El Parlamento australiano dio luz verde el jueves a la ley para imponer a Facebook y a Google un pago a los medios de comunicación locales por difundir sus noticias, una medida sin precedentes y una victoria importante para los grandes editores periodísticos.
“El código garantizará que las empresas de medios de comunicación reciban una remuneración justa por el contenido que generan, lo que ayudará a mantener el periodismo de interés público en Australia”, dijeron en un comunicado conjunto el tesorero nacional de Australia, Josh Frydenberg, y el responsable de Comunicaciones, Paul Fletcher.
La nueva ley creará un árbitro designado por el gobierno que podrá establecer las tarifas que las empresas tecnológicas deberán pagar a los editores si fracasan las negociaciones comerciales.
La semana pasada, Facebook impidió que los usuarios australianos compartieran y leyeran noticias en sus feeds, tras meses de intercambios con el gobierno. La decisión se tomó luego de un debate con los legisladores australianos sobre cómo regular la relación entre las plataformas tecnológicas y los medios de comunicación locales.
Como resultado, Australia propuso un “código de negociación de noticias y medios” que obligará a Facebook y Google a pagar a los medios por mostrar sus noticias en los resultados de búsqueda y feeds.
En respuesta, Google amenazó en un principio con eliminar su motor de búsqueda en el país, argumentando que la nueva medida interferiría con su modelo comercial. Sin embargo, en las últimas semanas han adoptado un tono más moderado, intentando atraer a los editores de noticias a su plataforma Google News Showcase con ofertas multimillonarias.
Así, la plataforma permitiría a los usuarios australianos acceder de manera gratuita al contenido por el que ya pagaron. Hasta el momento, Google ha firmado con grandes empresas, incluida NewsCorp, del magnate Rupert Murdoch, que posee casi un 70% de los medios australianos. En octubre pasado, el gigante tecnológico había aceptado pagar US$ 1.000 millones en tres años a medios de prensa como los alemanes Der Spiegel y Die Zeit, con el fin de utilizar sus contenidos para Google News Showcase.
En cambio, la drástica decisión de Facebook de impedir que los australianos compartieran contenido noticioso en su plataforma fue contraproducente. Debido a un error que desde entonces corrigieron, esta medida desactivó temporalmente muchas páginas de instituciones de servicio público, incluidos algunos departamentos de bomberos y bancos de alimentos, lo que generó aún más tensión con las autoridades.
El encargado de limpiar la imagen de la compañía tras la disputa fue el vicepresidente de asuntos globales de Facebook, Nick Clegg, quien argumentó que las críticas a la empresa se deben a un malentendido sobre su relación con los medios de comunicación, y señaló, a través de una entrada de blog, que “Facebook está más que dispuesto a asociarse con los editores de noticias. Reconocemos absolutamente que el periodismo de calidad está en el corazón del funcionamiento de las sociedades abiertas”. Sin embargo, Clegg advirtió que “internet necesita nuevas reglas que funcionen para todos, no solo para las grandes corporaciones de medios (...). Las nuevas reglas sólo funcionan si benefician a más personas y no solo protegen los intereses de unos pocos”.
En esta línea, Facebook remunerará a los proveedores que aparezcan en su producto News, que lanzará en Australia este año, informó France Presse. La red social señaló que se firmaron cartas de intención con las organizaciones noticiosas independientes Private Media, Schwartz Media y Solstice Media. Los pactos comerciales están sujetos a la firma de los acuerdos totales dentro de los próximos 60 días.
Y no solo eso. La red social prometió invertir al menos US$ 1.000 millones para apoyar el periodismo en los próximos tres años, tras defender su gestión de la disputa con Australia sobre el pago a medios locales. “Ya hemos invertido US$ 600 millones desde 2018 para respaldar a la industria de los medios de comunicación y prevemos invertir al menos US$ 1.000 millones más en los tres próximos años”, escribió Clegg, quien antes de recalar en la compañía de Mark Zuckerberg sirvió como viceprimer ministro de Reino Unido entre 2010 y 2015.
Iniciativas en otras latitudes
Aunque es la primera vez que Facebook actúa de una manera así de extrema, es probable que no sea la última, ya que muchos gobiernos alrededor del mundo están empezando a considerar establecer nuevas reglas sobre el pago por noticias.
En diciembre de 2020, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos castigó a Facebook con dos demandas antimonopolio tras sus adquisiciones de Instagram y WhatsApp.
En tanto, el organismo News Media Alliance, formado por cerca de 2.000 organizaciones, ha promovido un proyecto de ley de “preservación y competencia del periodismo”, a través del cual los editores podrían “negociar colectivamente con las plataformas en línea dominantes sobre los términos en los que se puede distribuir su contenido”.
Aunque Facebook ha respondido lanzando varias iniciativas para financiar el periodismo e impulsar las noticias en sus plataformas, su impacto no ha sido mayor.
