“Nosotros vamos a esperar lo que ellos decidan. Está en manos de ellos decidir el adelanto de elecciones. Mi renuncia no está en juego en esta situación”. En declaraciones ante la prensa en Piura, la Presidenta de Perú, Dina Boluarte, descartaba así el jueves que estuviera evaluando la posibilidad de dimitir si es que el Congreso no aprobaba el proyecto de adelanto de elecciones para octubre de 2023 que su gobierno había enviado un día antes al Legislativo, en un intento de calmar las mortíferas protestas que han dejado al menos 58 fallecidos.
Pero tal como ocurrió con otros tres proyectos de adelanto de elecciones presentados en la última semana, la propuesta del Ejecutivo fue archivada por un tecnicismo el viernes por la noche por una comisión del Congreso, antes incluso de que llegara a debatirse. Ahora no podrá retomarse hasta julio, cuando comience un nuevo año legislativo. Así, la decisión del Legislativo dejó en el aire una de las principales reivindicaciones de los manifestantes, cuyas protestas han sacudido Perú en las últimas semanas, la mayoría de ellas en el sur del país.
Si bien el Congreso ya había acordado adelantar las elecciones previstas inicialmente para 2026 a 2024, eso no detuvo las protestas. Unas manifestaciones que cumplen casi dos meses y que comenzaron cuando Boluarte, que entonces era vicepresidenta, asumió el poder para reemplazar al Presidente Pedro Castillo, quien fue destituido por el Parlamento tras intentar disolverlo sin éxito. Un Congreso que hoy luce más fracturado que nunca y que, por lo mismo, ha fracasado repetidamente a la hora de ponerse de acuerdo sobre su propio proyecto de ley de adelanto de elecciones tras semanas de luchas políticas internas.
Un escenario que no hace más que ratificar el diagnóstico que ya en noviembre de 2020, tras la destitución del Presidente Martín Vizcarra, el destacado politólogo y académico peruano Alberto Vergara Paniagua plasmaba en una columna publicada en The New York Times. “La democracia peruana agoniza”, aseguró entonces. Una agonía que, tras la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, en junio de 2021, tomó la forma de una nueva amenaza. “El peligro más grande en Perú es el desgobierno”, advirtió entonces el profesor de la Universidad del Pacífico (Lima) en declaraciones a La Tercera.
A la luz de la actual crisis, Vergara reconoce que “ser optimista en estos días en el Perú sería una ingenuidad”. Y es que, a su juicio, “se ha roto el consenso democrático”. “Hace rato que el Perú sufre el drama de ser una democracia sin demócratas”, asegura.
En junio de 2021, tras la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, usted advertía en entrevista con La Tercera que “el peligro más grande en Perú es el desgobierno”. Diecisiete meses después, ¿imaginaba este escenario? ¿Cuán grave es la crisis que enfrenta hoy el país?
Digamos que nadie podía saber la forma exacta que tomaría el desgobierno, pero estaba asegurado. Ganase quien ganase las elecciones. O sea, en el Perú no hay una crisis de presidentes o de congresistas: hay una crisis tremenda de representación. Que ha terminado degradándolo todo. Una parte de esa degradación es que en el Perú se ha roto el consenso democrático.
¿Cómo así?
No quedan actores que uno pueda señalar como democráticos. La derecha se hipotecó al proyecto de invocar un fraude inexistente e intentar un golpe electoral el 2021; luego la izquierda quemó sus credenciales democráticas al apoyar el gobierno corrupto de Pedro Castillo que desembocó en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y que, además, la izquierda latinoamericana no condena; ahora tenemos a la derecha celebrando que se abra fuego al margen de la ley contra manifestantes. En el Congreso, por su parte, no hay ni siquiera 10% de congresistas que uno llamaría demócratas. Hace rato que el Perú sufre el drama de ser una democracia sin demócratas.
¿Cuál es la naturaleza de las protestas de estos últimos dos meses?
Son protestas en las que han convergido muchas cosas. Comenzaron como grupos pequeños y radicales, afines al gobierno de Castillo, con objetivos coordinados y violencia, por ejemplo, contra dependencias públicas como fiscalías o aeropuertos. Luego, como suele ocurrir, la violencia estatal va despertando la indignación más general. Cuando tienes 17 muertos en un día como en Juliaca o una decena en Ayacucho el repudio se expande. Entonces, las protestas están compuestas de muchas cosas. De violencia inaceptable. Pero también de indignación legítima. Porque además el gobierno se ha pasado dos meses llamando a quienes se manifiestan “terroristas”, “malos peruanos”, “minorías delincuenciales”. Y la Presidenta Dina Boluarte tiene 17% de aprobación y el Congreso 7%. No son repudiados por minorías. Según las encuestas, la identificación con las protestas aumentó durante enero. Entonces, en una democracia se deben distinguir los hechos criminales de la protesta legítima y eso es lo que el gobierno no quiere hacer con su lógica de la guerra.
Pese las decenas de muertos en las protestas, en la última semana el Congreso rechazó cuatro proyectos de adelanto de elecciones, una de las principales demandas de los manifestantes. ¿Cómo se explica esta desafección de la clase política frente a los requerimientos de la ciudadanía?
Es que no hay clase política. Probablemente ya no hay ni políticos. El Congreso está poblado por individuos que se ganaron la lotería electoral y consiguieron un trabajo que les paga lo que nunca ganarían fuera de ahí. No tienen vínculos con partidos, líderes, organizaciones sociales, un programa político, con nada. No rinden cuentas ante nadie. Entonces, no les importa ser impopulares ni lo que la ciudadanía desee.
