A las ocho de la mañana del viernes 15, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), estaba en su oficina en La Moneda cuando recibió la primera alerta. Dos horas antes, la casa del director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, en Las Condes, había sido allanada por efectivos del OS-7 de Carabineros. En forma simultánea otro grupo de uniformados había hecho lo mismo en las oficinas del jefe policial, ubicadas en el cuartel general de la PDI, en el centro de Santiago.
La crisis estaba desatada. Para tratar de contenerla, Tohá -quien tenía en agenda encabezar la conmemoración de los 50 años del asesinato de su padre en Palacio- llamó a su equipo y le indicó qué debían responder si eran consultados sobre el operativo. La Moneda estaba al frente de las horas finales de Muñoz y en medio de una crisis que la dejaría con una policía civil descabezada y con el jefe de Carabineros supeditado a seguir el mismo derrotero.
Durante horas imperó el silencio mientras en Palacio se analizaba cómo reaccionar. El asunto era de máxima gravedad. Pese al fuerte hermetismo del Ministerio Público, la evaluación interna en La Moneda fue que las pruebas que tenía la Fiscalía Oriente en contra de Muñoz eran contundentes, y que no dejaban espacios para la interpretación.
La fiscal regional Oriente, Lorena Parra, lleva la causa bajo secreto, pero durante la mañana del viernes su equipo difundió una primera pista: peritajes al celular del abogado Luis Hermosilla -imputado por el presunto delito de soborno en el llamado caso Audios- involucraban al jefe de la PDI en la entrega de información reservada.
El 16 de noviembre del año pasado, efectivos del OS-7 allanaron la oficina de Hermosilla, en Alonso de Córdova, para llevarse computadores y celulares del abogado. Lo que se quería encontrar era evidencia de sus posibles contactos en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y en la CMF.
Fue en las pesquisas al celular del abogado que saltó la alerta: una conversación entre él y el director de la PDI referente a la investigación en contra de Héctor Espinosa, exdirector de la PDI, acusado por los delitos de malversación y lavado de activos a través de los gastos reservados de la policía civil.
Hermosilla era el abogado de Espinosa en la indagatoria y, según la información que maneja el Ministerio Público, en esos mensajes era alertado por Muñoz sobre lo que solicitaba la Fiscalía en esa causa, qué buscaba y por dónde se movía en esa investigación. La violación de secreto incluye además otras cuatro indagatorias llevadas adelante por la Fiscalía.
El propio Hermosilla declaró el mismo viernes en calidad de testigo.
Primeras reacciones
El dique mediático empezaba a romperse. El primero en enfrentar la oleada fue el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. En medio de una entrevista en CNN Chile, por otros temas en seguridad, tuvo que responder. “Esto no para la labor policial. Esto no debilita la labor investigativa de las policías de Investigaciones”, afirmó haciendo un primer control de daños ante el escándalo que, a esa hora, solo crecía. Luego Tohá, desde el Congreso en Santiago, reforzó el mensaje: “Nos vamos a preocupar de que esta situación no perjudique el trabajo policial, no perjudique la estrategia de seguridad y no termine perjudicando a las personas”.
En los partidos políticos oficialistas el análisis preliminar fue que si Muñoz era apartado del cargo, las horas del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, también estaban contadas. No había nada que justificara -comentaron algunos- que al director de la PDI se le pidiera la renuncia y no se hiciera lo mismo con el mandamás de la policía uniformada, quien será formalizado el 7 de mayo por el presunto delito de omisión de apremios ilegítimos en el marco de hechos ocurridos en el estallido social. Otros, en cambio, apelaron a que se trataba de situaciones distintas, que no se podía usar la misma vara y, por lo tanto, Muñoz debía salir.
La presión desde los partidos sólo crecía. En su cuenta X, el secretario general del PS, Camilo Escalona, afirmó que “después del allanamiento, la permanencia del director de la Policía de Investigaciones es insostenible”. La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, en la misma red social posteó que “¡el Presidente Boric debe citarlo a La Moneda y solicitarle la renuncia ya!”.
