“Así quedó mi vehículo con el ataque en emboscada”, publicó el pasado 2 de agosto de 2020, en sus redes sociales, el agricultor Orwal Casanova Cameron (70). La imagen de los daños a su camioneta, tras ser víctima de un ataque en medio de un camino rural hacia Victoria, en la Región de La Araucanía, no solo mostró los focos rotos y la luneta trasera trizada por el impacto de perdigones, sino que, además, evidenció la escalada de tensión y violencia que comenzaba a crecer en la zona. Apenas cinco meses después del episodio, el agricultor y candidato a concejal por la UDI enfrentaría un nuevo y letal ataque.
El fundo El Rosario, ubicado en el sector de Selva Oscura, al norte de la región, era el lugar donde Casanova trabajaba desde mediados de abril como administrador. Desde 2018, las 400 hectáreas del predio donde se producían cereales, habían sido blanco de una seguidilla de intentos de toma por parte de comunidades locales para controlar las tierras. Las medidas de presión y las constantes amenazas llevaron a que el antiguo arrendatario del terreno, el agricultor Gregorio Correa, lo abandonara luego de 36 años de trabajo. Su salida obligada dio paso a que otro empresario tomara su lugar y contratara a Casanova -a mediados de abril del año pasado- para cumplir una compleja tarea: “Orwal trabajaba ahí para hacerse cargo del lugar, patrullaba todos los días para evitar que se lo tomaran, que pusieran letreros. Tenía que repeler los balazos, defendiendo el lugar. No era una persona que manifestara preocupación por estas cosas. Él tenía súper claro que acá estamos en una guerra con narcoterroristas”, asegura Gloria Navellan, amiga de la víctima.
Pese a que tenía una casa en la comuna de Victoria, Casanova optó por vivir gran parte de la semana en el fundo El Rosario. Así presenció diferentes intentos de tomas e incidentes violentos asociados al control territorial. Uno de ellos ocurrió a fines de noviembre de 2020. La fallida usurpación de un grupo de comuneros dio paso a amenazas y disparos que obligaron a la fiscalía local de Victoria a decretar medidas de protección. Se designó a un grupo de Carabineros para permanecer de punto fijo por las noches y, además, realizar patrullaje durante el día. Pero ninguna de estas medidas evitó la tragedia del 7 de enero.
“El miércoles 6 de enero hablamos por teléfono con Orwal. Me dijo: ‘Está muy tranquilo todo. Eso no es bueno, deben estar planificando algo’. Y así fue”, asegura un amigo del agricultor. Los patrullajes que realizaba Casanova, detalla, los realizaba sobre una cuatrimoto de color amarillo, para trasladarse rápido ante cualquier intento de ingreso ilegal al predio. No era su única precaución: también portaba un casco, chaleco antibalas, antiparras, un revólver y una escopeta.
Los conflictos con comunidades mapuches cercanas y radicalizadas como “Las Cardas” y “Calbún” llevaron a que Casanova iniciara una investigación para conocer el nombre de los líderes y su estructura. “Sabía quiénes eran, me dijo que si intentaban tomarse el lugar o si hacían algo podría pasarle esa información a Carabineros”, detalla uno de sus cercanos. La tensión entre Casanova y algunos miembros de la comunidad era constante. Por esta razón, cuando el 7 de enero llegó hasta el fundo El Rosario una caravana de, al menos, ocho camionetas, Orwal Casanova ingresó a la casa patronal, se equipó con su casco, chaleco antibalas, antiparras y cargó su revólver y su escopeta para luego subir a su cuatrimoto de color amarillo.
Eran cerca de las 10.30 del pasado jueves cuando el ingeniero mecánico puso en marcha el vehículo para cumplir con el último patrullaje de su vida.
Allanamiento fallido
Un poco más de 22 kilómetros separan a las comunas de Victoria y Ercilla, ambas en la Región de La Araucanía. Son las 10.30 del 7 de enero y en las inmediaciones de la comunidad de Temucuicui se afinan los detalles para un allanamiento simultáneo que la PDI preparó durante meses. La investigación, que trasladó a casi un centenar de detectives hasta el corazón de la zona roja del conflicto mapuche, comenzó en 2018, tras la detención del werkén de la comunidad, Jorge Huenchullán, por el delito de cultivo de marihuana.
Durante ocho meses la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía investigó a grupos dedicados al tráfico de drogas, armas, municiones y responsables de homicidios que se ocultaban dentro de la comunidad. Las interceptaciones telefónicas, declaraciones de testigos y seguimientos permitieron al Ministerio Público solicitar al Juzgado de Garantía de Collipulli las órdenes de entrada y registro para que la PDI ingresara por la fuerza a, al menos, 20 viviendas y lograra la captura de siete imputados.
