El alcalde, los narcos y una demolición televisada

Pasadas las 8 de la mañana del 9 de febrero de 2023, en la esquina de José Miguel Carrera con Monseñor Carlos Casanueva, comuna de La Florida, varios canales de televisión, 160 funcionarios municipales -75 de ellos de seguridad ciudadana- se agolpan fuera de una casa que por fuera dice ser una barbería. Alrededor del alcalde Rodolfo Carter están varias cámaras transmitiendo en vivo y, más allá, una villa de casas pequeñas, en su mayoría de un piso con un pequeño antejardín.

Lo que está anunciando Carter es la demolición de parte de la vivienda, denominada como “narcocasa”. Explica que se echará abajo parcialmente el inmueble. La dueña es Nathali Pérez, y con su pareja, Carlos Retamales -conocido como “El Macaco”- están imputados en una causa por narcotráfico.

De la casa sacan camionadas con objetos, como juguetes, muebles y 18 cámaras de seguridad. Las máquinas derriban un muro y todo el segundo piso de la casa.

Dos semanas después, los mismos medios cubrieron una segunda demolición de una parte de otra “narcocasa” en La Florida. Esta vez, un inmueble ubicado en calle Santa Amalia, cerca de la villa Los Abedules.

La vivienda, informó el municipio, en este caso es propiedad de una socia de la misma banda, quien también está siendo procesada por tráfico de drogas. La demolición procedió de forma parecida a la primera: se demolió el segundo piso del inmueble. Solo que esta vez sin Carter en terreno -porque estaba enfermo, pero dando entrevistas a través de videollamada- y con 60 funcionarios menos acompañando la operación.

“Lo que quisimos decir con esto es que el crimen paga”, dice Carter, ahora, en su oficina. La idea de demoler casas vinculadas al narcotráfico surgió, explica, en una reunión con la Fiscalía Oriente, también en su despacho.

“Nosotros nos reunimos al menos una vez al mes con el Ministerio Público -cuenta el edil-. Y en una de esas, en octubre del año pasado, con la fiscal Lorena Parra, quien llegó con una posición bien abierta de escuchar, le dijimos: ¿Cómo lo podemos hacer desde la municipalidad para tener resultados?”.

En esa conversación, detalla una fuente que estuvo presente en esa reunión, desde Fiscalía le mostraron a Carter que los delitos en su comuna estaban aumentando, de la mano de causas de narcotráfico como la de la banda de Retamales.

Luego, la fiscal Lorena Parra comentó que en su experiencia como fiscal jefe de Las Condes, tuvo la oportunidad de viajar a Atlanta, Estados Unidos. Allí, vio cómo se demolieron casas que fueron alguna vez usadas por narcos. Y, en su lugar, se construían plazas y espacios públicos.

La reunión terminó, pero a Carter, lo que Parra le dijo, le quedó dando vueltas. Se dio cuenta de que la banda de “El Macaco” tenía varias propiedades en La Florida.

“Estos eran lugares que fueron allanados donde se confiscaron drogas y armas, pero que, luego, quedaban abandonadas. O, bien, en manos de familiares o conocidos de los narcotraficantes. El Estado puede rematar esas casas, pero al final del proceso, después de años. Y a veces los juicios se anulan y hay que partir de nuevo”, dice el alcalde.

Ahí, Carter explica que encontró una oportunidad de que la gente “volviera a denunciar y a confiar”. Enseguida, se puso a buscar un camino legal para detener esto. Y lo encontraron.

“Mira, sin o con narcotráfico, siempre ha existido la Ley General de Urbanismo y Construcciones -grafica el alcalde-, que habilita a las municipalidades, previa denuncia y proceso administrativo, a demoler las viviendas que no cumplan con la ley”

Carter continúa su explicación.

“Es algo muy común en Chile que haya ampliaciones fuera de la ley. Por eso muchos alcaldes no lo aplican, porque habría que echar abajo la mitad de Chile. Pero nos dimos cuenta que ese era el resquicio: estos tipos se toman una casa humilde y la reconstruyen, amurallan, fortifican. Entonces dijimos acá está la ley, y con esto podemos pegarles a estos tipos que se burlan del sistema hace tanto rato”.

El plan se puso en marcha. Hicieron un cruce de las casas que aparecían relacionadas a causas de narcotráfico con los datos que tenían en la Dirección de Obras Municipales. De eso, salió una lista final de 16 viviendas implicadas en esas causas, que tenían ampliaciones no regularizadas.

Luego, con el visto bueno del director de obras municipales -un funcionario de carrera que no lo nombra el alcalde, remarca Carter- procedieron a notificar a los residentes de estas viviendas sobre la demolición.

