El abogado Jorge Bofill (64) acaba de cumplir cuatro décadas ejerciendo la profesión. En todos esos años ha conocido de cerca el sistema penal. Y no solo por ser un destacado litigante: también fue protagonista de su origen cuando a fines de los 90 ayudó a pensar la Reforma Procesal Penal.
Por eso, dice, está preocupado de la crisis de seguridad pública. Aquí entrega su análisis sobre los cambios que ha tenido la criminalidad y la manera como ha reaccionado el Estado. “Yo quisiera que ojalá esto se resuelva, para que mis cinco hijos y mis nietos puedan vivir tranquilos en este país y proyectarse a futuro acá, y no tener que estar pensando en irse a vivir a otro lado simplemente porque el país ya no te da las garantías mínimas de seguridad para hacer una vida normal”, comenta.
Por esa razón levanta la voz para hacer una advertencia: no se puede seguir enfrentando al crimen organizado creando más leyes. Como un observador del sistema, cree que hay que parar y discutir en serio la creación de una agencia de inteligencia que funcione y permita informar rápidamente al sistema penal.
Hace un año comentó que Chile ya se jodió y que iba camino a convertirse en un Estado fallido. ¿Ya llegamos a eso?
Algunos amigos míos me criticaron mucho cuando usé esa expresión, porque la consideraron extrema. Yo no dije que en ese minuto Chile fuera un Estado fallido, pero sí dije que si la evolución seguía como estaba, en algún minuto nos iba a pasar eso. Yo no he visto ningún cambio fundamental que me haga modificar esa opinión, seguimos en el mismo rumbo.
¿Por qué lo cree?
Me acuerdo que hace 15 años la principal preocupación pública era el miedo al asalto en las casas. Había algunas bandas, que eran violentas, que asaltaban en las casas y que cometían delitos muy violentos. Después tuvimos los portonazos, luego las encerronas en las carreteras. Hoy día se habla poco de eso y el gran fenómeno que nos tiene preocupados son las bandas criminales organizadas, que tienen la particularidad de que no van a un lugar y cometen un delito, sino que se toman el territorio. Esta es una preocupación que manifiestan, por ejemplo, los alcaldes. La característica es que el Estado deja de mandar y va perdiendo control de partes del territorio nacional. Cuando uno ve lo que pasa en México, este fenómeno se empieza a parecer a lo de allá. En el DF es todo más o menos tranquilo, igual que en estos barrios, y de repente pasa algo, pero no mucho. Pero uno sale del DF y después de pocos kilómetros el control ya no es del Estado mexicano. Bueno, nosotros estamos empezando a vivir fenómenos como ese. Eso pasa en el barrio Yungay, al lado de la casa presidencial, y es lo que pasa en la Macrozona Sur, con el pretexto de la causa mapuche. Entonces, creo que no ha cambiado nada como para que uno pueda estar un poquitito más optimista.
¿Podría identificar el momento en que ocurrió el punto de quiebre, en el que partió este camino hacia un Estado fallido?
Todo esto tiene que ver con el respeto de la institucionalidad. No sé si le puedo poner una fecha, pero el Chile de los 90 no era así y el Chile de los 2000 tampoco. No sé cuándo partió, pero sí creo que, obviamente, el momento cúlmine fue lo que se denomina eufemísticamente como el estallido social.
En medio de esta crisis de seguridad, con el crimen organizado como protagonista, el gobierno reaccionó con la agenda legislativa de seguridad más ambiciosa desde el retorno a la democracia, con casi 60 proyectos de ley despachados. ¿Sirve de algo?
