El nocáut de Contraloría a Hassler que el PC había advertido

“Es un patrimonio para nuestra comunidad que queremos dejar como legado”. Así terminaba la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, un video -difundido el 19 de enero- en que anunciaba con gran satisfacción que el concejo municipal acababa de aprobar una inversión de $ 8.200 millones para adquirir la ex Clínica Sierra Bella (ubicada en la calle homónima en el centro de la capital) que permitiría a los vecinos contar con la primera clínica municipal del país.

La millonaria compra provocó de inmediato suspicacias y cuestionamientos políticos y administrativos, que la joven edil comunista salió a defender una y otra vez (ver cronología al final de esta nota). Ello, hasta este jueves, cuando un contundente fallo de la Contraloría General de la República (CGR) objetó la transacción por “precio injustificado”, dando la razón a sus detractores.

Pero eso no era todo. El organismo fiscalizador -en un informe de 32 carillas- cuestiona a la alcaldesa no haber adoptado las medidas para garantizar la correcta administración y resguardo de los recursos municipales, impulsando la compra de un inmueble por cuatro veces su valor mercado.

Cercanos a Hassler cuentan que ella y su círculo cercano sabían que venía un “informe duro” de Contraloría, que incluiría una serie de advertencias y correcciones a la forma en que se había llevado a cabo el negocio. Pero que al mismo tiempo confiaban en que serían solucionables en forma rápida para continuar el proceso.

Tan confiada estaba la alcaldesa, que para este fin de semana tenía previsto dar una señal en materia de seguridad para enfrentar el crimen organizado instalado en distintos barrios de su comuna, que había quedado en evidencia ante todo el país tras el asesinato del carabinero Daniel Palma en el barrio Av. Matta.

Fuentes del municipio afirman que la economista de la U. de Chile siempre confió ciegamente en la terna a cargo del ambicioso proyecto sanitario: el jefe de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Luis Mayorga; el director jurídico de la municipalidad, Jean Pierre Chiffelle, y su directora de Salud, Beatriz Chamorro, incluso, desoyendo algunas advertencias hechas desde su propio partido en el último tiempo.

Por lo mismo, señalan las mismas fuentes, el dictamen de Contraloría fue un balde de agua fría para Hassler, que en un año y nueve meses de gestión ha debido enfrentar una serie de críticas, por el descontrolado comercio ambulante, la crisis de los colegios emblemáticos, el aumento de los homicidios, y la prostitución a plena luz del día en la Plaza de Armas, entre otros temas.

Hasta ahora, su discurso había sido deslindar responsabilidades al gobierno central por el tema de la inseguridad, y a la derecha que, como ella ha comentado en privado, no le perdonan que una mujer comunista de 30 años les haya arrebatado el principal municipio del país.

Pero ahora con el fallo de la CGR sobre la mesa, que entre sus destinatarios figuraban el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, esa estrategia ya no bastaba. Y la alcaldesa debió tomar decisiones.

La noche del jueves, las luces de la oficina de Hassler -ubicada tras el balcón principal de la municipalidad frente a la Plaza de Armas- permanecieron encendidas hasta pasada la medianoche.

Desde las 8 p.m. la edil estuvo reunida por más de cuatro horas junto a su equipo de confianza buscando un plan de salida. Aunque ninguna figura del PC llegó esa noche al edificio consistorial, sí hubo comunicación telefónica con varios dirigentes de su partido, especialmente con el grupo de mujeres que lidera la diputada Karol Cariola.

La primera conclusión fue que su acatamiento de la resolución en su totalidad y su decisión de no continuar con el proceso de compra de Sierra Bella no era suficiente.

Con los párrafos subrayados en que la CGR establecía que las tasaciones comerciales que sirvieron de base al municipio para determinar el justo precio, “superan en aproximadamente cuatro veces el avalúo fiscal”, se decidió salir a responsabilizar a los tasadores.

Pero había que dar una señal más potente que le permitiera a Hassler blindarse política y administrativamente.

