A ocho meses de haber asumido la presidencia de Perú, el futuro del mandato de Pedro Castillo vuelve a estar en la nebulosa. Porque desde su llegada a la Casa de Pizarro el 28 de julio pasado, el líder izquierdista de Perú Libre deberá enfrentar mañana nuevamente un proceso de moción de vacancia tras el intento fallido de destitución liderado por la oposición, en diciembre.
A diferencia de la primera solicitud, impulsada por Patricia Chirinos del partido Avanza País, la nueva moción presentada por el diputado Jorge Montoya, del partido opositor Renovación Popular, fue admitida a debate por 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención. Para que se apruebe la vacancia se necesitan 87 votos y existe el consenso entre los expertos de que no sería aprobada.
“Se ha generalizado la vacancia como arma política, cotidiana casi, sin leer ese artículo en la forma restrictiva que debería leerse. Incluso si aceptamos que sirve para vacancias de este tipo por graves faltas tendría que ser por muy graves faltas. No creo que se llegue a los votos, sería sorpresivo, porque esta vez -a diferencia de (Martín) Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski- Castillo tiene una bancada más grande y que ha logrado consolidarse, ha regresado esa bancada. Ha vuelto con Vladimir Cerrón y Perú Libre, pero es muy difícil que se dé”, explicó a La Tercera el analista peruano Eduardo Dargent.
Esta solicitud se sustenta en 20 denuncias de supuestas faltas constitucionales del mandatario, incluyendo la reciente acusación de una empresaria que lo vincula con presuntos actos de corrupción.
En este sentido, la oposición en el Congreso dijo que el Presidente Castillo habría incurrido en los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad genérica, luego de que el programa de televisión Panorama revelara -el 20 de febrero- que el profesor cambió su versión respecto a las visitas que realizó la lobista Karelim López al palacio de gobierno.
López, quien también se encuentra inmersa en las investigaciones sobre actos irregulares en el gobierno, busca acogerse a un proceso de colaboración con la justicia a cambio de obtener beneficios. En su declaración, la lobista ha señalado que Castillo integra una supuesta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dedicada al direccionamiento de obras públicas.
El Presidente -en respuesta a un pliego de 84 preguntas formuladas por la fiscal Karla Zecenarro, quien investiga el Caso Provías Descentralizado- dijo que no se había reunido con López. Esto, a pesar de que, anteriormente, en una entrevista con CNN en Español reconoció que sí había recibido a la empresaria.
Sin embargo, no se trata de un caso aislado, ya que desde el inicio de su mandato se ha visto envuelto en sucesivas polémicas y crisis de gobierno que han mermado su popularidad. De hecho, según una encuesta nacional gestionada por Ipsos, el 53% de los peruanos estaría de acuerdo con la renuncia de Castillo tras sus presuntas vinculaciones con escándalos de corrupción. “Estoy aprendiendo cada día”, comentó el Presidente en distintas entrevistas durante los primeros meses de su llegada a la Casa de Pizarro.
Castillo ha compuesto sus gabinetes con una orientación diversa, lo que ha llevado a sus críticos a acusarlo de conducir el país con un rumbo errático, al punto que varios de sus ministros han tenido que renunciar en medio de escándalos y siendo cuestionados en el Congreso. De hecho, en estos ocho meses de gobierno ha tenido cuatro gabinetes.
Por ejemplo, la crisis que terminó con el tercer gobierno juramentado comenzó a gestarse a las pocas horas de su formación. Castillo sorprendió al nombrar como presidente del Consejo de Ministros a Héctor Valer, un congresista del que había pocas referencias y que había ganado su escaño como candidato de un partido considerado de extrema derecha.
Poco después, la prensa comenzó a destapar escándalos relacionados con el pasado de Valer. El mayor revuelo en su contra lo provocó la información del diario El Comercio que destapó que un juez le impuso medidas cautelares por una denuncia de su hija, que lo acusó de agredirla a ella y a la esposa del político. La presión fue tal que no logró conseguir la confianza del Congreso, por lo que Castillo nombró a Aníbal Torres, quien ejercía como ministro de Justicia.
