El otro caos de Santiago

Fue una semana tensa en Santiago. El municipio vive días complejos en su gestión. La crisis de los colegios emblemáticos y de seguridad la coronó una imagen angustiante que se viralizó: dos niños, vendedores ambulantes, amenazaban con cuchillos en medio de una riña callejera, en pleno Paseo Ahumada.

La respuesta de la alcaldesa Irací Hassler (PC) fue sorpresiva: llamó al gobierno y al Ministerio del Interior a que hicieran una “intervención profunda” del centro de Santiago.

Precisamente ahí, en el edificio municipal ubicado en la Plaza de Armas, hay otras tensiones que se vienen acumulando. Dentro, funcionarios dicen que hay una olla a presión encendida hace meses y denuncian malos tratos, agresiones, acoso laboral y preferencias políticas a la hora de designar cargos públicos.

Daniela Ahumada es geriatra en la Dirección de Salud Municipal de Santiago. Asegura que es la única con esa especialidad en la unidad. Lleva más de 10 años trabajando ahí y ha visto el paso de diferentes administraciones. Pero este período, admite, fue el más duro. “Uno entiende que llegan cargos de confianza -apunta-, pero lo de esta administración fue absurdo”.

Ahumada comenta que durante la pandemia su equipo, el de Referencia Técnica, estuvo muy bien evaluado, llegando a tener 15 hogares de reposo de adultos mayores a cargo. Pero de a poco comenzaron los cambios.

“A mi jefe, Rodrigo Farías, que es médico, le hicieron la ley del hielo -acusa-. Lo empezaron a aislar en su oficina, sin pasarle información. Él se dio cuenta de que querían que renunciara. Y lo terminó haciendo. A una enfermera, María José Raffo, también: estaba bien evaluada, pero le empezaron a tirar sumarios, la presionaron. Ella estaba embarazada, pero terminó renunciando”.

La profesional apunta a dos nombres: Beatriz Chamorro, directora de Salud Municipal, y Nicolás Becerra, un excandidato a concejal por Santiago del PC, que ahora es el subdirector de Modelo de Atención.

“A mi jefe, Farías, lo sacaron para que entrara Becerra, quien es de profesión tecnólogo médico con especialidad en oftalmología, especialidad que, por lo general, no se usa en atención primaria -indica-. Cambiaron el organigrama y le hicieron ese cargo. Se trajo a sus mejores amigos y amigas, también militantes: Catalina Aguero como referente de salud mental y Paulina Castillo en salud sexual”, dice la geriatra. Según su Linkedin, Becerra fue coordinador del Programa Municipal de Testeo, Trazabilidad y aislamiento enfocados en poder controlar el aumento de contagios COVID-19 de La Florida.

Una vez que Becerra fue nombrado, Ahumada asegura que conversó la situación con Chamorro para quejarse.

El tiempo pasó y la profesional asegura que su equipo fue desmantelado: además de la renuncia de Farías y Raffo, se sumó la partida del médico Andrés Flores y el traslado de la enfermera Yessenia Olmedo y el asistente social Sebastián Lucero.

“Ahí se me acercó una enfermera que trajo Beatriz Chamorro y me dijo: Dani, si eres la única en contra, ¿por qué no te quedas callada, haces lo que te conviene y le haces la pega a Nicolás, no más? Le respondí que se había equivocado conmigo, que no iba a hacerle el trabajo a alguien que no lo sabe hacer. Ahí empecé a juntar pruebas”.

Ahumada acusa que en el Consultorio Domeyko, donde ella trabaja, contrataron a “una amiga de la directora llamada Adriana Fuenzalida, que hace medicina complementaria, como reiki y acupuntura, a quien le pagan dos millones de pesos. Me quedé sin presupuesto y decidí retirarme, porque yo estoy a cargo. ¿Cómo explico después que la plata se gastó en pagarle a una persona que hace medicina complementaria?”.

Actualmente, Ahumada está con licencia médica por maltrato laboral. Empezó un juicio laboral en contra de su empleador. Para visibilizar su situación, acudió a la Asociación de Funcionarios de Salud Número 2, que representa aproximadamente la mitad de los trabajadores de esa área. El presidente del gremio, Luis Rodríguez, quien también es terapeuta en la comuna, apoya la versión de la doctora:

“Conocemos cuatro casos de trabajadores, entre médicos y enfermeras, que han renunciado a sus cargos. Fue por esta misma razón: ellos hacían su trabajo, pero el mérito se lo llevaban otras personas que no hacían nada. Los compañeros se han ido llorando de acá”.

