La guerra interna que agita a Gendarmería

“Desde esta tribuna, el centro de cumplimiento penitenciario Colina 2, enviamos un cariñoso saludo a todos los funcionarios que están apoyando la movilización en contra de una red de corrupción que fue denunciada (...) Vamos a seguir en movilización, porque tiene carácter indefinido hasta lograr nuestras demandas”, fue parte de la arenga que el suboficial de Gendarmería Rodrigo Muñoz Fuentes hizo el pasado martes en un video que fue difundido por redes sociales.

Con un grupo de colegas a sus espaldas, Muñoz, quien es el presidente provincial de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) -el gremio más grande, que agrupa a casi seis mil suboficiales de la institución-, alzó la voz contra la reincorporación de tres de sus colegas, quienes en enero pasado habían sido apartados preventivamente de sus cargos por su presunta responsabilidad en la desaparición de 158 especies avaluadas en más de $ 100 millones, hechos que fueron denunciados al Ministerio Público y que originaron un sumario administrativo que aún no ha terminado.

“Nosotros hoy día estamos en contra de la corrupción, estamos dando la cara y estamos solicitando que el servicio se presente con nosotros”, recalcó en el video Rodrigo Muñoz, quien en abril pasado fue uno de los perdedores en la elección nacional de Anfup, tras lo cual también denunció irregularidades y pidió la nulidad de los comicios ante el Segundo Tribunal Electoral de Santiago.

Además de haber sido apartados y luego reincorporados por la institución, el suboficial Raúl Flores Seguel, el sargento 2° Rodolfo Quilodrán Jara y el suboficial mayor Claudio Manríquez Manríquez tienen algo en común. Los tres son miembros de la Asociación de Gendarmes de Chile (Agech), otro gremio de Gendarmería que reúne a casi cuatro mil asociados, un 90% de ellos suboficiales del organismo. Además, Flores Seguel es integrante de la directiva nacional del gremio, en el cargo de tercer director.

Por ello, no son pocos los actores políticos y los dirigentes de gremios de Gendarmería que ven en esta protesta en Colina 2 y en la “guerra de sumarios” algo que algunas autoridades de gobierno describen fuera de micrófono como una “disputa por la gobernabilidad de la cárcel”: una batalla interna entre la mayoría de los ocho gremios existentes por quién impone sus términos y los intereses de sus asociados al interior de los penales y de la propia institución, la que hoy se encuentra bajo una fuerte presión en medio de la crisis de seguridad que afecta al país.

En este contexto, y tras el intento de motín de los líderes del crimen organizado que cumplen penas o están en prisión preventiva en el Repas (ex Cárcel de Alta Seguridad), el anuncio realizado esta semana por el ministro de Justicia, Luis Cordero, sobre la creación de una nueva unidad de máxima seguridad a cargo de una “fuerza de élite” de funcionarios carcelarios, agitó las aguas y puso en alerta a los gremios.

“Se exigirá que quienes integren este escuadrón especial no pertenezcan a partidos políticos, no participen o adhieran a asociaciones, reuniones, manifestaciones o asambleas o intervengan en cualquier otro acto que revista un carácter político partidista”, señalaron desde Justicia sobre la reforma legal que se presentará la próxima semana, asimilando a este nuevo grupo de gendarmes al carácter “no deliberante” que tienen Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas.

La revuelta que se vivió el 6 de junio al interior del Recinto Especial de Alta Seguridad (Repas) de Santiago, la cárcel donde están los reos más peligrosos de Chile, fue la gota que rebasó el vaso. Ese día, una decena de internos -en su mayoría del Tren de Aragua-, liderados por Hernán Landaeta, alias “Satanás”, usaron las patas metálicas de una mesa de pimpón como “estoques” y se enfrentaron con los gendarmes en uno de los patios del recinto, tras lo cual 12 funcionarios resultaron heridos. Luego, durante al menos cinco días los presos destruyeron sus celdas, llevando incluso a moler el hormigón de las instalaciones.

Por estos hechos, el gobierno y la institución tomaron varias medidas. Una de ellas fue remover a los dos cargos más altos del penal: la alcaide Fabiola Valladares Álvarez y al jefe interno Sebastián Mérida Ortiz. “No es coincidente que al momento en que ocurrieron los hechos el Repas estaba siendo administrado por dirigentes que son de la Asociación de Oficiales Penitenciarios (ANOP)”, asevera el presidente de la Asociación de Gendarmes de Chile (Agech), el suboficial Pablo Jaque.

