El complejo test a La Moneda por la reconstrucción

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), sabía que, iniciado el otoño, llegarían las lluvias y la emergencia que afecta a su comuna se volvería aún más complicada de lo que ya es. Los incendios golpearon a la zona a principios de febrero y la gravedad de lo ocurrido obligó a que el Presidente Gabriel Boric le pusiera máxima preocupación y recursos a la reconstrucción. “Es la tragedia más grande que hemos vivido desde el terremoto de 2010″, dijo el Mandatario ese mes. Las cifras hablan por sí solas: 135 fallecidos, 11.349 hectáreas arrasadas, 7.500 viviendas destruidas y cerca de mil viviendas de emergencia aún pendientes por construir.

Debido al drama que vive su comuna -en la que se quemó casi el 40% de la superficie-, Ripamonti se adelantó y le pidió a funcionarios de su equipo inspeccionar el estado de las viviendas de emergencia que ha estado construyendo el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). El resultado quedó plasmado en dos oficios, uno de marzo y otro de abril, que según la municipalidad marcaron una señal de alerta: “Al ser afectadas por agentes externos como aguas lluvias o cargas sísmicas, (las viviendas) están en riesgo de colapso”.

Sin embargo, sus gestiones, comentan en la municipalidad, poco sirvieron. “No cumplieron con los estándares técnicos”, dijo con rudeza la semana pasada. Ripamonti -quien se juega la reelección a fin de año- se ha erigido como una de las voces más críticas. Detrás de ella también se hace escuchar otra voz oficialista: la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán (CS). A las dos se suma la jefa comunal de Villa Alemana, Javiera Toledo (Independiente).

“La tarea que hay que enfrentar solamente en Viña del Mar es prácticamente levantar una comuna completa. Ese esfuerzo supone medidas que sean excepcionales ante una emergencia excepcional, y yo no he visto ninguna variabilidad en ninguna gestión a propósito de llegar temprano y cumplir el mandato del Presidente. Nosotros creemos que él tiene una genuina preocupación, creemos en él, pero sus instrucciones hoy día no se están llevando a cabo por quienes tienen la capacidad ejecutiva de hacer cumplir lo que el Presidente de la República ha exigido”, afirma Ripamonti a La Tercera.

Pese a su dureza, el Presidente suele mantener contacto con las alcaldesas y trata de entregarles respuestas a sus reclamos. Sin embargo, la sensación en La Moneda es que no han colaborado lo suficiente. Cuando vieron el reclamo de Ripamonti por las viviendas de emergencia que se llovieron, contrastaron las cifras, pero los datos no calzaban. El conteo de Senapred mostraba solo nueve viviendas con problemas.

Por eso son varios los ministros que comparten que las alcaldesas tomaron la decisión de “solo ser voces críticas”, en vez de “tomar el liderazgo para colaborar en los temas en los que tienen competencias”. Tanto así que la evaluación es que, sin contar al Partido Republicano, la derecha ha tenido una mejor actitud que sus propios aliados.

Lo cierto es que los reproches no solo vienen por parte de las alcaldesas, ya que el descontento también se extiende en el oficialismo, sector que acusa lentitud. Esta semana, en la sala de la Cámara, el diputado por la zona Jorge Brito (RD) -quien es cercano a Ripamonti- emplazó al Ejecutivo: “Es necesario hacer un llamado a que mejore la ejecución del gobierno en la reconstrucción, porque nosotros hemos estado durante semanas chocando contra una puerta, avisando de situaciones que no se corrigieron a tiempo”.

Algo similar hizo el diputado Diego Ibáñez. “Es evidente que falta gestión, pero es imposible que un órgano con 40 funcionarios levante en tres meses más de siete mil casas, o incluso los municipios con deuda, con cerca de 100 funcionarios, incluso con algunos damnificados, pueda levantar esa cantidad de viviendas. Nos enfrentamos a uno de los incendios más grandes de la historia, por lo que necesitamos un Estado robusto”, dijo el timonel de CS.

Entre los parlamentarios del Frente Amplio (FA) lo que más frustra es que mientras el gobierno se entrampa con la gestión de la reconstrucción, el drama de la zona no da tregua.

Ximena Álvarez (53) tiene varios miedos. Lo dice mientras recorre un radier cubierto de cenizas. Dice que allí, antes del fuego, estaba la casa donde vivía con sus hijos. También estaba el minimarket donde trabajaba a diario, que era su fuente de ingresos.