La Moneda estaba enredada en su propio laberinto y así se le vio durante toda la jornada. El gobierno citó a Muñoz a las 14.00 horas a La Moneda. En un inicio, la reunión iba a ser con Boric, pero finalmente el jefe de la PDI fue recibido por Tohá. Estuvieron reunidos casi una hora. Terminado el encuentro, en Palacio solo reinó el silencio y se extendió la incertidumbre. “No tengo novedades”, se limitó a decir la jefa de Interior cuando cruzó rumbo al homenaje de su padre en el patio de las Camelias.
Contrario a lo que se pensó que pasaría tras esa cita, durante algunas horas el gobierno no informó ninguna medida. El director de la PDI sería formalizado en cuatro días más por revelar información reservada de causas de alta connotación pública, había tenido una extensa reunión con la jefa de gabinete, pero aún no se tenía ninguna información oficial de lo conversado.
Pasadas las 18.00 fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien enfrentó a la prensa. Lo hizo pese a que había llegado pocas horas antes a Santiago desde Viña del Mar y no había participado en las tratativas. “La formalización en una causa que está siendo investigada, para el gobierno siempre constituye un punto de inflexión respecto a los cuales tomar decisiones”, comentó Monsalve. Sin aceptar preguntas de la prensa, el subsecretario dio a entender que pese a todo, Muñoz aún no había renunciado, el gobierno tampoco le había pedido la renuncia y, por lo tanto, se mantenía en su cargo. Al menos, por las próximas 72 horas.
El criterio
El camino de Muñoz lo habían zanjado Tohá y el ministro de Justicia, Luis Cordero, en una reunión a puertas cerradas. Ambos coincidieron en que el jefe policial no podía continuar en el cargo y que el mejor escenario era la renuncia.
Los ministros se preocuparon de que la vara que aplicarían con Muñoz fuera lo más parecida a la utilizada con Yáñez. Esa vez -en enero pasado- se definió lo siguiente: el respaldo es a las instituciones, no a las personas; se tiene que respetar la autonomía de las instituciones; las decisiones se toman ante situaciones “judicialmente consolidadas”; el foco debe estar en proteger a las instituciones; y lo más importante: una solicitud de formalización no es suficiente para remover a alguien de su cargo. Esta vez, a lo último se agregaba que sí es un “punto de inflexión” ante la continuidad o no de una autoridad.
Ese criterio es el que se aplicó en enero, cuando se optó por la cautela y no se removió al jefe de Carabineros. Esto, a pesar de que el uniformado enfrentaba una imputación en algo tan sensible para el gobierno como la presunta violación de derechos humanos en casos vinculados al estallido social.
La vara debía pensarse considerando eventuales efectos colaterales en un contexto en que varios inquilinos de Palacio también enfrentan causas penales. Por ejemplo, el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), está en calidad de imputado en el lío de platas del caso Democracia Viva que investiga el Ministerio Público. A medida que avancen las diligencias, la Fiscalía podría solicitar su formalización. Algo similar podría ocurrir con el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), quien tiene calidad de testigo en esa indagatoria, pero su situación procesal podría cambiar si la Fiscalía adquiere nuevos antecedentes.
En enero la mesura que tomó el gobierno con su decisión respecto de Yáñez -con quien Tohá e incluso el Presidente tienen una buena relación- abrió un flanco interno con sus sectores más de izquierda, generando críticas abiertas por parte del PC y del Frente Amplio, quienes hasta el día de hoy dicen que el gobierno debió haber removido al general.
En los pasillos del Congreso las opiniones siguen divididas. Para el senador Iván Flores (DC), las máximas autoridades policías no pueden estar preocupadas de enfrentar casos penales: “En el caso de la PDI el hecho de la responsabilidad del mando lo obliga a dar un paso al costado. Exactamente lo mismo digo respecto del general Yáñez”.
En cambio el diputado Raúl Leiva (PS), hace ver que “la circunstancia del general director de Carabineros es totalmente distinta”. Su caso, dice, es por responsabilidad de mando indirecta por hechos del 18-O. En cambio, el caso de la PDI es por “una comisión directa de hechos propios de un delito específico”.
