Tres caminos unen las historias de Francisca y Manuel, nombres con los que estos dos reos se identifican para este reportaje. Ambos tienen en común la vida dentro de una cárcel luego de ser imputados, enjuiciados y sentenciados, la religión y la opción real que tienen de reunirse con sus familias en caso de ser indultados para cumplir el resto de su sentencia bajo un arresto domiciliario total, para así descomprimir la densidad carcelaria ante el aumento de contagios por Covid-19 en el país.
Lejos de las disputas que esta semana enfrentaron al gobierno con parte del oficialismo por la aprobación de una ley de indultos conmutativos para aliviar al sistema, cerca de 1.300 condenados de baja peligrosidad continúan en sus celdas esperando que se llegue a un acuerdo político que evite más afectados por el virus.
“No estamos jugando, estamos frente a algo muy grave como es la pandemia, que no podemos controlar en las cárceles”, lamentó el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
En medio de esta disputa política, que incluso tuvo a un grupo de senadores de Chile Vamos elevando un recurso al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional la exclusión de los condenados por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco, La Tercera se contactó con Francisca y Manuel, dos personas que actualmente cumplen condenas en la Cárcel de Mujeres de San Joaquín y Colina 2, y que forman parte del listado que elaboró Gendarmería de reos que podrían acceder a este beneficio, entre los que se encuentran adultos mayores de 65 años y menores de 75 años, embarazadas o mujeres que tengan un hijo menor de dos años.
Contagio al acecho
La celda en que habita Francisca, junto a otras dos compañeras, al interior de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín, está decorada con fotografías de sus cuatro hijos y una cuna donde duerme Claudio, su hijo de 10 meses de vida. Una condena por estafa la ha mantenido encerrada desde hace 12 meses y 22 días. Según cuenta, desde que comenzó la pandemia de Covid-19 su principal preocupación ha sido que “uno de mis hijos se enferme (Dios no lo quiera). Porque yo estando acá adentro no podría hacer mucho si uno de ellos se contagia y queda hospitalizado. Me angustia no poder asistirlo, es un dolor que como madre no se lo daría a nadie”. El rápido avance del virus ha contagiado a alrededor de cuatro mil personas en el país, incluidos cuatro reclusos de la Cárcel de Puente Alto. Uno de ellos, el esposo de Francisca.
“Me avisaron que mi marido estaba hospitalizado, porque él es uno de los contagiados de la Cárcel de Puente Alto. Entonces, pienso en que podría pasarle algo más grave y que los niños sufran por eso; vivir esta realidad me agobia mucho, sobre todo por la constante preocupación por mis hijos y por mi mamá, que también podría enfermarse”.
Desde su celda, en el penal de San Joaquín, la mujer recuerda que, desde que comenzaron las cuarentenas por los aumentos sostenidos de casos, les dijo a sus familiares que no fueran a visitarla. Como medida preventiva, dice, con sus compañeras de celda hacen aseo al lugar varias veces al día. “Contamos con insumos de limpieza que nos entrega Gendarmería. Además, ventilamos harto la pieza, nos lavamos las manos frecuentemente y tenemos mucho cuidado al estornudar. También me preocupo de que nadie se acerque a mi hijo”.
La idea de ser beneficiada con el indulto conmutativo ilusiona a Francisca. La mujer asegura que, aunque salga del penal, sabe que tendría que seguir “cumpliendo mi condena, pero en casa, teniendo claro que no es una libertad que nos están regalando, sino que una medida para cumplir lo que nos queda de condena”. En su caso, dice, la cuarentena no sería una tarea difícil de sobrellevar: “Acá adentro de la cárcel ya estoy aislada de la sociedad. Ya me acostumbré al encierro, así que cumplir una cuarentena es una tarea fácil”.
A poco más de 35 kilómetros de la Cárcel de Mujeres, en el penal Colina 2, de la misma comuna, cumple condena Manuel, de 65 años. Una causa por microtráfico le significó recibir una condena hace 490 días, en una celda que comparte con otras 50 personas. Todas ellas, dice, de religión evangélica.
Los problemas de salud que presenta, sumados a su edad, lo transforman en parte de la población de riesgo ante un eventual contagio de Covid-19. “En la celda donde estoy no es posible mantener la distancia que recomiendan, porque estamos juntos, a menos de un metro. Además, caminamos y ocupamos todos el mismo baño”, detalla.
La cocina del penal, también llamado el “rancho”, es el lugar donde trabaja. Allí debe usar mascarillas y guantes debido al contacto que tiene con otras personas del penal. Sin embargo, al llegar a su celda, los implementos para evitar contagios pasan a segundo plano: “En los dormitorios pocos usan mascarillas, hay gente que no le gusta usarla. Es un riesgo grande, esto viene de varios países donde ha muerto bastante gente y no es una cosa que se puede tomar como broma. Es una cosa seria”.
Su eventual salida del penal, en caso de que se concrete la entrega de beneficios, lo ilusiona a él y a su familia. “En la cárcel es muy poco lo que se aprende. Uno se encuentra con personas que son malas, tienen el pensamiento malo, por eso llegué al módulo de los hermanos (evangélicos), porque mi vida la quiero cambiar, ya he hecho bastantes años detenido y he tenido buena conducta en todas las partes en que he estado, siempre he trabajado”.
Aunque en su casa viven cuatro personas, asegura que también hay un espacio y que lo están esperando. Por eso el riesgo de contagiarse dentro de la cárcel es un tema que le preocupa. “Si llego a salir de acá, voy a tener que cuidarme tal como se está cuidando mi familia. Espero que al salir me hagan el examen (para Covid-19) para ver si estoy o no contagiado. Porque imagínese que esté contagiado y llego donde están ellos”.
Pese a los planes de contingencia que Gendarmería ha desarrollado en los recintos carcelarios para evitar la propagación del virus, los contagios en unidades hacinadas hacen difícil su contención. Mientras tanto, reclusos como Francisca y Manuel seguirán esperando en sus celdas hasta que La Moneda y el Congreso lleguen a un acuerdo que les conceda, a ellos y a otros 1.300 reclusos, una nueva oportunidad.
