“Esta madrugada (Milciades Ávila) fue secuestrado por el régimen, acusado de violencia de género contra unas mujeres que el pasado sábado intentaron agredirnos a Edmundo y a mí en (el restaurante) La Encrucijada. Hay decenas de testigos y videos que demuestran que ese acto fue una provocación planificada para dejarnos sin protección a 11 días del 28 de julio”, escribió la líder opositora venezolana María Corina Machado el miércoles en la red social X.
La vetada candidata presidencial de cara a las elecciones del próximo fin de semana se refería al jefe de seguridad de su equipo, quien fue arrestado en la madrugada de ese día por presunta “violencia de género” contra un grupo de mujeres que, según Machado, intentaron agredirla a ella y al abanderado presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia.
Ávila quedó en libertad este jueves, tras una audiencia judicial. Pero recibió como medida cautelar la obligación de presentarse cada 30 días ante un tribunal de Maracay. Machado niega que su jefe de seguridad haya cometido alguna agresión y atribuye la detención a un intento del gobierno de Nicolás Maduro por amedrentar a su movimiento.
Un día antes de la detención del colaborador de la líder de Vente Venezuela, la ONG Foro Penal había denunciado que las autoridades del régimen habían detenido este año a 102 personas vinculadas con la campaña de González Urrutia. De ese número, 77 detenciones se dieron a partir del inicio formal de la campaña, el pasado 4 de julio, lo que refleja “un claro patrón de actuación contra activistas, militantes, incluso colaboradores o personas que prestan sus servicios” al candidato opositor y a Machado, dijo Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización.
El abogado venezolano cree que se trata de una tendencia que se acentuará en esta semana previa a las elecciones, según explica en esta entrevista con La Tercera.
¿Este aumento de las detenciones tiene que ver específicamente con la cercanía de las elecciones?
Ha habido un incremento significativo de los arrestos causados por motivos políticos, desde que comenzó el año hasta este momento, pero particularmente desde que se inició la campaña el 4 de julio. En definitiva, sí se está utilizando el arresto, así sea temporal, de personas que están vinculadas a la campaña de María Corina Machado, sea como activistas o como colaboradores, para de alguna manera tratar de intimidarlos.
O sea, ¿esto responde, efectivamente, a una estrategia del miedo contra la oposición de parte del régimen?
Sí, definitivamente. La motivación política se evidencia claramente en los objetivos de la detención. Y el objetivo en este caso es intimidar a los colaboradores, a los militantes, a los activistas, a cualquier persona que de alguna manera esté vinculada a la campaña de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
¿Qué se puede esperar en cuanto a temas de represión y de violación a los derechos humanos, ahora que la campaña presidencial entró en la recta final?
Yo creo que va a incrementarse en la medida en que se vayan acercando los momentos de la elección propiamente dicha, se van a incrementar los actos de intimidación, los actos represivos. Recordemos que no solo tienen que ver con arrestos arbitrarios por motivos políticos, sino también con, por ejemplo, inhabilitaciones políticas de facto que se dan contra personas como alcaldes o concejales de estados a los que ha ido Machado con González. Tenemos cierres de los negocios, de los restaurantes, de los hoteles, que de alguna manera han servido a quienes están en esta campaña del lado opositor. Se les abren procedimientos administrativos supuestamente de impuestos, pero al final se sabe claramente que se trata de una retaliación. Ha habido, por ejemplo, un ensañamiento muy claro contra quienes prestan apoyo en la logística de un evento, de un mitin electoral. Las personas que ponen las tarimas, las personas que ponen el sonido, son arrestadas así sea por pocas horas, y luego les son incautados todos estos equipos, no se los devuelven.
¿Este clima se había visto en otras campañas presidenciales?
En otros momentos electorales, no solo campañas presidenciales, se presentaban sí actos de intimidación, se utilizaba mucho a los denominados “colectivos” o a los que ellos llaman los “puntos rojos” para de alguna manera generar miedo en la gente para que no participara. Se veían actos de intimidación sobre todo en las zonas más humildes, contra las personas de menos recursos, para forzarlas a través de amenazas a votar por la opción del gobierno. Pero no se había visto esto con tanta intensidad como ahora.
Nicolás Maduro ha advertido que podría haber un “baño de sangre” si es que él pierde. ¿Cómo se visualiza el día después de las elecciones en Venezuela?
La palabra incertidumbre es la que mejor describe en este momento la situación en el país. No tengo tan claro que Maduro tenga la capacidad de movilizar al pueblo, la ciudadanía, para eventualmente generar un escenario violento en caso de que pierda las elecciones. Lo que sí tiene es definitivamente un control importante en algunos sectores de la Fuerza Armada Nacional y eso sí preocupa mucho, porque básicamente de lo que hemos visto de sus últimas alocuciones, que evidentemente tienen un fin intimidatorio también, pareciera ser que él no estaría dispuesto a reconocer unos resultados que terminaran siéndole adversos. Es algo que nos preocupa mucho.
Si se produjera esta eventual derrota de Maduro, ¿cree que es inevitable que la oposición pacte una amnistía con el régimen?
No sería lo deseable, pero de lo que les hemos escuchado a los factores políticos, incluso a la misma María Corina Machado, el mismo Edmundo González, es que ellos estarían en principio a favor de privilegiar la tranquilidad, la paz nacional por encima de lo que sería el anhelo de justicia, de las víctimas de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se han visto en el país en estos años. Es un escenario, sí, ciertamente posible, pero va a encontrar muchos obstáculos, porque particularmente el tema de la amnistía está prohibido expresamente por nuestra Constitución y por los tratados internacionales cuando se trata de violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Habría que hacer una reforma constitucional que eventualmente permitiese una amnistía. Nosotros desde la ONG que defendemos derechos humanos, lo que hemos estado reclamando hasta ahora es que a las víctimas se las haga protagonistas directas de cualquier proceso de negociación, incluso eventualmente en una justicia transicional, porque son ellas las que tienen que tener, en definitiva, el voto más importante en cuanto a lo que se va a hacer con las personas que han venido cometiendo gravísimas violaciones a los derechos humanos y, eventualmente, hasta crímenes de lesa humanidad desde hace muchos años.