Más allá va el diputado Andrés Longton (RN), para quien la situación de Muñoz “no debería ser un obstáculo ni generar ningún tipo de presión para que el general director de Carabineros siga ejerciendo sus funciones”. La diputada Emilia Schneider (CS) es más dura: “Me parece correcta la salida del director de la PDI y ante su formalización el general Yáñez debería hacer lo mismo”.
En voz baja -y a nivel político- se hace ver que mientras Yáñez siempre ha tenido una relación más fluida con el gobierno, Muñoz optó por una más distante y pedregosa con las autoridades de Interior.
Fuentes de La Moneda aseguran que el criterio fijado por la dupla Tohá-Cordero se basó en forzar la renuncia de Muñoz. El gesto era importante, ya que el gobierno considera que por un tema de “dignidad del cargo”, las autoridades deben hacerse responsables de los actos que cometen y dar señales hacia afuera.
La salida
Así fue como durante la reunión de las 14.00, Tohá le manifestó a Muñoz que diera un paso al costado por el bien de la institución. Ante un jefe de la PDI aún golpeado por el sorpresivo allanamiento, la jefa de gabinete le otorgó un plazo de 72 horas. En ese marco, el jefe policial pidió tiempo. Quería volver al cuartel, hablar con sus subalternos, reunirse con su alto mando y evitar un escenario abrupto que crispara los ánimos al interior de la institución.
En paralelo, el comité penal del CDE analizó los antecedentes y en una jugada audaz, informó que tomó la decisión de querellarse contra Muñoz. “(Son hechos) que revisten la máxima gravedad, cometidos por quien ejerce el más alto cargo de esa institución policial”, afirmó el CDE en un comunicado.
Las horas pasaron y cerca de las 20.00 horas, Muñoz regresó a La Moneda para reunirse con el Jefe de Estado, en una cita de la cual no se tienen mayores detalles. El detective se quedó sin opciones y volvió a Palacio con una misión: dimitir. Un breve comunicado informó que el Presidente aceptó la renuncia, al tiempo que Monsalve volvía a enfrentar las cámaras. “Las renuncias se pueden aceptar cuando se presentan y ha sido el director general de la PDI quien ha decidido presentarla”, comentó el subsecretario, descartando un cambio de criterio respecto de su anterior intervención.
El Ejecutivo logró empujar la salida de Muñoz. También evitó abrir un flanco con Carabineros y, en paralelo, con su base más de izquierda que viene exigiendo la salida inmediata de Yáñez. Pese a que en este tipo de situaciones los gobiernos han optado por tomar definiciones caso a caso, entendiendo que la naturaleza de las indagatorias penales siempre son distintas y tienen matices, la administración Boric optó -por ahora- por fijar una misma vara para todos.
Por eso el mensaje se recibió de inmediato en calle Zenteno, donde se ubica la Dirección General de Carabineros. La policía uniformada entendió que siguiendo el hilo del caso Muñoz, la permanencia en su cargo del general Yáñez, quien será formalizado en mayo, empezó su cuenta regresiva. En esa causa, al menos, el uniformado cuenta con más tiempo para planificar su salida.
En casi 15 horas cayó la cabeza de la PDI, asediado por la Fiscalía. Con ello, Muñoz cerró 38 años de carrera y casi tres al mando de la policía civil. De paso dejó al gobierno en una compleja situación. Cuando Boric llegó a La Moneda jamás pensó que la seguridad se transformaría en su principal eje de gobierno y menos aún que su propia coalición le pediría la presencia de militares en las calles. La crisis de seguridad, el aumento de los homicidios y la expansión del crimen organizado golpearon su plan original.
También, sin pensarlo, el Mandatario deberá navegar la crisis delictual con sus dos policías descabezadas. Algo totalmente fuera de los planes y justo cuando el gobierno cumplió la mitad de su mandato y hacía esfuerzos por instalar un relato: que Chile está “mejor que hace dos años”.
