Son tiempos de autocrítica. A días de cumplir dos años habitando La Moneda, en las filas oficialistas no han sido pocas las voces que han levantado mea culpa de toda índole, proyectando también el segundo tiempo que se le viene al gobierno de Gabriel Boric.

Gonzalo Winter, Francisco Vidal, Emilia Schneider, Luis Cuello, Daniel Manouchehri y Jaime Sáez son algunos de los dirigentes que han planteado -micrófono al frente- cuestionamientos al factor comunicacional y a la falta de una capacidad de plantear y defender mejor sus ideas, ante la fuerte arremetida de la derecha.

En los pasillos de La Moneda hay intranquilidad. Las autocríticas se suman a la tensión galopante entre el PC y el PS por el tono y el alcance de las reformas (sabiendo que no cuentan con las mayorías en el Congreso) y por la presión para acelerar la gestión. La mezcla es difícil de controlar, especialmente en un año electoral. Por ello uno de los principales desafíos que asoma para la segunda parte del gobierno es administrar esta creciente hostilidad que se ha instalado entre los polos más fuertes de las dos coaliciones que sustentan al gobierno.

En las últimas semanas, ello ha llevado incluso a que ministros del comité político intervengan en público, intentando calmar los ánimos de manera equidistante. Dos han sido los últimos episodios. El viernes 9 de febrero, una serie de cuestionamientos se levantaron desde el PC y el Frente Amplio al propio Boric, luego de que dijera -en el funeral de Estado a Sebastián Piñera- que “las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable”.

Las parlamentarias del PC no sólo lo acusaron de “negacionista”, sino que el propio presidente de ese partido, Lautaro Carmona, se sumó a los cuestionamientos al sostener que Piñera tuvo una “responsabilidad indesmentible” en las violaciones a los derechos humanos del 18-O. El rechazo a esta postura por parte del Socialismo Democrático y, en específico del PS, no fue suficiente.

Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

Para La Moneda no quedaba alternativa. Había que blindar públicamente al Mandatario. La primera en hacerlo -en contra incluso de la postura de su partido- fue la vocera de gobierno, Camila Vallejo, secundada por la ministra del Interior, Carolina Tohá. “No creo, no siento, que el oficialismo es el que peor trata al gobierno, definitivamente no, pero sí siento que hay voces que no tienen conciencia de la responsabilidad de ser gobierno y las hay en las dos coaliciones, también en la mía”, sentenció.

Las palabras de la jefa del gabinete no sólo dieron cuenta del problema puntual, sino que dejaron al descubierto la delgada línea por la que se mueven el Presidente y el gobierno frente a sus aliados. Y la presión que enfrentan.

A dos años de administración, la situación de las dos coaliciones que llegaron con Boric a La Moneda se encuentran, además, desdibujadas. Y eso repercute en una alineación, en los resultados electorales y en las reformas que empuja el oficialismo, especialmente las de pensiones y de Pacto Fiscal, a las que se les pondrá acelerador.

Las almas

“No hay dos almas, hay como 30″, resume un parlamentario del Socialismo Democrático, al dar cuenta de la fragmentación y de su difícil manejo.

Foto: Andres Perez

Como coalición propiamente tal, sólo sigue vigente el Socialismo Democrático, con una clara hegemonía del PS. Apruebo Dignidad -que reunía al PC, Convergencia Social, Revolución Democrática, Comunes, Frente Regionalista Verde Social y Acción Humanista- se extinguió por muerte natural. Nadie sabe cuándo. Lo único concreto es que nunca más se coordinaron y hasta quedó inactivo el grupo de WhatsApp que los unía.

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El PC tomó -de este modo- un lugar autónomo de influencia, ante un debilitado Frente Amplio después del duro golpe que Revolución Democrática, su principal tienda, sufrió con el caso Democracia Viva, y con Comunes en vías de disolución por el Servel. En paralelo, las tres colectividades que forman el FA (CS, RD y Comunes) buscan convertirse en partido único, a petición del propio Boric, en un proceso que ha estado repleto de ripios políticos y administrativos.

“De nuevo se atrincheraron, para tratar de conservar a su electorado duro, el del 30%”, comenta un dirigente del PPD.