Yo creo que ese no es el camino. Llevamos no sé cuántos años discutiendo la creación del Ministerio de Seguridad, como si tener otro ministerio más fuera la solución de los problemas de seguridad que enfrenta el Estado. O sea, puedes querer fortalecer algunas reglas, pero me parece que cuando dices que se han despachado casi 60 leyes, la pregunta es ¿con qué objeto? Y segundo, ¿con qué institucionalidad vas a ejecutar, implementar y poner en práctica esas leyes? Supongamos que todas esas leyes son buenas. ¿Quién es el encargado de ir y hacerse cargo del problema? El carabinero no tiene facultades para hacerse cargo del territorio una vez que desbarata una banda. La PDI tampoco, y mucho menos el Ministerio Público. La Ley Nain-Retamal, por ejemplo, es una de las grandes leyes que se han sacado, pero es algo completamente inútil, porque eso es parte de lo que se llama la legítima defensa. ¿De verdad necesitábamos una ley para que un carabinero pueda defenderse, para que pueda ejercer algo que está en el Código Penal de toda la vida? Eso habla del nivel de la discusión que estamos teniendo y de la incapacidad de enfrentar los problemas de verdad y de manera seria.
¿Le ha faltado seriedad a la ministra Tohá?
No, para nada. Lo que pasa es que, en general, la política chilena tiende a reaccionar con eso de resolvamos legislativamente el problema. Esa es la reacción típica del gobierno y del Estado de Chile durante al menos los últimos 30 años. No sacamos nada con apuntar a una persona. Cuando se busca la solución a la crisis de seguridad en nuevas leyes, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Primero, uno tiene que hacer un diagnóstico serio de lo que está pasando y hacer todo lo que tienes que hacer para resolver este problema. Yo preferiría que no hiciéramos un anuncio rápido de una nueva ley, que lo discutiéramos en serio, porque, además, si yo fuera el jefe de alguna banda criminal estaría muerto de la risa viendo cómo reacciona el Estado.
¿El sistema procesal penal, que se pensó a fines de los 90, está dando el ancho para enfrentar la criminalidad actual?
Este tipo de criminalidad no existía cuando ese sistema fue diseñado. Yo creo que se están haciendo esfuerzos por adaptarse, pero mi temor es que, o sea, está por verse si los programas de protección de testigos son adecuados o no. Lo que uno observa es que la población, aun si existe un programa de protección de testigos, sigue asustada. Y, por lo tanto, hay un desfase entre eventualmente estas leyes que uno quiere dictar, las leyes que uno quiera y que el ciudadano empiece a confiar en esto. Yo creo que para eso desocupar los territorios tomados es fundamental. No puede ser que haya importantes pedazos del Estado de Chile donde los que mandan son las bandas criminales y no las instituciones del Estado de Chile. Y mientras eso siga, dicta las leyes que quieras, pero la gente no te va a creer, porque lo que va a ver en la calle es a un miembro de una banda con un arma automática que a la primera lo va a mirar feo y lo que uno va a hacer es agachar la cabeza y meterse en la casa de nuevo. Por eso me parece tan importante esto de mirar la cuestión desde la perspectiva más alta, como lo comentó en una entrevista el fiscal nacional, Ángel Valencia, es decir, desde una perspectiva sistemática. Porque hoy día estamos viendo por primera vez en Chile la necesidad de proteger a fiscales y jueces de eventuales amenazas o hechos de violencia. Nunca, nunca había pasado eso en Chile. Cuando empezamos a tener este tipo de discusiones es porque estamos dando cuenta del nivel de desamparo que tenemos institucionalmente para los efectos de que este país siga andando.
¿Le preocupa que el sistema penal entre en una espiral de temor? Los fiscales están siendo amenazados, algunos han sido trasladados bajo protección especial y hay jueces con botón de pánico.
