El “apartheid de género” que golpea a las afganas bajo el régimen talibán

Más de 20 años luchando por los derechos de la mujer en Afganistán y décadas dedicadas a la promoción de la igualdad, fue lo que Roshan Mashal destinó durante su vida a su país natal. Pero cuando los talibanes retomaron el poder en Afganistán, aquella dramática jornada del 15 agosto de 2021, en que Estados Unidos y la OTAN salieron apresurados tras dos décadas en territorio afgano, ella también se vio obligada a escapar. Y lo hizo a sabiendas de que era poco probable que pudiera volver a Kabul junto a su esposo y cinco hijos.

“Llevo casi dos años viviendo en Estados Unidos. Tras el colapso de la República Islámica de Afganistán y la toma del poder por los talibanes, me enfrenté a duras amenazas debido a mi trabajo previo”, relató a La Tercera Roshan Mashal, activista por los derechos humanos de las mujeres, que desde 2010 trabaja con Afghan Women’s Network como gestora de redes.

“La experiencia más difícil de nuestras vidas fue cuando perdimos todas nuestras posesiones materiales y espirituales. A pesar de haber dedicado más de dos décadas a defender los derechos humanos y el progreso de la democracia en Afganistán, nos vimos obligadas a renunciar a todo por lo que tanto habíamos trabajado”, explicó.

Actualmente, es becaria en la Universidad de Texas en Arlington, y duda que pueda regresar a su país. “Mientras los talibanes sigan en el poder y mantengan su presencia en Afganistán, el regreso no es posible”, se lamenta.

La promesa de tener una administración más moderada hecha por los nuevos gobernantes del país islámico siempre fue puesta en duda. Y un reciente informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) abrió esa grieta al reconocer que hay que “estar preparado para múltiples muertes evitables que podrían equivaler a femicidios”, según relataron expertos en derechos humanos independientes enviados por el organismo durante ocho días a Afganistán.

Cuando la invasión norteamericana se inició, a fines de 2001, las libertades de las mujeres se encontraban en una situación precaria. La estricta versión de la ley islámica impuesta por talibanes en su primera administración denegaba muchos de los derechos que en Occidente se consideran como inherentes a una persona.

Para marzo de este año, la ONU ya advertía que “la situación de los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán ha vuelto a ser la misma que antes de 2002″, y que el regreso de los talibanes al poder, en agosto de 2021, había borrado “los avances en materia de derechos de la mujer conseguidos en los 20 años transcurridos”.

Según Humaira Ameer Rasuli, abogada especialista en programas de Estado de Derecho, igualdad de género y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, la situación legal es uno de los aspectos más complejos en la actualidad, ya que los talibanes “desmantelaron el sistema de respuesta a la violencia de género y a la violencia doméstica”, explicó a este diario.

Sobre lo estructural, “han disuelto las instituciones que se encargaban de la protección y la prevención de la violencia de género, como la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán y el Tribunal para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. En el ámbito legal, “lamentablemente la sharia (versión talibán de la ley islámica), tal y como ellos la interpretan, es la única ley aplicable en Afganistán. Se aprobaron más de 40 reglamentos que afectan a los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres”.

En tanto, en lo práctico, “no está claro qué actos de violencia contra las mujeres se consideran delitos, qué tipo de recursos tienen las mujeres en el derecho civil y penal, cuáles son los procesos para registrar una denuncia, quién está autorizado a recibir y remitir las denuncias de las mujeres, cuál es el derecho de las mujeres a la asistencia letrada y a la representación, entre otras cuestiones”, explicó a La Tercera.

Esto se suma a que el “enfoque talibán de los derechos de la mujer es fragmentario, por lo que en su mayor parte no está articulado y no se basa en realidades prácticas”, lo que se traduce en que su uso difiere de una provincia a otra, e incluso entre tribunales de distintos distritos.

A la prohibición del ingreso de las niñas por encima del sexto curso en la escuela, incluido su denegado acceso a la universidad, se sumó la medida de que solo mujeres pueden atender a otras mujeres, y la reciente orden que no permite al género femenino el trabajar en ninguna ONG o en entes como la ONU.

Según Ameer Rasuli, se calcula que para 2021 cerca de 3,5 millones de niñas eran parte del sistema escolar, mientras que otras 100.000 mujeres estaban matriculadas en universidades públicas y privadas. Algunas afganas, incluso, dirigían sus propios negocios, pero eso se acabó. Además de tener que respetar un estricto código de vestimenta, no pueden viajar más de 75 kilómetros sin un mahram, persona con la que no puede casarse por razones sanguíneas y que, por tanto, las pueden ver en privado sin el hiyab.

