Héctor Llaitul: El clan detenido

Era una tarde normal para Héctor Llaitul. Ese 24 de agosto entró al restaurante Cocinería del Sur, en Cañete, para almorzar. Pero el momento en que dos detectives de la PDI entraron por la puerta marcó un antes y un después para el líder de la CAM.

Luego de que lo detuvieron por delitos contra la Ley de Seguridad del Estado, Llaitul enfrentó la situación guardando silencio.

Héctor Javier Llaitul Carrillanca nació en Osorno, en 1967. Es hijo de padres campesinos, de origen huilliche. Luego de salir del colegio estudió Trabajo Social en la Universidad Católica de Valparaíso. Su pensamiento político lo llevó a militar al poco tiempo en las juventudes del MIR, para luego abandonar sus estudios y entrar al Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Tras el fin de la dictadura, se hizo muy cercano al movimiento indigenista, lo que derivó en su salida del Frente en 1993 y la posterior fundación de la Coordinadora Arauco Malleco, la CAM, en 1998.

El grupo se hizo conocido por sus acciones de sabotaje: quema de camiones y maquinaria de las principales forestales en el sur de Chile. Otro aspecto los caracterizaba: no les hacían daño a los trabajadores, solo a sus bienes de capital. Es más, nunca justificaron la quema de iglesias o colegios.

La relación entre Llaitul, la CAM y el Estado chileno fue un conflicto constante desde finales de los años 2000, pasando por los gobiernos de la Concertación y el de Sebastián Piñera. De hecho, Llaitul fue detenido varias veces, una de ellas el año 2009, tras ser acusado de participar en el atentado al fiscal Mario Elgueta.

En paralelo, mientras la CAM crecía, y más Organismos de Resistencia Territorial (ORT) se fundaban a lo largo del territorio, los hijos de Llaitul entraron a escena. El primero fue Ernesto Llaitul, a quien desde el 2011 -antes de salir de cuarto medio- se le cuentan causas penales. De hecho, Ernesto fue detenido junto a su padre el año 2017 en el contexto de la Operación Huracán, pero salieron libres tras probarse que Carabineros falsificó pruebas en su contra.

Y en julio del año pasado, Llaitul enfrentó un episodio crítico con Ernesto: durante horas, se pensó que su hijo, entonces de 26 años, había muerto de un balazo en la cara luego de un enfrentamiento mientras saboteaban un fundo en Carahue. En ese acto, un trabajador del fundo también resultó herido.

Durante esas horas, el entonces diputado Gabriel Boric publicó un tuit que, tiempo después, varios le recordarían.

“Han asesinado a Ernesto Llaitul. Esta situación es gravísima y la indignación nos desborda, pero no paraliza. Nos ponemos a disposición de la familia y comunidades, a quienes manifestamos nuestra solidaridad. ¡No más militarización! No permitiremos impunidad”.

Al acudir a identificar el cuerpo, Llaitul se encontró con que no era su hijo, sino que Pablo Marchant: un miembro de 29 años de su organización.

Boric también reaccionó tras esa información. En la misma red social escribió:

“Héctor Llaitul confirma que no era su hijo Ernesto quien murió, sino Pablo Marchant. Confusión se habría dado por desfiguración del rostro y aviso errático de carabineros. En cualquier caso es grave. Las forestales hoy son parte del problema en el wallmapu”.

El funeral de Marchant fue con rifle en mano y se le rindieron honores de héroe. Llaitul, en público, lamentaba el deceso, realzando las cualidades que tenía el joven. Pero, en privado, no tenía una buena impresión del exestudiante de Antropología y así lo revelarían escuchas telefónicas que venía realizando hace meses la PDI. “(Marchant) es un cagado de la cabeza, que cuando se cura se vuelve loco (...)”, decía entre otras cosas.

Una vez que Gabriel Boric asumió la Presidencia, quiso aplicar una estrategia distinta a la que habían ocupado los gobiernos en los últimos 30 años.

De hecho, a las pocas semanas de iniciado su mandato, la CAM llamó a “organizar la resistencia armada” frente a la imposición de un estado de excepción constitucional “intermedio”. Pero esta decisión trajo consecuencias. Las expone el excoordinador nacional de Seguridad de la Macrozona Sur Pablo Urquízar.

“El año 2021 fue especialmente violento. Los hechos de violencia habían aumentado un 46% en relación al año 2020. Ahí se produjo un hito a nivel de seguridad, que fue cuando el Presidente Piñera decretó el primer estado de emergencia. Duró 165 días, desde octubre del 2021 a marzo del año siguiente. Ahí, los hechos de violencia se redujeron en un 45%”.

Urquízar extiende este argumento.

“Por ende, al Presidente Boric le llega un escenario con hechos de violencia que tienden a la baja -expone-. Y el gobierno decide terminar con el estado de emergencia. Y qué ocurre: durante 50 días, los hechos violentos se dispararon en un 171%”.