Efectivamente, en septiembre pasado, y cuando ya estaban en sus cargos en el Repas, tanto Valladares como Mérida resultaron electos como integrantes de la directiva regional metropolitana de ANOP, el gremio que reúne a 830 oficiales de la institución. Esto lo convierte en el gremio más grande que representa a los oficiales de la institución. “Es absolutamente incompatible que las dos máximas autoridades del recinto donde están los reos más peligrosos de Chile sean dirigentes gremiales”, expresa una alta autoridad de gobierno.

Esa incompatibilidad -señala la misma fuente- se da porque, entre otras cosas, durante los dos años que duran en sus cargos esos dirigentes gozan de fuero horario para actividades gremiales -de 22 horas semanales para los dirigentes nacionales y de 11 horas para los regionales o provinciales- y de inamovilidad en el cargo. En total, entre los ocho gremios de Gendarmería, que representan a un 83% de los trabajadores, hay 436 dirigentes con fuero vigente. De ellos, 10 pertenecen a las directivas nacional y regional de la ANOP.

Fuentes de Gendarmería aseguran que mientras ejercían el mando en el Repas, tanto Valladares como Mérida, quien hoy está bajo sumario administrativo por la revuelta, utilizaron parte de sus horas laborales para actividades de su gremio, tal como lo permite la legislación laboral.

“La autoridad le señaló que el departamento de inteligencia manejaba información de amenazas en su contra y que por eso era mejor que dejara el cargo”, explican las mismas fuentes sobre la salida de Valladares. Pero hoy, acusan desde el entorno de la exalcaide, “ella se dio cuenta de que todo fue un engaño para sacarla de su puesto sin que hiciera uso del fuero que le permite inamovilidad en el cargo”.

Desde la ANOP, su actual presidente, el teniente coronel Mario Benítez, reconoce las dificultades que genera la coexistencia de tantos gremios con sus respectivos dirigentes. “El hecho de que haya tanta gente con fuero dentro de Gendarmería genera que sea muy difícil para el servicio administrar tantas visiones, peticiones y pugnas entre los mismos gremios. Debe ser muy complejo administrar Gendarmería bajo esas condiciones”, expresa.

Por ello, y pese a que ellos mismos son parte de un gremio que año a año negocia con los gobiernos de turno para conseguir mejoras salariales y de condiciones laborales de sus asociados, la ANOP se muestra favorable a un cambio estructural en el que Gendarmería “deje de ser un servicio público” y se asimile a la orgánica de Carabineros y la PDI, con lo que deberían desaparecer las asociaciones de funcionarios.

Una idea que fue desechada en la discusión del proyecto de ley del nuevo Ministerio de Seguridad Pública en el Congreso y que también fue parte de las enmiendas presentadas por el Partido Republicano en el Consejo Constitucional de 2023. “Las asociaciones gremiales han cumplido un rol importante dentro de la institución. Pero lo que ha ocurrido es que se ha desnaturalizado la función gremial. Basta con ver cómo se producen las manifestaciones, se interrumpen los servicios y las actividades diarias”, acota Benítez.

Pese a que la ley caracteriza a Gendarmería como una institución “jerarquizada, disciplinada y obediente”, y a que buena parte de sus más de 15 mil funcionarios uniformados pueden portar armas de fuego, eso contrasta con que el organismo hoy es un “servicio público” que depende del Ministerio de Justicia. Por esto, sus trabajadores tienen la libertad de organizarse y hacer elecciones para formar “asociaciones de funcionarios” como cualquier empleado público.

De todas ellas, la más antigua y con mayor número de afiliados es la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), fundada en 1960, cuando la institución se llamaba Servicio de Prisiones. El gremio, con casi seis mil afiliados, hoy tiene cerca de 150 dirigentes a nivel nacional, todos los cuales cuentan con fuero e inamovilidad en sus cargos. Entre ellos está el sargento segundo Álex Vega Torres.

En las descarnadas elecciones de la Anfup que se realizaron en abril pasado, donde las listas en competencia se acusaron mutuamente de presentar candidatos con antecedentes policiales, denuncias en su contra y sumarios a cuestas, el sargento Vega resultó electo y hoy ocupa el cargo de cuarto director de la institución. “Lista A apoya a los estafadores, a los golpeadores de mujeres, traficantes y drogadictos”, se difundió en un mensaje en redes sociales mientras se realizaba la campaña para los comicios.

