De qué y de quiénes vamos a hablar este 2025

Ya no son dos las derechas, sino tres.

Cuando se produjo el éxodo de los desilusionados de la UDI -liderados por José Antonio Kast-, el sector se dividió en dos: por un lado, los partidos de la derecha tradicional -UDI, RN y Evópoli- y más a la diestra, el Partido Republicano.

Ambos polos se han ido disputando las últimas elecciones desde 2017, hasta que en 2021 la hegemonía del sector cambió de bando en dos comicios: las presidenciales de ese año, cuando fue Kast -y no Sebastián Sichel (Chile Vamos)- quien disputó el balotaje con Gabriel Boric- y el segundo proceso constitucional de 2023, cuando los republicanos desplazaron a las fuerzas tradicionales de derecha.

El contragolpe vino en las elecciones municipales y regionales del año pasado, que devolvieron a Chile Vamos la vitalidad de una coalición con décadas de batallas electorales en el cuerpo. Ahora, el escenario político también los beneficia con el favoritismo de la exalcaldesa Evelyn Matthei en las encuestas que miran a La Moneda.

El inicio de este año marcó el primer clivaje significativo de ambos sectores luego de que Chile Vamos decidiera negociar una reforma previsional con el gobierno. No son pocos quienes sostienen que esa decisión terminó por dinamitar cualquier posibilidad de entendimiento entre Matthei y Kast, al menos hasta la primera vuelta.

Esta vez, sin embargo, las posturas más conservadoras y radicales de Kast están amenazadas desde la derecha encarnadas en uno de sus exseguidores: Johannes Kaiser.

Si el segundo proceso constitucional fue el hito que consolidó a los republicanos como una fuerza electoral, también le significó un cisma, luego de que el diputado resintiera la decisión de su partido de participar en un nuevo intento por reemplazar la Constitución y renunciara a sus filas.

En medio de la formación del Partido Nacional Libertario, Kaiser añadió un nuevo ingrediente a la disputa de las derechas, que tendrán otro decisivo round en las elecciones de noviembre próximo. “Lo que está en juego es la eterna disputa entre halcones y palomas”, afirma el investigador del IES Pablo Ortúzar, quien agrega que, por un lado, hay “una centroderecha democrática que se inspira, a veces acríticamente, en los 30 años de la Concertación”, y por el otro, “una derecha reaccionaria que está haciendo el mismo juego que el Frente Amplio le hizo a la Concertación, y que busca cabalgar el péndulo todo lo posible hasta el extremo opuesto al del octubrismo”.

El Presidente Gabriel Boric -el Jefe de Estado más joven que ha gobernado el país- inicia la recta final de su mandato, que culminará en marzo de 2026.

Por ello, en el seno del gobierno ya comenzó a instalarse la premura por el balance de su gestión, el que -además- lo sorprenderá con los niveles de aprobación más bajos de su administración.

El debate por el legado deberá coexistir con la instalación del síndrome del “pato cojo” que afecta a todos los gobiernos en la recta final de su mandato y que se caracteriza por la drástica disminución de su influencia en el escenario político.

Según la exjefa del Segundo Piso Lucía Dammert, quien acompañó al Jefe de Estado en su campaña y en la instalación de su administración, “más que legado, el gobierno de Boric será recordado por la capacidad de buscar acuerdos, limitar polarizaciones y reconocer que los cambios requieren tiempo y construcción de voluntades”.

Las palabras de Dammert ejemplifican lo que ha sido el gobierno de Boric, un mandato que tras el fracaso del primer plebiscito constitucional tuvo que dar un fuerte y traumático golpe de timón, guardar las banderas iniciales con las cuales llegó al poder en una campaña marcada por el sello de Apruebo Dignidad (FA-PC), abrazar el pragmatismo, reconciliarse con los partidos de la antigua Concertación y conformarse a aceptar lo que siempre criticaron: avanzar “en la medida de lo posible”.

La Moneda -en todo caso- apostará por relevar el avance de su agenda en temas como la reforma previsional, copago cero, salario mínimo, 40 horas, política nacional del litio, royalty minero, ley integral contra la violencia hacia las mujeres, conciliación entre la vida familiar y laboral, fin de la deuda histórica de los profesores y pago efectivo de pensiones de alimentos.

El mayor desafío de Boric estará en la posibilidad de dar continuidad a su gobierno y a las alianzas que lo sustentan, lo que se ve cuesta arriba.

Dammert agrega un ingrediente más a ese reto: “La consolidación de una propuesta política de centroizquierda que permita consolidar al Frente Amplio como parte principal de una coalición progresista”.

El triunfo de Gabriel Boric en 2021 supuso un golpe de timón a la historia política del país: por primera vez desde el retorno a la democracia no eran la Concertación ni Chile Vamos los llamados a gobernar, sino una fuerza política incipiente, de menos de 10 años de existencia: el Frente Amplio.

Al inicio, Boric intentó hacer valer el peso de su alianza de origen -que sumaba al PC- y relegó a las antiguas fuerzas concertacionistas -rebautizadas como Socialismo Democrático- a lugares de escaso peso político, con una gran excepción: el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

La apuesta no alcanzó a durar un año y tras el fracaso constitucional de 2022, Boric abrió las puertas de su gobierno a las figuras del PS-PPD que son las que -hoy por hoy- conducen las áreas claves de su administración.