Es en medio de este contexto que Castillo enfrenta este pedido de destitución. “El solo hecho que exista una segunda propuesta de vacancia, ya advierte que estamos delante de un gobierno, en primer lugar, minoritario, vulnerable, pero a su vez un gobierno que ha llevado a situaciones casi límites. Es un Presidente de la República con muchas limitaciones, que tiene un entorno familiar, amical, sindical, que han llevado al aparato del Estado a personas que no solamente no tenían los requisitos mínimos para ostentar el cargo, sino que gente que tiene antecedentes de todo tipo y que forma parte de esta suerte de dinámica patrimonial, de la que parece está embebido el Presidente Castillo. Son ocho meses de los peores que hemos podido vivir en la historia”, indicó a La Tercera Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
En la misma línea, Dargent señala que “es un gobierno que ha hecho un cuoteo. Se ha nombrado a personas aliadas, lo peor de la política peruana, patrimonialista, pequeñita. Y llega al gobierno central y con grandilocuencia de que se están haciendo cambios en un gobierno de izquierda, cuando en realidad la izquierda está saliendo muy golpeada de esto. Incluso, los aliados de izquierda, que han tolerado y apoyado estas cosas, se están desprestigiando”. “El nivel de funcionarios colocados es bien decepcionante y por más que uno diga que la vacancia no está pensada para esto, muchas veces dan ganas que se sancione lo que es una muy mala gestión de la cosa pública”, comenta.
Castillo ya confirmó su asistencia mañana al Congreso, aunque no ha aclarado si será él mismo o su abogado quien se pare frente al pleno. “La próxima semana estaremos nosotros en el Congreso de la República por una situación que se ha hecho, por una convocatoria que nos han hecho, para ir a responder de lo que se quiere hacer creer al pueblo peruano”, indicó.
Crisis permanente
Con o sin vacancia, para muchos analistas la crisis política que se ha extendido desde 2016 ha llegado a unos niveles intolerables y no se vislumbra una pronta solución. Por un lado, Castillo no enfrenta a la misma oposición que enfrentó Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) o Martín Vizcarra (2018 -2020).
“Con una oposición que, por ahora, está muy sola, que no la acompaña la calle, el estado de ánimo contra el gobierno no se traduce en un estado de ánimo ciudadano, crítico a favor de la vacancia, a pesar de la impopularidad del gobierno que cada vez se va restringiendo más a sus bolsones de voto de la primera vuelta electoral”, dice Dargent.
En este escenario, surgió la propuesta del expresidente Francisco Sagasti (noviembre 2020-julio 2021) que plantea el adelanto de elecciones, a través de un proyecto de ley de reforma constitucional, como ocurrió en 2000, pero utilizando el mecanismo contemplado en la Ley de Control y Participación Ciudadana, para el cual se necesitan 75 mil firmas de adherentes.
“Este tema aparece como una salida en algunos sectores, porque el problema no es solamente Castillo, sino que el tema es el Congreso. Ni siquiera ha podido cumplir su función adecuadamente de control político. Teniendo en cuenta que tenía todos los votos para poder censurar ministros, solamente se censura a uno, cuando hay una larga lista de ministros que no debieran estar un día más en el Congreso. Este es un proceso que, además, terminaría en manos del Congreso, que por ahora lo rechazaría. Pero si es que adquiere un nivel de dinámica, que la gente mire esto como una salida, no le sería tan fácil de negarlo”, estima Tuesta.
Para Dargent, la propuesta es un llamado de atención para que tanto el Ejecutivo como el Legislativo peruanos reaccionen. “Ahora en el Congreso, además de la vacancia, hay una suerte de alianza tácita para desmantelar reformas. Y más bien, la debilidad de los partidos ha llevado a que haya muy pocos congresistas con una agenda más programática. Entonces, el resultado es una suerte de alianza de mediocridad y corruptelas, intereses particulares que es muy dañina para el Estado”, concluye.
