Cuenta pública: las tensiones tras la última oportunidad de Boric

El Presidente Gabriel Boric había llegado hacía menos de 24 horas de su gira por la Región de O’Higgins cuando entró al Salón Montt Varas, donde lo esperaban todos sus ministros para tener un nuevo consejo de gabinete.

El Mandatario, quien siempre aprovecha el inicio de la instancia para dar en público un mensaje, escogió la ocasión para calentar los motores de lo que será su tercera cuenta pública el próximo 1 de junio. Así, Boric apretó a los secretarios de Estado presentes, les pidió un amplio despliegue comunicacional en regiones y, de paso, expuso en público las primeras líneas de hacia dónde está enfocando el discurso que dará en tres semanas más. “Es nuestra tercera cuenta pública y quizás la última en que podamos poner metas dentro de nuestro gobierno”, comentó el Presidente.

Que el Mandatario abordara lo que será su próximo discurso presidencial no fue una sorpresa en Palacio. Hace semanas que el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), y su equipo están preparando los insumos para ello.

Junto al jefe de los asesores encargados del seguimiento de los compromisos presidenciales, Leonardo Moreno, han ido pasando lista a los logros obtenidos por la administración Boric, ya que uno de los objetivos principales es mostrar los resultados conseguidos por el gobierno. Así lo cree también uno de los timoneles de partido del Socialismo Democrático. “Esta es la última cuenta pública de realizaciones a menos de dos años del término del gobierno, por lo tanto, debe tener un cariz ciudadano, que la gente logre apreciar en lo que se ha avanzado y pueda apreciar cómo ha afectado su diario vivir. El tiempo que nos queda no puede perderse”, afirma el presidente del PR, Leonardo Cubillos.

Este tipo de aspiraciones se han podido exponer en instancias formales con el gobierno. Hace poco menos de un mes, los partidos del oficialismo abordaron por primera vez este tema con Crispi. Lo hicieron en las reuniones semanales que están teniendo los viernes cerca de las 12.00 en el Salón Matta de La Moneda. Ahí, por iniciativa de las colectividades presentes y de manera preliminar, los representantes de los partidos comentaron que el discurso del Mandatario debía tener un “tono convocante”, seguir “una línea estadista” y “marcar la línea de cuáles serán las últimas prioridades”. Quienes estuvieron en esa reunión comentan que Crispi se mostró receptivo.

De fondo, tanto en los partidos como en el Ejecutivo toman nota del descenso que la semana pasada sufrió la aprobación del Presidente, bajando del 30% de aprobación sostenido de los últimos meses según el sondeo de Cadem.

En el oficialismo reconocen que los hechos de la coyuntura no han dado tregua y que por lo mismo no se ha vuelto a hablar sobre la cuenta pública. Todos los esfuerzos se han centrado en los temas de seguridad tras la muerte de tres carabineros en Cañete y, ahora último, con la crisis que enfrenta el Ejército por el conscripto fallecido en Putre.

Sin embargo, las palabras del Jefe de Estado durante el consejo de gabinete del viernes pasado haciendo referencia a la última oportunidad evidencian una preocupación que ronda en La Moneda y también en el oficialismo: el tiempo se acaba y cada vez queda menos espacio para concretar las transformaciones que prometieron cuando conquistaron La Moneda.

En la alianza de gobierno hay expectación de los anuncios que está preparando el Mandatario, los cuales están cruzados por las constantes fricciones entre las tres fuerzas que conforman la actual administración de Boric. Por eso los partidos ya alistan sus sugerencias y las diferencias comienzan a asomarse.

Que Boric tenga conciencia de que esta es su última cuenta pública para conseguir la aprobación de sus proyectos es algo que también es compartido por el Frente Amplio (FA). De hecho, en ese partido, que está en pleno proceso administrativo de unificación, abunda cierta desazón respecto de los logros que ha tenido su gobierno.

Si bien han valorado algunas victorias -en materia de sueldo mínimo, 40 horas, litio, copago cero, ley integral contra la violencia hacia las mujeres, conciliación entre la vida familiar y laboral, y el royalty minero- está extendido entre la militancia y dirigentes frenteamplistas que han cedido demasiado y que “han ido perdiendo casi todas sus banderas”.

Las voces más críticas admiten en privado que las transformaciones estructurales ya no ocurrieron y que lo único que va quedando es lucirse con gestión. Lo ejemplifican con la reforma tributaria que no fue, una promesa de un fondo universal de salud que terminó desdibujado en una solución para salvar a las aseguradoras privadas y una reforma previsional que no toca a las AFP y cuyo componente solidario pende de un hilo.

Pese a eso, en el FA apuestan a que el Presidente actualice sus compromisos en dos temas especialmente relevantes para el sector. “Esta es la última oportunidad para dar señales sobre sistema de cuidados y alguna política en materia de educación que toque el CAE. Tanto porque son compromisos de la cuenta pública anterior, como también porque significan compromisos que el gobierno tiene capacidad de materializar para equilibrar los planteamientos originales del programa”, afirma la presidenta de la fundación Nodo XXI y futura secretaria nacional de contenidos del FA, Camila Miranda.

Hace casi un año, Boric renovó su promesa de “terminar con el CAE y establecer un nuevo sistema de financiamiento”. El proyecto, que en realidad estaba comprometido para 2022, tuvo que aplazarse. Esa vez el Mandatario explicó que tras el fracaso de su reforma tributaria “se ingresaría en la medida en que seamos capaces de ponernos de acuerdo respecto a un nuevo pacto fiscal”.

