“Tenemos que sacar adelante la reforma de pensiones. Y no me cabe ninguna duda de que, con el concurso del Parlamento, a fines de este año o a principios del próximo, a fines de enero idealmente, vamos a poder sacarla”.
Urgido con los tiempos de su gobierno que se agotan, el lunes 4 el Presidente Gabriel Boric le puso una fecha límite al despacho de su proyecto estrella. De paso, puso bajo presión a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien ha liderado las negociaciones junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Una exigencia que recordó el plazo que el expresidente Ricardo Lagos impuso en 2000 a Michelle Bachelet -entonces ministra de Salud- para terminar en tres meses con las “colas” en los consultorios municipales.
En el caso de Jara, el episodio podría seguir el mismo derrotero. Porque si bien la ministra optó por quedarse en el gabinete y no seguir una incursión parlamentaria como senadora por Atacama o diputada por Recoleta, es una de las probables cartas presidenciales del PC.
En su check list no sólo figuran la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y el aumento del salario mínimo a 500 mil pesos, sino que se le menciona -además- como posible reemplazante de la ministra Camila Vallejo en la vocería de gobierno, para cuando esta empiece con su prenatal. Y si logra el despacho de la previsional -triunfo que sus detractores se resisten a darle-, su camino como opción a La Moneda se observa despejado, al menos por parte del Partido Comunista. Aunque esa vía no está en su radar, según ha insistido la secretaria de Estado, en público y en privado.
“Que no le quieran otorgar un triunfo político a la ministra creo que es un egoísmo inaceptable. Aquí estamos mandatados para legislar y para resolver las demandas inconclusas de nuestros ciudadanos”, dice el senador Gastón Saavedra (PS).
El asunto no se ve fácil. Ni por los tiempos, ni por los nudos que faltan por desatar. Pues sólo restan cinco sesiones y aún no se ha ingresado a los temas duros, entre ellos, la fórmula para repartir el 6% de cotización adicional, donde una mayoría en la derecha defiende que vaya en un 100% a las cuentas de ahorro individuales.
“Lo que debemos hacer es que ojalá con fondos generales de la Nación se pueda financiar aquella parte que no corresponde a la cotización de las personas. La cotización corresponde al trabajo de las personas y ojalá el Estado no se meta ahí”, afirmó esta semana el senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke, en el canal de la Cámara Alta.
De ahí que en los últimos días el esfuerzo del oficialismo estuviera puesto en -al menos- asegurar que el proyecto sea despachado a más tardar en enero, tal como se acordó con la oposición en agosto de este año.
Y lo consiguió.
El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), ratificó este miércoles -emplazado por la senadora independiente Alejandra Sepúlveda- que “nuestro compromiso es votar en enero en la sala y así lo vamos a hacer”.
Pero agregó una frase que encendió las alarmas. “No sé la forma en que lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer”.
Los temores
El diagnóstico en el Congreso es que si la reforma llega a trasladarse a marzo, en ese mismo minuto habría que declararla “muerta” por la dinámica electoral que plantea el 2025. Esto, a pesar de que -en esa fecha- asumiría la presidencia de la Comisión de Trabajo el senador Gastón Saavedra (PS), quien podría darle un giro a la tramitación en línea con el oficialismo. Y volvería -en calidad de integrante- el senador Iván Moreira (UDI), quien mantiene una buena relación con Jara.
El parlamentario ya conversó los tiempos para su regreso con el senador Coloma, quien lo viene reemplazando desde el 1 de julio, cuando debió ausentarse por problemas de salud.
La complejidad del escenario que se avecina es compartido por la ministra Jara, quien admitió a La Tercera que “el 2025 va a estar terciado por las campañas presidencial y parlamentaria, por lo que va a ser aún más complejo llegar a un acuerdo. Y de ahí la importancia de lograr los consensos lo antes posible”.
Una inquietud que comparte el Partido Socialista. Su presidenta, Paulina Vodanovic, enfatiza que “debiera preocupar a todos los sectores políticos el no ser capaces de abordar una discusión con altura de miras, porque acá llevamos más de 10 años de tramitación y tres gobiernos que no han podido solucionar el grave problema que tienen los pensionados y pensionadas de Chile. Esto tiene una urgencia, tiene un compromiso con la ciudadanía, y desde el Partido Socialista vamos a hacer todos los esfuerzos posibles porque se apruebe una reforma en ese sentido”.
El mayor temor -sin embargo- está en el contenido de la enmienda. Pues -de lado y lado- confiesan que no están dispuestos a dar sus votos a cualquier reforma.
Hasta ahora solo se han logrado avances -ad referendum- en seis materias. El cambio de multifondos a fondos generacionales, la ampliación del seguro de lagunas previsionales del seguro de cesantía; el alza del tope imponible, los mecanismos simplificados para la cotización de independientes voluntarios, la ampliación del universo de afiliados voluntarios que podrían recibir el pago de cotizaciones por parte de un tercero, y cambios a la cobranza previsional.