En ese contexto, consultado por si iba a querellarse contra Llaitul, Boric lanzó una frase que dejó perplejos a muchos: “Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones”. La idea de Boric y sus cercanos era clara: dialogar y acercarse a las comunidades y evitar a toda costa instalar un nuevo estado de excepción constitucional en el sur.

Pero la situación estaba al rojo vivo: la comitiva de la recién nombrada ministra del Interior Izkia Siches fue repelida a balazos en Temucuicui, y a mayo del 2022 iban siete muertos en el marco del conflicto rural. Además, fue el año con más atentados de la CAM, según Urquízar.

Todo esto estaba incomodando mucho al gobierno, sobre todo por lo que se discutía en la Convención. Esto, hasta que llegó el punto de quiebre definitivo. Héctor Llaitul, luego de ser seguido por meses por la PDI, fue detenido el miércoles 24 de agosto de este año. El hecho sucedió a pocos días del plebiscito nacional de septiembre, donde ganaría el Rechazo.

Más aún: en la investigación se reveló un llamado que hizo una asesora de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, a Llaitul, donde le solicitaba la posibilidad de contactarse con la secretaria de Estado.

Esto generó un incendio dentro del gobierno. Intentaban contactarse con una persona investigada por delitos de usurpación violenta, atentado contra la autoridad y llamados a la desestabilización del gobierno.

Un diálogo con alguien que, abiertamente en 2020, declaraba que se preparaba para un enfrentamiento armado con el Estado.

El escueto llamado telefónico provocó la salida del cargo de Vega, quien se defendió en una entrevista a La Tercera: argumentó que el llamado iba en concordancia con los dichos de Boric: “En ese momento no había ninguna razón para pensar que había personas proscritas para ese diálogo, en particular esta persona”.

Pero la situación ya ardía. Y es que el problema era mayor. A Héctor Llaitul nunca le interesó tener una relación con el gobierno. De hecho, en las escuchas telefónicas de la PDI, que reveló este medio, Llaitul se refería constantemente de forma muy despectiva al Presidente Boric.

“Ese guatón cu… del Boric, a ese hueón sí que le tengo mala. Va a ser un convertido cu…”. A lo que añadió: “Se jura medio Che Guevara, ahora va a andar con los grupos económicos y va a gobernar igual (...) En el gobierno de ese cu… me van a matar a mí, acuérdate”.

La detención de Llaitul -de la cual el gobierno no sabía- echó por tierra la estrategia que llevaba Boric hasta ese momento. Tan así fue, que su discurso cambió. Esto lo explica Natalia Caniguan, investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de la Universidad Católica.

“Él hablaba al inicio del gobierno de que iban a dialogar con todos los sectores. Que la relación con el pueblo mapuche iba a ser distinta. Pero los hechos demostraron que el discurso del movimiento estudiantil, o de cuando era diputado, se alejó de la realidad”.

Caniguan extiende su argumentación.

“Fíjate: desde el inicio del gobierno estamos con militares en las calles, porque el estado de excepción ha sido más extenso incluso que el del gobierno de Sebastián Piñera. De hecho, a pesar de que hablaban de wallmapu, ahora hablan de Macrozona Sur, que es un concepto militar, pero lo terminó usando igual”.

El giro del gobierno fue sostenido a lo largo de los meses previos a la detención de Llaitul. Es más evidente cuando, luego de indicar que no lo perseguirían por sus ideas, en julio ampliaron la querella por Ley de Seguridad del Estado que caía sobre el líder de la CAM. “Es bueno que un gobierno sea capaz de revisar sus propias decisiones”, explicó Boric en una entrevista con Mega.

La formalización y prisión preventiva de Llaitul son un hecho clave: significa la caída de una persona que por mucho tiempo se consideró intocable. Según un conocedor de la investigación, la ampliación de la querella fue clave para darle el respaldo y la claridad suficiente al Ministerio Público de que la causa no iba a terminar en nada.

Esto trajo también la caída de su familia completa. Ernesto fue detenido una semana después que su padre. En noviembre, Pelantaro Llaitul, de 18 años, fue aprehendido en Galvarino, tras vincularse con dos atentados en fundos de la zona. Según la investigación del Ministerio Público, al menos cuatro de sus hijos forman parte de la CAM.

“Antes de la detención -grafica por su parte Urquízar-, Héctor Llaitul era el hombre más poderoso de Chile, por la inacción del Estado: ni el gobierno se querellaba, ni el Ministerio Público materializaba ninguna acción concreta para perseguir a esta persona que cometía delitos graves contra la seguridad del Estado”.

Caniguan, por su parte, no comparte esa tesis. “La ilusión de que Llaitul controla todo el sur es algo ficticio. Hay zonas que controla, pero no totalmente, y el Estado chileno funciona allí. Además, hay más organizaciones. No es como que Llaitul dé órdenes y todos obedezcan”.

Lo que sí está claro es que el clan Llaitul está en prisión y espera ser enjuiciado. Esta vez, nadie del mundo político ha salido a defenderlo.