En el gobierno saben que ese compromiso sigue vigente. De hecho, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana (Comunes), lleva varios meses trabajando en un plan para modernizar los mecanismos de financiamiento de la educación superior y sobre todo en la fórmula por la cual decantará el Ejecutivo. En el gobierno comentan que si no hay nuevos ajustes, el proyecto debería presentarse antes de la ley de presupuesto de este año.

Los planes de Orellana, comentan en el FA, han chocado constantemente con la resistencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ha dicho que no hay recursos disponibles para condonar este crédito. Marcel junto con la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), son los emblemas del Socialismo Democrático en el gobierno. Mientras Tohá ha logrado sumar al Presidente al barco de la seguridad, Marcel ha hecho un trabajo paulatino para convencer a Palacio de lo relevante que es el crecimiento económico.

Pese a eso, los frenteamplistas saben que es un tema que no pueden abandonar, ya que representa el ADN de su proyecto político y que, en un escenario de nuevas urgencias sociales como la seguridad y la constatación de que son minoría parlamentaria, al menos vale la pena abrir la conversación.

“Pensar una condonación del CAE también supone plantearse terminar con los créditos por estudiar. Hay espacio en los actores institucionales para abrir el tema, lo que podría significar que este gobierno pueda terminar con el endeudamiento vía políticas bancarias. Esa sería una señal potente en esta clave de reconfiguración del escenario y de nuestro propio programa”, agrega Miranda.

En Palacio comentan que uno de los objetivos de la cuenta pública será evidenciar los logros que se han conseguido en el último tiempo. En este tema el gran protagonista será la agenda de seguridad que impulsa la ministra Tohá y que tiene, por ahora, la cifra récord de 52 proyectos despachados del Congreso.

Los proyectos sobre seguridad no eran parte del plan inicial del gobierno. A la fuerza, y como resultado de varios atentados, junto con el avance del crimen organizado, el Mandatario se tuvo que convencer de abrazar este tema y no volver a soltarlo más. Tanto así que hasta dedicó esfuerzos por darle un relato que le diera sentido a la izquierda.

“En seguridad hay harto que mostrar y con esto se terminará de consagrar el convencimiento que ha tomado el Presidente en este tema, el cual ha sido muy profundo. Para que eso sea creíble para la ciudadanía hay que destacar las leyes aprobadas, los recursos invertidos, las estadísticas que ya muestran algunas señales positivas. Tenemos harto resultado, no solo anuncios, y hay que sacarle provecho”, afirma la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

Al interior del oficialismo son varias las voces que afirman que en esta cuenta pública el Presidente terminará de “definir su discurso y su identidad en materia de seguridad”. Esto, agregan, evidenciando que en este tema su administración tiene un sello distintivo a lo que podrían ser otros gobiernos. Por lo mismo, las fichas están puestas en sacarle brillo al fortalecimiento institucional que ha realizado el Mandatario tanto a nivel de fuerzas policiales, pero también en el marco normativo.

En Palacio tienen interés por tener despachado el Ministerio de Seguridad para así sumarlo al listado de logros en este tema, pero diferencias en algunos detalles de ese proyecto de ley tienen entrampado al Congreso y no hay claridad de que el tercer trámite alcance a estar listo antes del 1 de junio.

Que toda la agenda esté focalizada en seguridad es materia de orgullo, sobre todo en el Socialismo Democrático, pero es una luz roja en otras fuerzas políticas, como el PC. Los comunistas resienten que todos los esfuerzos del Ejecutivo se concentren en este tema, ya que, dicen, “no llegaron a La Moneda solo para eso”. Esa incomodidad la han ido deslizando algunos de los dirigentes comunistas. Una de ellas es la diputada Lorena Pizarro: “Estamos en el tercer año del gobierno y hay que empezar a cumplir algunas promesas que se hicieron”.

Conscientes de que el tiempo se acaba, el PC está empujando reforzar los temas sociales. “Espero que se pueda relevar la agenda social y pueda tomar un nuevo protagonismo. Es importante que se repongan los énfasis sociales que se han visto eclipsados como consecuencia de la agenda de seguridad”, plantea el jefe de bancada de los diputados PC, Luis Cuello.

El PC acusa “un bloqueo legislativo” por parte de la derecha, por lo tanto, hacen un emplazamiento para explorar otros caminos, como el administrativo. Para eso, Cuello pone su mirada directamente en Marcel. “Una agenda social implica tener mayor disponibilidad de recursos. Muchas veces chocamos con esa pretensión. Si ponemos el énfasis en medidas que no requieren de nuevas leyes, yo espero que el ministro de Hacienda haga una reflexión respecto de una mayor flexibilidad para otorgar recursos para políticas públicas y así atender de forma eficaz las grandes demandas de la población que aún permanecen insatisfechas”, agrega Cuello.

Otro tema que preocupa al PC son los nulos avances que existen en materia previsional. Aquí sus intereses chocan con la protección que quieren hacer a uno de sus principales liderazgos: la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. La derecha no ha cedido en ninguno de los temas y los comunistas están viendo con malos ojos el devenir de esa negociación.

Boric pidió que se votara en mayo en la Comisión de Trabajo, pero la oposición dio un portazo de inmediato. El presidente de la instancia, el senador Iván Moreira (UDI), no votará el proyecto antes de julio, ya que antes dispondrá de seis semanas para debate técnico. Con pocas señales para llegar a acuerdo, al PC le preocupa que esto afecte la figura de Jara, quien incluso podría ser una de las cartas presidenciales del partido.

Mientras algunos en el PC quieren que el Mandatario endurezca el tono con la derecha por el bloqueo que tiene con esta reforma, en el resto del oficialismo piden lo contrario: dejar de lado la estrategia confrontacional y reiterar que el objetivo es “conseguir mejores pensiones ahora”.