Una tómbola con 30 pequeñas bolas -como las que se usan en los bingos- se echará a rodar la última semana de enero en el Palacio de Tribunales. Cada una de ellas tendrá un número inscrito que identificará, por orden de antigüedad, a los ministros de la Corte de Santiago. Dos de ellos serán sorteados para integrar durante los próximos tres años la Corte Marcial, la instancia encargada de revisar las apelaciones a los dictámenes de los tribunales castrenses.

Este año, la ceremonia, descrita en el Artículo 48 del Código de Justicia Militar, estará envuelta en la tensión respecto del futuro de la denominada causa "fraude en el Ejército", en la que se ha procesado y dejado bajo prisión preventiva a varios exgenerales y -ni más ni menos- a dos excomandantes en jefe. Para el sorteo deberían excluirse los nombres de quienes, desde 2016, vienen integrando el tribunal de alzada, es decir, a Hernán Crisosto -presidente de la corte castrense- y a la ministra en visita Romy Rutherford. Ninguno de los dos podría extender su permanencia en esos cargos, según la actual normativa. El magistrado presidirá este año la corte santiaguina, por lo que la verdadera preocupación se relaciona con el futuro de la jueza, quien ha liderado una de las arremetidas judiciales más potentes de los últimos años. Con firme voluntad, Rutherford alzó la hipótesis de que los exjerarcas del Ejército -generales Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo- habían incurrido en malversación de gastos reservados, e incluso realizó una diligencia al actual comandante en jefe de la institución, Ricardo Martínez.

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Juan Miguel Fuente-Alba comandante en Jefe del Ejército 2010-2014.[/caption]

Previendo este escenario adverso para la magistrada, quien debe dejar sus funciones a cargo de esta investigación en marzo, un grupo de diputados -entre los que se encuentran Leonardo Soto (PS) y Matías Walker (DC)- presentó a inicios de mayo del año pasado una moción para modificar el Código de Justicia Militar y así conseguir que la Corte Suprema pueda extender su designación como ministra en visita extraordinaria de esta causa por dos años más. Hasta hace un par de semanas, la llamada "Ley Rutherford" -en honor de su inspiradora- avanzaba sin mayores obstáculos en el Congreso. El 28 de noviembre, tras finalizar su trámite, la Cámara de Diputados la envió al Ejecutivo, que demoró poco más de un mes en oficiar respuesta.

Finalmente, el 30 de diciembre pasado se comunicó que el Presidente Sebastián Piñera no formularía observaciones a la iniciativa legal. Ese mismo día, el presidente de la corporación, Iván Flores, dio uno de los últimos pasos necesarios para lograr que la magistrada pueda seguir adelante con la compleja indagatoria que hoy impacta al Ejército. Es así como -según el portal del Senado- se envió la moción al Tribunal Constitucional (TC) para el control de rigor. De esta forma, Rutherford comenzaba el nuevo año a merced de la misma institución con la que había tenido más de una batalla en 2019.

Contra el reloj

Más de 380 expedientes apilados en una oficina de calle Morandé, en diagonal al Palacio de Tribunales, son los silenciosos testigos del trabajo contra el reloj que realiza la jueza Romy Rutherford junto a sus actuarios y la Policía de Investigaciones. Como no hay certeza de que la modificación del Código de Justicia Militar se promulgue antes de que el pleno del tribunal de alzada santiaguino sortee a los ministros de la Corte Marcial, los funcionarios judiciales trabajan a toda máquina para que el posible sucesor o sucesora de Rutherford encuentre las aristas lo más avanzadas y ordenadas posibles. "Esa es la orden", dice un visitante del despacho de la magistrada.

Lo cierto es que esa incertidumbre se ha extendido a la misma corte santiaguina, donde no hay certezas de que la "Ley Rutherford" sea oficial a tiempo. "Es posible que el TC agilice la tramitación y se promulgue y publique en el Diario Oficial, de forma tal que la Corte Suprema pueda extenderle su periodo como ministra en visita extraordinaria por al menos dos años, pero si los plazos no dan, vamos a tener que hacer el sorteo sin incluirla a ella y después los supremos verán cómo interpretan la ley", dice un ministro que es compañero de la magistrada. Otra ministra hace una observación: "Acá cualquier juez está capacitado para seguir adelante una investigación compleja como esa y no podemos olvidar que ser ministro de la Corte Marcial es un cargo apetecido, ya que significa un bono de $ 2 millones adicionales al sueldo como ministro de tribunal de alzada".

