Los penalistas Samuel Donoso, Luis Hermosilla, Gabriel Zaliasnik y Eduardo Riquelme son amigos y se juntan a almorzar una vez a la semana. Justo les tocó este jueves -Zaliasnik no fue-, cuando al asunto de la gira a Europa que el Presidente Piñera pretendía iniciar el 22 de este mes le llovían las críticas por inoportuno.

Algunos de ellos también creían que era muy mala idea salir ahora -11 días- del país. Sobre todo cuando, cerca de las 13 horas, el gobierno anunciaba que la Región Metropolitana volvía a cuarentena: el plan se volvía inviable. Cinco horas más tarde, Palacio anunciaba que el viaje se “postergaba”.

La gira había sido confirmada por la Cancillería la tarde del miércoles; en la mañana se habían filtrado a los medios días y horas de actividades en Roma, Londres, Ginebra, Madrid, París. Con la agenda circulando urbi et orbi, los asesores del Mandatario advertían -había llamados por redes sociales- que en Europa armaban funas y protestas en su contra por las violaciones a los derechos humanos acaecidas después del 18/O.

En La Moneda y en RR.EE. aclaran que esa no fue razón para echar marcha atrás, y que así como él tenía muchos motivos y ganas de salir, aún piensa en hacerlo durante los nueve meses que le quedan en el poder. La última vez que el Presidente viajó al extranjero fue por pocas horas, al cambio de mando en Uruguay (1 de marzo de 2020).

Millas de más o de menos, a los consejeros de Piñera sí les preocupa su poco predecible futuro judicial. Independiente de hasta qué punto lleguen eventuales acciones en el extranjero que persigan su responsabilidad por atropellos contra los derechos humanos, ellas podrían -no ahora, quizá después- tener consecuencias sobre futuros planes de viajar. Y sobre sus bienes.

Un cuadro que Palacio monitorea -al menos- desde que el 29 de abril ingresara a la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) un recurso que busca abrir una investigación contra él, pero que, de prosperar, podría tomar años.

El mapa está en las cabezas de los penalistas que almorzaban el jueves. Donoso defiende a Piñera, Hermosilla a Andrés Chadwick, Riquelme a Gonzalo Blumel y Zaliasnik al ex general director de Carabineros Mario Rozas en los casos en Chile a raíz del estallido social. El Ministerio Público inició el 6 de noviembre de 2019 una causa por delitos de lesa humanidad, uno de los cuatro tipos de crímenes sobre los que tiene competencia la CPI.

La causa, que agrupó seis querellas y dos denuncias, está en fase investigativa, desformalizada y con diligencias en curso. Chadwick y Blumel ya declararon. El Mandatario -precisan en la Fiscalía Regional de Valparaíso- aún no.

Un pedazo de papel

“Denunciar es un pedazo de papel, no significa nada. No es una prueba, no es un fundamento. En la CPI no hay ninguna denuncia, hay una comunicación. Yo podría mandar 500 comunicaciones, acusando a cualquier persona”, dijo el Presidente en la ronda de entrevistas (TVN) la noche de su cuenta pública del 4 de junio, en la que reconoció que hubo atropellos de los DD.HH. luego del 18/O.

La “comunicación” -en lengua jurídica la llaman así- la ingresaron en abril el exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), a la CPI.

Palacio se enteró por la prensa; la corte no notifica estos actos. El Presidente hizo preguntas y su gente le explicó. Desde entonces, el “pedazo de papel” movió a dos asesores del Segundo Piso, los abogados Marcelo Meza -que ocupó la plaza dejada por Benjamín Salas- y Andrés Sotomayor, a estudiar en detalle cómo opera la CPI, las fases que toma tramitar un caso y qué posibles escenarios de riesgo hay.

Se ha conversado y consultado con “muchos” abogados y otros terceros, y Piñera también lo ha hecho. Su gente calcula que entre noviembre de 2019 y diciembre de 2020 la CPI ha recibido unas 800 “comunicaciones” de diversos casos y que habrían “descartado” unas 600.

