Fue una reunión reservada el 13 de noviembre, en el décimo piso del edificio institucional que alberga al Ministerio Público. Allí estaban el fiscal nacional, Jorge Abbott, y los cuatro jefes de las regionales metropolitanas: Manuel Guerra (Oriente), Xavier Armendáriz (Centro Norte), José Luis Pérez (Occidente) y Héctor Barros (Sur). El día anterior, la Mesa de Unidad Social había hecho un llamado a paro nacional, lo que había coincidido con posteriores hechos de violencia que se registraron esa noche en distintos puntos de Santiago y regiones. La cita tuvo carácter de urgente.

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Aún se oían gritos de pequeñas e improvisadas protestas afuera del edificio, en calle Catedral, cuando Abbott tomó la palabra: "Tenemos que coordinarnos mejor en las investigaciones". A esas alturas, Armendáriz, quien concentra la mayor cantidad de casos penales por traumas oculares, había requerido establecer un vínculo con Carabineros para que estos entregaran de forma más expedita la información de sus sumarios y procedimientos. Cinco días antes, un piquete de Fuerzas Especiales había herido en ambos ojos al joven estudiante Gustavo Gatica y el equipo de investigadores, a cargo de ese caso, requería con premura varios antecedentes que no llegaban.

Buena parte de esa reunión giró en torno a cómo iban a enfrentar la gran cantidad de causas abiertas por denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Un hecho inédito en democracia y aún más para la institución que se creó recién hace 20 años. Se decidió, entonces, invitar a una reunión al general director de Carabineros, Mario Rozas, para que designara a un enlace con el Ministerio Público, lo que se concretó un día después. La segunda parte del encuentro giró en torno a la persecución de los delitos más graves que se han cometido desde el estallido social del 18 de octubre: la quema de las estaciones de Metro. Se iba a cumplir un mes de protestas y contaban con solo tres detenidos por destrozos e incendios en las estaciones del tren subterráneo. La presión del gobierno por encontrar a quienes estuvieron detrás de los actos de mayor violencia los primeros días de manifestaciones requerían una respuesta penal pronta y los ahí presentes lo sabían. Cada fiscal regional aportó sus hipótesis sobre qué personas o grupos estaban detrás de estos actos que -de hallarse a sus autores- arriesgan las penas más altas que contempla la ley. El delito de incendio, sin ir más lejos, parte en 10 años y un día de cárcel, pudiendo llegar -en el contexto actual de la Ley de Seguridad del Estado- a presidio perpetuo.

"Lo que importa es que en esta reunión decidamos algo: ¿Vamos a investigar estas conductas delictivas como flagrancias? Es decir, nos vamos a enfocar solo en el imputado que lanza una molotov en Plaza Italia para comenzar un incendio, o vamos a apostar porque detrás de esto hay algo más profundo y organizado?". Así recuerdan tres presentes en la reunión la intervención de Héctor Barros. La reflexión hizo sentido en los presentes y aún más en Abbott. Fue ahí cuando el fiscal nacional decidió designar al propio Barros como una especie de "fiscal antiviolentistas" o el persecutor que deberá despejar la gran incógnita que ronda a los incendios, saqueos y graves daños al comercio: ¿Fueron hechos originados por la espontaneidad de las marchas o hay grupos organizados detrás? La designación se mantuvo en reserva. Hasta ahora.

Vuelven los anarquistas

Héctor Barros tiene 51 años y lleva 19 siendo fiscal. Entre sus éxitos investigativos se encuentran la desarticulación de bandas dedicadas al narcotráfico en la zona sur, como lo son "Los Cara de Jarro". Asimismo, llevó adelante la investigación contra los colocadores de bombas y miembros de células anarquistas Luciano Pitronello y el sociólogo Hans Niemeyer. En 2014 logró la detención de quien instaló una bomba en el Subcentro del Metro Escuela Militar y el 8 de agosto de este año, solo unos meses después de hacerse cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, aprehendió a quien hasta hoy es el principal sospechoso de haber enviado una bomba al expresidente de Codelco Óscar Landerretche.

El perfil de Barros y los indicios de que tras varios ataques hay rastros de grupos anarquistas participando llevaron a Abbott y al resto de los fiscales jefes de la Metropolitana a confiar en él esta misión que -saben- puede resultar un arma de doble filo. Apostar por una investigación de largo aliento en que se indaga una organización criminal detrás de los hechos más graves en el marco del estallido social presupone autoimponerse plazos y resultados. Hasta el minuto hay más de 17 mil personas formalizadas en el país por diversos actos constitutivos de delitos, sin embargo, ya se adoptó la decisión política de perseguir penalmente estos actos bajo hipótesis de grupos organizados y no solo actos espontáneos.

El reloj ya empezó a correr para el Ministerio Público, que este 2019 cumplió 20 años y que ahora enfrenta, quizás, la prueba más importante desde su creación.