En los 40 años que llevaba viviendo en la Villa Independencia de Viña del Mar, Álvarez cuenta que nunca se había enfrentado al poder destructivo del fuego. Ahora se quedó sin nada: el dinero que ganaba lo ahorraba escondiendo billetes en su casa.

Álvarez y su hija Jocelyn Contreras (29) no entienden cómo, después de emprender durante toda una vida, ahora tienen que pasar por varias incomodidades. Las muestran cuando abren la casa de emergencia que instaló Senapred. Tiene un baño y una pieza. Los pocos muebles que hay se los donaron a su hija por Instagram, y la ropa que visten la consiguieron en el albergue municipal.

-Uno tiene que ir a buscar estas cajas -dice, mostrando unos cartones-. Nos traen té, fideos, arroz, salsa de tomates y vegetales en conserva.

Esa ayuda les sirve mucho, relata Álvarez. Desde que se les quemó el negocio que sus ingresos se congelaron. Eso le trae otro miedo.

-Cuando llueve, comemos en la casa. Y hay que cocinar con gas. Pero me da miedo gastar gas, porque sale caro y no tenemos trabajo. Y ¿qué vamos a comer si deja de venir la olla común? Porque no van a venir a regalarnos gas.

Por eso se va a parar a la fila de la olla común. Lo hace todos los días, a las dos de la tarde. En toda la zona afectada por el incendio siguen existiendo estas iniciativas, de hecho, solo la Municipalidad de Viña del Mar tiene más de 150 ollas comunes. Cuando no lo hace, abren una lata de atún, cocinan arroz y todo eso lo mezclan con salsa de tomates.

Gudelia González (75), su madre, abre la puerta de la reja. Dice que quiere denunciar una situación que la tiene desesperada. Su marido supera los 80 años y tiene movilidad reducida. Cuando instalaron su casa de emergencia no conectaron el excusado al alcantarillado. Hay baños químicos instalados para toda la villa afuera de esta casa.

-Pero mi marido está enfermo y se viene al baño en las noches -dice González-. Entonces cuando tira la cadena, todo se va al patio. Voy a vomitar. Mi marido no me hace caso, que no puede ir al baño acá. Mira qué asquerosidad. Así vivimos.

Las casas de esta familia son parte de una cifra que sirve para medir el desastre: 8.475 hogares fueron afectados. Allí vivían 21.229 personas. De todos esos hogares, un 27% estaba ubicado en un sitio ocupado irregularmente. En cambio, un 38% eran propietarios, un 12% eran viviendas arrendadas y un 19% eran terrenos cedidos o donde vivía alguien de allegado.

“Una de las dificultades que hemos tenido es la gran diversidad de realidades de los sectores que fueron afectados. Algunos de ellos regularizados, algunos de ellos que son barrios consolidados, otros que estaban en proceso de erradicación, y otros como asentamientos irregulares en sus inicios”, explica la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González (PC).

Las críticas a la reacción del Estado también se escuchan desde las dirigencias. Una de ellas es Catherine Poza, presidenta de la Junta de Vecinos de El Nuevo Reencuentro, una villa ubicada cerro arriba, a más de ocho kilómetros del centro de Viña del Mar. Este campamento en vías de regularización, dice Poza, fue de los últimos que recibieron casas de emergencia.

-Hay unas cinco personas viviendo en carpas. ¿Ves esa casa de ahí, en la bandera? Viven dos en carpas allí. Tienen que dormir en su auto. Es lamentable y doloroso, porque la gente tiene necesidades. Acá vino Senapred a ver si cuadraban los terrenos para poner las casas, y a muchos les hicieron desarmar lo poco y nada que tenían, pero aún están esperando.

Tras el fuego, lo primero fue apagar los incendios y controlar la emergencia. Luego, quedaron la destrucción y el drama humano. La tragedia obligó al gobierno a tener que hacerse cargo de un nuevo proceso de reconstrucción. El desafío implicaba someter a prueba un flanco que siempre ha sido foco de tensiones y críticas a la administración Boric: la gestión.

El Mandatario activó la estructura que contempla la ley de presupuesto para hacerse cargo del problema: el Comité de Ministras y Ministros para la Reconstrucción. La instancia la integran Interior, Hacienda, Obras Públicas, Vivienda, Agricultura y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). Además Boric le encargó a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro (CS), que lo dirija. La secretaria de Estado, a su vez, nombró a Patricio Coronado (PS) como gerente técnico.