“Vega se presentó y ganó la elección, pese a que tenía un sumario en su contra y a que estaba suspendido de sus funciones”, relata un dirigente de la oficialidad del organismo. Se trata del mediático caso del “asado” que 11 suboficiales pertenecientes a la Anfup realizaron al interior de terrenos fiscales anexos al penal concesionado Santiago 1 en septiembre de 2022. Según denunció la institución, en el evento se encontraron decenas de envases de alcohol, entre ellos cerveza, whisky, vino y tequila. Pero también dos envoltorios plásticos con restos de lo que habría sido ketamina.

De inmediato, la dirección de Gendarmería realizó una denuncia al Ministerio Público, el que luego cerró la causa por no poder identificar a quién correspondían los restos de droga. En paralelo, se sumarió a los 11 gendarmes, trámite que en marzo pasado determinó su destitución por una falta grave a la “probidad, ética y el comportamiento exigible a todo funcionario público”.

Según estadísticas de Gendarmería, desde el 2020 a la fecha 560 gendarmes han sido expulsados haciendo uso del llamado “DFL 2″, que permite al director de Gendarmería desvincular a funcionarios de manera inmediata por faltas administrativas de mayor gravedad. Además, durante 2023, el Departamento de Investigación Criminal del organismo denunció e investigó a 21 miembros de sus filas, quienes “fueron detenidos por hechos constitutivos de delitos asociados a actos de corrupción”, número que para lo que va de 2024 asciende a 11 casos.

Tras conocer de su expulsión, los 11 dirigentes, incluido Vega, iniciaron una huelga de hambre, lo que luego derivó en un recurso presentado a Contraloría y que a la espera de su resolución, que puede durar hasta más de un año, mantiene a los 11 trabajadores en sus labores. “Hoy, Santiago 1 es el mayor ejemplo de la disputa por la gobernabilidad de los recintos penales de parte de los gremios”, explica una alta fuente de Justicia.

Los dirigentes nacionales de la Anfup, quienes han manifestado su apoyo a los expulsados acusando un “montaje” de los altos mandos y de la oficialidad de Gendarmería en el caso, insisten en que en el sumario no se respetó el debido proceso. “No existe ninguna prueba que diga que ellos estaban tomando o que se estaban drogando. No se les hicieron pruebas de alcohol ni de drogas y se los está acusando de algo que ellos no hicieron”, explica José Carrasco Silva, presidente de Anfup.

Junto con relatar que Vega habría llegado al asado sólo 20 minutos antes del operativo que descubrió e interrumpió la celebración, el presidente de Anfup asegura que el dirigente es víctima de persecución, “porque históricamente ha alzado la voz por los abusos cometidos por el mando al interior de Santiago 1”, el penal con más reclusos de todo Chile, con más de cinco mil reos.

“Si no fuera por el trabajo de los gremios de Gendarmería no se habría logrado nada de lo que hoy tenemos, ni se habría podido enfrentar la verdadera crisis de estancamiento que viven los funcionarios”, explica Vega. A lo que se refiere el gendarme es a los acuerdos que han conseguido con el gobierno, como el de septiembre pasado, en el que se logró que cerca de 3.100 gendarmes fueran promovidos de grado tras años de esperar incrementos en sus remuneraciones.

Como parte de los constantes enfrentamientos que existen entre los diferentes gremios de Gendarmería, una fuente de la institución señala que desde hace años está instaurada una verdadera “guerra de sumarios”: se trata de denuncias cruzadas contra dirigentes y autoridades que, por normativa, deben ser investigadas y que colman las oficinas jurídicas de la institución.

Una de esas investigaciones, la más controversial hasta ahora, se inició en 2019 en contra del entonces director nacional bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Christian Alveal Gutiérrez, quien hoy mantiene una alta exposición mediática y asesora en temas de política carcelaria a la posible carta presidencial de la UDI, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. El sumario tuvo su origen en una denuncia por maltrato y acoso laboral realizada por la entonces jefa de sumarios de la institución, Francisca Noll Vergara, quien, a su vez, había sido sumariada y sacada de su cargo por una denuncia anónima que la acusaba de filtrar información sensible, apenas Alveal asumió la dirección.

