El debate no sincerado del acuerdo por la nueva Constitución

Eran pasadas las 10 de la mañana del lunes 17 de octubre cuando el diputado UDI Guillermo Ramírez, el secretario general de RN, Diego Schalper, y la expresidenta de Evópoli Luz Poblete llegaron hasta la sede del Congreso en Santiago con una idea en mente. Tres días antes, el viernes 14 de octubre, La Tercera había publicado el borrador de la propuesta oficialista y de la DC sobre el mecanismo electoral para armar un nuevo órgano redactor.

El texto en cuestión proponía un órgano paritario de 134 personas, de las cuales 125 serían electas democráticamente y los nueve restantes corresponderían a escaños reservados indígenas. “Nos quieren hacer repetir la Convención”, fue el comentario obligado entre los líderes de la oposición.

Testigos de esa cita relatan que Chile Vamos le hizo ver a la DC, el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad que no había espacio para debatir ese documento. En privado, los dirigentes de la oposición decían que les pareció “una broma de mal gusto”. La postura de Chile Vamos fue tan tajante, que en esa reunión todos los partidos llegaron a un acuerdo: aplazar lo más posible el debate por el sistema electoral.

Por eso fue que se optó por seguir con el ritmo de reuniones multilaterales para dar una señal de que se estaba avanzando, pero en el fondo lo que se conseguía era ganar tiempo en base a dialogar únicamente sobre las bases institucionales y el órgano que fiscalizará que el futuro órgano redactor no transgreda esos 12 bordes.

Los partidos llevan dos meses en esa dinámica. Cada vez que se juntan oficialmente, se soslaya el sistema electoral y solamente han intercambiado ideas sobre la instancia que ejercerá el rol del árbitro. El viernes pasado el comodín se agotó y llegó a su fin. Los partidos acordaron que se creará un Comité Técnico de Admisibilidad, paritario, de 14 juristas propuestos por la Cámara y ratificados por el Senado.

Luego de más de dos meses, recién esta semana los partidos se van a sacar las máscaras y van a mostrar sus cartas -las de verdad- sobre qué tipo de órgano quieren, de cuántas personas y con qué sistema electoral se elegirán. Ese, dicen todos los negociadores, es el verdadero corazón del acuerdo.

Hasta el momento, la postura del Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad es que quieren un órgano 100% electo. Por eso la propuesta oficialista y la DC es de 134 representantes electos y con disposición a llegar hasta 100, pero no más abajo de eso.

Del otro lado están firmes en un órgano mucho más pequeño. Chile Vamos sostiene que quiere alejarse lo más posible del fracaso de la Convención y para eso quieren una instancia acotada. La jugada es mantenerse unidos en la idea de replicar el Senado, es decir, un órgano de 50 personas electas usando las circunscripciones regionales.

Ante ese escenario, Socialismo Democrático ha hecho todo lo posible por abrir la cancha y, a estas alturas -con el trauma de la aplastante derrota del Apruebo aún en mente-, en realidad poco les importa si son 50 o 100. Por eso, hace unas semanas la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, puso sobre la mesa tener un órgano de 78, es decir, la mitad de 155, que es la cantidad de diputados y la cifra de convencionales que tuvo la Convención.

La derecha ya tiene su línea roja. No están dispuestos a innovar en ningún sistema electoral. Cualquier otra cifra, distinta a los 50 escaños del Senado o los 155 de la Cámara, implica crear otro sistema electoral y nuevos distritos. La última vez que se innovó en algo, dicen en Chile Vamos, fue en el proceso pasado con las listas de independientes. “Ya sabemos cómo terminó la historia”, agrega un parlamentario opositor.

Todo esto se ha ido conversando en reuniones privadas entre partidos, además de constantes llamados telefónicos. Sin embargo, puede que este tira y afloja sea innecesario y toda esta batalla termine sin urnas.

“¿Y si el acuerdo termina sin ninguna elección?”. La frase la comentó en privado uno de los asesores que está ayudando, en segunda línea, a los dirigentes de partidos en la negociación. Sus palabras, a priori, suenan improbables, pero mientras más se excava en las verdaderas conversaciones que están teniendo los partidos políticos, más se evidencia que la alternativa es real, está presente, pero nadie se atreve a transparentarla.

Todos los partidos negociadores tienen listas sus simulaciones electorales y los resultados son devastadores. Lo mismo ha hecho el gobierno y la tendencia es la misma. Esta semana circuló entre los negociadores una lámina de una encuesta privada de la Universidad del Desarrollo.

Pese a las dudas metodológicas que rodean la medición, la imagen parece ser clara. Según ese sondeo, el primer lugar se lo lleva el Partido Republicano, luego vendría el Frente Amplio con el PC, en tercer lugar el Partido de la Gente (PdG), Amarillos y luego el resto de las fuerzas políticas tradicionales. Esas cifras van en sintonía con otros números internos que manejan los partidos y que revelan que si hay que ir a elección, las nuevas fuerzas políticas, como los Republicanos y el partido de Franco Parisi -ambas colectividades que no son parte del proceso de negociación, que no priorizan una nueva Constitución y que se han dedicado a impugnar el proceso-, se llevarían el grueso de los escaños.

Los datos electorales del oficialismo son igual de desalentadores. Quienes los conocen dicen que Apruebo Dignidad sería la más dañada y que ambas coaliciones juntas no llegarían, en el mejor escenario, ni al 40% del futuro órgano.

Como telón de fondo hay otro dato. La última encuesta Criteria muestra que el 67% de sus encuestados prefiere que se designe un comité de expertos para que redacte la nueva Constitución. Por eso se explica que la tercera semana de octubre fuera el PS el que abrió la puerta para un órgano mixto.

