En junio de 2014, cuando los españoles se enteraban de la decisión del rey Juan Carlos I de abdicar para coronar a su hijo, Felipe VI, adelantando la sucesión al trono, miles de personas salieron a las calles a protestar exigiendo un referéndum para definir la forma que debería adoptar el Estado, teniendo como opciones la continuidad de la monarquía parlamentaria o la sustitución por una república. Más de siete años después, el debate se vuelve a instalar en España impulsado por los escándalos de corrupción acumulados por la realeza y bajo la presión de algunos partidos políticos por limitar los poderes de la Casa Real española.
Esta semana, cuando se conmemoraba el Día de la Fiesta Nacional con un desfile militar en Madrid, después de un año suspendido por la pandemia del Covid-19, el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, fue recibido con gritos de desaprobación por parte del público, lo que se sumó a la tensión por un error que ahora parece recurrente.
Siete aviones pertenecientes a la Patrulla Águila tenían la misión de abrir la ceremonia protocolar al teñir el cielo con los colores de la bandera española: rojo en los extremos y amarillo en el centro. Sin embargo, un error en los colores terminó por poner al morado en el aire, combinación que se confundió con la bandera de la Segunda República.
La escena fue celebrada por la coalición izquierdista Unidas Podemos. Su portavoz, Isa Serra, acusó a la corona de ser una institución “no solo corrupta, sino obsoleta y anacrónica”. El exvicepresidente del Ejecutivo Pablo Iglesias, que se retiró de la esfera política tras la derrota en las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo, utilizó el momento para revivir la discusión sobre el futuro de la monarquía asegurando que “los aplausos al Jefe del Estado y los abucheos al gobierno solo expresan una obviedad: la monarquía es un símbolo político de la derecha y de la ultraderecha. De nadie más. Una institución que solo genera adhesión en esa parte del país tiene su futuro muy comprometido”.
Desde hace seis años se realiza la Encuesta sobre la Monarquía del Instituto 40dB, que ha entregado una radiografía de la caída estrepitosa de respaldo a la corona española. En la reciente edición publicada este mes, un 39,4% de los encuestados dijo que optaría por tener una república, un 31% apoya el sistema monárquico actual y casi un 30% no sabe o votaría en blanco. Un 53% señaló que los reyes son un eje que en democracia “no tiene sentido”. Una fuerte diferencia considerando que, en 2004, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) posicionaba a la corona como la institución más valorada entre los españoles.
La fase de erosión a la realeza española se ha profundizado a medida que se revelan nuevos antecedentes. Aun cuando Felipe VI estableció una serie de normas en los últimos años, como un reglamento limitante a los regalos que recibe la realeza o la transparencia en los presupuestos del Palacio de la Zarzuela -que en 2021 fue de 8,43 millones de euros-, para ciertos sectores la firma de indultos a los presos independentistas y su actuación en el conflicto catalán también le ha terminado pasando la cuenta.
Un duro golpe recibió cuando se conoció que la hija del rey emérito, la infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin, estaban involucrados en el caso Nóos, un millonario desvío de fondos por el que Urdangarin fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión.
Después fue el turno de la divulgación de imágenes de Juan Carlos I en una cacería de elefantes en África, lo que lo obligó a pedir disculpas públicas. No obstante, no fue hasta agosto del año pasado, cuando se trasladó a vivir a los Emiratos Árabes Unidos, que la tormenta perfecta alcanzó al rey emérito.
En medio de su “autoexilio”, las críticas también recayeron sobre sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina, que se vacunaron contra el Covid-19 en febrero en Abu Dhabi, cuando los españoles con el esquema completo de inmunización no superaban el 3%.
Según el diario El País, Juan Carlos I se ha visto involucrado en diversas investigaciones relacionadas con presuntas comisiones obtenidas antes de dejar el trono, cuentas offshore y posibles delitos fiscales millonarios. Aún con las carpetas de investigación y la pesquisa sobre el enriquecimiento del patrimonio, la Fiscalía del Supremo y de Anticorrupción no tuvieron más alternativa que archivar tres causas ante la imposibilidad de querellarse contra el monarca por la inviolabilidad que le otorga el Artículo 56.3 de la Constitución, que establece que “no está sujeto a responsabilidad”.
Ante el cuestionado cierre judicial, que permitiría el regreso antes de Navidad de Juan Carlos I a Madrid, Pedro Sánchez por primera vez desde su llegada al gobierno, en junio de 2018, se enfrentó a la corona al defender que el rey emérito debe dar una explicación ante “estos hechos e informaciones perturbadoras que socavan la confianza del pueblo español en las instituciones”. Sin embargo, en su última comparecencia ante el pleno del Congreso, el 29 de diciembre, el líder socialista puso sobre la mesa la discusión: “Ya verán cómo se materializa la hoja de ruta de renovación de la Corona en cuanto a transparencia y ejemplaridad”.
La decisión de Pedro Sánchez
Desde el viernes y hasta hoy, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) celebra el 40 Congreso federal, encuentro en el que las Juventudes Socialistas han solicitado al líder del Ejecutivo asumir una postura frontal sobre una eventual reforma de la monarquía, que se comprometa a defender una “República Federal y reformar el Artículo 56.3 para acabar con la inviolabilidad del rey y garantizar la igualdad de toda la ciudadanía ante la ley”, aunque no es primera vez que el tema se ha discutido.
Las propuestas son variadas. Algunas enmiendas socialistas buscan que mediante un referéndum consultivo sean los españoles los que decidan entre una reforma constitucional o un nuevo proceso constituyente para una República Federal Laica. Otras, buscan incluso abrir una comisión de investigación contra el rey emérito, tema que Podemos y otros partidos de izquierda han promovido, pero se ha visto bloqueado por la ausencia de votos socialistas.
La jueza del Tribunal Constitucional español, María Luisa Balaguer, señaló en entrevista con El País que una reforma constitucional permitiría tratar una serie de temas de la monarquía, incluso pudiendo establecer una ley de la corona, que cambie la polémica línea sucesora que impone la prevalencia de un hombre sobre la mujer.
La oposición española, dirigida por el espectro político que va desde el Partido Popular, Ciudadanos hasta el ultraderechista Vox, ha defendido a los reyes, lo que deja la responsabilidad sobre la izquierda, que podría impulsar una modificación en la forma del Estado con miras a las elecciones generales de 2023.