En el PS también hay molestia. Y tiene que ver con el segundo episodio de fricción.

Cuando recién se empezaban a apagar los devastadores incendios forestales de la Quinta Región, se iniciaba otro. Uno soterrado, a nivel político. Esto, luego de que la ministra Vallejo -quien tuvo que suspender sus vacaciones por la tragedia- fuera nombrada por el Presidente Boric como “enlace” del gobierno con las autoridades regionales para articular la entrega de ayuda.

Las llamadas desde el PS a La Moneda no dejaban de sonar. Pues, en una decisión que no comprendían ni menos compartían, la vocera -militante del Partido Comunista- había terminado reemplazando nada menos que a la nieta del expresidente Salvador Allende, la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), quien alcanzó a estar apenas cuatro días en esas funciones, coordinando el despliegue de las Fuerzas Armadas.

Los más suspicaces vieron en esa decisión no una desprolijidad, sino que un intento del Presidente por hacer un guiño al PC por sobre el PS y visibilizar a Vallejo como carta presidencial por sobre Tohá, al darle una tarea de lucimiento en terreno. Otros, barajaron la tesis de que por esa vía se intentaba apartar a Fernández de esa zona, ya que algunos la ven como carta para la senatorial 2025 en la Quinta Región.

Esa vez, la misma Tohá salió a apagar ese incendio defendiendo a Vallejo y, de paso, al Presidente.

Lo que no se pudo sofocar esta semana fue el fuerte altercado entre el secretario general del PS, Camilo Escalona, con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. El exsenador se marchó antes y molesto de una reunión en el Mineduc, luego que el secretario de Estado comunista no compartiera los dichos de la alcaldesa PS Karina Delfino, quien dijo a La Tercera que “el fin de la selección jugó una mala pasada a los liceos emblemáticos”.

En el Partido Socialista la decisión es -según se confidencia- presionar por logros en los dos años que restan de mandato, conscientes que una mala evaluación al gobierno también los arrastra a ellos. Y, con ese objetivo, están dispuestos a sacar la voz.

El desafío electoral

Lo que agudizó la disputa PS-PC fue la negociación municipal, especialmente después de la carta firmada por una serie de figuras del socialismo -entre ellas, la exministra Ana Lya Uriarte, Osvaldo Puccio, Juan Pablo Letelier y Hernán Vodanovic (padre de la presidenta del partido, Paulina Vodanovic)- respaldando en el Municipio de Santiago al actual concejal de esa comuna Ismael Calderón, frente a Irací Hassler, quien va a la reelección.

“Si yo no conociera a las personas, diría que casi están en una postura para romper la posibilidad de un acuerdo. Porque si yo agredo a quienes van a ser mis aliados, desacreditando la candidatura con la que voy a competir, de verdad que es una actitud muy irresponsable”, sostiene Carmona, al enfatizar que de todos modos van a hacer todos los esfuerzos por la unidad.

Pero, el asunto levantó otro problema, esta vez en el propio PS. Lo anterior, por el apoyo que los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, y el vicepresidente del PS Eduardo Bermúdez, le dieron a Hassler el 24 de febrero, en un café en la Plaza de Armas, justo cuando Vodanovic se encontraba en Madrid, asumiendo la vicepresidencia de la Internacional Socialista, en reemplazo de la senadora Isabel Allende.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“La pugna PS-PC en nada aporta. Posiblemente sean los partidos más relevantes de la alianza de gobierno. Tenemos diferencias, pero es importante poder convivir en ese marco de diversidad. El desafío que tenemos por delante es de tal magnitud, que la cohesión es absolutamente necesaria”, explica Manouchehri.

El diseño de La Moneda para proteger al Presidente y equilibrar los tiras y aflojas entre el PS y el PC está radicado en el equipo político, en su relación con los presidentes de los partidos y las bancadas parlamentarias.

Clave se considera -aparte de Tohá y Vallejo- el trabajo que está realizando en forma más silente el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS). “Pero es obvio que nadie puede controlar a las individualidades”, admite un habitante de la sede de gobierno.

