“Quiero encomendar a Felipe y pedirle al Señor que le regale la gracia del reconocimiento del daño causado”.
Esas fueron las palabras del sacerdote Rodrigo Poblete durante la misa de las 11.30 del domingo 12 de mayo. Las palabras hacían referencia a Felipe Berríos, a quien el Vaticano sancionó la semana pasada con la suspensión del ejercicio sacerdotal, la prohibición de acercarse a menores y la expulsión de la Compañía de Jesús, tras una serie de denuncias de abuso sexual en su contra. La celebración de este sacramento se realizó en el gimnasio del Colegio San Ignacio El Bosque, construido por el hermano gemelo del exjesuita, Andrés Berríos, quien falleció el 20 de julio de 2023. Durante aproximadamente 13 minutos, Poblete detalló, en la prédica, el proceso en que está implicado Berríos y pidió primero por las ocho víctimas, luego por su familia y, por último, por el sacerdote, quien no quiso participar de este reportaje.
La caída de un influyente sacerdote como lo fue Berríos, según explican personas cercanas a la congregación, constituye el tercer gran golpe para la Compañía de Jesús en los últimos 15 años. El primero ocurrió a fines de 2010, cuando Eugenio Valenzuela, exmaestro de novicios y provincial, fue denunciado por dos hombres adultos, exalumnos de los colegios San Ignacio El Bosque y Alonso Ovalle, por abuso sexual, a lo que se sumó la declaración de un testigo sobre hechos ocurridos entre 1995 y 1998, cuando era novicio. Con el paso del tiempo fueron sumándose más denuncias, las que llegaron a ser seis víctimas mayores de edad. Sin embargo, debieron pasar nueve años para que, en 2019, Valenzuela -quien por su cargo conocía de todas las denuncias al interior de la congregación- solicitara su dimisión de la Compañía de Jesús y del estado clerical.
Aunque el caso no generó gran revuelo mediático, fue un terremoto al interior de los jesuitas. Y generó que en 2013 un grupo de sacerdotes -al menos 10- presentara su renuncia por la forma en que se trató internamente. Entre ellos estuvieron Pablo Romero, Cristián Meneses, Miguel Jaksic, Francisco Jiménez y Jorge Menéndez.
El mismo año en que Valenzuela dejó de ser sacerdote, en enero de 2019, llegó el segundo golpe. La teóloga Marcela Aranda denunció a Renato Poblete por abuso sexual. Esa fue la primera de las múltiples denuncias hacia quien fuera el capellán del Hogar de Cristo, quien falleció en 2010. Tras una extensa investigación del abogado Waldo Bown solicitada por la orden religiosa -bajo el mando del nuevo provincial Cristián del Campo, hoy rector de la Universidad Alberto Hurtado-, se publicó un informe que determinó la existencia de al menos 22 víctimas mujeres, entre ellas una niña de tres años.
Personas del interior de la Compañía explican que “el verdadero trauma se vivió con Poblete y Valenzuela. El primero echó por la borda una figura histórica, pero ya estaba muerto y muchos de esa generación debieron aceptar que uno de los suyos era abusador. El otro golpe devastador fue en la interna, Eugenio Valenzuela. Eso generó un quiebre muy grande, ya que fue el formador de la gran mayoría de los jesuitas. Fue la caída de un padre”.
Estas situaciones llevaron a la orden religiosa a tomar medidas. En 2018 se creó una Comisión de Estudios sobre Prevención y Abusos. Esta tenía la finalidad de realizar un informe sobre la situación de la congregación. Un año después, en abril de 2019, comenzó a operar el Centro de Prevención de Abusos y Reparación de la Compañía de Jesús (CPR), “oficina destinada a recibir las denuncias por comportamientos en este ámbito en contra de jesuitas, gestionar esos procesos en curso y dar mayores garantías de imparcialidad y profesionalización en materias de prevención y reparación. Esto, con el fin de que los espacios de nuestras obras sean sanos y seguros para todos quienes comparten en ellos”, según se lee en su página web. El centro está conformado al día de hoy por la abogada María de los Ángeles Solar, la psicóloga experta en temas de abuso Claudia González y el sacerdote Larry Yévenes. Además, en 2022 se creó una Comisión de Cambio Cultural, destinada a rediseñar las relaciones de poder de los sacerdotes, la relación con los laicos, las dinámicas del día a día, entre otros aspectos.
