“Tras la renuncia de Monsalve, es fundamental resguardar la privacidad de la denunciante. Llamamos a medios a informar con ética y perspectiva de género. Denunciar violencia machista en espacios laborales es difícil, aún más a personas con poder. Estamos atentas a la investigación. Machismo de izquierda, machismo de derecha, ninguna diferencia”.
Este post de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres fue el único difundido la tarde del 17 de octubre por los movimientos feministas, en medio del asombro por la inédita denuncia de violación y abuso sexual en contra del exsubsecretario del Interior, quien era una de las figuras más poderosas de la administración del Presidente Gabriel Boric. Las otras organizaciones se demoraron entre 5 y 7 días en reaccionar. Un silencio que hoy las tiene bajo el escrutinio público.
La más crítica es la oposición.
Desde esas filas reclaman que a diferencia de lo sucedido con Eduardo Macaya Zentilli, condenado a seis años de cárcel por abuso sexual en contra de menores de edad, y con el senador UDI Javier Macaya Danús, por defender a su padre, esta vez la tardía reacción en contra de Monsalve y del gobierno obedecería a alineaciones políticas.
“Con su silencio perdieron la oportunidad para demostrar transversalidad. Este caso expuso que lamentablemente estos movimientos actúan con una mirada ideológica. En el caso Macaya hubo un amplio despliegue en redes sociales, salieron a la calle, hicieron manifestaciones y performances. Esperábamos ahora una actitud similar, ante un caso tan grave. Pero esto demostró que no actúan así cuando se trata de uno de los suyos”, sentencia la diputada Carla Morales, de Renovación Nacional.
Ni siquiera se considera suficiente -para Chile Vamos y Republicanos- la inmediata reacción de la Red, una de las organizaciones más poderosas en defensa de la violencia hacia las mujeres, creada en los 90. Pues acusan que debió hacer una crítica directa a Monsalve, por la gravedad del delito del que estaba siendo acusado. Y no solo una referencia a su renuncia sin consignar el porqué.
Ese cuestionamiento vino, sin embargo, un día después, el 18 de octubre, en un comunicado.
Ahí, la Red, no sólo calificó de “gravísima” la denuncia en contra del exsubsecretario, sino que cuestionó que se le haya permitido usar el Palacio de La Moneda para decir que “no incurrió en ningún delito”; que se le permitiera seguir ejerciendo su cargo (desde el martes hasta el jueves) y que el Presidente haya admitido que el acusado solicitó y tuvo acceso a las cámaras de seguridad que podrían ser clave para la investigación.
Lo más punzante de la Red en contra del accionar de La Moneda y del propio Jefe del Estado quedó expuesto en la siguiente interrogante. “Frente a este actuar nos preguntamos Presidente: ¿de qué sirve declararse ‘gobierno feminista’, ‘transversalizar el enfoque de género’, incorporar a la ministra de la Mujer y Equidad de Género al comité político, si ante una situación de extremada gravedad reacciona de manera improvisada y errática con los derechos de las mujeres?”.
Pero no todos los movimientos reaccionaron de la misma forma y celeridad.
La Coordinadora Feminista 8M, que surgió el 8 de marzo de 2018 -en el marco de una serie de movilizaciones a nivel internacional- sólo se pronunció, por primera vez, el 22 de octubre. Es decir, cinco días después de que el caso se hiciera público.
“Como coordinadora no callamos ni aceptamos agresores en cargos públicos. Ni el sour, ni la piscola, ni dónde estaba, ni cómo vestía: nada debe permitir relativizar la violencia sexual”; que la violación es un crimen de poder y que “estamos con las víctimas y no aceptamos medias tintas ni presiones”, afirmó en sus cuentas X e Instagram, agregando que cuando “algo tan grave está en juego, deben caer todos los que tengan que caer”.
Pero la molestia por la tardanza no tenía cortafuegos. Y quedó estampada incluso en los comentarios de los seguidores de esas mismas redes, donde hubo hasta mensajes irónicos.
“Mira, que bueno que les llegó el internet de nuevo”; “ahhh, yo pensé que esta agrupación ya no existía”; “¿el gobierno ya les dio el pase para que puedan pronunciarse?”. O, simplemente, “no sigo más esta cuenta”, fueron algunas de las réplicas de las más detractoras. Mientras otras, partidarias del movimiento, tampoco ocultaron su decepción. “Me ha dolido muchísimo ver a feministas que admiraba, buscando excusas o razones tratando de justificar el actuar del gobierno solo por ser el gobierno del color político que muchas tienen”, sostuvo una seguidora de la plataforma.
De ahí en adelante, hubo un cambio. El 25 de octubre, el 8M convocó a un cacerolazo masivo a las 20 horas y, el 28, a manifestaciones contra la violencia sexual en el Paseo Bulnes (frente a La Moneda) y en la Plaza Victoria en Valparaíso, en contra de Eduardo Macaya, Manuel Monsalve y Jorge Valdivia. Esto junto a otros post bajo el título: “Que caigan todxs”.