Rodríguez acusa que tal como Ahumada, quien piensa u opina de forma distinta a la administración, la van aislando “para hacerla sentir mal”.

El dirigente explica en detalle lo que sucedió en los casos que denuncian:

“Lo que hacen es designar a una persona de confianza que, en los hechos, toma el rol de jefe, pero no le corresponde. Y el profesional que estaba antes a cargo queda firmando o haciendo tareas de oficina -agrega-. En esos puestos ponen a gente sin la capacidad técnica para hacer ese trabajo. Incluso, han inventado puestos”.

Jean Pierre Chiffelle, director jurídico de Santiago, conoce el proceso judicial laboral que interpuso Ahumada. Dice que ella denunció una sobrecarga de trabajo en sus funciones, a lo cual respondieron que no era efectiva.

“Ella interpuso una acción para ser indemnizada por una enfermedad profesional, pero luego cambió el motivo de la demanda a una enfermedad común. Por esto, no pudimos llegar a una mediación ante el tribunal. Es un proceso en trámite en la justicia laboral que aún no tiene sentencia definitiva”, sostiene Chifelle, a quien la municipalidad designó para responder las dudas para este artículo.El mismo descartó la situación referida a los funcionarios de confianza: “cada funcionario tiene su rol determinado por contrato. Lo que hay es funcionarios en determinados departamentos que trabajan en base a las funciones del reglamento. No hay superposición de funciones en particular”.

Carmen Yáñez tiene 30 años de experiencia como funcionaria en la Municipalidad de Santiago. En ese tiempo nunca le había tocado un hecho como el que denunció en mayo pasado: acusa que el administrador municipal, el segundo a cargo del municipio, Claudio González, la empujó luego de una discusión en su área, la dirección de Aseo y Ornato.

“Nos pedían a los colegas recolectores que salieran como sea a trabajar, a pesar de que había pocos camiones. Llegó el director y el administrador y tuvimos una reunión -asegura. Yo escuché eso y le hice ver que no estaba de acuerdo con eso. Yo me di vuelta y él me empezó a empujar, para decirme oye, te estoy hablando. Mis colegas lo increparon. Luego, lo denuncié a la Contraloría”.

Yáñez agrega algo más:

“Mira, si yo hubiese sido la que hubiese cometido esa falta de respeto, yo no estaría trabajando -se queja-. Pero como él es una persona de confianza tienen que mantenerlo, no lo pueden echar”.

Sobre ese caso, Chiffelle asegura que las denuncias correspondientes se tomaron: se inició un proceso en la Contraloría y un sumario interno, del cual están esperando la resolución.

Lo que dice Yáñez se repite entre otros trabajadores contactados para este reportaje: que habría una supuesta preferencia en los tratos por los funcionarios que han entrado por confianza a los cargos, frente a los que se desempeñan desde antes en el municipio.

Eduardo Pastene es jefe de la oficina de cobranzas municipal y también director de la Asociación de Funcionarios Municipales de Santiago. Él, un exmilitante UDI, lamenta lo que está pasando en el municipio. Sostiene que la falta de experiencia de la nueva administración está causando estragos en la comuna.

“Lo que pasa es que la legislación solo permite un puñado de cargos de confianza para la administración. Pero desde el retorno a la democracia existe la figura del “coordinador”: lo han utilizado todas las administraciones. Entonces, yo siendo jefe de algo, me ponen al lado a esa persona para estar sobre mi responsabilidad. Pero quien firma soy yo. Es gente que llega con un nivel más alto y mejores sueldos que los funcionarios”, señala.

Pero esta vez, dice Pastene, esa práctica ha sido excesiva.”No tengo el dato exacto, porque es muy variable, pero calculamos que de los siete mil funcionarios, unas 250 o 300 personas han ingresado en esta administración. Todas las administraciones lo hacen, pero esta ha sido especialmente prolífica al hacerlo”.

En comparación, según una exasesora de la administración de Felipe Alessandri, entre diciembre de 2016 y junio de 2021 fueron aproximadamente 150 los funcionarios que ingresaron al municipio.

