Estado de frustración: Seguridad y orden público descolocan a La Moneda

–¿Vieron lo que pasó en Chillán?

Antes de empezar el comité político ampliado a las 11 a.m. del pasado lunes, los ministros Izkia Siches y Giorgio Jackson alertaron a los presidentes de los partidos sobre lo que había ocurrido la madrugada anterior: una niña de 13 años murió luego de recibir el disparo de un desconocido en la región del Ñuble.

La seguridad, entonces, volvía a ser el tema que se apoderaba de la cita de coordinación política semanal.

La ministra Siches fue directa:

–Este problema es aquí y ahora. Estoy preocupada por las balaceras y que estos hechos sigan aumentando la sensación de inseguridad de las personas. Hay que trabajar por ponerle fin-, dijo, y luego encargó a su cartera trabajar durante la semana en el Plan Operativo de Control de Armas, junto a la PDI.

Pero tres días más tarde, la contingencia nuevamente alertó a los miembros del comité. “¿Es verdad?”, preguntó en el grupo de WhatsApp, durante la mañana, uno de los presidentes de partido, adjuntando la noticia del fallecimiento de la periodista Francisca Sandoval, baleada en medio de los enfrentamientos entre comerciantes y manifestantes durante el día del trabajador en el barrio Meiggs.

La vocera, Camila Vallejo, fue quien confirmó la noticia. El resto de los integrantes del chat manifestaron su congoja y preocupación.

Minutos más tarde, el Presidente Gabriel Boric escribió en su cuenta de Twitter:

“La violencia perjudica la democracia y daña familias irreparablemente. Nuestro compromiso es con la seguridad y la justicia, y no descansaremos en ese afán. Mi sentido pésame y abrazo a la familia de Francisca Sandoval, víctima inocente de delincuentes. No permitiremos impunidad”.

En La Moneda aseguran que el Mandatario está cada vez más preocupado. Su equipo de asesores, encabezado por Lucía Dammert, socióloga especializada en temas de seguridad, se ha encargado de hacerle ver que el aumento de violencia, a través del crimen organizado, es un fenómeno que se ve reflejado en cifras alarmantes y también en la percepción de la gente en las encuestas internas del gobierno.

Desde el principio, el plan de Boric, a través del Ministerio del Interior, tuvo tres ejes: migración, La Araucanía y seguridad. Hoy, a dos meses, el combate a la violencia se convirtió en prioridad y hubo un cambio de enfoque.

“Entramos retirando querellas, sacando el estado de excepción y visitando Temucuicui y a dos meses ya aplicamos la Ley de Seguridad del Estado y se está discutiendo intervenir las rutas con militares. Claramente algo cambió”, confiesan en La Moneda.

El objetivo de combatir la violencia acarrea problemas políticos complejos para una administración a la cual se le enrostra haber sido ambigua frente a los hechos de violencia durante el estallido social, y en cuya coalición -en el ala más de izquierda-, las medidas que plantean despiertan reparos. De partida, la idea de volver a requerir de fuerzas militares para resguardar ciertas zonas del país -por mucho que estén bajo un mando civil, como es la idea de La Moneda- es difícil de digerir para el PC y para sectores del Frente Amplio.

Quienes mantienen contacto frecuente con el Presidente cuentan que por las noches se activa en su celular y comenta la contingencia. En esas conversaciones internas, según confiesan dirigentes políticos del oficialismo, el Mandatario ha insistido en que no quiere caer en el “populismo penal” y ha planteado tres temas importantes vinculados a la violencia para trabajar en paralelo a las soluciones de seguridad: la salud mental, la crisis educacional y desigualdades de oportunidades y económicas.

También ha conversado de seguridad con consejeros -como el cientista político Juan Pablo Luna- y ha abordado el tema con parlamentarios y autoridades en chats paralelos.

Por instrucción del Mandatario, en el Ministerio del Interior han reforzado el trabajo en terreno, algo que admiten que faltó en los primeros días de gobierno. Aseguran que han tenido contacto con diferentes alcaldes, víctimas de violencia y dirigentes sociales, para trabajar en proyectos de recuperación de barrios, a través de la Mesa de Recuperación de Espacios Públicos que dirige la jefa de gabinete desde el 30 de marzo.

Pero la mayor parte de la agenda de seguridad se la lleva la crisis de violencia en La Araucanía y la provincia de Arauco. Un dolor de cabeza permanente para los gobiernos, pero que cada día se agudiza más, independientemente del color político que mande.

Durante la mañana del jueves 5 de mayo, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, en medio de una visita a La Araucanía, le escribió al Presidente un mensaje de WhatsApp para expresarle su preocupación por la situación de seguridad en esa región y manifestarle su voluntad para conversar y llegar a acuerdos.

Esa misma tarde el Mandatario, en forma espontánea, transparentó la conversación con Macaya y llamó a trabajar por un gran acuerdo por la seguridad nacional.

En paralelo, ese mismo día, en medio de las negociaciones por el paro de transportistas, el gobierno, a través de una carta del Ministerio del Interior, informó:

“Como gobierno estamos comprometidos con el diálogo y por eso impulsaremos, con la mayor celeridad posible, una reforma constitucional en el Congreso que permita, mediante un estado constitucional intermedio, dar protección y resguardo a la seguridad y libre circulación de las y los trabajadores, y familias de nuestro país”.

En esa jornada, Boric recibió otro WhatsApp: esta vez, el diputado Diego Schalper (RN) le planteaba su “disposición para un acuerdo acotado en materia de infraestructura crítica”.

