La semana pasada nuestros políticos cometieron un grave error, al dar los primeros pasos en una reforma constitucional que permitiría el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Entre todas las opciones disponibles para ayudar a la clase media, eligieron una que condena a nuestros ancianos a un futuro de pobreza y desilusión. Además, es posible que, de aprobarse, el fondo solidario para complementar “las pensiones producto de los montos retirados” resulte en un aumento de la deuda pública de hasta 18 mil millones de dólares. Hay alternativas más eficientes y equitativas. Incluso, la propuesta del gobierno – crédito blando por cuatro años, con posibilidad de condonación – es superior, y más beneficiosa para las personas necesitadas y afectadas por la pandemia, que la reforma que avanza en el Congreso.

Lo más grave es que este no es un error aislado, o un acontecimiento único.

Porque la verdad es que, desde hace años, la mayoría de nuestros políticos se ha empecinado en cometer un error tras otro. A veces pareciera que su principal objetivo es implementar medidas desastrosas. Estas malas decisiones han contribuido a descarrilar una trayectoria que prometía transformarnos en una nación más moderna y equitativa. Ya no tenemos el mayor nivel de vida de la región; tampoco las perspectivas más auspiciosas. Nos hemos transformado en un país polarizado, atrapado por la violencia y la incertidumbre. En esta situación todos tienen responsabilidades, los de la “retroexcavadora” y los del “desalojo”.

Cuando, con la debida perspectiva, se escriba la historia de esta época, estos años serán recordados como “los años de la multitud de errores”. Algunos fueron grandes errores y otros más pequeños, algunos fueron errores por acción y otros por omisión, pero todos han contribuido a que nos encontremos en una situación extremadamente difícil, al borde del despeñadero.

Empecemos con el 2005. Es evidente que después de las reformas constitucionales de ese año, el Presidente Ricardo Lagos debió haber realizado un plebiscito sobre el nuevo texto constitucional. La aprobación hubiera sido masiva, y la constitución refundada y modernizada bajo su liderazgo hubiera adquirido una automática legitimidad. ¡Cuántos líos y violencia hubiéramos evitado con este simple hecho! Desde luego, esto no significa que la constitución hubiera quedado estancada. Nuevas reformas se hubieran podido implementar en forma ordenada y orgánica, sin recurrir al expediente de una “hoja en blanco”.

La decisión de Michelle Bachelet de incorporar al Partido Comunista a la Nueva Mayoría, fue otro error extremadamente serio – quizás el más grave de todos. Recordemos lo que pasó: Salieron de la coalición el ex ministro de hacienda Andrés Velasco y sus seguidores, y entraron el señor Guillermo Teillier y sus camaradas del Partido Comunista. Es decir, se reemplazó al político más progresista, cosmopolita y moderno del país (Mr. Velasco), por militantes de un partido político anclado en el pasado, un partido cuyo norte fue una nación autoritaria y dictatorial (la URSS), que, ante su fracaso, decidió, voluntariamente, desbandarse y desaparecer. Cambiar el futuro por el pasado, y la mesura por las posiciones extremas fue, desde luego, una pésima decisión para el país.

Otro error serio tiene que ver con el sistema de pensiones. Desde hace muchos años sabíamos que, debido al aumento en la esperanza de vida, las pensiones eran insuficientes, y que la situación entre los adultos mayores se hacía cada vez más difícil. Este tema fue documentado en detalle, primero por la “Comisión Marcel” y luego por la “Comisión Bravo”. Las soluciones sugeridas eran simples, e incluían medidas tomadas por prácticamente todos los países avanzados del mundo: aumentar la tasa de contribución, elevar la edad de jubilación, y reducir el número de meses con “lagunas contributivas”. Pero, en vez de poner ese plan de reformas en marcha, durante años los políticos nada hicieron al respecto. Postergaron toda acción hasta que el problema adquirió un nivel de crisis.

Pero, desde luego, los errores no terminan ahí. La insistencia – obstinación, en realidad – del ex ministro de hacienda Felipe Larraín por implementar una reforma tributaria que, desde un punto de vista político, no tenía ninguna probabilidad de ser aprobada, terminó consumiendo todas las energías de la segunda administración Piñera, en desmedro de otras medidas incluidas en el programa de gobierno. La insistencia con que se persiguió ese objetivo tributario – objetivo de dudosa importancia dentro del gran esquema de las cosas-, y la decisión de no negociar con la oposición, contribuyeron a desatar la crisis en la que se encuentra el actual gobierno.

La reciente distribución de cajas de alimentos, en vez de tarjetas pre-pagadas para utilizar, preferentemente, en almacenes y negocios de barrio es un error reciente. No grave, pero error, al fin y al cabo.

La postergación, durante años, de la reforma al Cuerpo de Carabineros construye otro error por omisión. Desde hace mucho tiempo numerosas voces han insistido en la necesidad de modernizar a la policía, de mejora su nivel de formación y dotarlos de material moderno y eficaz. Pero, se optó por la postergación permanente, y al llegar la crisis social no encontramos con una policía con atribuciones confusas, con credibilidad mermada, y con eficiencia dudosa.

Hace unas semanas, al terminar una entrevista por Zoom, un periodista extranjero me preguntó cuál debiera ser la estrategia chilena durante los próximos tres años. Sin vacilar, contesté: “No cometer más errores, desarrollar una visión compartida de país, y reestablecer una política de negociaciones y acuerdos”. Si no lo hacemos, seguiremos retrocediendo y hundiéndonos en una “nueva mediocridad”.