“Lo que yo he apreciado personalmente es que ellos sienten una desconfianza política con los funcionarios. Ellos se encierran en su mundo, entre militantes. Llegan y les dicen a colegas que tienen más de 40 años de experiencia cómo tienen que hacer las cosas. Entonces, las cosas se hacen como ellos dicen, pero no necesariamente de la forma como tiene que hacerse”, dice Pastene.

Una funcionaria, de otra área, también quiso hablar en reserva sobre este punto. “Esta administración tiene una desconfianza terrible con todos los equipos. Los directores que trajo no confían en la gente. No hay ninguna relación con los funcionarios antiguos. Los miran en menos, los dejan de lado”.

A Pastene lo que le preocupa de todo esto son las tensiones que siguen apareciendo. A veces tienen que ver con las formas. Esa clase de conductas han producido falta de comunicación entre pares, además de problemas de salud mental. “En mi sección somos 10 y hay semanas que cuatro tienen licencia médica, sea cual sea la razón”, apunta Pastene.

Jean Pierre Chiffelle, el director jurídico del municipio, tras ser consultado sobre el número de licencias médicas que han pedido funcionarios, respondió que no lo tenía a mano. Además, agregó, las licencias pueden ser por múltiples factores, “como por Covid”, además de que estas tienen un diagnóstico reservado.

Chiffelle también desconoce la cantidad de funcionarios que han entrado al municipio después del cambio de administración. Sobre lo mismo, señala: “Es muy subjetivo decir si son de confianza o no”, aunque “está claro que cada administración decide quién entra o no”.

“Hay gente que está pidiendo su retiro anticipado porque está chata”, dice Eduardo Pastene. Esto se vería acentuado por la relación que han tenido algunos funcionarios con la alcaldesa Hassler.

De hecho, la actual administración ha tenido cuatro directores de comunicaciones en un año y medio: Melissa Gutiérrez, Nicole Araya, Jeanette Aguilar y Álex Araya.

Nicole Araya, de hecho, pasó a ser parte del “círculo de hierro” de Hassler, como jefa de gabinete, desde mediados de este año. Ese entorno también lo componen los administradores Melba Castro y Claudio González, así como las concejalas oficialistas Dafne Concha, Camila Davagnino, Yasna Tapia y Virginia Palma, quienes le dan la mayoría en las sesiones del concejo.

“La alcaldesa es muy lejana- apunta un trabajador de la salud-. Nunca vi algo así. Toma decisiones que no son acertadas. Hay un debilitamiento de la seguridad pública en Santiago. Por eso, los pacientes no quieren ir a los centros de salud, porque los asaltan”.

Luis Rodríguez, dirigente de la Asociación 2, reclama que los funcionarios de la salud le hicieron llegar una carta a la alcaldesa solicitando solucionar estos problemas, pero no ha habido respuesta. Hassler, en cambio, se ha acercado más a los otros gremios, que tienen menos miembros, dice Rodríguez: “Así hacen un punto de prensa y dicen que no hay problemas, porque están dos de las tres asociaciones de salud”.

Lo que más lamenta Rodríguez es que han visibilizado esta situación, pero no han conseguido una respuesta satisfactoria de parte de la edil: “Cuando era concejala, siempre nos reuníamos con ella. Pero ahora solo hemos tenido una reunión, en la que le pedimos, al frente de la jefa de gabinete y de Chamorro, la renuncia de esta última”.

“Lo peor -remata- es que la salud en Santiago debería ser un modelo a nivel nacional, porque es la comuna capital del país. Pero tenemos un consultorio, el Ignacio Domeyko, donde en el casino no hay agua. Hay otros lugares donde los funcionarios se pelean por un box de atención”.

Al respecto, Chiffelle responde que se han contestado todas las cartas presentadas. Y sobre la cercanía de la alcaldesa, explica que ha participado en todas las actividades municipales y conmemorativas. “No estoy de acuerdo con eso. Veo funcionarios que llevan 30 años trabajando acá que están felices, que agradecen que ella vaya a las actividades”.

Daniela Ahumada, dice, no es uno de ellos.

“Probablemente iré a trabajar hasta reventarme de nuevo. No me queda otra. No puedo renunciar”.