Estas situaciones llevaron a un cambio sustantivo dentro de la Compañía de Jesús. Sin embargo, vendrían más malos ratos para la comunidad: Felipe Berríos sería el siguiente. Hoy, un jesuita admite que “lo de Berríos fue un elemento más de un dolor que ya se había vivido antes. Había un quiebre muy grande”. Y, en este caso, el revuelo mediático sería otro.
“Un pequeño Frankenstein”
A las 3.30 del viernes 10 de mayo sonó la alarma de Juan Cristóbal Beytía, socio de la Provincia Chilena de la Compañía de Jesús. Salió de su casa y tomó un avión con destino a Antofagasta. A las 8.30 ya estaba en la puerta de la residencia de Berríos, en el campamento de La Chimba. Entraron al lugar y Beytía leyó frente suyo -y de Alejandro López Román, abogado canónico de Berríos, conectado a través de Zoom- el decreto en el que se le comunicaba a Berríos su expulsión de la Compañía de Jesús. Una vez terminada la lectura, Berríos firmó el documento y Beytía regresó a Santiago.
De esta manera se oficializó la salida del entonces jesuita. El caso por el que terminó de caer comenzó el 29 de abril de 2022, cuando la Fundación para la Confianza comunicó la presentación de una denuncia por abuso sexual en su contra. Días después, el 3 de mayo, la Compañía de Jesús informó a través de un comunicado que abría una investigación previa canónica en contra del entonces sacerdote, “nombrando a la abogada laica María Elena Santibáñez a cargo de esta investigación”. En ese mismo momento, Berríos también publicó un comunicado en el que señaló que “no he sido informado de nada distinto de lo que dice ese comunicado” emitido por la congregación, y aseveró que haría “todo lo que sea necesario por conocer y aclarar los orígenes de esta denuncia”.
Casi un mes después, el 30 de mayo, Berríos rompió su silencio y escribió una carta donde comunicaba su autodenuncia ante el Ministerio Público para que la justicia ordinaria indagara su caso. El escrito -redactado por su abogado, el penalista Julián López- fue presentado ante la Fiscalía Metropolitana Sur. Ahí, según explican cercanos, comenzaron los roces públicos entre el clérigo y su congregación por este caso. Pero no era la primera vez que Berríos actuaba por cuenta propia, generando molestia entre personas de la congregación.
Juan Carlos Bussenius, exjesuita, asegura que fueron, en parte, las grandes libertades que se le dieron a Berríos lo que llevó a esta situación. “Crearon un pequeño Frankenstein, que finalmente se vino contra ellos. Desde que entró a la Compañía se destacó por salir del marco. Como sacerdote se le permitió ejercer y decir cosas que para otros quizá estaban más vetadas. La Compañía siempre lo protegió, porque él, por un lado, se atrevía a decir de todo y, por otro lado, llegaba a mucha gente. Yo creo que él tenía mucho carisma, sin duda, y eso permitía que surgiera un modelo diferente de jesuita”.
Esto también lo apoyan otros jesuitas: “El caso Berríos -al igual que Poblete y Valenzuela- confirma los riesgos de los privilegios que tenían ciertos jesuitas en cuanto a autonomía económica, ausencia de control y la libertad para emprender misiones personales. Aquí existe responsabilidad institucional por los constantes permisos otorgados por los provinciales hacia Berríos, quien incluso vivía solo y no en comunidad, una excepción en la Compañía, ya que todos los jesuitas viven en comunidades que no eligen, sino que son destinadas por el provincial”.
Esa autonomía comenzó a darse en “La Casita”, una residencia ubicada en la calle Departamental, detrás del Instituto de Formación y Capacitación Popular (Infocap), donde Berríos vivió junto con los sacerdotes Luis Roblero y Fernando Montes. Al lugar solían ir -e incluso vivir por épocas- jóvenes universitarios de la élite, y eran visitados por personajes del mundo político y empresarial. Berríos se relacionaba con dirigentes de forma transversal: desde los exministros de la Concertación Andrés Velasco, Nicolás Eyzaguirre y Francisco Vidal, hasta Jovino Novoa y Evelyn Matthei. Tras años de convivencia, cercanos aseguran que la relación con Roblero, quien es primo de Gabriel Roblero -actual provincial a cargo del caso de Berríos-, se fue debilitando debido a diferencias y rivalidades entre ambos. El quiebre definitivo -relatan las mismas fuentes- se dio cuando Roblero asumió como uno de los 40 miembros que conformaron el Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad, creado por la Presidenta Michelle Bachelet en 2007.
