Estadio (in)seguro: la violencia sin resolver de las barras bravas

“La garra no se enrola” y una fotografía del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, con un orificio de bala en la cabeza. Con este desafiante mensaje, la Garra Blanca, organización de hinchas del club de fútbol Colo Colo, anunció en su cuenta de Instagram, el pasado 30 de enero, lo que para muchos era un conflicto que estaba a punto de estallar.

“Como hinchada hacemos un llamado amplio y abierto no sólo al pueblo colocolino, sino que a todas las hinchadas y al mundo del fútbol en general, a no ser parte del nuevo circo que pretende instalar Milad y su séquito de corruptos con el ‘enrolamiento voluntario’”, decía el mensaje en redes sociales.

El mecanismo, llamado oficialmente “Registro Nacional del Hincha”, es la última de las medidas tomadas por la ANFP para tratar de controlar la creciente violencia en los estadios. Según cifras de Estadio Seguro, si en 2015 la tasa de incidentes violentos graves en partidos de fútbol era de 0,07 hechos por partido jugado, el año 2022 pasó a 0,15 hechos. Y hasta septiembre de 2023 esa cifra llegó 0,23 casos.

Se trata de un mecanismo de empadronamiento en línea en el que 21 mil hinchas se inscribieron entregando una copia de su cédula de identidad y tomándose una foto de su rostro, para así optar a la venta anticipada de entradas con descuentos para la final de la Supercopa que el pasado domingo jugaron Colo Colo y Huachipato en el Estadio Nacional.

La promesa es que con esa información la ANFP y los clubes, podrá identificar automáticamente el ingreso de los hinchas a los estadios utilizando cámaras con reconocimiento facial. Así se busca evitar que alguno de los casi 6.300 espectadores en la “lista negra” con prohibición de ingreso por hechos de violencia puedan pasar utilizando identidades falsas o cédulas de otras personas.

Hasta el viernes, ni la autoridad ni la ley obligaban a las barras bravas a ser parte del registro. Pero todo cambió ayer sábado cuando Estadio Seguro solicitó a la ANFP que a partir del próximo fin de semana el registro de hinchas esté operativo para todos los partidos de mayor riesgo clasificados como “A” o “B”. Hasta ahora, dirigentes de Colo Colo han expresado en el Consejo de Presidentes de la ANFP su rechazo a la medida, acusando “discriminación” en contra de su hinchada.

“El directorio de la ANFP ya le planteó al Consejo de Presidentes su decisión de avanzar de manera frontal en impulsar la obligatoriedad del Registro Nacional de Hinchas y establecer de manera progresiva su funcionamiento para el Campeonato Itaú 2024, que comenzó este fin de semana. Estamos en un punto de inflexión y vemos una oportunidad única de hacer un cambio radical desalojando a los delincuentes del estadio”, aseguraba el viernes el gerente de operaciones y seguridad de asociación, Felipe de Pablo.

Pero ni el registro de hinchas, ni los 519 guardias de seguridad privada llevados por la asociación el domingo pasado impidieron que en el minuto 78′ el partido tuviera que ser suspendido por graves disturbios provocados por la Garra Blanca, quienes incluso incendiaron butacas y vandalizaron parte del memorial de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en dictadura ubicado en el ala norte del Estadio Nacional.

Los hechos han puesto nuevamente los ojos sobre el rol y la efectividad de Estadio Seguro, política que ya ha pasado por cinco gobiernos desde que nació en 2012 como un plan del primer mandato de Sebastián Piñera para enfrentar la violencia en los estadios, y que durante su campaña para ser electo Presidente, Gabriel Boric prometió “cambiar por un programa de barrismo social y comunitario”.

Era el regreso del fútbol al Estadio Nacional después de 553 días de ausencia por los juegos Panamericanos y Parapanamericanos de los que Chile fue sede el año pasado. Por ello, el partido que disputarían Colo Colo y Huachipato el domingo 11 de febrero en el Estadio Nacional tenía un sabor especial.

El encuentro, que fue catalogado de alto riesgo en términos de seguridad por la Delegación Presidencial, tenía planificado un aforo inicial de 45 mil personas. Pero los incendios en la Región de Valparaíso y el funeral del expresidente Sebastián Piñera, que se realizaría dos días antes, dejaron a Carabineros con sólo 500 de los 700 efectivos que se requerían, por lo que finalmente la cantidad máxima de público se dejó en 32 mil espectadores.

De todos ellos, 9.900 estaban autorizados para ocupar la galería norte, zona asignada para la Garra Blanca. Entre las exigencias de seguridad hechas por la autoridad a la ANFP estaban la contratación de 470 guardias privados (hubo 519 presentes), el uso de 32 cámaras de seguridad, de 240 validadores de entradas y de 58 detectores de metales. Sumado a ello, la asociación instaló 17 kilómetros de rejas.

