Cuando Lidia Díaz (50) recibió el llamado de su hija Sofía (14), para pedirle que la recogiera del colegio porque no se sentía bien, su madre ya sabía lo que se venía. Era el miércoles 8 de junio. Los síntomas, pensó Díaz, serían los mismos que los de la última vez en 2018: pupilas dilatadas, hormigueo en las piernas, dolor de cabeza y un fuerte picor en la garganta. Frente a una nueva intoxicación como esa, gatillada por las emanaciones tóxicas que salían del cordón industrial de la comuna de Quintero, no había más que hacer que traerla de vuelta a su casa, darle harto líquido, un paracetamol y dejarla en reposo un par de horas.
Llevarla al hospital no valía la pena, dice ella ahora:
–¿Para qué? ¿Para que estén con un puro doctor, la tengan seis horas con suero y después la manden para la casa? Si me dijeran que ahí le van a hacer un estudio, de verdad, para ver qué metales pesados tiene en el cuerpo, ahí sí. Pero aquí no existe nada de eso.
Lidia Díaz nunca ha dejado Quintero. Ella, una comerciante de ropa, junto a sus hijas de 21, 16 y 14 años, arrienda una casa en Ignacio Carrera Pinto, a dos kilómetros de la calle principal de la comuna y a unas cuadras del Colegio Don Orione, donde estudia la menor de ellas.
En ese establecimiento fue donde se reportó el segundo hecho de intoxicación durante la semana pasada.
La salida de estudiantes en diversos colegios del sector fue masiva. En el Orione, en total, fueron 36 alumnos, un profesor y tres manipuladores de alimentos quienes presentaron síntomas. Algunos de ellos llegaron a atenderse al Hospital Adriana Cousiño. Aunque varios, como Lidia Díaz, optaron por atender a sus hijos en la casa.
Esa misma semana, Christopher Martínez (34), un profesor de Educación Física del Colegio Santa Filomena, de la misma comuna, también supo lo que se venía cuando ya iban más de 10 niños que le decían que estaban con un fuerte dolor de cabeza. Sabía, además, el protocolo que se debía activar: cancelar su clase, mantener a los alumnos dentro de la sala, activar los purificadores de aire que había en cada una de ellas y llamar a los apoderados de quienes estaban reportando los síntomas para que los fueran a recoger.
–Hay otros que también te dicen ‘profe, me duele la cabeza, pero entre que se me pase acá o en la casa, prefiero quedarme acá’. Son 27 años de lo mismo, uno ya lo tiene normalizado–, dice Martínez.
El alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, lo había comentado un mes atrás.
–En una reunión que tuvimos acá con el Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero (CRAS) yo advertí: ‘ojo, que estamos partiendo el invierno y está más que demostrado que la ventilación y otros factores de esta temporada no permiten una buena salida cuando hay alguna problemática de contaminación’.
A partir del 6 de junio, con las primeras escuelas contaminadas, Lidia Díaz dice que las calles se vaciaron. Lo notó porque sus ventas en Avenida Normandie bajaron en un 60%.
–La gente acá se guarda y salen a comprar lo justo y necesario, sobre todo por los niños. ¿Quién va a querer salir a respirar al aire libre?
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Antes de la década del 2000, en el sector de Quintero, Puchuncaví y Concón -donde desde los 60 una serie de empresas como Codelco, Enap, Oxiquim, Aes Andes y otras 12 más se instalaron para formar un complejo industrial- quienes se enfermaban no eran niños. Al menos así lo recuerda Lidia Díaz:
–Eran los trabajadores de las primeras empresas que se instalaron aquí. Les pasaba a los papás de mis compañeras, pero nunca me afectó directamente.
Eso hasta 2011, cuando el 23 de marzo una nube tóxica de azufre envolvió una parte de Puchuncaví y afectó a 23 niños y siete adultos de la Escuela Básica La Greda. Una que estaba a 500 metros del complejo industrial Ventanas.
El escándalo que generó a nivel nacional fue tal que, en julio de ese año, el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció el cierre y traslado de la escuela dos kilómetros más allá del lugar en el que estaba.
Esa vez, quienes asumieron la responsabilidad fue la fundición y refinería División Ventanas de Codelco. En total, fueron 38 los querellantes, sin embargo, el caso no llegó a juicio: en 2013 cerraron un acuerdo donde la estatal se comprometía a crear un fondo de $ 164 millones para el apoyo exclusivo en prestaciones de salud, además de financiar la construcción de la nueva Escuela Básica de La Greda, cuya inversión superó los $ 2 mil millones.