La decisión de cuál iba a ser la primera casa a derribar, dice el alcalde, se tomó a partir de un criterio en particular: “Buscamos la más difícil en términos técnicos, porque queríamos aprender todas las dificultades que íbamos a enfrentar. Primero, porque sabíamos que los narcos nos iban a lanzar a mujeres y niños como escudo, para decir que los estábamos agrediendo. Que iban a querer mostrar llantos, desolación. Y no podíamos arriesgarnos a que aparecieran carabineros forcejeando, o funcionarios empujando a niños. Ahí se iba todo al tacho de la basura”.

Por esto, destinaron equipos para todas las eventualidades.

“Lo segundo -sigue Carter- es que buscamos la más difícil arquitectónicamente. Porque nunca nos había tocado demoler una casa narco. Si demolíamos una zona que no podíamos demoler, por ejemplo, el narco nos podía demandar. De hecho, tenían abogados muy atentos a que nos equivocáramos. Y presentaron recursos en la corte para evitar la demolición, que fueron denegados”.

Carter admite que en un momento pensó en hacer cuatro demoliciones a la vez. “Quería dar una señal potente en distintos lugares de la comuna. Que íbamos en serio. Pero afortunadamente mi equipo no me hizo caso: era más alta la chance de equivocarnos”.

Las casas que Carter demolió eran unas de las tantas propiedades que el imperio narco de la banda de “El Macaco” tenía a su haber. Su líder, Carlos Retamales, es una persona en sus 30, sin estudios ni profesiones declaradas. Pero su patrimonio reúne una larga lista de propiedades, empresas y autos.

El fiscal de Alta Complejidad Jorge Martínez, de la Fiscalía Oriente, ha seguido los pasos de esta banda hace años. Actualmente, gran parte está en prisión preventiva -la causa aún no concluye-. Y pasa a comentar el origen de la investigación.

“A ‘El Macaco’, Retamales, lo empezamos a investigar aproximadamente el 2018, por denuncias de tráfico de drogas -indica el persecutor-. Pero luego, la investigación se abrió hacia delitos tributarios en el ámbito de sociedades”.

Además de traficar droga, según la tesis del Ministerio Público, Retamales, en conjunto con otros socios, armaban sociedades de papel, las cuales emitían facturas unas a otras.

“Luego, vendían estas facturas a una empresa de factoring: empresas que pagan por adelantado facturas a cambio de un pago con intereses. Pero después de pagar las primeras cuotas, ellos reventaban las sociedades y se quedaban con la plata. Por ende, también están formalizados por estafa”.

El imperio de “El Macaco” tenía como principal zona de influencia la población Los Quillayes, en el sector surponiente de La Florida. Entre los asociados al narcotraficante salta un nombre: Patricia Paredes, la dueña de la segunda casa que demolió Carter en Santa Amalia #533.

“Paredes adquirió esa casa el año 2012. Y pudimos probar que ahí se seguía desarrollando el tráfico de drogas. Ahí, potencialmente, se podía acopiar o fabricar droga”, dice el fiscal.

Luego, Paredes compró varios departamentos en General Arriagada, en la población Los Quillayes. “Además -suma el fiscal-, a pesar de declarar que ganaba un millón de pesos mensuales, se compró un Toyota Fortune por 21 millones, un Corolla por 15, un Mazda 3 por 15 y una Kia Sorento por 20. Por ende, la cifra no calza. La formalizamos por lavado de activos”.

La pareja de Retamales, Nathali Pérez, con quien tenía tres hijos, asoma también en la investigación. A pesar de que Pérez, por ejemplo, declaraba un sueldo de 2,5 millones de pesos, compró entre el 2017 a la fecha, una parcela en Paine por 45 millones, un Mercedes Benz valorado en 57 millones, una Land Rover por 58 millones, además de viajes al extranjero. Esto llamó la atención en la fiscalía, ya que tampoco calzaban las cifras.

La primera casa que demolió Carter en Monseñor Carlos Casanueva fue adquirida por Pérez el año 2012. Eso sí, no fue mencionada en la formalización. No se pudo probar que en su interior se cometieron delitos.

“Sabíamos que existía esa casa y fue investigada. Pero, a diferencia de la otra casa, de Patricia Paredes, no la incorporamos porque no teníamos antecedentes que ahí se desarrollaran actividades relacionadas con tráfico -subraya Martínez-. Formaba parte del patrimonio, pero no con actividades delictivas”.

Finalmente, en julio del año pasado, en un operativo donde participaron 250 efectivos policiales, Carabineros desbarató la banda “El Macaco”. Además de detener a 25 individuos, allanaron 29 inmuebles en La Florida y en otras 11 comunas de la Región Metropolitana.

Se incautaron más de cuatro kilos y 206 gramos de cocaína, un kilo y 228 gramos de marihuana, pasta base, cinco armas de fuego y siete chalecos antibalas. Se decomisaron 19 millones de pesos chilenos, casi 10 mil dólares americanos y 16 vehículos: varios de alta gama. El patrimonio total de la banda alcanzaba los 2.290 millones de pesos, sumando dinero y propiedades.