Pero nada de eso fue impedimento para que incluso dos horas y media antes del inicio del partido comenzaran los primeros incidentes. Según el reporte de seguridad elaborado por la ANFP, al que tuvo acceso La Tercera Domingo, a las 16.30 horas ya había miembros de la Garra Blanca sobrepasando las rejas de la galería norte para bajar la pista de atletismo e instalar lienzos.

A las 16.49 horas, según el mismo reporte, los barristas ya habían traspasado algunas de las barreras extras que se instalaron para evitar que llegaran a la cancha, y a las 17.07 horas tuvieron que intervenir 40 guardias tácticos de seguridad, que empleando uniformes y escudos similares a los policías antidisturbios fueron recibidos a piedrazos.

Luego, sólo vino una escalada de violencia. A las 17.59 horas uno de los guardias recibió un golpe en la cabeza que lo dejó con 17 puntos. Diez minutos antes del partido, que comenzaba a las 19 horas, dos hinchas de Colo Colo tuvieron que ser rescatados tras caer al foso de tres metros que separa las galerías de la pista de recortán.

Con la entrada de los equipos aparecieron los fuegos artificiales y con cerca de 150 personas sobre la pista atlética, de igual forma se dio inicio al encuentro, que era el debut de Arturo Vidal en torneos oficiales tras su regreso al cuadro albo. Durante todo el primer tiempo continuaron los disturbios, lo que sólo se acrecentó durante el entretiempo.

Por ello, e incluso antes de que se diera inicio al segundo tiempo con 12 minutos de retraso, la ANFP ya había tomado la decisión de que “en caso de que continúen los hechos de violencia de la galería norte, si termina el partido no se entregará la copa por seguridad de los protagonistas”, se lee en el reporte de seguridad.

Luego, vino lo ya conocido. El partido fue suspendido en el minuto 78 y 14 personas resultaron heridas. Además de ello, el incendio provocado en la galería norte y otros destrozos dejaron daños por $ 102 millones y motivaron a que el IND, entidad que arrendó el recinto a la ANFP, se querellara por el delito de incendio.

Sobre los protagonistas de los hechos que obligaron a suspender el partido, aún no existe claridad. La ANFP entregó al Ministerio Público el registro íntegro de las 32 cámaras de seguridad que operaron ese día, así como el listado completo de las casi 32 mil personas que fueron controladas en el ingreso al estadio. Tan sólo cuatro de los 15 detenidos fueron formalizados al ser sorprendidos tratando de ingresar bengalas o fuegos artificiales y por maltrato de obra a Carabineros.

“Si identificamos delitos, se va a aplicar todo el rigor de la ley. La premisa del ‘barrismo social’ parte desde ahí. Queremos barrios seguros y libres del narcotráfico, pero el foco punitivista de Estadio Seguro es lo que hay que transformar”, aseguró en diciembre de 2021 Rodrigo Soto, quien en ese momento era integrante del equipo de “Deportes, Prácticas Corporales y Recreación” que trabajó en el programa de gobierno del Presidente Boric.

Días más tarde, en otra entrevista, el sociólogo afirmó que se apuntaría al cambio de Estadio Seguro, “porque tenemos la convicción de que de nada sirve combatir la violencia con más violencia o declarar las barras como ilegales. Nuestra propuesta surge de experiencias internacionales que han validado a hinchas como actores sociales”.

Bajo esas premisas, y luego del triunfo de Boric en segunda vuelta, en abril de 2022 la periodista Pamela Venegas asumió como directora de Estadio Seguro, departamento de la Subsecretaría del Interior en el que hoy trabajan 11 personas y que para este año tiene un presupuesto de $ 564 millones. Además de Venegas, en sus filas están como asesores el exgeneral inspector de Carabineros Christian Fuenzalida Flores y el exjefe de la zona metropolitana norte de la institución Andrés Merino Calvo.

Pero el fantasma de los incidentes provocados por barristas no tardó en aparecer y, con ello, a disipar la tesis oficialista del “barrismo social”. Fue a fines de septiembre de 2022 cuando en medio del partido que disputaban Universidad de Chile y Universidad Católica por la Copa Chile, en Valparaíso, una serie de petardos fueron lanzados a la cancha y explotaron cerca del arquero de la U, Martín Parra. Por ello, el partido fue suspendido.

Los hechos motivaron que por primera vez Pamela Venegas fuera invitada a exponer como directora de Estadio Seguro ante la Cámara de Diputados, a mediados de octubre de 2022. “¿Qué hacemos para mejorar la seguridad? Empujar. Que cada uno asuma su responsabilidad, que los clubes mejoren el control de ingreso, que es precario”, aseveró Venegas cuando le preguntaron por la verdadera utilidad del programa gubernamental.