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La ministra de la Corte Marcial Romy Rutherford.[/caption]

El oficio de la Cámara de Diputados llegó a manos de la presidenta del TC, María Luisa Brahm, la tarde del 2 de enero. Como ya estaba asignada la tabla de vista de causas de la próxima semana, hasta el cierre de esta edición, lo más seguro era que el control de constitucionalidad de la ley que le permitiría a Rutherford seguir encabezando la indagatoria del "fraude en el Ejército" se vea el martes 14 de enero. La revisión de este trámite se hará sin la presencia de Iván Aróstica, quien salió de vacaciones el viernes 3 por cinco semanas. Fue este ministro quien encabezó las resoluciones que tuvieron paralizada durante varios meses la investigación de la magistrada.

Uno de los autores de la "Ley Rutherford", el diputado socialista Leonardo Soto, hace una crítica a lo que califica como "una dilación" en el trámite de este proyecto e instala la sospecha de que hay personas interesadas en que la magistrada no siga adelante con las diligencias. "El gobierno ha actuado con una pasividad nunca antes vista frente a maniobras dilatorias de los abogados de altos oficiales imputados por corrupción, que han utilizado todo tipo de maniobras para obstaculizar el avance de la investigación de la jueza Rutherford y avanzar en las condenas del fraude más grande en la historia del Ejército".

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El diputado PS Leonardo Soto, impulsor de la Ley Rutherford.[/caption]

El parlamentario PS anunció que pedirá una reunión con el ministro Guillermo Silva apenas asuma la presidencia de la Corte Suprema este lunes 6 de enero, " a fin de que procure que la justicia siga adelante y se descarte toda clase de impunidad en estos hechos y se avance hasta aplicar las penas más severas posibles a los responsables".

Cuando el Senado le pidió su opinión a la Corte Suprema respecto de este proyecto de ley, el máximo tribunal lanzó una crítica en vez de apoyar la moción parlamentaria. Su informe explicaba que no sería necesario hacer leyes especiales para asegurar la permanencia de un investigador en su cargo si el Congreso lograra eliminar de una vez la justicia militar en tiempos de paz: "El proyecto en análisis no se hace cargo de un déficit institucional ni busca enmendarlo. Si bien es cierto que en la última década se ha restringido considerablemente la competencia de la justicia militar en tiempos de paz, ello no ha revertido los defectos antes mencionados inherentes al diseño actual".

El texto de la Suprema, en esa oportunidad, fue duro y de cierta forma hizo un guiño a lo planteado por las defensas de los militares que han presentado recursos sosteniendo la inconstitucionalidad del sistema de justicia militar ante hechos de corrupción. De hecho, el TC tuvo paralizado varios meses el caso ante el requerimiento que buscaba declarar ilegal el secreto de sumario de la jueza Rutherford por vulnerar el debido proceso y el derecho a defensa. "Ahora bien, si lo que pretende es insistir en una judicatura militar en tiempos de paz, entonces su diseño debe garantizar la independencia e imparcialidad de los jueces; la separación de funciones de investigación-acusación y juzgamiento; la presunción de inocencia y el derecho a defensa y a un abogado defensor, y en general, todas las garantías procesales que asegura el proceso penal acusatorio. Por cierto, debe, además, restringirse la competencia material de los tribunales militares a un catálogo de delitos exclusivamente militares, expresamente delimitados, donde el bien jurídico protegido y el autor potencial sean estrictamente militares. Si esta reforma pendiente tuviera lugar, entonces la necesidad de visitas extraordinarias desaparecería", advirtió la Suprema al Senado.

La última resolución dictada por Rutherford fue el 11 de diciembre. En ella, la ministra en visita de la Corte Marcial acusó a un suboficial, en el marco de una indagatoria por corrupción al Departamento de Apoyo a las Actividades Internacionales en la Misión de Paz de Haití, entre mayo de 2014 y abril de 2015.

Justo cuando sobre su escritorio hay nuevas acusaciones, como las que involucran a Fuente-Alba y Oviedo, el papel de Rutherford está en suspenso. Su futuro en la causa dependerá de la celeridad con que se promulgue y publique la ley que lleva su nombre. El calendario no da tregua; solo quedan 20 días hábiles.