Cuando partió el comité, los ministros se reunían todos los lunes. Justo después de la tragedia, el Presidente estuvo muy encima del trabajo. Fuentes del gobierno comentan que en este tipo de situaciones Boric se inquieta y angustia rápidamente ante el dolor de las familias que lo han perdido todo, y eso, dice una fuente de Palacio, lo lleva a presionar a sus ministros.

Por eso, hubo un momento en que el Mandatario citaba a los ministros a una reunión los viernes en la tarde. Más que reuniones ejecutivas o de resolución de problemas, en el gobierno comentan que se trataba de una instancia en la que el Mandatario interrogaba por el estado de avance de las medidas más urgentes y pedía celeridad. Ahí el Jefe de Estado se mostraba especialmente apremiado por dos temas: la alimentación y el techo.

Para varios integrantes del gabinete hay dudas respecto de la eficiencia del modelo de gestión diseñado para enfrentar la reconstrucción. Algunos creen que diluye las responsabilidades entre las autoridades que participan; otros no terminan de convencerse de que el titular de Vivienda, Carlos Montes (PS) -que es donde recae la mayor presión-, no haya quedado a la cabeza. También resienten que las vocerías se crucen y se mezclen las competencias.

A eso se suma otro enredo político que ha desatado una fuerte pugna entre el PS, el FA y el PC. Cuando ocurrieron los incendios, la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), asumió como enlace el 4 de febrero. Cuatro días después, cuando el incendio se controló, el Presidente revirtió su decisión y le encargó la función a una de sus ministras más cercanas: la vocera Camila Vallejo (PC).

Su aparición generó fricciones internas con el PS, sobre todo porque en un inicio el enroque fue visto como un intento soterrado de posicionamiento con miras a la próxima senatorial de Valparaíso. Así, durante los primeros meses, Vallejo quedó como enlace, en paralelo a la labor que ejercía la ministra Toro y respecto de quien algunos ministros comentan en privado que carece de una “estructura para mandar”. Hace más de un mes, Vallejo -de forma silenciosa- dejó sus funciones en la zona. Ni siquiera avisó a las autoridades de la región.

Otra señal de que la gobernanza de la reconstrucción no termina de cuajar es el silencio que se produce en el gobierno cuando se pregunta por el avance de la construcción de las viviendas de emergencia. “Eso no forma parte del plan de reconstrucción. Eso es responsabilidad de Senapred, que depende del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve”, es la respuesta que se suele repetir en las distintas reparticiones.

Detrás de eso se esconde una crítica interna a la gestión de esta arista del plan postragedia. Esta parte del proceso, que en el gobierno la llaman de “rehabilitación”, y en la que el peso del trabajo queda en manos de Senapred, es la que más cuestionamientos despierta. De hecho, fue Boric quien puso los tiempos. “De aquí al invierno, a que partan las lluvias, todas las familias afectadas tienen que tener un techo donde resguardarse”, dijo el Presidente a inicios de marzo.

Las primeras lluvias ya llegaron y dicha promesa está lejos de cumplirse. Las viviendas de emergencia no son parte de la reconstrucción, porque son una solución momentánea. Por eso es algo que queda en manos de Senapred. El problema es que luego de que Boric removiera al exdirector Álvaro Hormazábal, el servicio -que elige sus autoridades por Alta Dirección Pública- está casi acéfalo: la directora nacional es subrogante y el titular de la dirección de Valparaíso asumió hace poco más de una semana.

La construcción de las viviendas de emergencia se financia con cargo al fondo de emergencia que maneja la Subsecretaría del Interior, pero cuyos recursos los autoriza Hacienda. Esta semana, además, el Congreso despachó a ley un fondo de emergencia transitorio por $ 800 mil millones. Es respecto de estas viviendas, comentan al menos dos ministros, donde aparecen los problemas.

La construcción está en manos de privados, quienes también deben instalar luz, agua y alcantarillado. Si hace décadas se construían mediaguas, ahora se elevó el estándar. El modelo lo define un decreto que estipula las condiciones de habitabilidad: espacios de 24 m2, con baño. En el gobierno admiten que lo más complejo ha sido encontrar privados que estén dispuestos a construirlas: escasean los oferentes debido a que los pagos por parte del Estado pueden tardar entre cinco y 12 meses.

