El círculo de seguridad de Matthei

El 3 de julio, Evelyn Matthei llegó a la librería Catalonia de Providencia tal como lo hace con cierta regularidad. La sorpresa -para los dependientes- fue que no compró uno, sino que varios ejemplares de Un virus entre sombras (2024), donde el oficial en retiro de Carabineros Pablo Zeballos revela cómo está operando el crimen organizado en Chile. “Se los recomiendo totalmente. Yo me llevaré 10 para regalar a mis cercanos”, posteó en su cuenta X.

Algo parecido había realizado antes con Radiografía de la violencia y el terrorismo en la Macrozona Sur: problemas y desafíos actuales (U. San Sebastián, 2023), escrito por Pablo Urquízar, excoordinador de seguridad en la zona de La Araucanía en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Matthei -la figura presidencial que lidera todos los sondeos de opinión- está consciente de que la seguridad y el crimen organizado no solo son una de las principales preocupaciones ciudadanas, sino que es un tema que puede desbalancear los resultados de los comicios de octubre y la presidencial 2025.

Y ahí tiene rivales de peso. El republicano José Antonio Kast, quien fue el primero en levantar esa bandera para el debate constitucional y en abril estuvo en El Salvador para interiorizarse del “modelo Bukele”. Y la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien ha liderado la agenda en esta área.

En su equipo permanente de consultas figuran Rodrigo Ubilla, ex subsecretario del Interior; Rodrigo Delgado, exministro del Interior; Pablo Urquízar, excoordinador de seguridad en la zona de La Araucanía; Alfredo Moreno, excanciller, exministro de Desarrollo Social y de Obras Públicas, y el general en retiro de Carabineros Enrique Bassaletti, actual candidato a alcalde por Maipú, en cupo republicano, a quien recibió el 6 de julio en su casa, para darle personalmente su apoyo.

Su diseño en seguridad contempla 14 grupos de trabajo, con una suerte de gerente o “cabezas de serie” -en procesos de definición- en tres macroejes: crimen organizado, violencia en La Araucanía y permeabilidad en las fronteras.

De este modo, en “Cárceles y Rehabilitación”, Christian Alveal, exdirector de Gendarmería (2018-2022) es uno de sus principales colaboradores. “El interés de la alcaldesa -dice- apunta a un efectivo control de las cárceles, porque si no se controla la delincuencia en las cárceles, jamás se va a tener el control de esta en las calles”.

Una de las prioridades, en esta línea, es la construcción de prisiones, que permitan una mejor segmentación. Para ello se están estudiando los modelos de paneles implementados en Australia -con tiempos de fabricación cortos, de hasta de ocho meses, especialmente para casos de baja reincidencia-, junto a experiencias en Estados Unidos e incluso en El Salvador. Y lograr un real aislamiento de los condenados cabecillas del crimen organizado en las cárceles que cuentan con elevados índices de seguridad.

De ahí que esta semana -si bien la jefa comunal valoró el anuncio del gobierno de retomar la construcción de una cárcel de alta seguridad- no dudó en hacer una advertencia.

“Me parece muy bien y eso yo lo suscribo por completo. El tema es que no puede demorar siete años la construcción, que es lo que demora en general la construcción de todas las cosas en Chile”, dijo.

Álvaro Bellolio, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, es una de sus figuras en el área de “Fronteras”, en la que participan ex uniformados.

“El control de la frontera es una prioridad crítica, dado que en los últimos 30 meses estamos enfrentando más ingresos clandestinos que en los anteriores 50 años sumados. Las propuestas están diseñadas para ofrecer una esperanza y una solución concreta a este problema, buscando fortalecer nuestra soberanía y seguridad”, afirma.

El objetivo es avanzar en supervigilancia aérea a través de satélites, drones e incluso aviones no tripulados, para evitar no solo el ingreso ilegal, sino que autos robados traspasen la frontera y sean vendidos en Bolivia. Se están analizando los costos y operatividad.

La abogada Katherine Martorell (RN) está apoyando en “Confiscación de dinero y bienes mal habidos”. Acá se plantea conformar equipos que se dediquen a perseguir e incautar los bienes de aquellas personas que no los puedan justificar vía ingresos. La ex subsecretaria de Prevención del Delito trabaja en una oficina aledaña a Matthei -en el Palacio Falabella- y estuvo a cargo recientemente del plan de seguridad que Providencia implementó en torno al mall Costanera Center.