Lidia Díaz no le prestó demasiada atención a eso, porque no eran cosas que pasaran en su comuna. El problema, recuerda, solo se veía de lejos.
Patricia Ibarra (39), profesora de básica, se dio cuenta de que esto era serio con el derrame de petróleo del buque Mimosa, en septiembre de 2014, en las playas de Quintero.
–Con mi marido habíamos puesto una minipyme de juguetes inflables para la playa, pero estas se empezaron a cerrar. Entonces nos afectó directamente.
Hasta antes de eso, vivir en Quintero implicaba recibir alertas a las que, reconoce, no les prestó atención. Como que su hija -que en 2012 tenía dos años- viviera con tos.
–Tengo una prima doctora que me decía que no me hacía bien estar ahí. Después relacionas todas las cosas que fueron pasando. Pero en el momento lo vives y dices ‘ay, a lo mejor la tos es porque es más sensible’. Uno siempre va buscando otras respuestas-, dice Ibarra.
El derrame de esa vez fue de 38 mil litros de petróleo que cayeron al mar a raíz de una falla en la conexión del buque y el terminal de Enap. Por ese entonces, la Fiscalía Marítima fue la que determinó las sanciones: tras definir que el accidente fue por una mala maniobra del remolcador Puyehue, este último, junto con el buque Mimosa, tuvieron que pagar $ 360 millones. Mientras que Enap, por no cumplir con las condiciones requeridas por la autoridad para la instalación de su terminal, fue sancionada con $ 450 millones.
Lidia Díaz recuerda ese episodio.
–Esas cosas pasaban a menudo. Que tiraban petróleo en el mar y uno iba a la playa y estaba negra el agua. Pero yo siento que eso nunca afectó directamente a las personas, o al menos no nos dábamos cuenta.
Por eso, el derrame del buque Mimosa tampoco le importó.
Cuatro años más tarde pasó de nuevo. Sólo que esa vez fue distinto: a Lidia Díaz sí le importó.
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Christopher Martínez no olvida ese día de agosto de 2018:
–Todo empezó por el suelo. Teníamos clases a las 8.00 am y el piso tenía manchas amarillas.
Unas horas después, Martínez cuenta que algunos alumnos del curso de tercero medio en donde era profesor jefe empezaron a sentirse mal. Luego de unos minutos, el malestar alcanzó a toda la clase.
–Empezaron a llegar ambulancias desde Loncura y otros sectores, porque en el hospital nos dijeron que estaban colapsados. Los niños iban caminando y se desmayaban. En un minuto llegamos a tenerlos a todos sentados con oxígeno. Había algunos a quienes les habían puesto intravenosa para poder relajarlos un poco, porque la situación era caótica. Mientras tanto, afuera, los apoderados trataban de entrar a sacarlos para llevarlos a la casa.
A un kilómetro de distancia, en el Colegio Don Orione, pasaba lo mismo. Entre esos estudiantes intoxicados estaba Sofía, que con nueve años llamó a su mamá para que la fuera a buscar.
–Me decía que no sentía las piernas, y las pupilas dilatadas de sus ojitos, eso fue lo más impresionante. Ahí la llevé al hospital, la vio una doctora y dijo que tenía una intoxicación-, dice Lidia Díaz.
Para la mayoría de los habitantes de Quintero, el episodio de 2018, que derivó en varias intoxicaciones entre agosto y octubre de ese año, ha sido el más devastador. Según un informe de la época de la Seremi de Salud de Valparaíso, hubo 1.208 consultas de urgencia registradas desde el primer evento de contaminación, el 21 de agosto. Los síntomas eran náuseas, vómitos, desmayos y dolores de cabeza.
No son pocas las teorías de lo que ocurrió esa vez y hasta el día de hoy el caso no está zanjado. Pero en términos simples, lo que se sabe es esto: a las costas del país llegó un buque cargado de crudo iraní. En principio, arribó a la Región del Biobío -donde también hubo episodios de intoxicación-, pero luego se trasladó a Quintero, donde se inició la descarga. Eso generó una nube tóxica de emisiones de dióxido de azufre que gatilló las intoxicaciones de los habitantes de la zona.
