Un libro, más de 500 niños indígenas muertos, minería ilegal de oro y diamantes, un cuestionado expresidente brasileño y el Ejército de dicho país. Esta lista, aparentemente inconexa, es la base de la grave acusación de “genocidio” que Luiz Inácio Lula da Silva busca llevar adelante contra su predecesor, Jair Bolsonaro, por la situación a la que indígenas yanomami de la Amazonía habrían sido empujados bajo el gobierno de extrema derecha.
Para el 24 de enero, 29 niños de dicha comunidad habían sido trasladados a hospitales vía aérea por graves casos de desnutrición y malaria para su tratamiento urgente. Tras el paso de Lula por Roraima, sector fronterizo con Venezuela y Guyana, donde habita la comunidad indígena, el gobierno declaró una emergencia médica en la zona. El mandatario dijo sentirse “conmocionado” por lo que vio.
Según la actual administración, Bolsonaro sería el principal culpable de la muerte de unos 570 niños yanomami por enfermedades curables, quienes habrían fallecido en el lapso de los cuatro años en que se mantuvo en el poder. La causa principal, declararon las autoridades, sería la desnutrición causada por la falta de alimentos, la contaminación de las aguas y el retiro de los servicios de salud que atendían a las comunidades durante la gestión previa. Esto, a su vez, habría ocurrido producto de la liberalización de las restricciones contra la actividad extractiva ilegal impulsada por el exmandatario.
Estêvão Senra, geógrafo e investigador del Instituto Socioambiental de Brasil, dijo a La Tercera que “entre los años 2020 y 2021, por ejemplo, se registraron más de 40.000 casos positivos de malaria. La población yanomami es de unas 28.000 personas en total. En ciertas regiones, donde la explotación minera es especialmente intensa, ocho de cada 10 niños menores de cinco años tienen un déficit nutricional”.
Malaria, casos de diarrea y malformaciones causadas por mercurio utilizado por mineros de oro, aseguró Sumauma, medio especializado en el Amazonas que citó datos obtenidos a través de una solicitud de transparencia a registros de agencias federales, serían otras de las razones que generaron lo que Lula calificó como “genocidio”.
Flávio Dino, ministro de Justicia y Seguridad Pública, ordenó el inicio de una investigación policial para esclarecer el supuesto delito de “genocidio”, en una misión que la Policía Federal inició el lunes pasado.
Como si de la caída de una compleja estructura de dominó se tratara, la cadena de responsabilidades trasciende a los cuatro años de Bolsonaro en el Palacio de Planalto. Investigaciones periodísticas brasileñas rastrearon cómo, incluso cuando este era diputado federal en 1998, impulsaba leyes para deshacer la conformación de la Tierra Indígena Yanomami, lo que no prosperó.
Sin embargo, sus argumentos -que EE.UU. buscaba “injerir militarmente en la Amazonía con el pretexto de preservar el medioambiente”, aseguraba en la época- eran similares a ideas difundidas a través de un libro conspirativo publicado por el Ejército que, cual terraplanista actual, negaba la existencia del pueblo yanomami.
El libro de la conspiración
Que los actuales 28.000 indígenas no existen, que fue un invento de una fotógrafa suiza y que todo era un plan para satisfacer intereses “ajenos”. Escrito por el coronel Carlos Alberto Lima Menna Barreto en 1995, y publicado por la biblioteca del Ejército de Brasil, La farsa yanomami es un libro digno de estudio.
En este, el militar aseguraba que el pueblo indígena fue una creación de “fuerzas extranjeras” y ONG para “separar a Brasil” del territorio indígena, lo que se lograría al “cederlo a los ficticios ‘yanomami’” y “preparar la futura dominación de la Amazonía (...) para la posterior creación de países indígenas independientes, bajo la tutela de la Organización de Naciones Unidas (ONU)”.
El texto esconde, detrás de esa capa inicial de conspiración, un miedo real de las Fuerzas Armadas brasileñas que se mantiene hasta hoy: el temor por perder la soberanía de la Amazonía, aseguró a G1 João Roberto Martins Filho, profesor de la Universidad Federal de San Carlos e investigador que estudia al Ejército brasileño.
Menna Barreto falleció el mismo año en que se publicó su libro. Pero su idea habría perdurado en el Ejército, cree el académico. Tanto el expresidente Bolsonaro como el exministro a cargo del gabinete de Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno, expresaron su temor a la posibilidad de perder tierras amazónicas, detalló el mismo medio. “Hay todo tipo de conjeturas sobre la posibilidad de perder esos territorios. No existe tal cosa”, dijo Martins Filho. Dicho discurso es similar a la lógica antiglobalista que se convirtió en uno de los emblemas tanto de Bolsonaro como de sus seguidores.
La relación entre algunos miembros del Ejército y los garimpos -mineros ilegales- sería una de las razones del aumento en la tasa de extracción irregular. Así lo aseguró el diario Folha de Sao Paulo, que accedió a documentos que apuntan a una estrecha relación entre militares asignados a la zona de Roraima y las bandas mineras. Cuando un batallón incautó una embarcación dedicada a esta actividad dentro del Territorio Indígena Yanomami, no solo descubrieron gramos de oro, crack o cocaína en piedra y munición de 9 mm. También notaron que el piloto era primo de uno de los soldados que realizaba el operativo.
En los informes se detallaba la estrecha relación entre militares del Séptimo Batallón de Infantería de Selva (BIS) y los garimpos, donde los primeros filtraban información sobre las operaciones contra la minería ilegal antes de que se desarrollaran, además de permitir la circulación de oro y drogas mediante el pago de sobornos, aseguró Folha.
Las medidas de Lula
La caza, la agricultura de roza y quema a pequeña escala y su seminomadismo son parte de sus cualidades, las que se ven directamente afectadas por la intervención del entorno natural en el que viven, especialmente al considerar que subsisten de forma completamente autosustentada, creando artículos cotidianos a mano.
Para ver de primera mano la situación en Roraima, Lula visitó el lugar el 21 de enero, donde se declaró “conmocionado”. “Más que una crisis humanitaria, lo que vi fue un genocidio: un crimen premeditado contra los yanomami, cometido por un gobierno insensible”, aseguró más tarde.
Se calcula que hay cerca de 20.000 mineros ilegales en la zona, casi misma cantidad que la de yanomami en sus tierras. “El Sistema de Monitoreo de Minería Ilegal impulsado por la Asociación Hutukara Yanomami registró que de octubre de 2018 a diciembre de 2022 la actividad aumentó en más de 300%”, dijo Senra. “La presencia de la minería contribuye al aumento de los conflictos en el territorio, con la entrada de armas, bebidas alcohólicas y drogas”, agregó.
En conversación con La Tercera, Melillo Dinis, abogado de organizaciones indígenas de la Amazonía, dijo que la investigación contra Bolsonaro “dependerá del coraje del Ministerio Público Federal, quien tiene el desafío de encuadrar los hechos en la hipótesis del derecho interno brasileño”.
El expresidente se defendió acusando “otra farsa de la izquierda”. Aseguró que entre 2019 y 2022, “el Ministerio de Salud prestó más de 53 millones de servicios de atención primaria a los pueblos tradicionales”.