Según la PDI, nada quedó al azar. “Teníamos claro que había una organización criminal con poder de fuego”, aseguró el director de la PDI, Héctor Espinosa, sobre la preparación del procedimiento. Por eso, más de 800 funcionarios de distintas regiones fueron citados para el operativo. Sus días los pasaban repasando el operativo y analizando mapas del sector y por las noches acampaban en un estadio de Angol. En la PDI sabían que el sector era de difícil acceso, por lo cual al grupo se sumaron 84 oficiales del Equipo de Reacción Táctica (ERTA), especialistas en operaciones de alto riesgo. Uno de ellos era el inspector Luis Morales Balcázar. Con 34 años, soltero, sin hijos y oriundo de Iquique, Morales había realizado una carrera de ocho años y 11 meses en la PDI. Es por eso que, según su entorno, el viaje al epicentro del conflicto mapuche lo consideraba uno más de sus operativos de alto riesgo.
Con el paso de las horas, el procedimiento comenzó a tomar forma y la entrada a Temucuicui era inminente. Esa comunidad es la misma donde vivía el comunero Camilo Catrillanca y en cuyo juicio -realizado a la misma hora del operativo- se declaró culpable al exsargento de carabineros Carlos Alarcón que le dio muerte en 2018.
Cerca de las 11.00, Morales y otros efectivos se formaron en la primera línea que debía ingresar, despejar y asegurar el área. Pero algo falló. Disparos de escopeta y armas de grueso calibre impactaron los vehículos y escudos de los policías que, momentos antes, habían sido emboscados en el camino boscoso y con suelo de arcilla. Ocultos detrás de los árboles o desde pequeñas colinas, encapuchados comenzaron a disparar contra los detectives desde distintos puntos. El enfrentamiento había comenzado.
La emboscada y el intercambio de disparos no impidió el intento de la PDI por ingresar a la comunidad para cumplir con las detenciones y allanamientos. Pero serias fallas tácticas desataron la crisis: Luis Morales Balcázar había quedado en la mira del arma de un encapuchado, al igual que otros ocho detectives del escuadrón.
Los resultados del operativo tampoco fueron los esperados. Apenas cinco de 20 domicilios fueron registrados. Aun así la redada finalizó con los arrestos de Nicol Calhueque Calhueque y María Cristina San Martín, presuntas integrantes de un clan dedicado al tráfico de drogas, quienes quedaron en prisión preventiva el viernes. En total, la policía incautó 1.277 plantas de marihuana, principalmente en la comunidad Chacaico Alto, además de 40 kg procesados de cannabis, siete armas y 148 municiones de distinto calibre. “Contaban con la capacidad de resistir y repeler la acción judicial”, explicaría horas más tarde el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes.
Dos disparos, dos muertes
Orwal Casanova aceleró la cuatrimoto a toda potencia. Bordeando el cerco perimetral del predio, se acercó hasta al grupo de hombres que, según testigos, minutos antes habían ingresado en ocho vehículos tras forzar la reja de acceso y buscaban colgar en los alambres banderas con consignas y anuncios que daban cuenta de la usurpación del fundo El Rosario.
El encuentro entre Casanova y el grupo fue breve. No hubo discusión, solo exhibición de armas y un disparo. Casanova, según la policía, apenas alcanzó a bajarse del vehículo cuando un tiro de escopeta lo impactó en el rostro, en la zona cercana a la boca. Cayó desplomado al suelo. Los atacantes subieron a sus vehículos y huyeron por la ruta R-823 con dirección a la comunidad Las Cardas, según declararon testigos a la policía.
“Cada vez que había un atentado, Orwal partía a ayudar, a acompañar a las víctimas o defenderlas. Era un patriota y un valiente. Fue de Patria y Libertad por un buen tiempo”, relata su amiga Gloria Navellan. Casanova, según su entorno, era un activo militante UDI y con frecuencia participaba en encuentros del partido. Tuvo una fallida incursión senatorial en 2017 por la Región de La Araucanía, donde, en julio de ese año en medio de la campaña, aseguró que “en la región se ha inventado una cosa ficticia del llamado conflicto mapuche. Para mí los mapuches no son violentistas, no son conflictivos. Lo que pasa es que aquí hay grupos subversivos, terroristas y que se han tomado y apropiado del nombre de los mapuches para ejercer actos de violencia”.
Tras el deceso del agricultor el gobierno presentó una querella en contra de quienes resulten responsables del homicidio. Y de forma paralela, el Ministerio del Interior también presentó una acción legal por los hechos ocurridos a 22 kilómetros de distancia, en la comuna de Ercilla que, a causa de un disparo directo en el cráneo, terminó con la vida del inspector Luis Morales Balcázar, el mártir 56 de la institución.
Los dos crímenes cometidos en La Araucanía llevaron al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a viajar de urgencia el viernes a la zona. Allí, el jefe de gabinete, tras reunirse con autoridades locales y de Carabineros y la PDI, adelantó que se reenfocará en “el trabajo para poder determinar a los responsables de los asesinatos de las últimas 24 horas. Y si vamos más atrás, también a los responsables de los asesinatos que han ocurrido en los últimos meses”.
Los dos fallecidos, un detective y un agricultor, murieron el mismo día y fueron despedidos también el mismo día. A la Escuela de Investigaciones llegó ayer el Presidente Sebastián Piñera, al sepelio de Luis Morales. Ahí dijo: “Nunca debemos confundir la acción criminal de estos grupos con el pueblo mapuche”.