La pérdida de posibilidades es masiva en la actualidad, cree Roshan Mashal. “Antes del régimen talibán, las mujeres afganas participaban activa y significativamente en diversos niveles gubernamentales y no gubernamentales, pero hoy se les ha privado de todo”. Esto, afirma, ha generado que “en Afganistán impere un apartheid de género, donde hemos sido sistemáticamente excluidas de la participación política y social”. El informe ONU cree lo mismo. Según la organización intergubernamental, la comunidad internacional “no puede hacer la vista gorda” ante “el fenómeno más amplio del apartheid de género” del mundo.

El regreso talibán se tradujo en el retorno de las ejecuciones extrajudiciales, reportó la ONU. “A lo largo de febrero, marzo y abril se produjeron detenciones y encarcelamientos arbitrarios de exfuncionarios del gobierno y de miembros de las Fuerzas Nacionales de Seguridad y Defensa de Afganistán”, detalla el informe.

Durante marzo, fuerzas talibanes dispararon al domicilio de un exagente de policía en Kandahar, matándolo en su hogar. Misma situación que vivió un exmilitar en Balkh, quien murió acribillado por desconocidos fuera de su casa. La ONU también acusa el regreso de prácticas como las ejecuciones públicas, latigazos y lapidaciones. Solo en los últimos seis meses, 274 hombres, 58 mujeres y dos niños fueron azotados públicamente.

Pero las heridas no son solo físicas. Mientras “las mujeres que hoy son cabeza de familia se enfrentan a inmensas dificultades y sufren enormemente debido a estas restricciones”, además de sufrir “una presión psicológica y un estrés excesivos, que empujan a algunas de ellas a recurrir al suicidio”, explicó este medio Roshan Mashal, en otros casos, la violencia está a medio camino entre lo corporal y lo psicológico. “Nuestra experiencia demuestra que han surgido disputas físicas, psicológicas y familiares. Hemos visto matrimonios infantiles, trabajo de menores y el aumento en la desnutrición infantil”, dijo Ameer Rasuli, agregando que han reportado casos donde familias incluso se ven obligadas a vender a sus hijos e hijas, quienes se ven arrastrados a matrimonios forzados para pagar deudas y acceder a comida, detalló. “Desgraciadamente, descubrimos que cada vez más mujeres se dedican al trabajo sexual o son víctimas de la trata para ganarse la vida, y no hay servicios públicos que ayuden a estas mujeres”.

La preocupación ha escalado incluso hasta Beijing. Así quedó de manifiesto en una pequeña cumbre realizada el miércoles entre Afganistán, Pakistán y China, donde el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de este último país, Wang Wenbin, pidió que el primero “dé pasos firmes en la dirección correcta, haga esfuerzos prácticos para ganarse la comprensión y la confianza de la comunidad internacional y cree condiciones favorables para que Afganistán siga desarrollando una buena vecindad y se integre en la comunidad internacional”. La situación llamó la atención, considerando que raramente el gigante asiático se involucra en políticas internas, salvo cuando tiene que ver con la lucha por la hegemonía con Estados Unidos.

“La comunidad internacional sigue teniendo muchas preocupaciones y expectativas respecto del gobierno interino afgano, incluida la esperanza de que la parte afgana avance más en la aplicación de políticas internas y externas moderadas”, además de adoptar “una actitud más decidida en la lucha contra el terrorismo para producir resultados más visibles”, dijo el portavoz chino, según Reuters.

Las autoridades afganas se desmarcaron de las acusaciones a través del ministro de Asuntos Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, quien dijo que “nunca hemos dicho que la educación femenina no sea islámica o que esté prohibida permanentemente en Afganistán. El decreto decía claramente que la educación femenina quedaba suspendida hasta nuevo aviso”, sin revelar la supuesta fecha. “Hemos avanzado mucho en esta cuestión, y el gobierno de Afganistán seguirá esforzándose por resolver amistosamente los problemas pendientes”, afirmó.

El rol de la comunidad internacional, creen desde activistas hasta la propia ONU, debe crecer. “La cuestión de los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán y su participación significativa en cualquier debate debe seguir siendo una de las principales prioridades de la agenda internacional. Las mujeres y las niñas no deben instrumentalizarse con fines políticos y sus derechos nunca deben utilizarse como herramienta de negociación”, dijeron los observadores del organismo internacional a principios de este mes.

Según Ameer Rasuli, los países no deben “dejar de apoyar a las organizaciones dirigidas por mujeres en Afganistán. Necesitan protección, espacios y redes para desarrollar nuevas estrategias que se adapten a la nueva realidad”. Y agregó: “La comunidad internacional debe apoyar al pueblo afgano, pues este no puede resolver estas crisis por sí solo”.