta interina Jeanine Áñez, actualmente en la cárcel acusada de sedición. ¿Por qué vía llegó esa información de un país sin embajador en Santiago? ¿Quién mantenía contacto con el gobierno de Áñez? ¿Cuántas personas habrían ingresado y cuáles eran sus contactos en Chile? ¿Cuántas decisiones se tomaron dando esa información como cierta? Claramente esas son preguntas que deberían responder quienes estaban a cargo de la seguridad interna durante los días del estallido y que durante meses se aferraron al llamado Informe Big Data, que luego fue desestimado por el Ministerio Público. Los meses pasaron, a la crisis política y social se le sumó la pandemia, los frentes se multiplicaron.

Han transcurrido dos años y aún no existe certeza sobre los responsables de los incendios en el Metro.

A principios de este mes la justicia absolvió a los dos hombres acusados por los daños en una de las estaciones: el tribunal consideró que las pruebas resultaban insuficientes para condenarlos por el delito de incendio calificado. El puñado de personas imputadas hasta ahora no da cuenta de la escala de la destrucción provocada durante las jornadas de octubre de 2019 en la red de transporte público, acciones de vandalismo que el propio gobierno en su momento calificó como un ataque organizado y planificado. Hay demasiados cabos sueltos y muchísimas preguntas sin contestar que se suman a una crisis de derechos humanos en la que se ha ido instalando, de manera imperceptible, un manto de impunidad. Otro más.

El gobierno actual está llegando a su fin, y lo hace entregando un país muy distinto del que recibió, no sólo más pobre y convulsionado, sino también uno con instituciones degradadas hasta el límite del escándalo. El recuento es largo, los ejemplos nutridos, y el caso de los incendios del Metro es un ejemplo más de una sociedad en donde se cometen demasiados crímenes sin que jamás se encuentre a los responsables. Una democracia en donde un presidente puede declarar la guerra por televisión sin identificar el enemigo, ni ofrecer explicaciones para hacerlo.