La indagatoria, que fue llevada adelante por el entonces subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, culminó el 9 de marzo de 2022, tres días antes del fin del gobierno, con un decreto supremo emitido por el Presidente Piñera que absolvió a Alveal de todos los cargos. Sin embargo, el 31 de mayo pasado, Alvear recibió un correo electrónico del fiscal de Gendarmería bajo el actual gobierno: ante el surgimiento de “nuevos antecedentes”, la institución había decidido reabrir el sumario en su contra y citarlo a declarar el 18 de junio pasado.

De inmediato, asesorado por el abogado Alberto Precht, Alveal presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, acusando que las nuevas actuaciones del sumario son inválidas debido a la “extinción de la responsabilidad administrativa” y que sólo la autoridad presidencial podría reabrir el sumario. En primera instancia, el recurso fue declarado inadmisible, reclamo que fue escalado a la Corte Suprema.

Según se desprende de la causa, entre los nuevos antecedentes presentados por Francisca Noll, quien hoy es dirigenta nacional de la Asociación de Gendarmes de Chile (Agech), están la condena a firme en la que la mujer ganó un juicio laboral contra Gendarmería por las diversas irregularidades del sumario realizado en su contra. “La conducta de la denunciada es de gravedad, que sin lugar a dudas vulnera no solo la integridad psíquica de una persona, sino que también menoscaba su dignidad”, estableció el fallo, que ordenó pagar más de $ 15 millones como indemnización.

“Nos llama poderosamente la atención que Christian Alveal, quien ocupó la calidad de dirigente gremial para catapultar su carrera, hoy día reniegue de su pasado y no se haga cargo de las denuncias que pesan en su contra”, acusa hoy el presidente de Agech, Pablo Jaque, en referencia a que Alveal, antes de ser director nacional de Gendarmería, fue fundador y presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP).

Fuentes cercanas a Alveal, por su parte, señalan que él, durante su mandato, ofició y se reunió en distintas ocasiones con la Dirección del Trabajo para mostrar el problema que se generaba en Gendarmería por las múltiples asociaciones que coexisten. En esos oficios, a los que accedió LT Domingo, se detalla que la ANOP, por ejemplo, no cumplía los quórum necesarios para levantar delegados a nivel regional. En otros, señala que gremios como la Anopro y la Agenchi no cumplían siquiera con el número de socios para seguir existiendo.

Detrás de esta polémica, autoridades y dirigentes de Gendarmería ven, además de un proceso de investigación que debe seguir su curso, el germen del enfrentamiento entre agrupaciones. Principalmente, entre oficiales y suboficiales. “Se generan disputas entre gremios, como lo que ha ocurrido en Colina 2 en los últimos días (...) Se generan disputas por los socios, por la figuración”, asevera Mario Benítez, presidente de la ANOP, gremio cuyo expresidente y actual secretario, el coronel Andrés Muñoz, se encuentra suspendido de sus funciones en un sumario por la supuesta filtración de datos de los indultados por el Presidente Boric a fines de 2022.

Desde la otra vereda, el presidente de Agech, Pablo Jaque, acusa que el principal deseo por el que el gremio de oficiales desea “eliminar” las asociaciones y asimilarse a Carabineros y la PDI es quitar el tope de 60 UF en las pensiones, impuesto por Contraloría el año 2016, tras el escándalo de las millonarias pensiones al interior de Gendarmería.

En medio de esta guerra, afirman autoridades de Justicia, “se genera un espacio ideal para que la corrupción y el crimen organizado puedan permear la institución”. Un ejemplo de ello es el estudio realizado por la Universidad Católica, que detectó que un 63% de los gendarmes declaró haberse enterado de actos de corrupción de un compañero.

Otro, explican las mismas fuentes, es el “insistente interés de algunos gremios por conocer los detalles sobre cómo funciona el sistema de inhibición de señales de teléfonos celulares” que comenzó a ser implementado en penales como Santiago 1 hace un par de meses, lo que ha sido mantenido en total hermetismo por el gobierno.

“Lo que no sabían es que junto con bloquear la señal, se puede establecer un posicionamiento del teléfono”, detalla la autoridad, lo que habría arrojado varios casos de teléfonos que son movidos desde los casilleros de los funcionarios hacia las celdas de los reos, hechos que ya fueron denunciados y se encuentran siendo investigados por el Ministerio Público.