“No cargamos con la culpa de no reaccionar con la misma rapidez que una institución, porque no lo somos”, señaló la Coordinadora 8M de Valparaíso a La Tercera, al descartar motivaciones políticas en la tardanza.
No fue el único movimiento en esa situación. El colectivo Lastesis, agrupación que se hizo conocida mundialmente en 2018 con su performance “Un violador en tu camino” y que visibilizó frases como “la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía”, recién se pronunció el 24 de octubre, siete días después, con una versión extendida de su canción, en un post en Instagram el que aclaró que “nunca hemos recibido ningún tipo de financiamiento de parte de partidos políticos, y mucho menos, por parte de un gobierno con el cual no tenemos ni un sólo vínculo”.
Lo anterior, junto a un comunicado, con una reflexión. “Por un tiempo, nos dio la sensación de que algo habíamos ganado; de que ahora, al menos, hablábamos sobre esto; de que ahora, al menos, existían consecuencias en contra de los agresores. Pero el tiempo pasó, y cada vez crece más la sensación de que no solo no seguimos avanzando, sino que retrocedimos”.
Acusaciones de silencio político
La Comisión Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados tampoco escapó de los cuestionamientos cruzados sobre el accionar del feminismo, esta vez, a nivel parlamentario. Y así quedó de manifiesto en una tensa sesión -el 20 de noviembre- a la que fueron citados la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, para exponer sobre las medidas adoptadas a favor de la víctima.
Quien abrió los fuegos fue la diputada republicana Chiara Barchiesi, al afirmar que el Presidente “se demoró una semana” en creerle a la víctima y que “solo le faltó decir que curado no valía”, lo que desató la molestia de las parlamentarias oficialistas, entre ellas, Claudia Mix del Frente Amplio.
Barchiesi -para validar su postura- arremetió reproduciendo el audio del Jefe del Estado donde afirmaba que “si hay alguien que bebe más de la cuenta, si hay alguien que... o sea, esa es una responsabilidad propia”, lo que le valió un llamado al orden por parte de la presidenta de la comisión, Ana María Bravo (PS). Y una advertencia del subsecretario Cordero, por haber dicho que hubo ocultamiento de información y un pacto de silencio. “Esas declaraciones están en el límite de la injuria”, sentenció.
“Si nos dicen a nosotras que estamos encubriendo, que nos estamos quedando calladas, me molesta, porque no es así”, sostuvo Mix. Mientras la diputada Consuelo Veloso, también militante del FA, aseguró que “no todo es cancha” y que tratar de sacar un provecho político es cuestionable. “Ahora -dijo- parece que son todas feministas, lo que me alegra mucho. Pero ojalá que esta preocupación se pueda sostener después del caso Monsalve, cuando tengan que hacerse cargo del Estado, si es que llegan a estar en el poder”.
Las diferencias no se zanjaron ahí. Siguieron fuera de la comisión.
Érika Olivera, diputada de Demócratas, urgió a las parlamentarias a condenar siempre cuando se violenta a una mujer, independientemente de si son afines o no a un partido o a un gobierno. “No puede -dijo- haber un doble estándar. Y, sin duda, el silencio inicial fue un duro golpe al movimiento feminista y al principio ‘Amiga yo te creo’ levantado por La Moneda”.
Coincide con ese análisis Karen Medina, diputada independiente, quien asegura que detrás de la cautela de los movimientos feministas “está, sin duda, la protección que se le hace al gobierno, porque el involucrado, esta vez, es alguien de su mismo sector”.
Independiente de los puntos de vista sobre cómo se actuó en las primeras horas, la diputada Carolina Tello (FA) enfatiza que hay que quedarse con el fondo, en orden a que no hay encubrimiento; que el exsubsecretario está en prisión preventiva y que el Estado está movilizado para lograr justicia. “Lo que me parece absolutamente injusto -precisa- es que se culpe al movimiento feminista, por delitos cometidos por una persona, de manera individual”.
Desde la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), la presidenta, Claudia Bluck, admite que hubo un desfase en el accionar del movimiento feminista. Pero hace ver que como la noticia se conoció al mismo tiempo en que Monsalve había salido del cargo, la presión por su renuncia quedó fuera del mapa de intervención. “Si el exsubsecretario hubiera seguido en sus funciones o lo hubieran movido a otra área, en ese mismo instante, que no quepa dudas, habríamos estado todas afuera de La Moneda pidiendo su dimisión”, asegura.
Abofem fue la única asociación que se pronunció. El resto de las organizaciones -la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres; la Coordinadora 8M a nivel nacional (aunque sí lo hizo la de Valparaíso), y Lastesis- no accedieron a responder a La Tercera sobre su accionar frente al caso Monsalve.
Desde los pasillos del Congreso la evaluación transversal es que resta todavía ponderar el daño que infligió este episodio al trabajo que vienen desarrollando los movimientos feministas desde principios de los 90 y que tendrá su primer test público el próximo 8 de marzo.