La prensa peruana aseguró que la Presidenta Dina Boluarte pensó renunciar en dos ocasiones tras los primeros muertos en las protestas. ¿Cómo califica su rol en la gestión de la crisis? ¿Su dimisión podría aliviar la situación?
La presidencia de Boluarte es una desgracia. Está repitiendo el error de Castillo: recibe un país enfrentado y en lugar de abocarse a serenarlo echa gasolina a mansalva. En una democracia tú no puedes tener 60 muertos en 60 días. Primero, es un fracaso gubernamental calamitoso. Segundo, es inaceptable en una democracia. No se puede matar ciudadanos por más actos vandálicos que estén ocurriendo. El Estado no tiene derecho a ponerme una bala en la cabeza porque estoy vandalizando lo que sea. Eso te pone al margen de las leyes de la República. Tercero, en la medida en que la parte más brutal de esta represión ha ocurrido en el sur del Perú, Boluarte y su primer ministro, Alberto Otárola, nos van a dejar una fractura muy difícil de resanar en el país. El sur del Perú está herido.
Usted ha hablado sobre “la secular angustia limeña frente a ‘la indiada’”. ¿El hecho de que las protestas se concentren en las regiones, especialmente en el sur, responden a esta grieta?
Mire, por casualidad en las últimas dos semanas me he encontrado con tres amigos psicólogos y los tres me cuentan que sus pacientes de clase alta llevan al consultorio el miedo a los comunistas y a la gente que está viniendo de la sierra. Fíjate a dónde estamos llegando: los miedos políticos inoculados en lo más íntimo de la gente. En estos días, Lima está confirmando sus viejas angustias y el sur está refrendando los viejos desprecios. Y el gobierno hace las cosas peor. Hay una declaración del primer ministro Otárola muy interesante sobre esto. Dijo algo así como que se venía una asonada contra Lima y que debía proteger a Lima. Es decir, el señor pareciera creer que lo han nombrado capataz de una hacienda llamada Lima.
En relación a Pedro Castillo, usted comentó a La Tercera en 2021 que “ojalá no caiga en la tentación autoritaria de empujar una Asamblea Constituyente por fuera de los cauces constitucionales y legales. Ahí se incendia el país”. ¿Por qué cree que tras la destitución de Castillo hay sectores que siguen insistiendo con una Asamblea Constituyente? ¿Perú necesita realmente una nueva Constitución?
Y cayó en la tentación, cuando da el golpe Castillo convoca a una Asamblea Constituyente. En el pedido de constituyente hay dos cosas, creo. De un lado, una vieja tradición latinoamericana de refundar la República a cada tanto, muchas veces para favorecer al caudillo de turno, incluyendo más y más derechos que todo el mundo sabe no podrán garantizarse. De otro lado, está la voluntad de acabar con la Constitución de Alberto Fujimori como fin en sí mismo, con prescindencia de lo que venga luego. Cuando veo el Perú de hoy me parece ingenuo creer que sus problemas o soluciones residen en esta u otra Constitución.
La reciente cumbre de la Celac dejó al descubierto los cuestionamientos de los líderes regionales frente al manejo de la crisis por parte de Boluarte. ¿Cuán aislada está la mandataria? ¿Cree justificada la intervención del Presidente Gabriel Boric, quien pidió un “cambio de rumbo”? ¿Hubo una injerencia en asuntos internos?
Creo que en esta ocasión el Presidente Boric se equivocó. Pudo ser crítico escogiendo mejor sus palabras. Pero también hay que reconocer que el Presidente Boric no se sumó a México, Colombia, Argentina y Bolivia cuando en actitud antidemocrática e irresponsable niegan que Castillo haya dado un golpe de Estado. Y sobre la Presidenta Boluarte, desde luego que va a ir quedando cada vez más aislada. Fuera de los círculos reaccionarios limeños que la aplauden estos días, todo el mundo sabe que en el Perú se están cometiendo crímenes contra los derechos humanos.
En abril pasado, el Barómetro de las Américas ubicó a Perú como uno de los países con menor apego a la democracia en la región. En ese escenario, ¿cuánto riesgo hay que irrumpan figuras populistas como la de Antauro Humala?
Ese riesgo siempre ha estado. La diferencia es que ahora el consenso democrático está roto en el Perú. Es difícil imaginar una elección futura en la que quien pierda reconocerá su derrota, salvo que la diferencia de votos sea muy grande. En cualquier caso, es casi imposible imaginar una dinámica en la que habrá una oposición leal al sistema. O imaginar que los grupos que compongan el próximo Parlamento se comportarán de una manera diferente a como se han comportado los últimos parlamentos peruanos. Incluso la ciudadanía ha ido cayendo en estas dinámicas intolerantes y antidemocráticas. El otro día veía a unos estudiantes de izquierda de la Universidad Católica que pedían muerte para la élite intelectual del país. Y luego en la televisión aparece un tipo que dice que cada muerto por la policía está bien muerto. Es perturbador ver cómo las condiciones de convivencia civilizada se degradan día a día.
Con seis presidentes en cuatro años y el estallido de las protestas, ¿Perú corre el riesgo de que su inestabilidad política se haga realmente crónica? ¿Hay señales que permitan guardar algún grado de optimismo frente al futuro del país?
Si lo ve en términos históricos, la inestabilidad es crónica en el Perú. Como Sísifo, cada cierto tiempo erigimos un proyecto político, que, a la vuelta de una, dos o tres décadas se derrumba y hay que volver a comenzar. Siempre fue así. Nuestro rasgo más estable es la inestabilidad. Ser optimista en estos días en el Perú sería una ingenuidad. Y, a pesar de todo, tampoco podemos darnos el lujo del pesimismo. Lo que toca ahora es que los golpeados y minoritarios sectores democráticos trabajen juntos para detener la debacle.
