Hitos judiciales en la década de los fraudes en las FF.AA. y el terremoto del financiamiento de la política

La "década judicial" se inicia con un cinematográfico allanamiento, el 14 de agosto de 2010, a la casa okupa "Sacco y Vanzetti", en pleno centro de Santiago. Ahí se detuvo a 14 anarquistas, quienes fueron acusados y llevados a juicio oral como los presuntos responsables de una serie de colocaciones de bombas en la Región Metropolitana, una de ellas instalada en las afueras de la propia Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), en calle Tenderini, el año 2006.

El entonces fiscal regional Alejandro Peña, quien al año siguiente se fue a trabajar al gobierno, decidió ese 2010 activar la Operación Salamandra para detener a los anarquistas. Dos años después, el Tercer Tribunal Oral absolvería a seis de los acusados que fueron enjuiciados. En noviembre de 2013, dos de los absueltos, Francisco Solar y Mónica Caballero, serían detenidos en España acusados de instalar un explosivo en la Basílica del Pilar, en Zaragoza. Tras ser condenados por estos daños fueron expulsados y hoy viven en Chile.

Más de 200 artefactos han explotado desde el 2005 y 30 anarquistas han debido enfrentar a la justicia. El caso más grave fue en 2014. Ahí, Juan Flores fue condenado a 23 años de cárcel por colocar una bomba en el Subcentro del Metro Escuela Militar. La primera condena por delito terrorista en Santiago.

Era el sábado 21 de enero del año 2013 cuando Benjamín Silva junto a su esposa, Carolina Figueroa, estaban detenidos en su auto frente a la Municipalidad de Vitacura, esperando la luz verde para poder avanzar. A bordo estaba su pequeña hija de tan solo nueve meses, Emilia. Ese día, el destino cruzó a esta familia con Nelson Fariña Jara, quien manejaba en estado de ebriedad (1,9 gramos de alcohol por litro de sangre) y que protagonizó un brutal choque. Horas más tarde, la lactante perdió la vida.

A los cuatro días de esta tragedia los padres de Emilia crearon una cuenta en Twitter llamada "Ley Emilia". El responsable de la muerte de su hija estaba en libertad, porque la legislación, en esa época, no contemplaba altas penas para un delito que se trataba como culposo, es decir, un accidente con resultados fatales. Dos años después, conmovidos por el caso Emilia, el Congreso aprobó una ley con el nombre de la niña, legislación que -en diversos fallos del Tribunal Constitucional- ha sido declarada inconstitucional.

La "Ley Emilia" sanciona con cárcel efectiva, es decir, al menos un año tras las rejas, a conductores que en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes generen lesiones graves, gravísimas o la muerte. También se establece como delito la fuga del conductor.

Jacqueline Vera no puede creer que ya han pasado siete años desde que su hijo Daniel Zamudio falleciera tras agonizar 25 días en la ex Posta Central, tras sufrir una brutal golpiza en el Parque San Borja. El joven tenía 24 años cuando se convirtió en el ícono en Chile de la lucha contra la discriminación, en específico aquellos crímenes que se cometen movidos por el odio. Hoy existe una ley que lleva su nombre, la "Ley Zamudio", que establece un procedimiento judicial sancionatorio y medidas de reparación cuando se comete un acto discriminatorio en Chile.

"Los recuerdos de Daniel siempre están presentes, fue un caso por su brutalidad sin comparación. Ayer mismo veía en la televisión cómo maltrataban a una persona trans. El cruel asesinato de mi hijo removió conciencias en nuestro país, pero aún hay mucho por qué trabajar en contra de toda forma de discriminación, sobre todo de los grupos LTGBI+, que son los más desprotegidos en este momento", sostiene Vera.

La mujer creó una fundación que lleva el nombre de su hijo. "Estoy segura de que si Daniel estuviera vivo estaría ahora luchando en las calles", sostiene la mujer. Los principales acusados condenados como autores del homicidio de Zamudio cumplen penas de presidio perpetuo y 15 años de cárcel.