Pasadas las 11 p.m., la jefa comunal decidió pedir la renuncia a Chiffelle y Mayorga, y se encomendó al equipo de comunicaciones convocar a una rueda de prensa a las 9 a.m. del día siguiente.

Luego se discutió la puesta en escena y se acordó que Hassler debía hablar escoltada por concejales y figuras de su partido y vecinos. Aunque era muy tarde, se hicieron las gestiones.

El viernes sólo llegaron al punto de prensa en el histórico Salón de Honor de la municipalidad, la concejal comunista Dafne Concha y las diputadas Karol Cariola y Alejandra Placencia, dato que no pasó desapercibido esa mañana en el círculo de Hassler.

Cuando la plana mayor del PC aún celebraba uno de sus triunfos políticos más emblemáticos del último tiempo -la aprobación el martes en la Cámara de Diputados del proyecto que reduce de 45 a 40 horas la jornada laboral-, el fallo de la CGR les aguó la fiesta de un sopetón. Aunque para varios no fue sorpresa.

La situación de Hassler y la polémica compra del centro de salud ya había sido discutida en varias oportunidades en la comisión política y en otras instancias partidarias, donde había voces que advertían que existían dudas a la vista en torno al millonario negocio, y que en cualquier minuto podría escalar y traer graves consecuencias para el partido e incluso al gobierno.

Según fuentes del PC, se produjeron dos posturas internas. Quienes advertían que Hassler no había contado con suficiente apoyo de la colectividad, y ponían como ejemplo la brusca salida de la también PC Jeannette Jara -su primera administradora municipal- al Ministerio del Trabajo, en marzo de 2022, lo que habría descuadrado la estructura de alcaldesa. En esa oportunidad, la actual ministra se llevó a la entonces directora de comunicaciones del municipio, entre otras asesoras.

El otro bloque opinaba que había sido la propia Hassler quien, desde que asumió, en junio de 2021, había mantenido distancia con la tienda, dejando en claro que “había ganado Hassler y no el PC”, señala una fuente del partido.

Argumentaban, además, que en las primarias presidenciales de Apruebo Dignidad en 2021, ella se reunió primero con Gabriel Boric y después con su par de Recoleta, Daniel Jadue.

Más allá del caso Sierra Bella, en el PC reconocen que Hassler no ha tenido la capacidad para gestionar equipos. Un ejemplo que dan es que en un año nueve meses ha tenido cinco directores de comunicaciones.

Sus defensores señalan que Santiago es un municipio muy complicado donde hay que convivir con empleados de otras líneas políticas y que, muestra de ello, es que ningún edil ha salido bien ni ha sido reelecto.

Más allá de estas diferencias, tras conocerse el informe del máximo organismo fiscalizador, la plana mayor del PC decidió atrincherarse y salir a defender a su jefa comunal. Para ello se definió una estrategia comunicacional que enfatizará tres puntos. Primero, que esta es una campaña de la derecha para impedir que Hassler sea reelecta en 2024. Dos, que no se gastó “ni un solo peso” de las arcas municipales en el fallido negocio y que la edil siempre respetó la institucionalidad. Tres, que su única intención fue darles a los vecinos de Santiago una clínica para ser atendidos a tiempo y con dignidad en un sistema de salud público colapsado.

Estos puntos fueron la base de una declaración pública emitida el jueves por el PC y reiterados por el secretario general de la tienda, Lautaro Carmona, el viernes en el diario El Siglo. “Estamos ante una campaña política donde la derecha está anteponiendo sobre la implementación de políticas públicas legítimas y legales, una campaña para desacreditar a la alcaldesa Irací Hassler, con vista a la próxima elección municipal”, señaló Carmona, quien reemplaza a Guillermo Teillier (se encuentra con una estricta licencia médica) en la dirección del PC.

Más que el tema judicial, donde aseguran no correr ningún riesgo, lo que más preocupa al PC es quedar ante la opinión pública como un partido que no está en condiciones de asumir un municipio de primera línea.

Para el dirigente del PC Marcos Barraza, lo más destacable del pronunciamiento de la Contraloría es que hay un cuestionamiento a la tasación y son los tasadores quienes tienen que responder sobre la tarea que realizaron.