Sí, absolutamente. Todos esos fenómenos empiezan a normalizarse y en algún minuto el sistema empieza a dar por bueno que ya no vas a tener reglas básicas de respeto del Estado de Derecho, por ejemplo desde el punto de vista del derecho de defensa. El sistema penal funciona sobre la base de una tensión entre la eficacia en la resolución penal y el respeto de las garantías de los imputados. Cuando empiezas a dictar estas medidas, todo esto empieza a funcionar en base al miedo, y el miedo es una emoción. Cuando el miedo manda, la racionalidad deja de funcionar. Cuando el miedo se enquista institucionalmente, lo que empieza a pasar es que esa institución cambia su forma de ser. Ya no es la institución que está creada para que el juez sea el árbitro entre las partes para los efectos de que se respeten las garantías. No. Porque el juez tiene miedo y el fiscal también tiene miedo. Y eso es completamente anormal desde el punto de vista del funcionamiento de un sistema de persecución penal. Yo no digo que para enfrentar transitoriamente una situación uno no deba tomar medidas especiales, puede ser, pero lo que no puede ser es que ese termine siendo el sistema de persecución penal solo porque allá afuera perdimos la guerra por el territorio nacional.
Cuando dice que esto hay que enfrentarlo de forma sistémica y con información, ¿a qué se refiere?
No he visto una discusión seria que suponga crear una nueva Agencia Nacional de Inteligencia que tenga las capacidades que tiene que tener para hacer eso: informarse, tener inteligencia interna en el país para los efectos de empezar a controlar lo que está pasando en todo el territorio desde el punto de vista del fenómeno criminal. De ahí para adelante uno puede tener un montón de ideas, pero te insisto, lo que hago es constatar que lo que estamos haciendo es reaccionar dictando leyes.
¿Cree que el Estado de Chile se acostumbró a tener un sistema de inteligencia mediocre?
El Estado de Chile se acostumbró a ser dominado por los complejos con que quedamos después de la dictadura. El problema es que nos quedamos pegados con esa mirada o nos hicimos los tontos. Al menos con La Oficina quedó claro que Chile necesitaba un aparato de inteligencia. A raíz de eso empezamos a pensar en la ANI, pero cuando esto llega al Congreso y es discutido, todo el mundo se acuerda de la DINA, la CNI, del gobierno militar y optan por no avanzar para que no se repita la historia. Más allá de las explicaciones históricas y de las desconfianzas que había para atrás, hoy día no tenemos a nadie que sea capaz de procesar como corresponde la información que necesitamos para reaccionar como Estado frente a los desafíos que tenemos. Entonces, sí, es fundamental para el futuro de este país contar con un aparato de inteligencia que sepa reaccionar y juntar la información que se necesita para que este país funcione como tiene que funcionar.
¿Cree que hay que dejar de dictar tantas leyes y destinar esas energías en tener una agencia decente y que funcione?
Sí, o sea, de hecho, lo que se necesita es generar algún lugar institucional donde el país sea mirado desde el largo plazo y desde el sistema. Y para que sea mirado, además, sin egoísmo y sin la preocupación de mi atribución y de mi facultad. Por eso digo que no es un tema del Ministerio del Interior o de este o del otro. O sea, esto hay que pensarlo, porque no sacas nada con reaccionar a la rápida. Yo sé que la política necesita hacer como que está resolviendo un problema, pero también sería bueno que, además de hacer como que resuelve o que quiere resolver el problema, se genere algún lugar en el cual esto sea discutido en serio y que ojalá trascienda de los gobiernos de turno.
Usted reflexionaba sobre las consecuencias del debilitamiento institucional. ¿Cuánto ha contribuido a eso el caso de Luis Hermosilla?
Este caso es una desgracia para la profesión de abogado. Los hechos que se le atribuyen, y que van a ser objeto de la audiencia de formalización de la próxima semana, son graves y delitos graves. Un abogado no debiera hacer las cosas que se le están atribuyendo a Luis Hermosilla. Un abogado cuando se transforma en parte de la banda, ya deja de ser abogado. Uno podría decir que este caso, además, es de alguna manera el resumen de todo lo que hemos estado conversando. De este caso salen cuestionados los abogados, los notarios, los ministros de la Corte Suprema y de las cortes de Apelaciones, un fiscal regional, el jefe de la PDI. O sea, esta es una bomba para el sistema legal. Por eso yo creo que es tan relevante que el Ministerio Público haga su pega, que es lo que está haciendo.