El Mandatario agradeció la voluntad del parlamentario de oposición, quien hizo referencia al proyecto de ley por el cual se podría autorizar a la fuerza militar a intervenir para resguardar la seguridad de las rutas, el mismo que hoy está en vilo.

El lunes siguiente, el 9 de mayo, todos los diputados oficialistas recibieron una minuta con el detalle de la propuesta que había sido conversada la semana anterior entre la ministra Siches y algunos senadores de Socialismo Democrático, como José Miguel Insulza (PS) y Jaime Quintana (PPD), quienes -hasta ahora- aparecen como la fuerza política más leal al gobierno en esta materia. La propuesta, eso sí, venía con cambio de nombre- “estado de resguardo y protección” -y con una clara misión para los ministros Siches, Vallejo y Jackson de alinear a la coalición detrás. El Presidente, por su parte, seguiría ampliando el arco de respaldos.

A las 17 horas del mismo lunes, Boric recibió a 12 senadores de Renovación Nacional en La Moneda.

La cita duró una hora y media, y en torno a una mesa con café y galletas, los congresistas de oposición le entregaron un listado de 35 medidas.

“No tuvo que ver con un gran acuerdo de seguridad. Sí con la gravedad de los hechos de violencia en la zona. Me quedé con la sensación de que el Presidente no tiene la misma visión de antes. Dijo que la violencia es el problema y que hay que ponerle freno”, asegura José García, senador RN, por la región de La Araucanía.

En la reunión los parlamentarios le enrostraron a Boric las declaraciones de algunas ministras, como la utilización del concepto presos políticos, sobre todo la ambigüedad de la titular de Justicia, Marcela Ríos, sobre Celestino Córdova, cuestión que -en todo caso- el Presidente ya había ordenado a la ministra que corrigiera: Córdova no es un preso político. Los senadores también apuraron las soluciones del gobierno.

“Para nosotros mientras el gobierno toma acuerdos, el instrumento es el estado de excepción. Hay que actuar ahora”, dijeron algunos.

Pero el Mandatario lo desestimó.

La cita con Boric también tuvo costos al interior de la derecha. Los diputados RN cuestionaron a los senadores por “estar entregándose” al gobierno, y argumentaban que el Presidente intenta diluir la responsabilidad de su gestión en seguridad ciudadana.

Ese mismo día, el ministro Giorgio Jackson planteaba que el proyecto de infraestructura crítica- o estado intermedio- estaba avanzado, y había cierta tranquilidad de que la fórmula podía ver la luz.

Pero llegó el miércoles y a las 15:00, cuando se constituyó la mesa de la comisión mixta, no había llegado ningún documento de La Moneda.

–Revisa por última vez el mail a ver si llegó algo-, bromeó el diputado Jorge Alessandri (UDI).

Tras la cita, el presidente de la comisión, el senador Matías Walker (DC), lanzó la advertencia al gobierno: “No es fácil cambiarse de caballo, porque ellos siendo diputados, incluyendo al propio Presidente, votaron en contra del proyecto de infraestructura crítica”. Y añadió: “Si el lunes no llegan con una propuesta, los senadores y diputados haremos la nuestra”.

Jackson admitió que los votos no estaban.

Lo que sí estaba sobre la mesa fueron las amenazas del fundador de la CAM, Héctor Llaitul:

“Se viene el estado intermedio, que no es otra cosa que un nuevo estado de excepción. Es decir los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu custodiando los intereses del gran capital (...) A preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche”.

Seguido de eso, nuevos ataques en Tirúa, Quidico y en Nueva Imperial.

Con todo, el jueves los esfuerzos del gobierno continuaron. En la mañana los ministros Izkia Siches y Giorgio Jackson recibieron a la bancada del Partido Socialista, que respaldó la propuesta del gobierno.

“Acá no caben las amenazas o las propuestas individuales, de la Democracia Cristiana o del Partido Comunista. Es imprescindible contar con una sola estrategia, que en ese caso es la estrategia del Ejecutivo, del Ministerio del Interior. Hay que ser explícito en el respaldo, no nos podemos dar gustitos”, lanzó el senador Alfonso de Urresti (PS).

Mientras que en Convergencia Social, el partido de Boric, optaron por esperar el proyecto para tener una postura, aunque algunos parlamentarios insisten en que no se sienten cómodos dándole más atribuciones las Fuerzas Armadas.

Pero la reunión más tensa fue la de la tarde, con la bancada del Partido Comunista. Empezó a las 18:00 y se prolongó por dos horas y media.

Algunos de los presentes manifestaron ser contrarios a la propuesta del gobierno, pese a los intentos de la jefa de bancada, la diputada Karol Cariola, por alinearlos.

En la interna del PC aseguran que hay un sector grande que no está conforme con la postura del gobierno y que así lo ha manifestado, por ejemplo, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a distintos parlamentarios del sector en conversaciones privadas.

Con ese oscuro panorama, el viernes La Moneda debió reconocer que la situación estaba cuesta arriba. A través de un llamado a Matías Walker, el Ejecutivo constataba que la búsqueda de acuerdo para el estado intermedio había fracasado y pedía más tiempo para lograrlo. Walker accedió a ampliar el plazo hasta el próximo miércoles.

El equipo político cerraba así la semana en un estado de frustración. Y mientras comenzaba su descanso del fin de semana, las noticias delictuales llegaban hasta lo más íntimo de La Moneda: un carabinero de la escolta del Presidente era asaltado y baleado en San Miguel, y en Nuñoa, delincuentes entraron a robar a la casa de la ministra de Defensa, Maya Fernández.