Berríos -fundador de Techo e Infocap- tenía un rol especialmente gravitante en un mundo progresista, y también en el que rodeaba a la exmandataria. Su mayor cuota de influencia la adquirió justamente en las primeras dos décadas del 2000, cuando se hizo conocido por apoyar el matrimonio igualitario y tildar de “inmoral” que la Universidad de los Andes constuyera un hospital en “la cota mil”, debido a que ya había uno en San Carlos de Apoquindo, Las Condes. Estas señales de independencia -muchas veces defendidas por sus pares- también generaron incomodidad dentro de la Compañía de Jesús y otros sacerdotes.
Ocurrió, por ejemplo, en mayo de 2013. En entrevista a TVN, Berríos dijo que la Iglesia “ha lucrado creyéndose la dueña de la salvación”, y criticó a los obispos, porque “no son capaces de jugársela por los que sufren”. Sus dichos le valieron la respuesta del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, quien dijo que la entrevista “demuestra lo que ya conocemos de las opiniones del padre Berríos, exageradas, fueras de tono, con palabras que muchas veces son hirientes (...) Esta entrevista lo que hace es desunir, disgregar y no produce ningún efecto positivo”.
La investigación previa canónica a Berríos siguió su curso. Durante cuatro meses, María Elena Santibáñez escuchó a siete denunciantes y a más de 40 testigos. Incluso, según cuenta la abogada penalista, Berríos se reunió con ella en cuatro ocasiones, siempre acompañado de su abogado, Julián López. En ese momento, el 25 de agosto de 2022, el informe que realizó Santibáñez aseguró que las denuncias “se refieren a tocaciones y diversos traspasos de límites en el ejercicio del sacerdocio, entre los años 1993 y 2009″. Hoy, la abogada asegura que “varias de las víctimas eran menores de edad y que el rango varía entre los 14 y 23 años. Además, varios ocurrieron bajo contexto pastoral, lo que implica una mayor gravedad ante la justicia canónica”.
El mismo día Berríos volvió a hablar: “No he cometido los actos de significación sexual que ellas describen”. El sacerdote, además, cuestionó abiertamente la forma en que la Compañía de Jesús llevó el proceso en su contra y reclamó por la falta de transparencia que tuvo su congregación. Menos de un mes después, el 25 de septiembre, señaló: “La Fundación para la Confianza se presta para un show mediático a través de su abogado Hermosilla”. En espera de la decisión del Vaticano, apuntó que detrás de la acusación en su contra había una estrategia comunicacional impulsada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, avalada por la fundación en que trabaja, y aseguró: “Esto es un juicio mediático y mediáticamente estoy marcado”.
Una semana después, el 3 de octubre, con orden judicial en mano, efectivos de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI llegaron hasta las oficinas centrales de la Compañía de Jesús para incautar la investigación previa canónica realizada por Santibáñez. En esto, la Compañía de Jesús le pidió a Berríos mantenerse en Santiago hasta el fallo canónico. Sin embargo, el sacerdote desoyó la solicitud y regresó a su casa en La Chimba, en noviembre de 2022. Finalmente, el 24 de noviembre de ese año Berríos anunció su intención de renunciar a los jesuitas, en gran parte por el poco apoyo que había recibido durante el proceso en su contra. En su carta, el clérigo sostuvo que le “duele” contar “que me he sentido maltratado por el gobierno de la Compañía, que tanto quiero. Sus ambiguas declaraciones a la prensa han sido condenatorias. Todo esto en un proceso mediático, con filtraciones intencionadas que me han perjudicado”. Finalmente, señaló: “Todo esto me ha puesto en una situación en que se me hace imposible vivir la obediencia jesuita”.