Felipe Riesco, entonces subsecretario del Medio Ambiente, recuerda que el Presidente Sebastián Piñera les dio un plazo de un mes para determinar quién había sido el culpable y qué acciones tomar para que esto no se volviera a repetir. Fue por eso que, en principio, la exministra de la cartera, Carolina Schmidt, apuntó a Enap como la empresa responsable y en septiembre de ese año, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos en su contra.
El problema es que, luego, el Ministerio Público abrió una investigación con arista penal relacionada a los efectos que pudieron generar estas descargas en la población y todo se complicó: en 2019 la causa se cerró, pero luego se volvió a abrir por un informe que le quitaba responsabilidad a Enap. Hasta el día de hoy la causa sigue abierta en la Fiscalía Regional del Biobío.
A partir de ese incidente, la manera de hacer las cosas en el sector cambió. “El 2019 se dictó un Plan de Prevención y Descontaminación de la zona. Desde esa oportunidad la condición del aire empezó a mejorar”, cuenta el superintendente de Medio Ambiente, Emanuel Ibarra.
En paralelo, el gobierno de Sebastián Piñera firmó un convenio con el Instituto de Investigaciones Atmosféricas de Noruega (NILU) que permitiría mejorar el sistema de medición de calidad de aire en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Todo esto, para que contingencias como esta no volvieran a ocurrir.
Eso pensó Delia Díaz: que después de esa medida, ya no tendría que llevar a su hija al hospital. Porque ese episodio fue el primero que la hizo cuestionarse si vivir en Quintero era bueno para su familia.
-Pero me quedé. Irse era complicado por la situación económica -explica.
Patricia Ibarra, en cambio, decidió irse. Por ese entonces, trabajaba como profesora de básica en el Colegio Santa Filomena. El episodio lo vivió junto a Christopher Martínez y no aguantó más.
-En ese tiempo mi hijo menor tenía un año, pasaba enfermo. Meses antes de las intoxicaciones un doctor nos dijo que si podíamos salir de ahí, saliéramos lo antes posible. Ese día en el colegio yo llamé a mi mamá llorando diciéndole que quería irme.
A partir de esa suspensión de clases, Ibarra se trasladó a Villa Alemana con su familia. Nunca más regresó.
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Un vecino le grita al alcalde Mauricio Carrasco, la mañana del 15 de junio. Ha pasado un día después de la nueva intoxicación.
-¡Alcalde! Ya pues, ¿cuándo va a sacar a las empresas?
El edil le responde que no tiene las facultades para hacer eso, pero que están trabajando para que las empresas estatales puedan invertir en nuevas tecnologías que permitan operar de una manera más limpia. Ese, para él, es el principal problema.
-Esto pasa por una voluntad de inversión. Lo que se necesita es inversión en tecnología. La refinería y fundición de Codelco debe estar produciendo cobre de la misma manera que los últimos 40 años.
La académica de la Clínica de Justicia Ambiental de la UDP, y directora ejecutiva de la Defensoría Ambiental, Alejandra Donoso, coincide: la falta de innovación en tecnologías es una cosa, pero en el cordón industrial existe otro problema de base.
-La normativa medioambiental tiene un diseño que no es coherente con el riesgo que se ha creado y se da en un escenario de desinformación muy grande, que dificulta la toma de decisiones que aseguren el respeto de los derechos de las personas.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, sostiene que, en lo que llevan de administración, eso se ha intentado cambiar:
-Ya avanzamos en la actualización de las normas de emisión para termoeléctricas y fundiciones, y en la creación de una norma primaria de calidad de arsénico y una norma secundaria de calidad para la bahía de Quintero y Puchuncaví.
El problema es que mientras eso se aplique, los vecinos de Quintero tienen que seguir viviendo en estas condiciones. Y levantarse en esa comuna no es lo mismo que levantarse en cualquier otra. Eso dice Mauricio Carrasco.
-¿Sabes lo que es vivir con un estrés constante de que todos los días los vecinos se puedan intoxicar?
Porque aun cuando las condiciones de aire estaban mejorando, esto volvió a pasar. Hasta el jueves 16 de junio, el Hospital Adriana Cousiño había recibido 112 pacientes -entre adultos y escolares- por esta emergencia.
Desde la SMA sostienen que entre el año pasado y el 2020 no se habían registrado mayores episodios de contaminación masiva. Este vendría siendo el primero desde el 2018.
-Por eso, justamente estamos haciendo las investigaciones -explica el superintendente Emanuel Ibarra-, porque rompe la lógica de que el plan estaba funcionando bien.