Pero falta ingresar los temas duros. Entre ellos, la distribución del 6% de cotización adicional, la división de la industria (que marcaría el fin de las AFP) y la licitación de stock.
“Sin solidaridad la viabilidad de la reforma no se mantiene, no flota para nadie. No estamos dispuestos a aprobar cualquier cosa. Porque subir las pensiones en cuatro mil pesos simplemente no sirve”, dice una fuente oficialista.
En clave política, la apuesta de La Moneda está en Chile Vamos, pues se hace ver que durante toda la tramitación, esa coalición ha dicho tener la presión del Partido Republicano. Pero que después de las elecciones municipales y de gobiernos regionales -del 26 y 27 de octubre pasado- quedó claro que cuentan con la hegemonía del sector y, por tanto, con márgenes más amplios para un acuerdo. Es decir -afirman- ahora ya no tienen excusas.
“El tema del 6% es una discusión que se va a tener que dar sí o sí. Y creo que en la derecha hay quienes se han dado cuenta de la necesidad de entregar al país una solución, especialmente a las personas que hoy tienen pensiones paupérrimas. Y nosotros vamos a empujar un acuerdo en esa línea”, sostiene Saavedra.
El foco está puesto especialmente en Renovación Nacional, y en el presidente de ese partido, Rodrigo Galilea, quien destrabó la reforma -a pesar de las voces críticas de su sector- cuando esta pasaba por sus momentos más complejos. Hoy afirma que ”siempre he pensado que hay espacios que pueden generar un acuerdo, así que estamos trabajando para intentarlo”. Y que si bien los temas más complejos no se han abordado todavía en la comisión, “se están trabajando a nivel de equipos técnicos, que están calculando y haciendo análisis de distintas alternativas que permitan eventualmente construir un acuerdo”.
En el Socialismo Democrático se sostiene -en voz baja- que si llega a salir una mala reforma no están dispuestos a pagar -con sus votos- el costo de intentar aprobarla. Menos si el Frente Amplio y el PC dan un paso al costado, por considerar que está absolutamente desdibujada respecto de la idea original con la que llegaron a La Moneda.
Al mismo tiempo, desde ese bloque, hacen una advertencia. “Si la derecha va a ser gobierno, debiera zanjar este tema ahora, porque de lo contrario le va a rebotar”.
El foco de Jara
Antes del 5 de noviembre, día en que el Presidente Gabriel Boric descartó un ajuste a su gabinete -en medio de la convulsión que estaba viviendo La Moneda por el caso Monsalve-, la ministra Jara se había reunido con él -y también con el presidente de su partido, Lautaro Carmona-, para ratificar su decisión de seguir en el gabinete y así sacar adelante la reforma previsional.
En el partido había opiniones divididas. Muchos no estaban dispuestos a perder el potencial electoral de la secretaria de Estado. Al final, la decisión del PC fue que los cuatro ministros -Jara, Vallejo, Nicolás Cataldo (Educación) y Jaime Gajardo (recién asumido en Justicia)- no renunciarían a sus funciones para postular al Congreso.
“El PC siempre planteó públicamente que cualquiera de quienes estén en su condición de encabezar tareas de gobierno -tienen visibilidad, tienen experiencia, tienen una capacidad de colaborar en las tareas de Estado- vienen a fortalecer y a enriquecer una propuesta parlamentaria para el día de mañana. Sin embargo, con dos compañeros y dos compañeras a cargo de ministerios, con dos compañeras en el comité político, dijimos que la centralidad es la tarea de gobierno”, sostuvo Carmona el domingo pasado en Radio Nuevo Mundo.
Pero en el Congreso ya hay preocupación si Jara llega a asumir temporalmente la vocería de gobierno, en reemplazo de la ministra Vallejo, cuando haga uso de su pre y posnatal a partir de diciembre. Porque -aunque el Ejecutivo no ha tomado una decisión- tendría que realizar esa tarea justo en meses clave para la reforma.
“Sería muy difícil. Sería como cambiar a un entrenador a mitad de campeonato, porque no son materias fáciles de llevar ni de negociar. Y, sin duda, sería un error sacarla de la reforma más importante para el gobierno para llevarla a una vocería”, advierte la senadora Sepúlveda, en caso de que la ministra no pueda cumplir ambas funciones.
Por lo pronto, el Ejecutivo está trabajando en un rediseño político-comunicacional para acelerar la tramitación, con la mira puesta en dos hitos: el resultado del balotaje del próximo domingo en gobernadores -que se considera una suerte de plebiscito entre el gobierno y la oposición-, y el despacho del Presupuesto 2025. Ahí, la ministra Jara y el ministro Marcel -este último sin la presión del debate y aprobación de las partidas para el próximo año- planean poner el acelerador a fondo, para sacar adelante el emblemático proyecto del Presidente Gabriel Boric.