“Es difícil determinar qué es poderoso. Pero sí es una organización compleja en cuanto al nivel de traspasos de bienes y de transferencias de plata -asume el fiscal-. Una banda así de sofisticada no se ve a menudo”.

Entre los remanentes de este imperio narco caído quedaban algunas cosas en la casa de Monseñor Carlos Casanueva: un jacuzzi para cinco personas y un mueble de mármol sólido, el cual tuvo que ser sacado con retroexcavadora.

“Esa fue más compleja -dice el encargado de seguridad de La Florida, Carlos San Martín-. Porque había demasiados enseres en esa casa. Nosotros teníamos preparado un camión para transportar los que aparecieran. Teníamos pensado hacer uno o dos viajes. Terminamos haciendo 14, hacia distintos domicilios donde la ocupante de la casa nos indicó que le iban a recibir las cosas”.

Hubo algo más que les llamó la atención: cuando entraron a la casa en Santa Amalia, encontraron todos los bienes plastificados y cubiertos por sábanas, además de todos los televisores desmontados.

Los habitantes ya se habían resignado a que se efectuara la demolición.

Es el jueves 2 de marzo por la tarde. Dentro de una de las instalaciones de la Municipalidad de La Florida, el administrador municipal, Daniel Reyes, recibe a un grupo de vecinos de la Villa Los Abedules. La misma en que se encuentra la casa de Santa Amalia, la segunda que fue demolida.

La idea de la reunión es hablar sobre seguridad en el barrio. El primer tema que Reyes toca son las casas narco.

“Sabemos que hay inquietudes sobre lo que pasó la semana pasada. Cuando hicimos la primera demolición también había mucha incertidumbre y nerviosismo desde los vecinos porque las casas iban a seguir estando ahí. Y empezamos a detectar que vecinos se acercaban y decían, está bien lo que hicieron, pero necesitamos que se hagan cargo de otras cosas como municipalidad. Y lo encontramos razonable y obvio”.

Esta es, precisamente, una de las quejas que tienen varios vecinos de Los Abedules. Una vez terminada la reunión, un vecino de avanzada edad, quien vive hace 40 años ahí, se queja. No aprueba la forma en que se llevó el tema: “Esa casa ni siquiera nos dimos cuenta de que era una casa narco. Solo vimos cómo creció de la noche a la mañana -asegura-. A mí lo que no me gusta es el show televisivo”.

Entre los residentes del barrio también se comentó un punto: la casa de Santa Amalia actualmente sigue habitada. Sin ir más lejos, al pasar por fuera de ella, se puede ver gente regando o entrando su auto.

“Es que ese inmueble sigue siendo habitable -explica Carlos San Martín-. Pueden hacer lo que quieran en su casa, pero bajo la ley y cumpliendo las normas urbanísticas. Si no, no la dejamos construir”.

La medida de Carter abrió dos debates. El primero, en torno a si lo que estaba haciendo era posible. Y el segundo, si es que es realmente un aporte a la persecución del narcotráfico.

Hugo Frühling, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, define como “dudosa” la medida del alcalde. Si bien considera que, en la experiencia comparada, “afectar un bien que es utilizado con fines criminales sí ha demostrado ser efectivo”, la forma en que fue aplicada lo hace tener reparos.

“Lo que él hizo está dentro de la ley. Sin embargo, tendría que haber una política pública específica para esto. Porque si no, pueden pasar dos cosas que me parecen ilegítimas: primero, que el alcalde derribe casas usadas para fines legales, sin probar previamente que haya sido adquirida con fondos ilícitos”.

“Lo segundo -extiende el doctor en Ciencias Jurídicas- es que les aplica la sanción a algunos y no a todos los que cometen esa irregularidad. Eso es absolutamente incorrecto”.

El académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Diego Palomo, es más crítico aún. Considera que la medida es “populista” y que “confunde a la población”.

“Es un despliegue comunicacional que no está al servicio de los intereses de la comunidad, ni al servicio de los intereses de la sociedad en general, sino al servicio de una agenda personal política. Que puede ser legítima. Pero de ahí a disfrazar de política pública, de persecución criminal algo que no lo es, yo creo que no se ve bien”.

En su oficina, el edil no solo defiende su medida: también planea continuarla. Las 14 casas que quedan en la lista se botarán durante este 2023. De hecho este domingo, indican desde el municipio, está anunciada una nueva demolición.

“La gente nos hace una crítica -explica Carter-. Nos dice que es una medida menor. Sí, claro, esto no resuelve el narcotráfico. Se resuelve con miles de cosas. Pero lo que genera es una luz de esperanza. Y ojalá lo pongas: que la gente no pierda la fe de que los buenos pueden ganar”.