En “Inteligencia, Redes Internacionales” los nombres se mantienen en reserva, al igual que “Inteligencia Financiera”, donde trabajan personas que estuvieron ligadas al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

En este ítem se sostiene que para avanzar no se requiere de una ley y que el SII debe pasar a tener un rol clave. Pues, aparte de enfrentar los elevados índices de evasión de impuestos, se debe abordar el comercio ilegal; vigilar la compra de autos de alta gama y/o la construcción y compra de casas de grandes dimensiones y parcelas de agrado, que no se puedan justificar.

Los grupos “Prevención en Escolares” y “Prevención en Barrios” se están dejando para más adelante, ya que Matthei busca incluir a gente con experiencia en desarrollo social.

En “Vigilancia en Ciudades” colaboran indistintamente los alcaldes de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, y de Vitacura, Camila Merino, además de Rocío Brizuela, directora de Seguridad en Providencia.

En “Puertos”, la alcaldesa está conversado con los privados, y en “Aeropuertos”, con personas que estuvieron cerca de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DAG). Aquí, la edil ha propuesto más tecnología para controlar lo que ingresa y sale del país y analizar los estándares de lo que existe y lo que falta.

La lista termina con “Protección y detección de corrupción de funcionarios en instituciones críticas”, “Reforzamiento de investigaciones (fiscales y jueces especiales, ingenieros, etc.)” y “Ciberseguridad”.

En esta primera etapa, el foco está centrado en las propuestas en seguridad con miras a los comicios de octubre. Bajo la coordinación de Juan Luis Ossa se encuentran trabajando los think tanks ligados a Chile Vamos -Fundación Jaime Guzmán, Horizontal, IdeaPaís e Instituto Libertad- que entregarán un documento a los candidatos ratificados por el Servicio Electoral en agosto.

También trabajan para Matthei expertos de Horizontal -centro de estudios ligado Evópoli- que a fines de abril presentó “100 propuestas para enfrentar la delincuencia en Chile”, tarea que estuvo a cargo del exministro del Interior, Gonzalo Blumel. En esa oportunidad, la candidata -quien asistió a la presentación del trabajo junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá- solicitó separar de las 100 medidas las más eficaces y las que se podían implementar sin la necesidad de una ley.

En el tema parlamentario, los nexos de Matthei -en seguridad- son los diputados Andrés Longton (RN) y los UDI Jorge Alessandri y Juan Manuel Fuenzalida. Este último, de muy bajo perfil público, es uno de los parlamentarios más cercanos a ella y ha estado trabajando en el tema del crimen organizado. Y Henry Leal (UDI), por la situación de La Araucanía.

A su vez, el grupo que se armó al alero del gremialismo está integrado por Constanza Hube, Álvaro Bellolio y Pilar Lizana, de Athena Lab.

Su arremetida en seguridad -donde tiene prácticamente una actividad de prensa a la semana- también le ha traído conflictos. Primero por la lista de 75 nombres de venezolanos que pertenecerían al crimen organizado, que le entregó al gobierno y en la que algunos de ellos habrían estado vinculados al crimen del teniente en retiro venezolano Ronald Ojeda -cosa que La Moneda desmintió-. Y, luego, por el vínculo que hizo entre narcotráfico y política.

“Hay bastante evidencia de que ya hay políticos que se financian con platas del narco”, afirmó Matthei hace un par de semanas en un panel sobre el tema en un acto en homenaje a Sebastián Piñera.

El oficialismo le respondió con dureza. Mediante una carta dirigida al fiscal nacional, Ángel Valencia, el senador Daniel Núñez y el diputado Luis Cuello -ambos del PC- solicitaron que la alcaldesa fuera citada a declarar, para que entregara a la justicia los antecedentes que posee sobre la denuncia. Mientras, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la emplazó a convencer a su sector a aprobar la ley que levanta el secreto bancario sin autorización de un tribunal.

Aunque sus dichos no fueron bien evaluados entre algunos personeros de Chile Vamos y de su círculo más cercano -especialmente porque revolvió las aguas en torno a la discusión del secreto bancario-, esta semana la edil insistió en el punto, especialmente luego que la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), se sumara a su planteamiento.

“¿Hay alguien en Chile que dude realmente de que hay políticos ya de alguna manera con algún tipo de contacto o de influencia de los narcos? Yo creo que nadie”, dijo Matthei el martes en el matinal de Canal 13.

Entre los últimos enfrentamiento también figura el que tuvo con la vocera Camila Vallejo, luego que instara a los candidatos municipales a “prometer” en seguridad, postura que retrucó la ministra diciendo que “el gran interés de las personas es no alimentar los miedos y preocupaciones, sino que las soluciones, las certezas”.

El punto es que al interior de Chile Vamos hay temor de que una excesiva exposición pública, con temas altamente controversiales, puedan impactar negativamente la opción Matthei a La Moneda. Especialmente, en una carrera que es de largo aliento.