Seis años lleva preso el machi Celestino Córdova Tránsito (32) como autor del asesinato del matrimonio compuesto por el agricultor Werner Luchsinger y su esposa, Vivianne Mackay, ocurrido el 4 de enero de 2013, en Vilcún. Es uno de los hechos de mayor gravedad registrados en la reciente década en la zona de La Araucanía. En tres años más Córdova podría solicitar beneficios carcelarios, ya que cumpliría la mitad de los 18 años de cárcel a los que fue sentenciado. En este caso, el Ministerio Público y el gobierno se jugaron por la calificación de terrorismo.

El que la pareja haya muerto en medio de un incendio que, según el tribunal oral de Temuco, inició Córdova junto a otros desconocidos, hizo que tanto la fiscalía como los querellantes pidieran las más altas penas que contempla la ley. Pese a esto, la justicia desestimó que el ataque haya causado "terror en la población". En 2018, Córdova protagonizó una extensa huelga de hambre que concluyó cuando Gendarmería le permitió visitar su altar mapuche. En un segundo juicio oral, el 2018 -en contra de otros acusados que habrían estado con Córdova- la Corte Suprema confirmó las condenas, pero eliminó el carácter terrorista.

Había partido como un fraude descubierto en el SII al Fondo de Utilidades Tributables (FUT) cuando, en julio de 2014, el exgerente de Seguros Generales Penta Security Hugo Bravo renuncia a décadas de colaboración con los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, controladores del Grupo Penta. Ahí se destaparían años de financiamiento irregular de la política.

Catherine Lathrop, la abogada de Bravo, lo recuerda así: "Esto parte cuando se le informa a Hugo que está siendo investigado por lavado de activos en una época en que ese delito tenía una pena altísima, no como hoy, y en ese contexto definimos una estrategia de colaboración sustancial, casi una delación (...) Ahí surgió la información de las boletas con los políticos. Fue una decisión difícil para Hugo, tuvo que optar por su libertad y por revertir lo que la opinión pública pudiera decir de él, dado que su exgrupo empresarial había definido sindicarlo como 'el origen del mal'".

Lathrop dice que a esa altura Bravo ya sabía que le quedaban pocos años de vida. Murió en febrero de 2017, y quería pasarlos libre, con su familia. "Él generó un cambio en la política en su financiamiento y menos ligada al empresariado y con más vocación de servicio público", dice su defensora.

Nabila Rifo Ruiz dice que ya no quiere vivir más en Coyhaique. Que tiene más amigas en Santiago que en su ciudad y que cuanto antes le gustaría aprender la coreografía de Lastesis y participar de las protestas feministas que se han reactivado tras el estallido social. "Yo, en parte, soy víctima de ese juez que dice la canción", así recuerda el fallo de la Corte Suprema, que en 2017 rebajó la condena en contra de su exconviviente Mauricio Ortega tras recalificar los hechos y definir que el ataque en que el sujeto le quitó sus ojos no era un "femicidio frustrado", sino un delito de lesiones graves.

Aún recuerda el ataque. Fue el 5 de junio de 2015 cuando Ortega llegó con un hacha hasta su casa amenazándola con matarla. "Para mí es difícil enfrentar el día a día. Pienso que no tuve justicia, yo habría esperado una pena más alta. Imagine que quien me dejó ciega va a poder salir algún día de la cárcel y cuando salga yo seguiré así, sin poder ver", reflexiona la mujer.

De todas formas, añade, aún tiene mucho por qué luchar. "Yo espero que el feminismo se active acá en Coyhaique; las mujeres siguen cumpliendo roles en la casa, sometidas al marido, son muy sumisas, me gustaría que la fuerza de la capital llegara acá, que fuéramos más feministas", dice hoy Nabila.

Podría ser llamada "la época de los fraudes en las Fuerzas Armadas y de Orden Público". El primer impacto llegó en agosto de 2015, cuando una saga publicada en The Clinic destapó el pago de cientos de facturas falsas por parte del Ejército a proveedores fantasmas con recursos que, según la investigación del periodista Mauricio Weibel, provenían de los fondos de la Ley Reservada del Cobre. Fue denominado por ese medio como el "milicogate". A poco avanzar la justicia, se sucedieron otros presuntos fraudes que involucran a excomandantes en jefe del Ejército.

El primero en caer, a manos del fiscal José Morales, fue Juan Miguel Fuente-Alba. La fiscalía comenzó a investigar el origen del patrimonio del exmilitar. Hoy, el uniformado en retiro es indagado por la jueza Rommy Rutherford, quien encabeza el denominado caso "fraude en el Ejército", en que tiene procesado a Fuente Alba y a Humberto Oviedo, otro de los excomandantes en jefe de la institución por el supuesto mal uso de gastos reservados.