Este martes, los 11 partidos -los 10 del oficialismo más la DC-, retomarán las negociaciones para la elección municipal y de gobernadores, para así competir -según lo acordado antes del plebiscito constitucional del 17-D- en forma unitaria. Y, aunque el acuerdo está hecho, no está claro hasta dónde han permeado las fricciones del último tiempo, teniendo en cuenta que al menos hay seis comunas en abierta disputa -La Florida, Puente Alto, Paine, La Reina, Antofagasta y Buin-. Esto, sin considerar Ñuñoa, donde el PS quiere disputar el sillón de la RD Emilia Ríos, con Paula Mendoza quien fue alcaldesa por esa alcaldía por dos períodos.

Tanto en el PS como en el PC se insiste en la obligatoriedad de un acuerdo, especialmente para obtener las alcaldías que hoy están en manos de la derecha. Pero también, en voz baja, se confidencia que ambas tiendas están empeñadas en consolidar un triunfo, para fortalecer su posición política y negociadora y ganar territorios con miras a la parlamentaria y presidencial del próximo año.

A diferencia de lo ocurrido para la negociación de los candidatos a consejeros constitucionales -en la que incluso se involucró el Presidente, sin éxito, y que terminó con una derrota el 7 de mayo de 2023- esta vez la decisión de La Moneda es mantener una distancia prudente con el proceso, que permita garantizar la unidad, pero sin los costos de ingresar al terreno de los conflictos ni menos ser objeto de críticas ante eventuales bajas electorales.

La misma actitud se mantendrá a nivel público ante el frecuente reclamo socialista de que los comunistas no pagan los costos por votar de forma distinta a los proyectos del gobierno, sobre todo en seguridad. Aunque en La Moneda se asegura que no hay un tratamiento especial con ese partido. De hecho se hace ver que las militantes que están en el comité político de La Moneda -Vallejo y la titular del Trabajo, Jeannette Jara- no forman parte de la facción de Carmona. Y que, aunque el Presidente tiene una buena relación con él, por su postura institucional, esta no está al nivel de la que cultivó con Guillermo Teillier. Sí admiten que el Jefe de Estado tiene un nexo estrecho con la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien forma parte de su círculo de confianza y con quien consulta los temas más complejos. En ese rol, la ministra ha defendido el accionar del gobierno yendo incluso en contra de las posturas de su partido, como lo ocurrido tras el funeral del expresidente Piñera.

En la sede de Vicuña Mackenna 31 no se cuestiona el papel de la titular de la Segegob, pero tampoco ocultan las incomodidades con el accionar de La Moneda. En la lista corta mencionan la Ley Naín-Retamal, la permanencia del general de Carabineros Ricardo Yáñez en el cargo, quien tiene fijada para el 7 de mayo una audiencia de formalización como autor de delito omisivo de apremios ilegítimos durante el estallido social del 18-O; la asociación Codelco-SQM, la convocatoria del Cosena, las palabras del Presidente en el funeral de Sebastián Piñera y las concesiones que se han hecho a las reformas emblemáticas del programa de gobierno.

Estas críticas las respaldan, sobre todo, aparte del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, los parlamentarios del PC. Con matices este lote lo integran Matías Ramírez, Lorena Pizarro, Daniel Núñez, Carmen Hertz, Nathalie Castillo, Boris Barrera y Daniela Serrano, en contraposición con Karol Cariola, Claudia Pascual, Alejandra Placencia y el exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, que respaldan con mayor frecuencia el accionar del gobierno.

La postura ante el PC la fijó -ante la militancia- el propio Boric en la tradicional Fiesta de Los Abrazos del 13 de enero en el Parque O’Higgins. “Ser parte de organizaciones políticas significa también una voluntaria renuncia a grados de autonomía en pos de un interés colectivo”, les advirtió.

Ayer sábado, el Jefe del Estado realizó una inesperada defensa a esa tienda en medio de las críticas que ha recibido desde la oposición, por el caso del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. En su red social X acusó a esos sectores de “anticomunismo visceral” y sentenció que “no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno”.

Pero no hará lo mismo, al menos en forma pública, frente a los conflictos entre el PS y el PC. La decisión de La Moneda es no inclinar la balanza por ninguno, para no afectar la unidad del oficialismo. Menos ante los desafíos que restan para los dos últimos años de administración.