Actualmente, Senapred trabaja con ocho empresas que ofrecen el servicio: Fundación Vivienda, Sociedad Comercial Maule, Muebles Henríquez, TWH, Tecnopanel, Forestal Arbolito, Cintac y Terspa SpA. A estos privados se suma el aporte que está haciendo Techo, entidad que ya ha construido 576 viviendas y tiene en carpeta otras 140 más. Desafío Levantemos Chile sumará otras 76 viviendas en la zona de Canal Beagle.

Pese a las críticas por lentitud, Senapred se defiende. “No hay experiencias similares en la historia de los desastres en el país en donde se haya levantado un número tan elevado de este tipo de soluciones transitorias, con nuevo estándar, en tan poco tiempo”, replica el organismo.

La lentitud, cuentan en el gobierno, también se explica por las complejidades del terreno en donde deben construirse, con pendientes y quebradas, lo cual hizo que se bajara la cantidad de unidades que se pueden construir por día. A esto se suma otro elemento: el Presidente solicitó que, de ser necesario, se construyeran estas viviendas en asentamientos irregulares que no están en los catastros, algo que no se había hecho en otras emergencias. Según Senapred, a la fecha ya van 364 viviendas de emergencia en asentamientos precarios. Esto provocó una fuerte pugna con Interior por las consecuencias que podría tener esa definición.

Esta no ha sido la única decisión en la que se ve la mano del Presidente. Han pasado tres meses y aún siguen llegando cajas de comida, por las cuales el gobierno ya ha desembolsado casi $ 9 mil millones. A eso se suman varias ayudas económicas. La suma total por los Bonos de Recuperación se eleva a $ 11.700 millones. Otro de los bonos, el Bolsillo Electrónico, ya se ha entregado a 398 hogares, sumando más de $ 730 millones. La Subdere, en el marco de las ayudas tempranas, ha financiado 24 proyectos por más de $ 2 mil millones.

Al viernes, Senapred contabilizaba 1.647 viviendas de emergencia construidas y 1.283 viviendas renunciadas. Interior, por su parte, estima que en total deberán construir cerca de 2.500, es decir, casi mil más. Las renunciadas se deben a que a veces las familias afectadas optan por la rapidez y la autoconstrucción de sus inmuebles definitivos en terrenos que son pequeños. Pero también en un inicio algunas familias creían que recibiendo esta vivienda renunciaban a todos los bonos. Por lo mismo, Interior pidió ayuda a los municipios para chequear que los afectados aún mantengan su decisión.

Algunos ministros tienen reparos a lo que ha sido el rol de Monsalve como responsable político de Senapred, ya que hay quienes estiman que no ha estado lo suficientemente encima del servicio. Sin embargo, desde su equipo retrucan diciendo que durante los primeros meses el subsecretario iba casi todos los días a las zonas afectadas, sobre todo Viña del Mar.

Además, a petición del Presidente, ha realizado acciones que -afirman- no tienen que ver directamente con su rubro, como gestiones con Chilquinta para la reposición del tendido eléctrico y la instalación de luminarias, así como con Esval para restaurar la red. Si bien en el último tiempo ha debido enfocarse en temas de seguridad, luego del atentado de Cañete, lleva al menos tres reuniones con las principales empresas que construyen las viviendas de emergencia para pedirles celeridad y contrastar con ellas las metas prometidas versus el ritmo real alcanzado debido a las complejidades del terreno.

El gobierno está consciente de que hay aspectos que mejorar, pero si hay algo que no aceptan es que se instale que “no se ha hecho nada”. El plan de reconstrucción -que contempla 166 medidas y un costo cercano a US$ 1.000 millones a ejecutar en cinco años- lleva, según Coronado, un avance del 6%.

En paralelo, el ministro Montes ha ido puliendo el catastro para tener claridad de las viviendas definitivas que deberá construir. Para eso coordina los 17 polígonos a los cuales puso 34 funcionarios a cargo, contrató otros 29 para reforzar esta labor e incluso fichó a un equipo de abogados para revisar los estudios de dominio. Pese a que la cifra aún no está cerrada, se estima que deberá construir cerca de 4.500 viviendas definitivas, de las cuales ya se han entregado 80 subsidios de viviendas industrializadas y de autoconstrucción asistida, así como 30 subsidios de adquisición de vivienda construida.