Una suerte similar correría Carabineros, la institución más reputada en Chile, hasta que en marzo de 2017 el entonces general director Bruno Villalobos da cuenta de un incipiente fraude institucional de $ 8 mil millones. A la fecha, se indaga la malversación de casi $ 30 mil millones.

Impactó a todas las instituciones del nuevo sistema penal. El 25 de enero de 2018, la Fiscalía Regional de La Araucanía daba un vuelco en lo que se denominó Operación Huracán. Hasta ese día, el Ministerio Público mantenía en secreto las sospechas que, más tarde, se transformarían en certezas. Personal de inteligencia de Carabineros había urdido, según se ha formalizado, un montaje de pruebas para inculpar a comuneros mapuches de atentados terroristas en la zona.

En un inicio, Carabineros defendió la obtención de pruebas que no eran más que chats entre los imputados. Pasado el tiempo, el fiscal regional de Aysén Carlos Palma formalizó y dejó en prisión preventiva al exjefe de Inteligencia de la policía uniformada Gonzalo Blu.

Hasta el día de hoy el uniformado permanece con esa medida cautelar. La situación provocó tensión entre el fiscal nacional, Jorge Abbott, y Carabineros por el caso Huracán, el que llegó incluso a "tocar tierra" en La Moneda. Meses después se descubrirían reuniones entre el fiscal de Rancagua, Sergio Moya, y los altos oficiales indagados en el caso. Tras abrir un sumario en su contra y en un nuevo giro dramático de esta trama, Moya denunciaría a su jefe, Emiliano Arias. Este último vive hoy un proceso de remoción en la Corte Suprema.

Fue el caso que impactó de lleno los primeros meses del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Aún estaba latente el montaje de Carabineros en la Operación Huracán y el rol del gobierno anterior que respaldó hasta el último día al general director Bruno Villalobos, cuando otra trama de mentiras impacta a la policía uniformada.

Era la tarde del 14 de noviembre de 2018 cuando en las comunicaciones radiales de Carabineros se puede oír: "Clave 25", que da cuenta de disparos. Una patrulla del Gope de Carabineros que participaba de un procedimiento por el robo de ve-hículos ingresa a la comunidad Temucuicui, en Ercilla, y dispara en contra de un tractor conducido por Camilo Catrillanca.

En un par de horas el joven de 24 años estaba muerto. Al principio Carabineros dijo que se trataba de un deceso en el marco de un enfrentamiento. Pero ni Camilo ni el adolescente MP: (15) estaban armados. A poco andar las mentiras fueron cayendo y con ellas el general director Hermes Soto, quien tan solo hacía cinco meses había sucedido a Villalobos, generando una nueva crisis en esa institución, la que impactó también a La Moneda.

El 2 de marzo próximo el fiscal Roberto Garrido llevará a juicio a los carabineros involucrados en este homicidio.

Un fallo histórico. Así fue calificada la sentencia del ministro Alejandro Madrid por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. Su hija, Carmen Frei, repasa este hito judicial de la década. "Cuando el año 2000 decidí hacer públicos los antecedentes en que fundábamos nuestras dudas razonables sobre la muerte de mi padre, sabíamos que se iniciaba un camino difícil.

El 30 de enero, tras una exhaustiva investigación judicial, el ministro Madrid dictó sentencia y dejó establecido que mi padre fue asesinado por la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet. Se trata del único caso de magnicidio en la historia de Chile. Un hecho grave que el país debe asumir como parte de los períodos más oscuros de nuestro pasado. En él, se impuso una manera de pensar y de actuar inmoral y aberrante, que hizo habitual y normalizó el asesinato, la desaparición de personas, la tortura y el exilio".

Para Frei, "las violaciones a los DD.HH. jamás deben ser parte de una política de Estado destinada a imponer un proyecto de sociedad en base al uso del horror y del crimen. Mi padre fue un político de profundas convicciones democráticas. Cuando perdimos la democracia, supo que había que luchar con todas sus fuerzas para volver a conquistarla, y dio su vida en este esfuerzo".

[caption id="attachment_954316" align="aligncenter" width="640"]

O[/caption]