Hasta ahora, la SMA dice que las explicaciones que han podido encontrar a los episodios reiterados de las últimas semanas son multicausales y se agravan por la mala ventilación que se produce en estas épocas de frío: el primero del lunes 6 de junio, por ejemplo, se dio por un peak de dióxido de azufre. Ahí, la SMA dictó medidas para Codelco.
Por eso, para Alejandra Donoso, los estándares de las norma son tan importantes:
-Es insuficiente para el caso, porque regula parcialmente los contaminantes presentes, con bajos estándares para la protección de la salud de las personas, y no es aplicable a la totalidad de industrias y procesos.
El segundo episodio que vino dos días después, según la SMA, se dio por compuestos orgánicos volátiles ligados a las empresas que trabajan con combustibles. Pero incluso, aseguran, existen causas relacionadas a problemas en el alcantarillado, algo que puede pasar en cualquier ciudad.
Aun así, se ordenó a seis industrias disminuir sus actividades ante condiciones de mala y regular ventilación en un 70% por 10 días, a partir del viernes, además de controlar sus emisiones atmosféricas.
Además, establecieron medidas específicas a Codelco y AES Andes. Desde esta última entidad, a través de un comunicado, descartaron que existiera responsabilidad en esta intoxicación. En Codelco transmiten algo similar: según información publicada en distintas minutas, el mismo 6 de junio, en los horarios en que sucedieron las intoxicaciones, las estaciones de calidad del aire registraron parámetros normales de las concentraciones de dióxido de azufre (SO2). Desde ese mismo día la fundición estuvo detenida. Por lo mismo, argumentan que, incluso con Ventanas cerrado, hubo intoxicaciones.
Aún así, la tarde del viernes, el directorio de Codelco tomó una decisión inesperada que luego fue ratificada por el Presidente Gabriel Boric pasadas las 21.30 horas: la fundición -y no la refinería- Ventanas de Codelco iniciaría un proceso de cierre, el cual será paulatino y puede llegar a demorar hasta cinco años. Previo al anuncio, los trabajadores de la estatal ya habían salido a rechazar la medida. “Gabriel, nosotros votamos por ti, confiamos en ti y tú nos traicionaste”, decía uno de ellos en vivo en el noticiero de CNN.
El cierre para ellos significaba la pérdida de cerca de 740 puestos de trabajo -350 de planta y 390 contratistas- de la fundición, según números de Codelco. De hecho, poco menos de la mitad de aquellos que son de planta viven en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Sin embargo, en su anuncio el Mandatario se comprometió con ellos: “A los trabajadores y sus familias no los vamos a dejar solos. (...) Y puedo afirmar con responsabilidad que ningún trabajador se quedará sin su empleo en la compañía”.
En la Municipalidad de Quintero están conscientes de los costos económicos que esto implica. Sobre todo porque, aseguran, cerca del 10% de sus habitantes se verán afectados por el cierre de la planta estatal. Por eso que el alcalde Mauricio Carrasco rechazó la decisión, reiterando su argumento sobre invertir en nuevas tecnologías.
Mientras eso ocurre, la fiscalía local de Quintero de todas formas abrió una investigación tras la llegada de tres denuncias provenientes de Carabineros, la que estará a cargo del fiscal Luis Ventura.
Esto, para Héctor Pérez, director del Colegio Santa Filomena, ya casi es irrelevante, porque a estas alturas ya no importa de dónde vengan las intoxicaciones:
-Van a pasar dos meses y esto va a decantar un poco, van a ponerles restricción a algunas empresas, pero luego va a ocurrir de nuevo. Y van a llegar los canales de televisión, la PDI que va a querer subirse al techo a sacar muestras, los bomberos, etc. Pero nosotros nunca hemos tenido una respuesta concreta.
El panorama, para el decano de la Facultad de Ciencias PUCV, Manuel Bravo, no es alentador:
-Veo muy poco viable que coexista este cordón industrial junto a un asentamiento humano. Lo veo complejo, por la naturaleza de las sustancias que se manejan y porque siempre puede haber un problema. Ya sea una falla indeseada o un problema asociado a una mala manipulación o incorrecta operación de las plantas que puede generar episodios como estos.
Lidia Díaz tampoco es optimista. Lo que en 2018 veía como una idea lejana, ahora le parece un asunto de sobrevivencia.
-Yo me quiero ir de aquí lo antes posible.
Dejar su comuna, dice, nunca fue parte de su plan.
-A nosotras Quintero nos expulsó.
