Cómo llega a las elecciones el anteproyecto constitucional de la Comisión Experta

Dos meses de funcionamiento, 16 plenos, 68 sesiones de subcomisiones, 14 capítulos y 192 artículos aprobados en general -y por la unanimidad de los 24 comisionados- son las normas que forman parte del anteproyecto de nueva Constitución. Esas son las cifras que acumula la Comisión Experta, el primer órgano del proceso constitucional que está operando desde el 6 de marzo de este año.

La base de operaciones de la comisión es la sede del Congreso en Santiago. Llevan semanas así, pasando casi desapercibidos para la opinión pública. Entre ellos mismos bromean en los pasillos del Congreso diciendo que casi nadie sabe lo que hacen y que su actuar ha tenido poco impacto a nivel ciudadano.

Sin embargo, ese contexto no los distrae de su labor. Los 24 comisionados saben que les queda un solo mes para terminar de redactar el anteproyecto. Si bien han recorrido buena parte de este camino, les falta la recta final, la cual estará marcada por las batallas políticas e ideológicas más potentes.

Durante estos días los expertos han llevado adelante la discusión en particular de las normas. Para eso tienen en carpeta más de 900 enmiendas distribuidas entre las cuatro subcomisiones. Hasta ahora no han votado ninguna indicación, todo eso ocurrirá a partir del lunes. El acuerdo inicial es que las cuatro subcomisiones despachen esas votaciones antes del 12 de mayo para luego tener espacio para los nueve plenos que se quieren agendar para la votación final de cada una de las enmiendas.

Pese a que aún falta saber las indicaciones que logren captar el quórum de 3/5 (los 14 votos necesarios para aprobar los artículos), las casi 200 normas que están en el borrador dan una primera señal de hacia dónde va el texto redactado por los expertos.

Los constitucionalistas suelen decir que el sistema político es el corazón y la “sala de máquinas” de una Constitución. Así lo creen los seis comisionados -Juan José Ossa (RN), Sebastián Soto (Ind.-Evópoli), Natalia González (Ind.-UDI), Gabriel Osorio (PS), Francisco Soto (Ind.-PPD) y Antonia Rivas (CS)- quienes son los encargados de elaborar las normas que modificarán las reglas políticas que rigen al país.

Estos comisionados suelen bromear diciendo que están diseñando una nueva “caja de herramientas” para que el Poder Ejecutivo y el Legislativo puedan funcionar de mejor manera. El comisionado Sebastián Soto, de hecho, en un pleno hizo una referencia médica y comentó que fueron identificando varias enfermedades para luego crear remedios y así combatir esas afecciones.

Sus palabras no fueron solo una metáfora. Son el resumen de la metodología de trabajo usada por estos expertos. Los comisionados llegaron a la conclusión de que el Congreso sufre de una alta fragmentación política que hace imposible gobernar. Con ese mapa, se encargaron de diseñar las mejores soluciones a ese problema. Para esto han sido extremadamente cautos y han evitado cualquier cambio brusco.

Lo primero que hicieron fue confirmar el régimen presidencialista. Eso no se tocó. Lo segundo fue atacar la fragmentación del Congreso implementando una barrera electoral de 5%. Eso significa que para que un partido pueda participar de la repartición de escaños en una elección parlamentaria, necesita tener al menos el 5% de los votos a nivel nacional. Las colectividades que no crucen ese umbral, quedarán fuera del Parlamento. Eso, dicen los expertos, hará reducir significativamente los 21 partidos que actualmente están en el Congreso.

Luego los comisionados centraron su mirada en los partidos y sus parlamentarios. Para eso pensaron normas que combatan “el discolaje y el transfuguismo político”. Aquí aparece la norma que establece que perderá el escaño el diputado o senador que renuncie al partido o sea expulsado de su colectividad. A su vez, incorporaron las órdenes de partido, algo que actualmente no es parte del diseño institucional.

Los comisionados tienen su mirada puesta en fortalecer a los partidos políticos y para eso mejoraron su regulación interna. Así, también elevaron los estándares de sus procesos disciplinarios y le encargaron al Servel y al Tricel que administren y califiquen sus elecciones internas.

En cuanto a los mecanismos de participación, los comisionados incorporaron las iniciativas populares de norma y las iniciativas derogatorias de norma. Esta última ha sido defendida por el comisionado Francisco Soto, quien logró convencer a la derecha para apoyar estos artículos, sector que reconoce que este tema no le gusta.

Para lograr gobiernos con mayorías parlamentarias, los expertos trasladaron la elección parlamentaria para que calce con la segunda vuelta presidencial. A su vez, en las enmiendas, pretenden hacer que la elección municipal se realice el último domingo de abril del último año presidencial de cada administración.

Para perfeccionar la relación del Ejecutivo con el Congreso, los comisionados elevaron los quórums de la acusación constitucional. De igual manera, para desincentivar el abuso de esa facultad, crearon un examen de gestión presidencial. Sin embargo, el asunto no convence a todos los expertos quienes ahora plantean que este examen podría cultivar “un germen parlamentarista”.