El presidente de Microsoft, Brad Smith, avivó la polémica la semana pasada, al pedir a los legisladores estadounidenses que presentaran medidas similares a las de Australia. Al respecto, France Presse destacó que la idea de obligar a los gigantes tecnológicos a pagar a los medios empieza a ganar adeptos en el Congreso de Estados Unidos, especialmente desde que en 2019 se introdujo una propuesta de ley demócrata para crear un marco para los acuerdos de remuneración de los contenidos de información en línea.
Por ahora, el debate sobre la regulación de los llamado GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon) se concentra en la “sección 230” de la Ley de Decencia de las Comunicaciones de Estados Unidos, que exonera a las plataformas y redes sociales de toda responsabilidad editorial. El Presidente Joe Biden anunció en enero a The New York Times su intención de eliminar esta disposición.
En Canadá, el ministro de Patrimonio, Steven Guibeault, prometió a principios de febrero introducir una nueva ley que obligaría a los gigantes tecnológicos a pagar por las noticias que aparecen en sus plataformas, aunque aún no está claro qué tan similar sería al código australiano.
La decisión de las autoridades australianas llegó luego de una campaña nacional respaldada por 105 periódicos locales, que publicaron portadas en blanco para mostrar la “urgente” necesidad de una reforma.
“Las noticias no son gratuitas y nunca lo han sido”, dijo Guilbeault a través de un comunicado. “Nuestra posición es clara: los editores deben recibir una compensación adecuada por su trabajo y los apoyaremos mientras entregan información esencial para el beneficio de nuestra democracia y la salud y el bienestar de nuestras comunidades”, agregó el ministro canadiense.
La Unión Europea (UE), que en los últimos años ha lanzado propuestas para regular a los gigantes digitales y ha incorporado el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), parece estar dispuesta a seguir con el ejemplo de Australia. En conversación con el Financial Times, el eurodiputado maltés Alex Saliba dijo que la propuesta del gobierno australiano abordaba los “agudos desequilibrios en el poder de negociación” entre plataformas tecnológicas y editores de noticias. “Con su posición dominante en el mercado de búsquedas, redes sociales y publicidad, las grandes plataformas digitales crean desequilibrios de poder y se benefician significativamente del contenido de las noticias”, afirmó Saliba, agregando que “es justo que devuelvan una cantidad justa”.
Reino Unido también podría unirse a la cruzada. En diciembre de 2020, el grupo de trabajo de mercados digitales dijo que Facebook y Google pronto podrían tener que pagar a los medios por mostrar su contenido. El panel, formado por expertos provenientes de organizaciones como el regulador de transmisión Ofcom y la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA), recomendó la creación de un nuevo organismo de control digital, llamado “Unidad de Mercados Digitales”.
“Para garantizar que Reino Unido pueda seguir disfrutando de un sector tecnológico próspero, los consumidores y las empresas que dependen de gigantes tecnológicos como Google y Facebook deben recibir un trato justo, y los competidores deben enfrentar igualdad de condiciones, lo que les permitirá ofrecer más productos innovadores y servicios que valoramos mucho”, dijo Andrea Coscelli, director de la CMA. “Necesitamos un régimen regulatorio moderno que pueda permitir que la innovación prospere mientras se toman medidas rápidas para prevenir problemas”, señaló Coscelli.
En el mismo período, el comité de comunicaciones y digital de la Cámara de los Lores recomendó a los legisladores crear una ley similar a la de Australia, como parte del Proyecto de Ley de Daños en Línea.
En Francia, la Autoridad de Competencia ha estado liderando en los últimos años los esfuerzos para que los gigantes tecnológicos paguen por noticias. De hecho, el país se convirtió en el primero de la UE en implementar nuevas directivas de derechos de autor en 2019, que exigían a Google y Facebook remunerar a los editores de noticias por sus contenidos. Sin embargo, ambos se negaron. Igual que en Australia, Google trató de calmar las aguas firmando un acuerdo de US$ 76 millones con varios medios franceses.
España fue el primer país en introducir un “impuesto de Google” en 2014, que obligaba a la empresa a pagar por los fragmentos de noticias que utilizaba en Google News. Sin embargo, en lugar de asumir los costos, el gigante tecnológico optó por cerrar la plataforma de noticias en España. Esto ha afectado fuertemente a los editores, especialmente a los más pequeños.
En Alemania, los legisladores actuaron con rapidez tras el escándalo de Cambridge Analytica para tratar de eliminar la información falsa que se hacía viral. Así, el gobierno germano sugirió en 2016 que Facebook debería pagar cerca de medio millón de dólares por cada publicación con “noticias falsas” que llegara a la plataforma. “Si después de las comprobaciones pertinentes Facebook no borra inmediatamente la publicación infractora en un plazo de 24 horas, entonces se deben considerar sanciones severas de hasta 500 mil euros”, dijo el legislador Thomas Opperman en una entrevista con la revista Der Spiegel.
En Nueva Zelandia, en tanto, los dirigentes de NEME, principal grupo nacional de medios, anunciaron el miércoles su intención de abordar con los dirigentes políticos la cuestión de una posible remuneración de sus contenidos, afirmando que el gobierno “está en estos momentos reuniendo opiniones al respecto”.