Su equipo y él -lo describen muy pendiente de esto- están convencidos de que no tiene ninguna responsabilidad penal. Dijo en esa misma entrevista con TVN que “una cosa es cuando hay una política institucional, que nunca la hubo”, y “otra cosa es que alguien, y por supuesto ocurrió, no cumpla los protocolos, las reglas y cometa esos atropellos o abusos”.

Pero su anillo también advierte que ante el recurso ingresado no se ha armado un equipo jurídico ni contratado abogados ante la CPI. Nada, al menos mientras ésta no entre a las fases en que estudia y luego tramita un caso. En eso se pueden ir años.

En La Moneda miran con lupa el caso de Colombia, en etapa de Examen Preliminar desde 2004, y que ha recibido numerosas “comunicaciones”. Se ha enfocado en “presuntos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra” que se remontan al 2002 de Álvaro Uribe.

Expertos en la CPI precisan que en las primeras fases del examen preliminar -cuando se decide si hay base razonable para investigar- la fiscalía primero evalúa si tiene competencia o jurisdicción. La Fase 3 ve la admisibilidad de un caso, y ahí entraría a tallar cómo opera la justicia chilena.

El sistema penal internacional comienza a regir en la medida que la justicia no cumpla su tarea en el Estado (Chile ratificó en 2009 el Estatuto de Roma de 1998, texto constitutivo de la corte), donde han ocurrido crímenes de lesa humanidad. Es decir, que no se ha podido o querido investigar los casos, o si se sigue un proceso solo en lo formal para dar apariencia de uno, sin llegar a una solución en un plazo razonable.

Simplificando el idioma legal, según el principio de subsidiariedad, la CPI -si lo hace- entraría después de concluido el proceso chileno, si éste termina sin impartir justicia. Según el principio de complementariedad, puede hacerlo durante el mismo si es que se determina que éste no avanza o se dilata notoriamente.

Las consultas de Palacio han recogido visiones como la del abogado Juan Carlos Manríquez, que dio recomendaciones e hizo ver escenarios en que, de avanzar un caso que involucre al Presidente, podría derivar en una orden de congelamiento de sus bienes. Pero eso no podría pasar durante la etapa de examen preliminar y no sin que una de las salas de la CPI -apuntan- determine que hay bases o principios para avanzar.

La CPI precisa en su sitio oficial que “el Estatuto de Roma no da plazos para cerrar un examen preliminar”. Y que después de éste, según el caso, el fiscal puede: declinar iniciar una investigación; seguir recabando información, o iniciar una investigación. Cuando el fiscal considera que hay evidencia suficiente de responsabilidad penal puede pedir a los jueces que extiendan una orden de arresto o citación a comparecer.

Este mes cesa como fiscal jefe de la CPI la abogada Fatou Bensouda (Gambia); será sucedida por el criminalista británico Karim Khan, electo en febrero por los países firmantes del Estatuto de Roma. La votación fue secreta por falta de consenso y, según expertos nacionales, Chile habría votado por él.

La Moneda y juristas leen que podrían pasar años antes de saber si un caso que involucre a Piñera llega o no alguna parte en la CPI. Y ante hipotéticas acciones en países con jurisdicción universal -no se conocen casos, pero no son descartables; pasó en el caso Pinochet- un Presidente en ejercicio tiene inmunidad diplomática, que lo blindaría de ser detenido en el extranjero. Pero que esa inmunidad (que no vale para la CPI) expira después de dejar el cargo.

Por eso, abogados comentan que después del 11 de marzo del 2022 el Mandatario debería cuidarse -para evitar cualquier peligro- de salir al extranjero. Quizá con la excepción de Estados Unidos, Rusia y otros países que no han ratificado o firmado (China, India, Arabia Saudí y otros) el Estatuto de Roma. En La Moneda reconocen que los nueve meses que le quedan ahí son “la” ventana que le queda para viajar sin riesgos. Pero que también quiere hacer una gira de despedida.