También crearon una agenda prioritaria para el Presidente. En su cuenta pública, el Mandatario podrá escoger un máximo de tres proyectos de ley como parte de su agenda legislativa prioritaria. Estas iniciativas deben tramitarse en un año.

Para reformar la Constitución aprobaron que el quórum sea de 3/5 y en las enmiendas tendrán que definir si incorporarán o no un mecanismo de reemplazo de la Constitución. A su vez definieron que todas las leyes se aprobarán por mayoría simple. Las leyes de quórum calificado o leyes institucionales se aprobarán por mayoría absoluta. Finalmente, se crea una acotada categoría de ley electoral que requerirá de 4/7.

La Comisión Experta mantendrá el diseño de una justicia constitucional especializada. Para eso le cambiará el nombre al actual Tribunal Constitucional (TC) y lo bautizará como Corte Constitucional. Tendrá nueve ministros y no habrá voto dirimente. El cambio más significativo que incorporó la subcomisión de Órganos Autónomos -que la integran Catalina Salem (Ind.-RN), Hernán Larraín (UDI), Katherine Martorell (RN), Leslie Sánchez (PL en cupo PPD), Domingo Lovera (RD) y Paz Anastasiadis (DC)- es que eliminaron el control preventivo sustantivo, es decir, el examen en abstracto y de fondo que hace el TC a las leyes antes de que sean promulgadas.

Ese es por lejos el asunto que más complica a la derecha, sector que pretende reponer este tema con una indicación que revive el control preventivo sustantivo, pero con devolución al Congreso para que sea el Parlamento el que tenga la última palabra.

Otra de las materias importantes es que las funciones no jurisdiccionales del Poder Judicial salen de la Corte Suprema y se trasladan a una Comisión Coordinadora de Justicia. Esta instancia coordinará a cuatro órganos -a cargo de nombramientos, disciplina, formación y gestión y administración- “que funcionarán autónomamente y de forma coordinada”. Este diseño es defendido por el comisionado Larraín, pero se ha topado con fuertes resistencias por parte de los jueces quienes son partidarios de que todas las funciones queden a cargo de un solo órgano.

En el Ministerio Público los comisionados crearon un órgano consultivo para el fiscal nacional y se permite la creación de “fiscalías supraterritoriales”. Dentro de las normas del Ministerio Público, además, se conforma un Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas.

La subcomisión de Principios -de la que forman parte Máximo Pavez (UDI), Marcela Peredo (Ind.-RN), Carlos Frontaura (Ind.-Republicano), Catalina Lagos (PS), Verónica Undurraga (Ind.-PPD) y Magaly Fuenzalida (Ind.-FRVS)- fue la encargada de redactar la norma que consagra el Estado social. En este tema, cortaron por lo sano y solamente copiaron la base institucional.

Además, aprobaron una norma que establece que “el Estado deberá servir a las personas y a la sociedad”, se mantuvo a la familia como el núcleo de la sociedad y la autonomía de las “agrupaciones sociales”.

Pese a que aún no hay ninguna norma sobre paridad, sí se visó un artículo que copia una norma de la Constitución francesa y que habla sobre “el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos”.

Esta subcomisión ha sido testigo de las peleas políticas e ideológicas más fuertes del órgano. Está integrada por los comisionados Jaime Arancibia (Ind.-RN), Bettina Horst (Ind.-UDI), Teodoro Ribera (RN), Alejandra Krauss (DC), Alexis Cortés (PC) y Flavio Quezada (PS), quienes llevan semanas en una dura disputa por el derecho a la salud.

En este tema los expertos aprobaron en general un inciso -casi idéntico a uno de la Constitución vigente- que protege la libertad de elección entre un régimen de salud estatal y uno privado. Para la derecha esa norma es importante porque resguarda la libertad para escoger al asegurador y al prestador. Para la izquierda la norma es “peligrosa” porque dicen que “constitucionaliza el modelo de las isapres”.

El oficialismo ha dicho una y otra vez que la libertad para escoger al prestador está asegurada, pero no quieren que la Constitución bloquee la opción de que el Congreso pueda legislar políticas públicas, tal como lo han hecho estados sociales europeos, que cambien el modelo actual de administración del 7% de cotización obligatoria de salud para, por ejemplo, incluir solidaridad con cargo a esa cotización o avanzar hacia un seguro único administrado por el Estado.

La derecha, por su parte, ha dicho que quiere evitar esa última opción ya que -en ese caso- la libertad de elección se limita y queda acotada “solo para los ricos” que pueden acceder a un seguro privado. Además, dicen que la solidaridad debe ser con cargo a los impuestos generales de la nación.

En educación superior, elevaron a rango constitucional la gratuidad. Asimismo, incorporaron el derecho al trabajo decente, la libertad sindical con derecho a la huelga circunscrita a la negociación colectiva y abrieron la opción a una eventual negociación ramal.

También innovaron añadiendo el derecho a la vivienda adecuada y preferentemente propia. En agua, por el momento, dejaron todo igual. Finalmente crearon un nuevo capítulo sobre protección del medioambiente, sostenibilidad y desarrollo. Este acápite solo tiene tres artículos. Por lo tanto, en las enmiendas los comisionados pretenden mejorarlo e incorporar lo que les quedó pendiente.