Aunque parte importante de las crisis de gobierno se han agudizado por las diferencias internas entre los personeros de estas alianzas -que han decantado en tres polos: PS-PPD, PC y FA-, el Mandatario ha puesto como elemento clave de la evaluación de su mandato la continuidad de este pacto. Él mismo ha reconocido públicamente que espera que uno de sus legados sea “formar una coalición de largo plazo para un proyecto progresista en Chile”.

Y la prueba definitiva de ello se dará este año, ya que los dirigentes de esas alianzas reconocen que el principal elemento que los mantiene unidos es el gobierno.

En los próximos meses el oficialismo tendrá que enfrentar una elección presidencial y una parlamentaria. El objetivo adquiere un peso mayor luego de que la oposición esté más dividida que nunca.

El debate se centrará en la capacidad de levantar una candidatura presidencial única -lo más probable es que dirimida en primarias en caso de que la expresidenta Michelle Bachelet cierre la puerta a una tercera postulación- y si lograrán presentarse en una lista parlamentaria única que -en caso de derrota- algunos ven como la única posibilidad de que las hoy filas oficialistas continúen en un camino común.

La mochila del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y de la directora de la Dipres, Javiera Martínez (FA), para este 2025 se viene muy pesada. Este año Marcel se juega su capital político para cumplir su compromiso con la meta fiscal, y Martínez deberá demostrar si honra o no el elogio que recibió de su jefe en 2023, cuando fue catalogada como “la mejor directora de Presupuestos que hemos tenido”.

Ese ensalzamiento se ha transformado en una maldición. No solo porque Martínez ha tenido que navegar en un mar de complejidades inesperadas -como ser imputada en el caso Democracia Viva-, sino que porque el elogio del titular de Hacienda ha intensificado las críticas al momento de ser evaluada.

El último Informe de Finanzas Públicas mostró que la cancha en la que tendrá que jugar la dupla Marcel-Martínez es totalmente adversa. Ese informe reveló que el balance estructural del sector público llegó a -3,2% del PIB, muy por debajo del -2,3% que se proyectó originalmente. A esa cifra poco alentadora se suma otra más: en 2024 el déficit efectivo llegó al 2,9% del PIB. Los números de la Dipres sacaron al pizarrón a Marcel y a Martínez, ya que dejaron en evidencia que no cumplieron su propia meta fiscal: alcanzar un déficit estructural de 1,9% del PIB en 2024. Tanto ha sido el desajuste que, en completo silencio, el equipo macroeconómico echó mano de $ 3,4 billones de Corfo para cuadrar la caja, una operación que recién explotó y que está minando la delicada línea de flotación de Marcel respecto de su credibilidad.

El tablero macroeconómico obligará al ministro a un nuevo recorte del gasto fiscal, ya que se quedó cortó con la rebaja que hizo para este año de $ 629 mil millones. Una misión imposible en pleno año electoral.

Por eso, el exdirector de la Dipres Matías Acevedo cree que “el principal desafío del ministro Marcel es que la nueva promesa de consolidación fiscal para estabilizar la deuda pública sea técnica y políticamente factible de sostener en el mediano plazo. Los hechos nos demostraron que la promesa vigente no cumple ninguna de estas dos condiciones”.

Ese escenario, dice Acevedo, tiene un solo camino: un acuerdo amplio que permita equilibrar las finanzas públicas.

Como ya se ha hecho costumbre, los nexos entre la política y la justicia se han entramado con fuerza este año, que traerá desenlaces que pueden resultar claves en un año electoral.

El caso de corrupción más emblemático que ha golpeado al gobierno -el lío de platas iniciado con Democracia Viva- verá el término de su arista principal, que tiene a la diputada Catalina Pérez desaforada -aún falta su apelación en la Corte Suprema- y a otros imputados exfrenteamplistas en situaciones judiciales complejas: Daniel Andrade, Carlos Contreras y Paz Fuica.

El cierre de esa indagatoria abrirá paso a un periodo que podría ser aún más largo: el juicio oral. Junto con pasar a esa fase, también debería quedar resuelto el futuro de las autoridades de gobierno imputadas que podrían no llegar a juicio, como el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, y la directora de la Dipres, Javiera Martínez.

“Nuestros ritmos no son los ritmos políticos, son los ritmos propios de una investigación compleja y técnica como son los delitos de corrupción. Pronto vienen más formalizaciones”, afirmó la semana pasada a La Tercera el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, al referirse al resto de las fundaciones que se han visto enredadas y de las que se busca responsabilidades en la trama de corrupción.

La investigación que tiene al exsubsecretario Manuel Monsalve encarcelado en Capitán Yáber también podría cerrarse en los próximos meses. Eso en cuanto a la arista principal, la imputación por violación, ya que aquella que refiere a presunta obstrucción a la investigación corre por carril separado.

En otra vereda, el penalista Luis Hermosilla también está en la lista de espera de quienes aguardan que sus investigaciones se vayan cerrando, aunque todo indica que enfrentará un prolongado y complejo juicio oral.

En los próximos meses deberá decantar el real peso de la red de favores construida por el abogado en torno al exministro Andrés Chadwick -de quien se debe despejar si se formalizará en la arista Parque Capital- y los miembros del Poder Judicial, sobre cuyo futuro también la Fiscalía debe decidir si perseverará, como es el caso de la exsuprema Ángela Vivanco, quien hasta ahora ha sido la principal caída de la red del abogado.