Desde su creación, a Estadio Seguro sólo se le entregaron labores de coordinación. Sin poder de decisión, no le queda más que asesorar, ya que son las Delegaciones Presidenciales en conjunto con Carabineros quienes ponen las condiciones y supervisan la seguridad en los partidos.

Ya en el año 2021, una evaluación realizada por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social criticó la falta de focalización del programa y se dieron alertas de una constante subutilización de los recursos asignados. “Se requiere revisar la pertinencia del diseño del programa, que dé cuenta de un problema público a abordar, la población atendida y los resultados esperados”, concluyeron ambas entidades.

El diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) fue uno de los que estuvieron presentes en esa sesión. “En un principio, y soy bien responsable en lo que digo, el gobierno no estaba interesado en esto. Pero luego hubo un cambio de actitud y el gobierno se abrió a discutir cambios en la ley de violencia en los estadios”, relata el parlamentario.

Luego llegó el 30 de abril de 2023 y ahora fue en Concepción, cuando en el minuto 32 del partido que disputaban la Universidad de Chile contra la Universidad Católica, decenas de fuegos artificiales, petardos y bombas de ruido fueron lanzados de manera coordinada al campo de juego, pese a los controles de seguridad y revisión de vestimentas realizadas a los asistentes. Otra vez el partido fue suspendido.

“No vamos a dejar que un grupo pequeño de delincuentes se tome los estadios a costa de la gran mayoría que acude a ver un espectáculo en alegría y paz. Vamos a identificar y hacer caer todo el peso de la ley a los que provocaron esto y espero que no vuelvan a entrar a una cancha”, fue la airada reacción de Boric por redes sociales tras la suspensión del encuentro.

Pero fue recién a fines de agosto del año pasado que el Ejecutivo se decidió a presentar una “ley corta”, que lejos del anhelo inicial de transformar Estadio Seguro, busca endurecer los mecanismos de control, reforzar la seguridad y aumentar las sanciones a quienes cometan hechos de violencia en encuentros deportivos.

Entre sus medidas, que hasta antes del receso legislativo seguían en discusión al interior de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, están la prohibición expresa de apoyo o donación a hinchas desde los clubes, la instauración obligatoria de un jefe de seguridad en cada equipo y la obligación de que quienes tienen prohibición de ingreso a estadios deban ir a firmar a una comisaría a la hora de los encuentros.

Pero uno de los puntos más controversiales está en la norma que obligaría a los organizadores a “disponer de sistemas de control de acceso y acreditación efectiva de identidad”, el que “deberá contrastar datos biométricos del asistente”. Si bien la ANFP y algunos parlamentarios habían presionado para que se incluyera un registro obligatorio de hinchas, hasta la solicitud hecha ayer por Estadio Seguro a la ANFP el gobierno no había apoyado esa medida y sólo se inclinaba a construir una base de datos en base a quienes compran entradas.

“Yo creo que lo más importante es que el cambio de actitud que mostró el gobierno tiene que traducirse en que de una vez por todas se reconozca que la violencia en los estadios no tiene que ver con personas que les gusta el fútbol. Tiene que ver con el crimen organizado, tiene que ver con delincuentes que están enquistados en las barras”, afirma el diputado Sulantay.

Otro de los integrantes de la comisión de deportes de la Cámara, Daniel Manouchehri (PS), coincide. “Hasta la fecha claramente Estadio Seguro no ha sido del todo eficiente. La violencia en los estadios debe ser abordada como un problema de seguridad. Los conflictos no son generados por todos los hinchas, sino por aquellos barristas que no quieren seguir reglas mínimas”, asevera.

El viernes, tras darse a conocer la suspensión por motivos de seguridad del partido que debían enfrentar hoy la Universidad de Chile con Cobresal en el Estadio Nacional, el gerente de ligas de la ANFP, Yamal Rabaj, exteriorizó lo que hace meses ronda al interior de la asociación. “Nosotros no tenemos que hacernos cargo de desbaratar organizaciones criminales, aunque actúen en el fútbol, es como que obliguen a cerrar los malls porque hay muchos asaltos”, expresó.

Ni Estadio Seguro ni la Delegación Presidencial Metropolitana respondieron las preguntas enviadas para este reportaje.

Tras la carta enviada ayer por Estadio Seguro a la ANFP en la que comunicó que la operación de registro obligatorio de hinchas para partidos de alto riesgo será “determinante en la autorización de los espectáculos de fútbol profesional” a partir del próximo fin de semana, el presidente de la asociación solicitó de urgencia una reunión con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Allí se espera que puedan afinar detalles para implementar, en una sola semana, la medida que busca resolver el eterno nudo de la violencia en las barras bravas.