-A la luz de los hechos, ¿cree que la alcaldesa pueda haber sido engañada o perjudicada por alguien del municipio?

-No es bueno especular y lo mejor es tenerse en cuenta los hechos. Y en este caso indican que no hubo ningún desembolso de recursos por parte del municipio.

La alcaldesa inició los sumarios que permitirán establecer responsabilidades administrativas y despidió a dos personas como consecuencia de esta situación.

Aunque nadie se atreva a decirlo, al interior del PC -y también en el equipo de confianza de la economista- las miradas sobre el origen de la compra de la exclínica Sierra Bella apuntan a Luis Mayorga Salces.

Pero ¿cómo llegó el geógrafo de la UC de Valparaíso -cercano al Socialismo Democrático- a la Secplan de Santiago, uno de los puestos más estratégicos de un municipio?

Fuentes oficialistas cuentan que fue el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, quien le recomendó su nombre a Hassler, antes de asumir. Mayorga había sido su Secplan por varios años, pero le dijo a Hassler que a él no le gustaba estar mucho tiempo en una comuna.

Por esos días, el experimentado edil ex PS había ofrecido a los alcaldes más jóvenes de Apruebo Dignidad recién electos ayuda, asesoría y consejos para formar sus equipos.

Quienes conocen a Mayorga señalan que maneja al dedillo el “tejemaneje” de los municipios y lo califican como un hábil operador político en el mundo municipal. Y, otro aspecto clave para cualquier jefe comunal, conoce las leyes e instancias para generar recursos.

Según sus currículums y documentos que aparecen en la web, el geógrafo y criador de gatos siameses ha trabajado en más de diez municipios de la Región Metropolitana, entre ellos, Melipilla, Las Condes, Lo Prado, Paine, Huechuraba, Conchalí, Cerro Navia, Buin, Independencia y Santiago.

“Acabamos de aprobar en concejo municipal la compra de la ex Clínica Sierra Bella, que va a ser la primera clínica municipal de nuestro país (...) Es una gran inversión municipal. Cerca de 8.200 millones de pesos destinados a fortalecer la salud pública”.

“Descarto cualquier polémica artificial. El proceso ha sido de acuerdo a toda la normativa, a lo que señala la Contraloría, que es poder contar con tres tasaciones para tener el precio adecuado para la compra, en este caso del municipio”.

“Nos pidieron las tasaciones, que es justamente el proceso que orienta la Contraloría, y por tanto, los vamos a poner a disposición (...) El avalúo fiscal no es el mismo que el precio de venta”.

“Todos los antecedentes que cualquier organismo requiera los pondremos a disposición como ya hemos hecho con la Contraloría, porque somos los más interesados en que se despeje cualquier duda”.

“Somos los más interesados en poder despejar cualquier duda que se instale para generar la compra de la Clínica Sierra Bella, la que, hasta ahora, no ha tenido aún ningún recurso involucrado a la espera del pronunciamiento de Contraloría”.

“Los informes de los especialistas tasadores establecieron los siguientes valores y montos por la propiedad de la Clínica Sierra Bella (entre $ 8.207 y $ 8.304 millones). Es en base a un promedio de dichos montos que la municipalidad realiza la oferta respectiva para la adquisición de la ex clínica”.

“Solicitamos que las distintas acciones y especialmente los pronunciamientos puedan ser con celeridad para despejar cualquier duda y avanzar con un proyecto que es urgente (...) Estamos disponibles a aportar toda la información”.

“Comparto esta columna del economista David Debrott, especialista en salud pública. (Él plantea que) los recintos de salud de este tipo tienen un valor en el rango de lo que el Concejo de Santiago ha aprobado en la compra de dicho inmueble”.

“Hemos decidido no perseverar en el proceso de compra (de la clínica). Al mismo tiempo que instruí sumarios administrativos internos y acciones legales contra los tasadores”.

“Es fundamental que todas las responsabilidades sean asumidas (...) Por ello, decidí pedir la renuncia al director jurídico y al secretario de planificación comunal del municipio de Santiago”.