Sin embargo, desde dentro aseguran que Berríos jamás inició el proceso formal para salir de la congregación ni del sacerdocio. Este procedimiento cuenta con varios pasos: una carta al padre general, declaración de testigos y responder un cuestionario en detalle, para que luego la Iglesia evalúe la dimisión. Según cercanos, nada de esto se realizó.
Clérigo vago
Son 11 sacerdotes jesuitas denunciados por abuso sexual en los últimos 15 años. De estos, seis han sido denunciados por abusos de menores de edad, en los que -después de una investigación previa canónica- se ha podido concluir la verosimilitud de dichas denuncias. Esto, según explica la abogada María Elena Santibáñez, significa que “contrastando antecedentes, lugares, personas y épocas, los hechos narrados sí son plausibles”.
A estas se les suma Berríos. Cercanos a la Compañía de Jesús aseguran que este caso ha sido diferente al resto y que ha implicado un mayor control de daños, tanto en la interna como públicamente. Ello, pues el suspendido sacerdote optó por tener una defensa legal desde el primer momento y salió varias veces hablando en los medios de comunicación, refutando las acusaciones y los procedimientos de investigación. De todas formas, insisten en que Berríos ha tenido el mismo trato que cualquier otro jesuita y que se ha llevado a cabo el camino establecido.
“El proceso canónico de Berríos fue igual que cualquiera, se le trató como cualquier jesuita más, no hubo ninguna diferencia. Eso es un gesto de mucha libertad institucional, ya que la Compañía no dudó en aplicar sus nuevas reglas a uno de sus miembros más poderosos”, dice hoy un jesuita con varios años dentro de la congregación.
Todo esto ha llevado a que la Compañía de Jesús organice diferentes reuniones con su congregación para informar y responder dudas respecto del tema. La última se llevó a cabo el lunes 13 de mayo, durante la mañana, en la sede de la congregación, el edificio Arrupe. A este encuentro fue convocada la comunidad interna, es decir, laicos relacionados con la Compañía. Otros encuentros se realizaron la semana pasada con los superiores de las comunidades y otros organismos asociados. Además, tanto Roblero como Beytía han sostenido reuniones con otros grupos de interés para intentar alinearlos ante la postura llevada adelante por la congregación.
Aunque entre los sacerdotes jóvenes Berríos ya no tiene la ascendencia que tuvo en los 2000, sí mantiene lazos y amistades con curas de su generación o mayores, como Fernando Montes y Jorge Costadoat. Por ello -y sobre todo por la influencia que aún tiene en laicos- se generó un debate interno que se propusieron despejar bajando tempranamente la información.
En el comunicado que dio a conocer el viernes 10 de mayo, la Compañía de Jesús pidió perdón “a las víctimas, sus familias y cercanos por el dolor causado. Hechos como estos jamás deberían ocurrir”. Y detalló que se estableció “que Felipe Berríos es culpable de delitos contra el sexto mandamiento cometidos con menores de edad y de delitos de solicitación a pecar en contra del sexto mandamiento, durante o con ocasión de la confesión”.
Berríos cuenta ahora con 30 días para apelar a su expulsión de la Compañía de Jesús. En caso de no hacerlo, saldrá de la congregación y quedará bajo el estatus de “clérigo vago”. Este término se utiliza en el caso de que un sacerdote no pertenezca a ninguna congregación ni diócesis.
Por el lado penal, tras la incautación del informe realizado por María Elena Santibáñez, el Ministerio Público lo sobreseyó en una de las siete causas. Otras cinco fueron cerradas a través de una resolución de la Corte de Santiago del 6 de septiembre de 2023 por la no participación de las denunciantes, mientras que solo una continúa abierta. La línea de defensa del suspendido sacerdote la manifestó su abogado, Julián López, el 2 de junio de 2024: “Que un tribunal de la República haya concluido que los hechos descritos por una de las denunciantes, incluso si fueran ciertos, no son constitutivos de delito, es una manifestación evidente de la cuestionable calidad de las acusaciones que se formularon públicamente contra Felipe Berrios y, en particular, las que patrocinó la Fundación para la Confianza. Con la investigación del Ministerio Público concluida, confiamos en que las demás denuncias tendrán el mismo destino”. Esa es, hasta el momento, la línea argumentativa que sigue Berríos con su defensa.