Pese a que hay conciencia de que esas cifras son preliminares, la conclusión es una sola: con voto obligatorio, el resultado de ir a una elección es totalmente impredecible.

El desastre adquiere un ingrediente adicional: La Moneda. A nadie en el oficialismo le sirve ir a elecciones en abril para que el gobierno, otra vez en menos de siete meses, sea derrotado en las urnas. Eso podría ser un nuevo golpe del cual, quizá, sea imposible sobreponerse. Más aún cuando el oficialismo aún no es capaz de dimensionar el trauma de la derrota del Apruebo.

“¿La pregunta que tenemos que hacernos es si queremos una nueva Constitución que sea mejor que la vigente. Si la respuesta es sí, ir a una elección podría provocar el efecto contrario”, comenta de manera reservada una de las personas que está enterada del ritmo de las negociaciones. Seguir enamorados del mantra “órgano 100% electo” podría llevar a que terminado el proceso, Boric estampe su firma en una Constitución escrita, en su mayoría, por los representantes de Republicanos y del PdG. Eso produce mucha frustración, más aún cuando hay dirigentes de partidos, oficialistas y de oposición, que se están jugando todo su capital político para llegar a un acuerdo constitucional.

El problema radica en que alguien tiene que atreverse a cruzar el río. Chile Vamos, que está al tanto del mal escenario electoral, mira con lejanía este drama. En la derecha saben que no será su coalición la que asuma el costo político de instalar el tema. La oposición plantea que es el oficialismo el que tiene que dar el primer paso.

En los partidos de gobierno miran para el lado. Apruebo Dignidad no lo hará. El PC, un partido históricamente pragmático, no tendría oposiciones a que la nueva Carta Magna sea escrita por expertos, pero ellos jamás darán el primer paso. Su postura pragmática ya tuvo la primera señal y ocurrió cuando el timonel del partido, Guillermo Teillier, defendió en la interna el quórum de 2/3 del futuro órgano para aprobar normas constitucionales. Ahí, dicen en el oficialismo, estaba el mensaje. Los comunistas saben que el escenario electoral es adverso, por lo tanto, hay interés en asegurarse el tercio para vetar las ideas contrarias y poco importa que en el proceso anterior hayan sido los principales detractores de ese quórum.

El Frente Amplio (FA) tampoco lo hará. En ese bloque comentan que no son tiempos de andar tomando decisiones con la calculadora electoral en mano. Esa actitud “mezquina” -dicen- hay que sepultarla. Además, creen que el voto es algo que se tiene que ganar en la calle, ya que aún ven posibilidad de convencer a la ciudadanía. El problema es que si las elecciones son en abril -no hay posibilidad de que sea en otra fecha- solo se tendrían cinco meses para ese trabajo de campaña. Con las vacaciones de verano entremedio, un gobierno en crisis y una serie de urgencias sociales, ni la mejor campaña electoral logra dar vuelta ese escenario.

Todo indica que serían ellos quienes asuman el protagonismo para disputar que el asunto se zanje en las urnas. Están convencidos de que mientras menos escaños tenga el órgano, más se beneficia la derecha. Llegado el momento, dicen, a lo más podrían ceder en un órgano mixto, pero elevando la cantidad de los escaños que no son electos.

En ese puzle, Socialismo Democrático apunta la mirada directamente a La Moneda. Si hay alguien que tiene que romper con este silencio incómodo para sincerar algo que todos saben que está pasando, es el Presidente. Si Boric ha sido el principal impulsor de seguir insistiendo en la idea de un órgano 100% electo, entonces por ahí debe venir alguna señal que dé vuelta el tablero.

Mientras tanto, los partidos intentan ser creativos. En la derecha parlamentarios como Jorge Alessandri (UDI) o Luciano Cruz-Coke (Evópoli) creen que la solución pasa por incorporar un filtro adicional, es decir, que una vez redactada la propuesta de nueva Constitución el texto tenga que pasar por el Congreso. El Poder Legislativo deberá aprobarlo por 4/7 y recién ahí pasa a plebiscito de salida.

En Evópoli y sectores del PS la creatividad va aún más allá y les atrae la idea de que votando una sola vez, se vote dos veces. Eso se traduce en una elección normal, como si las personas sufragaran por el Senado. Es decir, se escogería democráticamente a 50 personas. El punto es que luego de eso, se calcularía el porcentaje de votos obtenido por los partidos o listas de partidos para saber cómo repartir, por ejemplo, otros 20 escaños más. Si un partido obtuvo el 10% de los votos para escoger a los 50 representantes, le corresponderían dos cupos adicionales. Esos escaños extras estarían destinados para los expertos, que previamente se publicarían en listas cerradas. Así se obtiene un órgano 100% electo y, a la vez, mixto. En sectores del FA la idea gana terreno, pero con más escaños adicionales. Podrían ser 50 más, para así llegar a 100.

En RN van por otra. Conocedores del tema cuentan que propondrán la opción -ya comentada por el expresidente Ricardo Lagos- de que un grupo de expertos, designado por el Congreso en base a la proporción de fuerzas parlamentarias, redacte un anteproyecto que luego vaya al órgano redactor.

Por debajo de esto, sigue presente la resistida alternativa de que el acuerdo termine en otro plebiscito de entrada, pero Chile Vamos se opone.

Llegado el momento, si se abre la caja de Pandora, en sectores del oficialismo dicen que hay que saber manejar el ruido que se genere. Además, porque la opción de que la Constitución sea redactada por expertos no es algo ajeno a la historia de Chile, ya que algo similar pasó con la Carta Magna de 1925. Pese a lo difícil que sea tomar ese camino, aún queda una última carta bajo la manga: el plebiscito de salida con voto obligatorio. Con ese seguro, dicen, la necesidad de que el texto constitucional se legitime por la vía democrática está más que garantizada.